Mientras el gobernador Scioli dice que Mar del Plata ya está blindada frente al delito, la gente llama desesperadamente al 911 sin resultado. En el mejor de los casos, le dirán que espere. En cambio, si lo atienden desde La Plata, no sabrán cuáles son las calles de las que habla. Y que no se le ocurra al juez tomarlo de “perejil”. Mejor, blíndese usted.
Parece broma, pero no lo es. Con el gesto torpe de haber llenado las esquinas de integrantes de fuerzas nacionales “haciendo la temporada”, y haber comprado unas remeritas flúo para los muchachos del Operativo Sol, el Gobernador realmente supone que tendrá al delito contra las cuerdas. ¿Será verdad? ¿Será que realmente cree que cuando se habla de la delincuencia se trata con sistemas humanos simples, que no necesitan más que un coscorrón? ¿Será que ignora realmente el complejo mecanismo que hace que se sostengan mutuamente delincuentes, policías y supuestos profesionales de la ley? ¿Puede alguien pecar de ingenuo de esta manera, y a la vez tener a su cargo la responsabilidad de administrar la provincia más poblada del país?
Quizá la ciudad sí esté blindada a esta altura, pero blindada al sufrimiento, al miedo que produce el peligro cotidiano. Blindada al sentido común que no rige en los edificios públicos de ningunos de los tres poderes.
Basta pensar en un caso, que no es aislado. En esta ciudad hay una señora de 66 años viviendo en el barrio Villa Lourdes, cuya hija –Stella Maris- relató lo que sigue en entrevista concedida a la emisora 99.9. La señora fue atacada en la puerta de su casa por una menor de 16 años, que le quitó sus pertenencias y luchó por sacarle el anillo de casamiento, aunque no pudo. Eran las 7 de la tarde en pleno verano, es decir que la luz era una ventaja para que lo que sucedía no se ocultara. Así y todo, la joven pudo golpear a su víctima y arrastrarla por los cabellos sin que nadie viera nada.
Por recomendación de la familia, la señora concurrió a hacer la denuncia en la comisaría 3°, que le correspondía por zona. Pero al día siguiente, la misma joven y sus amigos intentaron entrar a la casa de la señora por el portón del garaje: podría pensarse en una represalia. La cuestión es que todos los integrantes del grupo habían llevado palos y caños para usar como palancas, pero la familia llamó inmediatamente a la policía porque escuchó el ruido. Allí se dijo que la jovencita y su novio tenían problemas de adicciones y que esto motivaba su accionar delictivo.
Sin embargo los comentarios del barrio fueron más rápido que las acciones preventivas: pasados dos días, esta familia se enteró por voces anónimas de que los mismos chicos pensaban entrar a la casa cuando fueran las 12 de la noche de ese día viernes. Por eso, cuando eran las 21, comenzaron a llamar al 911. Y llamaron todos, es decir los cinco miembros de la familia. La policía nunca vino.
La situación era la siguiente: al terminar con sus horarios de trabajo, los hijos de la señora habían ido hacia la casa de su madre, alertados por el aviso de robo que ella había recibido, de las mismas personas que ya la habían atacado. Todos los familiares se detuvieron en la esquina en una camioneta, y allí pudieron ver cómo los cinco asaltantes se preparaban para ingresar al domicilio por la fuerza. Llamaron al 911 de manera permanente hasta las cuatro de la mañana, es decir durante siete horas consecutivas: en todas las ocasiones les dijeron lo mismo, que iban a mandar el informe. Pero ellos esperaron en la esquina de Don Orione y Guanahani, y la policía jamás llegó. Entonces, ¿la ciudad está blindada o liberada?
El lunes siguiente la familia recorrió fiscalías tratando de que los atendieran en un día de enero, y encontraron un alma caritativa en una empleada de Hipólito Yrigoyen y La Rioja, pero aun cuando el riesgo de vida era evidente, la señora fue remitida nuevamente a ampliar su declaración en la comisaría, trámite contrario al procedimiento previsto: allí ella debería dar el nombre de la menor que la había asaltado en la puerta de su casa. No obstante, concurrió, según se había acordado con la suboficial Beatriz Montenegro. Y cada vez que preguntaba por qué la policía la dejaba sola en semejante situación a pesar de los numerosos llamados, la respuesta fue: “Seguramente estaban en un operativo”.
Trucadas
En la ciudad blindada no sólo hay robos, también hay secuestros extorsivos con varios resultados. Por ejemplo, durante 2013 se produjeron dos secuestros que fueron cuidadosamente escondidos por las autoridades: aquí no ha pasado nada y el blindaje de la ciudad funciona perfectamente.
No obstante, el tercero de estos secuestros, el perpetrado sobre el joven Guido Materia, fue dado a conocer a la comunidad, y a partir de aquí comenzó un juego desesperado entre la policía y el Poder Judicial para encontrar un posible culpable que entregar a los perros.
