Se formalizó el pedido de prisión preventiva contra el ex jefe departamental José Luis Segovia en la causa en la que se lo investiga como la cabeza de una asociación criminal.
La investigación que lleva adelante el fiscal general adjunto departamental, Marcos Pagella, por la que quedó detenido el ex jefe de la Departamental Mar del Plata, José Luis Segovia, avanza de manera inexorable. La semana pasada se formalizó el pedido de prisión preventiva tanto para él, como para los imputados Javier Martín González, Christian Adalberto Holtkamp, Gastón Daniel Moraña, Lautaro Hernán Resúa, Nicolás Rivademar y Jorge Javier Toletti.
Argumenta el fiscal que existen sobradas razones para suponer que, en caso de quedar en libertad a la espera del juicio, dados los importantes recursos económicos —obtenidos de manera ilícita, claro está— y conexiones que tienen los imputados, así como lo grave de las penas que podrían recaer sobre ellos, es lo más probable que éstos intenten eludir el accionar de la justicia o interrumpir el curso de la investigación.
¿De dónde la saca?
Uno de los avances más importantes en la causa, tienen que ver con los bienes materiales que José Luis Segovia y su familia tenían en su poder, los cuales resultan imposibles de justificar teniendo sólo en cuenta los ingresos formales del grupo familiar: los sueldos del mencionado y de su esposa, así como los alquileres de las cuatro propiedades de las que son dueños. Sin ir más lejos, en el «privado» que Segovia tenía armado en la Departamental —por donde, según se rumorea, pasaron varias uniformadas que en ese momento quizás no estaban precisamente usando el uniforme y en donde lo encontraron los efectivos que lo detuvieron, de noche, y en paños menores—, había un sillón masajeador cuyo valor supera los u$s6.000. ¿De dónde sacó Segovia esa plata?
¿Qué contenía el enorme bolso con el que se vio salir a uno de los hijos de Segovia del local de una empresa de cajas fuertes privadas? Según se desprende de la investigación, ya sea el propio Segovia, su mujer o su hijo, llegaban a visitar el lugar hasta tres veces por semana. ¿Quién necesita ir a dejar valores con tanta asiduidad? ¿De dónde salía ese movimiento de bienes?
Si bien aún falta realizar pericias aún más exhaustivas sobre los movimientos económicos de Segovia y su entorno, un dato que sorprende es que, en el período comprendido desde el mes de enero del 2023, hasta el 22 de abril del 2024 (más de un año) el total de las extracciones realizadas de las cuentas bancarias familiares, es de apenas $405.000.- ¿De dónde sacaban el dinero para pagar comida, educación, transporte, viajes, servicios e impuestos? ¿De dónde salía el efectivo que usaban, por ejemplo, para pagar el alquiler de su vivienda?
Todos esos movimientos económicos y financieros, que aún son materia de investigación, arrojan en una primera instancia una cifra superior a los $11.000.000 y a los u$s 7.700 que Segovia tenía en su poder, y que no puede justificar.
La investigación
Recordemos que esta historia comienza, judicialmente, con un robo acontecido en la zona de Cabo Corrientes, donde una pareja de ancianos son asaltados en su vivienda. Cuando llegan a la DDI las imágenes de las cámaras de seguridad, un grupo de policías —después de reunirse con Segovia— manifiestan reconocer al delincuente a pesar de que la persona en cuestión estaba con barbijo. Era, claramente, una pista falsa. A pesar de ello, al chivo expiatorio señalado por el entorno de Segovia, Mauricio Di Norcia, le empieza a llegar información, como otra de las imágenes de las cámaras de seguridad —distinta a la que obraba en la causa— e información al respecto de los allanamientos que se iban a realizar en su domicilio y los de sus familiares. De más está decir que esa información seguramente no era gratis.
Cuando, en uno de esos operativos, se secuestra el celular de la pareja de Di Norcia, la oficial a cargo de peritarlo descubre que desde el seno de la policía se estaba filtrando información. Pero, lejos de felicitarla por su descubrimiento, Segovia la puso a ella y a su equipo a hacer tareas humillantes antes de trasladarlos a cualquier parte.
