Tribunales federales | Una banda de narcotraficantes investigada por el juez Inchausti, en relación con sus acciones y el consecuente lavado de activos. Un negocio multimillonario que requiere de un equipo muy eficiente. El tribunal 1 allanó, pero les dejó las fajas de clausura en el negocio sin custodia. Muchachos…
La Justicia Federal de la ciudad está al jaque. Va a tener que demostrar alguna destreza, algún aprendizaje, y sobre todo algún resultado proveniente de los salarios que han cobrado sus integrantes, porque una vez más tiene en sus manos un gallo de los grandes, y es posible que lo eche a perder. El más mínimo error será suficiente para que ganen los abogados sacapresos, y las drogas de verdad vuelvan a la calle. Los únicos que pagarán los platos rotos serán los pequeños distribuidores.
Lo que investiga ahora el Tribunal 1 —sí, es el inefable Santiago Inchausti, una vez más— es una organización familiar dedicada a la venta de droga a gran escala, y al consecuente y necesario lavado de dinero. La noticia de los últimos días fue que una agencia de autos, clausurada en el marco de esa causa, apareció de pronto con una serie de perforaciones en el cielorraso.
A la causa compleja que nos ocupa se la llamó Operativo Poseidón, y saltó a la prensa en marzo último. Terminó con una docena de personas detenidas, que según la fiscal Laura Mazzaferri, eran un grupo familiar liderado por Sergio Sala, Cocón, quien sería el dueño de gran parte de la distribución ilegal de droga en Mar del Plata. Posee una cantidad de inmuebles y automóviles producto del lavado de activos.
La Policía Federal había allanado en marzo esa concesionaria de autos usados sita en Colón al 5100, Mundocar, que hasta ahora permanecía clausurada. Allí juntaban tierra los varios vehículos incautados, ya que se presumía que esa actividad comercial era utilizada para blanquear dinero de la droga, y —por qué no— para trasladarla. Pero claro, sin custodia, porque los plazos procesarles son tan largos que los sitios allanados terminan quedando a la buena de dios.
En ese marco fue que se ordenó liberar uno de los automóviles con una entrega provisoria, y el personal policial fue a la agencia para ejecutarla. El detalle es que en ese momento notaron que sobre el techo de uno de los automóviles había un polvo blanco, y que en el cielorraso de yeso del local había una serie de orificios.
Espantado, e juez Inchausti abrió una investigación, pero esto ya había sucedido en sus narices. Quiso arreglar algo dictando la revocatoria de las dos excarcelaciones que habían sido concedidas el pasado viernes 23, pero con eso no logró nada. La cuestión es determinar porqué una agencia de venta de autos relacionada de manera directa con el narcotráfico, plagada de vehículos de alta gama que no fueron peritados, puede permanecer cerrada por orden judicial sin custodia. Muchos rumores dicen que las cámaras de seguridad podrían permanecer activas, pero habrá que ver si el juez recurre a ellas. Pero a tiempo, antes de que desaparezcan.
El proceso previo
El 27 de marzo se habían realizado 26 allanamientos en Mar del Plata, Tigre, Misiones y La Caleta, sobre un expediente que llevaba años. Por fin la Justicia Federal dijo que había prueba suficiente como para acusar a esta organización archiconocida por la venta de drogas y lavado de dinero.
Fueron detenidas 9 personas y se secuestraron unos 50 vehículos, más dinero en efectivo y una escasa cantidad de drogas. Pero el caso empezó a crecer cuando se realizó un primer análisis del patrimonio de cada uno de los miembros de la familia extendida, cada uno de los cuales poseía varios bienes que no podía explicar, y que se transferían entre ellos. Con escribanos que hacían papeles con escaso rigor, y escuchas telefónicas que comprometían a la mayoría. Eran una banda con todos los componentes. Ya hacía tiempo que varios pequeños distribuidores, cuando eran detenidos, decían que la droga era de Sala.
Tiempo después, la situación de los mencionados se complicó. Una camioneta Fíat de la agencia de Cocón había sido denunciada como robada, pero apareció en Capital Federal con la guantera llena de metanfetamina y la copia de la llave. Él dijo que se la había dado a su ex mujer porque la necesitaba para ir al supermercado.
La policía explicó que se trataba de una maniobra habitual para la distribución de drogas: las sustancias se cargan en un vehículo que es dejado en un sitio a convenir, y tiempo después se denuncia como robado, con lo cual el titular se desprende dela responsabilidad del hallazgo en caso de que sea interceptado antes de la entrega.
