Inseguridad jurídica | Falta de mérito. Es lo que dijo la Cámara Federal cuando analizó la causa pomposamente llamada “Lavado Total”. El juez Inchausti mantuvo presos a los gitanos creyendo que tenía en sus manos la megacausa que le daría fama eterna. Como buen vendehumo.
Una resolución reciente de la Cámara Federal les dio la razón a los integrantes de la comunidad gitana, e indicó que tener automotores con irregularidades en el proceso de titularización de dominio no indica lavado de dinero. Casi lo mismo que venía argumentando desde hace más de un año Martín Ferrá, uno de los defensores de los gitanos, que hablaba de una prisión preventiva injusta y cargada de prejuicios étnicos que estaban pagando sus clientes.
Aunque parezca tardía la respuesta; aunque no haya explicación posible para darle a quien pasó un solo día preso injustamente, la lógica se impuso en la justicia al menos por una vez: la Cámara de Apelaciones indicó que el juez Santiago Inchausti no tenía pruebas para retener los autos secuestrados a miembros de la comunidad gitana en la causa denominada Lavado Total, ni para haberlos detenido ilegalmente.
Ferrá ratificó que hay una creciente inestabilidad jurídica: “hace más de un año que planteamos esta situación que ahora reafirma. Una cosa es la compraventa informal de automotores por medio de boletos de compraventa y a posteriori, cuando lo termina de pagar o tiene el dinero para hacer la transferencia, se transfiere el dominio a su nombre. Pareciera que este criterio lo desconocía Inchausti y le dio pie para retener más de dos centenares de vehículos automotores que fueron quitados arbitrariamente”, indicó en la 99.9.
Pero no sólo esto. El letrado calificó la actividad del magistrado como “desmedida y abusiva”, refiriéndose a esta costumbre tan propia del fuero federal de forzar los códigos hasta que digan lo que uno quiere oír.
Lo más grave, más allá de los caprichos y los intentos que reitera Inchausti de manejar el tribunal como si fuera su feudo, es el gasto que genera. Si se analiza por un momento el procedimiento, se comprende la dimensión del despilfarro. Dice Ferrá en la entrevista: “se ordenaron 22 revocaciones de procesamientos de distintos miembros de la comunidad gitana por orfandad probatoria, no había prueba de delito alguno o vinculación con otros imputados que estuvieran con procesamiento firme. Después de más de 13.000 fojas en el expediente, se dice que no hay pruebas. Nadie repara en la inmensidad del terrible daño causado a estos ciudadanos”. Es decir que hay un derroche de medios logísticos que pagamos todos los ciudadanos. El gasto es indiscutible y general molestia, pero ¿y la gente que estuvo injustamente presa por las dudas, por si le encontraban algo? ¿Quién repara el daño causado a estos ciudadanos marcados por el apellido gitano de por vida? “Son ciudadanos, son seres humanos, y no se puede secuestrar sin pruebas”, decía el abogado.
Inestabilidad jurídica
Son muchas las personas en el mundo judicial que están hartas de Inchausti, y buscan que alguien le ponga un freno de una vez por todas. Este hecho en particular, esta causa escandalosa, ha llevado a una denuncia contra el magistrado, que deberá avanzar: “los defensores de muchos de estos enjuiciados fuimos quienes denunciamos a Inchausti ante el Consejo de la Magistratura. Fueron cuatro denuncias formales para investigar los abusos funcionales y jurisdiccionales”. Se refiere a la presentación realizada en el mes de marzo para investigar los posibles abusos.
Pero la verdadera cuestión, la que también subraya Ferrá, es que el peligro latente para todos los ciudadanos consiste en el peligro que representan los magistrados con esta misma tendencia. Pueden encarcelar a cualquiera bajo argumentos poco sólidos, generando un daño irreversible: “la inestabilidad jurídica es enorme y en el medio están las libertades de los ciudadanos. La mayoría nos encontramos en una libertad condicional permanente. Por eso hay un descreimiento de la sociedad en el Poder Judicial, que es fruto de esta inestabilidad. A nivel nacional hay un 80% de imagen negativa del Poder Judicial”, explicaba el defensor.