Un tiempo más adelante, un grupo de personas, también vinculados con Segovia, entre los que estaba Christian Holtkamp, secuestran al verdadero culpable del robo en Cabo Corrientes, y le exigen dinero a cambio de asegurar su impunidad. Éste se niega, diciendo que él «ya había arreglado», por lo que al tiempo, es liberado. En una maniobra inexplicable, el delincuente denuncia el apriete, lo que permite avanzar con la actual investigación. Más adelante, Holtkamp se presenta ante la justicia y denuncia por el delito a los verdaderos culpables. La foto que aporta como prueba en esa exposición, es la misma que Di Norcia tenía en su poder cuando le informaron que estaba siendo investigado.
Siguiendo con el entramado delictivo en torno a Segovia, un tercer capítulo es la actividad de intercambio informal de divisas que se daba en la zona de Luro e Independencia. Tras una serie de testimonios, quedó claro en la investigación que Segovia propició una serie de acciones que permitieron, una vez llegado él a la Departamental, desplazar a los «arbolitos» que operaban en la zona de Luro e Independencia y dejar el «negocio» en manos de personas designadas por él, quienes pagaban una suma a cambio de que los «dejaran trabajar». Uno de los implicados en estas actividades, era justamente Di Norcia. Al mismo tiempo, una de las personas que, tras la asunción de Segovia al frente de la Departamental, se quedaron con el monopolio de dicho negocio, fue Holtkamp. Para más «coincidencias» vale decir que Holtkamp vivió un tiempo en un inmueble perteneciente a su abogado, Lautaro Resúa, quien a su vez representó a Di Norcia cuando éste fue implicado en la causa del robo en Cabo Corrientes.
Para que se entienda clarito: Segovia y su entorno están sospechados de cobrarle a los delincuentes para asegurar su impunidad, de desviar las causas, y de cobrarle también a las personas a las que implicaban falsamente en esas causas la información al respecto de la investigación, como los allanamientos que se iban a hacer, etc. Y cuando una oficial de policía descubrió casi de casualidad evidencias de esta filtración de información, Segovia no sólo no la felicitó, sino que también la castigó.
Amigos son los amigos
Pero, además, la causa suma cada vez más testimonios que refuerzan el rol de Segovia como la cabeza de una organización criminal.
En su declaración testimonial, Segovia contó un relato que no se sostiene por ningún lado: mientras que todos los testimonios —incluso, los de algunos fiscales— lo describen como una persona que estaba al tanto de todos los detalles, él fingió que no sabía nada de lo que le preguntaban y que no tenía relación alguna con quienes —según varios testigos— entraban a su despacho sin siquiera golpear la puerta. Sin ir más lejos, aseguró que no conocía a algunos de los testigos de esta misma causa cuando tenía, en su celular, una copia de sus declaraciones.
Es de especial interés para la fiscalía la relación que unía a Segovia con Javier Martín González y Gastón Daniel Moraña. Cuando se le preguntó por ellos, Segovia minimizó su vínculo, pero otros testimonios aseguran que no sólo eran éstos parte de su círculo más íntimo, sino que además eran quienes «recaudaban» en su nombre: «Todos saben que Moraña y González recaudaban para Segovia y que había arreglos con los arbolitos», dice un testigo.
Pero Moraña y González no sólo participaban de los «arreglos» con los arbolitos, sino también en la venta de impunidad por parte Segovia: «antes de algún procedimiento», cuenta otro testigo,«había que avisar para que nos digan si era algún “amigo”, porque en ese caso no podíamos actuar. Yo no hacía la consulta, la hacía el oficial. Lo que se entendía era que había delincuentes que ponían plata para que no los toquen y a esos se los llamaba “amigos”. Esa consulta primero había que hacerla con Segovia. Después, como Segovia a veces estaba ocupado y no podía atender, se le consultaba a Moraña o al Pelado González, que eran los que estaban siempre en contacto con él. Cuando se consultaba podían decir “trabajen tranquilos” y así seguíamos para adelante o decían “pará, amigo” y ahí teníamos que cortar. Moraña y González eran lo que llamábamos el Grupo recaudador».
El fiscal general adjunto departamental, Marcos Pagella, se enfrenta a la colosal tarea de desentrañar esta trama delictiva forjada a lo largo de años y años, sostenida por fuertes pactos de silencio y relaciones de poder.
Tanto es así, que el abogado de uno de los imputados en esta investigación renunció, aduciendo que «no se puede realizar una defensa en pacto de silencio y dirigida por la conveniencia de terceras personas vinculadas al proceso que son ajenas a los intereses y derechos del imputado a defender». ¿Más claro? Echale agua.