Días atrás, el juez Inchausti encabezó una audiencia en la que agregó cargos contra alguno de los detenidos por ese cargamento, a otros por lavado de dinero y además otorgó la excarcelación a una mujer y a un hombre. Sin embargo, al conocerse el lunes la noticia de los boquetes en el techo de la agencia de automóviles, esas excarcelaciones fueron revocadas de forma inmediata.
Dice el juez que va a investigar ahora si esos orificios en el techo fueron efectuados con el fin de extraer algo allí oculto, y cómo fue posible el ingreso a un lugar que estaba con faja de clausura. Cualquiera en la calle podría adelantar las respuestas, Inchausti: nadie fue en mitad de la noche a atravesar las fajas de clausura para medir la densidad de los materiales. La cuestión es cuántas cosas más podría haber en un sitio que fue clausurado en una causa por narcotráficos sin que nadie realizara una pericia científica. No se llevaron los perros para detectar sustancias, no se revisaron los posibles doble fondos de los vehículos, no se verificó si las otras guanteras también tenían éxtasis. En fin, ¿no se le ocurre nada a Inchausti?
Cartel de neón
Por supuesto que todos están para la foto. A principios de año, se dijo que ocho familiares de Gustavo Sancho —el detenido en 2017 bajo la acusación de liderar una organización transnacional dedicada al narcotráfico— habían resultado detenidos en Mar del Plata, bajo sospecha de realizar maniobras de lavado de activos en el marco de la misma actividad criminal.
No era cierto, no son todos parientes, pero quedaba bien. La ministra de Seguridad —Patricia Bullrich— explicaba en una conferencia de prensa que la operación había sido bautizada como Poseidón, y que había ocho miembros de un clan familiar, en este caso seis mujeres y dos hombres. Además, se habían realizaron 26 allanamientos, la mayoría acá, pero otros en Posadas y Tigre. Se secuestraron 1.201.900 pesos, 23.400 dólares, 59 vehículos —entre los cuales se cuentan autos, camionetas, motos, cuatriciclos y hasta una moto de agua— celulares y documentación de interés para la causa que conducía Inchausti. Bullrich ya entonces felicitaba a las fuerzas federales por detectar la banda que lavaba dinero mediante la venta de vehículos. Ella relacionaba el caso con el liderazgo de Sancho, quien había sido arrestado en 2017 en el marco del llamado Operativo Quijote. Su detención fue dispuesta por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien llevaba la causa desde 2014.
Pero aquella banda traía droga al país desde Bolivia, y luego la trasladaba a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires mediante vuelos clandestinos. Una vez allí, la sustancia era enviada a España a través de los puertos de Mar del Plata y Rosario. Tenía conexiones en Paraguay, Brasil, Ecuador, Canadá, España y el norte del continente africano, pero el destino principal de las sustancias era Europa.
En el marco de la detención de Sancho, se secuestraron 45 vehículos (algunos de lujo), más de 9 millones de pesos, dólares y euros, lingotes y monedas de oro y más de 100 celulares. Pero en octubre de 2018 fue detenido Pablo Calandria, acusado de ser la mano derecha de Sancho. El mismo Calandria, alias “El diente”, el mismo que aparece vinculado con la banda de Sala en Mar del Plata. Por eso, aun las fuerzas de seguridad continúan investigando la posibilidad de que la organización no haya sido desbaratada por completo.
Cocón Sala ya había sido procesado con prisión preventiva, y se encuentra alojado en el penal de Ezeiza. Se lo consideró prima facie como “jefe de una asociación ilícita que se dedica al narcotráfico y contrabando de estupefacientes, en concurso real con el delito de lavado de activos provenientes del ilícito, agravado por ser realizado con habitualidad”.
También se encuentran procesados Santiago Carrivale, Cintia Taberna, María Lorena Sala, Bettina Sala, Brenda Maldonado y Johanna Taberna, por ser integrantes de la misma organización. El veterinario Ignacio Luzuriaga, imputado en la misma causa por vinculación con la actividad mencionada, termina en libertad mientras se lleva acabo el proceso, pero se lo considera partícipe en el lavado de activos ya que se ha comprobado que fingió datos en la operación de compra de un departamento propiedad de Sala. Los hermanos Fernández, de ocupación constructores, son parte también del gran expediente ya que se supone que habrían sido parte de la gran operación de lavado a través de la actividad de edificación de departamentos.
Cocón podría estar en manos de Inchausti. El distribuidor que trae cocaína de Salta. Casi que se podría pensar que la trae desde el lugar donde se la deja Sancho.