Obviamente que las investigaciones serias se estaban realizando, pero no llegaron a ninguna parte, porque el Tribunal Federal ni siquiera entregó las órdenes de allanamiento necesarias. Lo que hicieron fue buscar la cámara de seguridad del banco en el que la madre de la víctima había retirado el dinero del rescate, y como en una serie norteamericana, culpar a quien estuviese mirando. Y el que estaba allí era Walter Salazar, un comprobado albañil que no vive de pedir rescates, con una moto de su propiedad, que esperaba sentado en la vereda y hablaba por teléfono con dos de las personas que lo tenían contratado.
En ese registro fílmico, Walter no se cuida, no oculta su rostro, y permanece allí una hora después de que la mujer retira su dinero. Pero de todas maneras está convenientemente preso, por orden del poco idóneo fiscal Carlos Martínez, sin que el juez Alejandro Castellanos lo reciba, para decirle de una vez de qué se lo acusa y con qué pruebas.
Parece que el mismo día en que Valeria, la hija de Wlater, explicó los pormenores de esta situación ante los micrófonos de la emisora 99.9, el juez decidió tomarle declaración sin previo aviso. Castellanos estaba visiblemente molesto por la exposición pública que esto suponía, y tan a las apuradas lo hizo, que se olvidó de que el acusado tiene que declarar en presencia de su defensor: en pleno enero, Walter declaró cuarenta minutos sin abogado, momento en el cual llegó una abogada que reemplazaba al suyo por la feria, y ni siquiera había leído el expediente como para saber de qué estaban hablando.
La cuestión es que Walter aprovechó la oportunidad lo mejor que pudo, explicó que vive de su trabajo y preguntó qué tenía que presentar para probar que no tenía nada que ver con una banda de secuestradores. Castellanos le dijo que no le quedaba claro cuál era el recorrido del colectivo 531, que figura en su declaración. Walter dice que el colectivo va por Luro, que baja por Primera Junta, y la abogada oficial tiene fotos del micro en su recorrido. El juez responde que las fotos pueden haber sido trucadas. Es decir que Castellanos considera que un defensor oficial en feria puede ponerse a trucar las fotos de un colectivo. Y lo dice en serio.
También hubo dos testigos, un arquitecto y un empresario del pescado, que en ese momento estaban vinculados laboralmente con Walter, y que ofrecieron sus teléfonos para que pudieran verificarse las llamadas que cruzaron con Walter ese día para acordar cuestiones de trabajo. De esa manera justificarían dónde estaba el acusado y a qué hora, y por qué él estaba hablando por teléfono en la puerta del banco. Pero el juez no los aceptó, no realizó el cotejo de los aparatos y acusó a la defensora de no haberla solicitado.
Uno común
“Quiero creer en alguien algún día”, dice Osvaldo, que tiene 66 años y es vecino de la ciudad. Él dice haber sido víctima de un hecho “de los comunes, de los de todos los días”: le entraron a su casa por los fondos. “Tuve suerte”, dice, “porque no golpearon a mi mujer, y a mí sí, pero levemente”. En este caso la policía acudió al llamado, y lo hizo oportunamente, por lo que logró aprehender a los ladrones que escapaban por los techos. Osvaldo recuperó casi todo lo que le habían robado menos la alianza de su mujer y “unos pesos”. Pero la policía le dijo en esa oportunidad: “estos ya entraron seis o siete veces; entran y salen”.
La cuestión es que, ante un hecho tan común como éste, en la comisaría se juntarán al día siguiente los ladrones, las víctimas, deudos y profesionales oportunistas. Y la postal dice lo siguiente: Osvaldo estaba allí cuando llegó la mujer de uno de los detenidos y preguntó “¿ya llegó el abogado de mi marido?”. ¿Y de quién hablamos? ¿De un servidor que garantiza el cumplimiento del derecho a la legítima defensa, o de un socio? ¿Cómo se diferencian?
Hay abogados penalistas que cobran un canon fijo, y con él aseguran que habrá quien presente el escrito preimpreso para que el ladrón recupere inmediatamente su libertad. Este abogado es quien además asesora a los delincuentes sobre las cuestiones que deben tener en cuenta antes del robo mismo: es un socio de la banda criminal, y cobra una parte por el servicio.
Obviamente, en este momento, cuando hacen falta los cinco mil que vale el escrito para obtener la inmediata llave de la puerta, hay otros miembros del grupo robando el dinero para pagar la libertad del detenido, y la cadena es inacabable. Pero ¿hay manera de investigar a los abogados?¿o quien lo intente terminará más complicado que antes?
Entonces, ¿blindada?¿A quién está blindada la ciudad? ¿Al delito, como pretende el Gobernador, o a la investigación y cualquier pretendida justicia? Porque mientras esto sucede, hay personas esperando que alguien alce un teléfono, que alguien lea un expediente o les mande un patrullero. Hay gente esperando ver un gesto de mera preocupación por la seguridad de la otra gente. Espera ver un intento por salvar la vida de alguien.
Pero no hay forma. Los que sí están bastante blindados son los despachos de los funcionarios. Eso sí. Desde allí adentro no se oye ni un clamor.