El abogado Jeremías Rodríguez presentó una denuncia que apunta a Juan Grabois por los desmanejos con el Fondo de Integración Socio Urbana y contra Sebastián Pareja, a quien acusa de encubrirlo.
El pasado 8 de mayo, el gobierno anunciaba la disolución del FISU, el Fondo de Integración Socio Urbana el cual, en teoría, estaba destinado a la realización de obras públicas para lograr la integración de los denominados «barrios populares», a los que coloquialmente se los llama «villas». El mismo se nutría de fondos recaudados, por ejemplo, a través de la implementación del llamado «Impuesto PAIS» (Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria). En las justificaciones del decreto 312/2025, que elimina el FISU, se menciona que «se han evidenciado retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos».
Un informe del periodista Luis Gasulla, emitido esta semana por el canal LN+ demuestra a qué punto llegan estos incumplimientos: se revela que, cerca de la localidad de Pilar, con fondos provenientes del FISU que fueron transferidos a una cooperativa vinculada al MTE que dirige Grabois, se compraron los terrenos para hacer un barrio. Fueron transferidos para ello $1.199.679.165,99 (no, no es un error de tipeo: le dieron a Grabois casi mil doscientos millones de pesos). Las obras debían durar 15 meses, y ser completadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Nunca se realizaron.
Miles de millones
En su presentación ante la justicia, Jeremías Rodríguez indicó: «como se muestra en el convenio acompañado como prueba, el Comité Ejecutivo del Fondo de Integración Socio Urbana, representado por la Sra. FERNANDA MIÑO, transfirió PESOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 90/100 ($. 1.999.679.165,99) a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA AZURDUY LTDA, representada por los Señores SERGIO ALEJANDRO OSEIRAS, SANDRA ISABEL MESTRE Y JUAN ANTONIO RUIZ DIAS, para la adquisición de un lote inmueble identificado como, Part: 84, Circ: V, Parc: 560-A, Partida: 201441, ubicado en la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, y la realización de sus posteriores obras de apertura de calles, y tendido de servicios para adjudicar estos lotes a beneficiarios elegidos de manera discrecional».
Esta discrecionalidad se ve manifiesta en el informe periodístico, donde queda plasmado que los inmuebles fueron entregados a militantes de los espacios políticos que se referencian en Grabois y en el que se recoge el testimonio de uno de ellos, Rodrigo Nicolás Huari, a quien en los papeles le adjudicaron uno de los terrenos; del cual nunca pudo tomar posesión porque nunca se hicieron las obras para que las parcelas tengan los servicios básicos. El convenio estipula que los propietarios de los terrenos no pueden comenzar a edificar hasta que las obras de los servicios no sean completadas. También, estipula otras cuestiones, como que en el barrio a construir no se va a poder estacionar, regula la posesión de mascotas y además establece el pago de expensas. Un despropósito.
La denuncia
En una entrevista para la FM 99.9, el abogado Jeremías Rodríguez brindó detalles de su presentación judicial que, además de apuntar contra Juan Grabois y Fernanda Miño, también apunta contra Sebastián Pareja, a quien se lo suele indicar como el supuesto «armador» de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y quien ahora ostenta el cargo de subsecretario de Integración Sociourbana. Según el letrado, Pareja mantiene bajo su órbita a gente que se referencia políticamente con Grabois, no ha auditado lo que se hizo con el FISU durante el gobierno de Alberto Fernández y tampoco ha denunciado las irregularidades que hoy son de público conocimiento, lo que implica, según la denuncia, un incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
Relata Rodríguez: «Acá en Luján tenemos más o menos el mismo problema que se da en todo el país con lo que fue el Fondo de Integración Socio Urbana y todo este negociado que hizo Grabois junto a Fernanda Miño y varios intendentes, donde se prometieron lotes con servicios que tenían muchas irregularidades y que nunca se terminaron. Pero lo que corresponde a Sebastián Pareja y a Juan Grabois, el año pasado, en octubre, hice una denuncia a varios referentes de Grabois, indicándolo como el jefe de la asociación ilícita, donde presenté varios casos Mar del Plata, Cañuelas, Luján, Brandsen, etc».
Sobre el modus operandi de la estafa, agregó que «hubo compras de lotes a través de privados, como el referente Diego Moto de Luján, que se compró un campo a nombre de él y todas las irregularidades que había demostraban cómo estaban asociados junto al ex diputado José Ottavis también, que está denunciado. Después fui haciendo varias ampliaciones sobre la misma denuncia, casos concretos como en Corrientes con José Ottavis, con todo el negociado de las cooperativas y el estilo de vida que tiene, con una mansión de tres pisos. Todas esas ampliaciones se fueron dando en la misma causa que está investigando el fiscal Picardi y que están todas acumuladas junto a otras denuncias».
Mar del Plata también ha sido parte de este entramado de denuncias que no tiene respuesta alguna por parte de la justicia porque no se avanza en la investigación: «La denuncia de Mar del Plata que realizó Petiggiani está acumulada en la misma denuncia en el juzgado federal de Comodoro Py número 12, en Subrogancia. La inacción, la pasividad y el encubrimiento de Sebastián Pareja, que es el subsecretario de Integración Sociourbana, es muy evidente. Un tipo que dijo que funcionaba bien la Oficina del FISU, después nunca auditó el Fondo de Integración Urbana que hoy no existe más. Pero la subsecretaría de Integración Urbana sigue existiendo. La complicidad de Pareja, que además tiene trabajando gente referente de Grabois en su oficina, en su organismo, es muy evidente. Después de denunciar, tengo que estar comiéndome un montón de aprietes de gente de Grabois».
Las protecciones de las que goza Grabois no venían solamente desde la política, porque Rodríguez también indicó que «tenía una protección del Vaticano muy evidente, de hecho tenía un cargo allá, no sé si lo sigue teniendo; pero claramente hay un acuerdo, por lo menos con Sebastián Pareja, de no denunciarlo y no impulsar ninguna denuncia. Digo que voy a denunciar a Sebastián Pareja porque está incumpliendo los deberes del funcionario público. Cuando vio el informe de ayer de Luis Gasulla en Pilar, tiene que hacer la denuncia penal. Es su deber».