Pero Ferrá es más profundo en sus denuncias, y agudiza su análisis apuntando al fiscal Daniel Adler: “la mayoría de los recursos de Casación que son interpuestos por el fiscal Adler llamativamente recaen en la Sala Cuarta del Tribunal de Capital Federal integrada por Borinsky, Geminiani y Hornos. Me llama la atención la alta efectividad recursiva que tiene el Fiscal General de dar vuelta la mayoría de las resoluciones que le son desfavorables en esa Sala. Esto también lo denuncié para que lo investiguen”, anticipó.
Lombroso
Cesare Lombroso creía que las tendencias delictivas eran innatas, y de hecho observables en ciertos rasgos físicos del individuo. Tales teorías, propias del siglo XIX, hoy sólo pueden ser citadas como una curiosidad científica. Sin embargo, se actúa de manera lombrosiana cuando se sospecha de los extranjeros, de los ciudadanos de otras razas, de las personas con determinada fisonomía, con un consenso popular tácito previo. Se los acusa por las dudas.
El gitano siempre padece el ser considerado sospechoso de algo cuando las personas piensan de manera lombrosiana, pero se supone que tales prejuicios no son propios del Poder Judicial. Esto es lo que está sucediendo con la justicia en Mar del Plata: la inestabilidad jurídica que se está viviendo es inaudita.
Dice Ferrá: “Eso es lo grave, el descrédito, el descreimiento en el Poder Judicial. En 35 años de democracia, el único poder que no ha sido saneado es el judicial, por la inamovilidad de los cargos. Hay un corporativismo jurídico que lo sostiene”. El abogado también había denunciado la llamativa inacción del Ministerio Público Fiscal cuando los defensores denunciaban estos hechos, y que el predio donde el juez tiene tirados los coches que secuestró fue conseguido sin licitación alguna. La fiscalía toma conocimiento de la denuncia, y no toma ninguna medida de oficio.
Transcurridos un año y medio de un proceso carísimo, con vidas arruinadas, los vehículos secuestrados continúan pudriéndose en un predio de 25 de hectáreas, que fue recibido irregularmente. Allí se violan todas las ordenanzas municipales respecto del uso de playas de estacionamiento y preservación contra incendios, que indican la cantidad de matafuegos, baldes de agua y arena que debe haber. En estos terrenos de pastizales hay 250 vehículos con 3 matafuegos, donde debería haber 500. ¿Qué fiscal se dedicó a investigar?
“No puedo consentir el abuso. No puedo consentir la arbitrariedad. Quiero pedir el juicio político a Inchausti”, expuso el defensor, a la vez que detalló que los detenidos en aquel operativo, en su mayoría permanecieron presos por cargos de naturaleza propia de la justicia provincial. Carlos Ezequiel Demetrio, Ariel Marcos y Federico Raúl Esteban están detenidos por poseer escopetas no registradas. Por eso, Inchausti debió haberse excusado, y remitido el caso a la fiscalía en turno del fuero natural.
Dar a la operación el nombre de “lavado total”, con el saldo de secuestro de autos sin transferencia como activos narco ya era una tomadura de pelo, porque a lo sumo se trataba de evasión impositiva.
Ahora los magistrados Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel explican que la acreditación patrimonial real de una persona investigada por delitos de lavado de activos no es tarea sencilla, y lo saben. Pero ciertamente, presuponer que los vehículos secuestrados en un domicilio de un imputado pertenecen a su patrimonio, pese a estar registrados a nombre de terceros, o ser solicitados su restitución por terceras personas, sin más prueba que la acreditación de maniobras poco frecuentes es, a criterio del tribunal, un criterio equívoco: “Máxime, cuando es de público conocimiento los usos y costumbres de la comunidad zíngara marplatense en el rubro compraventa de automotores”.
Agregan que, si bien ahora la causa tiene todos los datos de los rodados o de operaciones consideradas sospechosas, el análisis se usa de forma ambigua para señalar simplemente la existencia de movimientos aparentemente irregulares, como la consignación de domicilios inexistentes, la existencia de movimientos registrales sucesivos en cortos periodos de tiempo, el cambio de radicación, existencia de prohibición de circular, etc.
En síntesis, los jueces le dicen a Inchausti: nadie asegura que los papeles de los gitanos estén bien, pero con esto no se puede ni siquiera comenzar a investigar un delito de lavado. Como mucho será evasión. Y por eso nadie va preso.