La modalidad es la misma tanto en Balcarce como en Morón: actores de la política usan los datos de los ciudadanos para armar contratos cuyos titulares nunca llegan a cobrar.
No es la primea vez que se conoce que distintos referentes de la política hacen uso de los datos personales de los ciudadanos para justificar erogaciones económicas de un dinero que —en definitiva— se quedan ellos. Esos nombres y apellidos corresponden a determinadas personas que, en un momento, se enteran del fraude y lo denuncian: figuran en los papeles como beneficiarios de un dinero que no llega a ellos, o al menos no en esas cifras.
El fiscal Rodolfo Moure intervino en una causa donde se denunciaron maniobras en la Cámara de Diputados de Buenos Aires. Al parecer, se depositaba dinero en cuentas de personas que tenían monotributo social sin que ellas lo supieran. En una entrevista en la FM 99.9, recordó que abril de este año una mujer de Balcarce se había presentado en la fiscalía para denunciar que en su cuenta bancaria aparecía un dinero que no era suyo: hablaba de $40.000 mensuales que no le correspondían. A partir de allí comenzó la investigación acerca de esta clase de depósitos por parte de la Cámara de Diputados, ya que diferentes ciudadanos figurarían como empleados temporarios de ese cuerpo sin su conocimiento.
Cuando se enteraron de esta situación, los integrantes de la legislatura intentaron callar a la vecina balcarceña: «a los 4 días de denunciar la llamaron diciéndole que le iban a ofrecer dinero para que retire la denuncia. La mujer le avisó a la fiscalía, montamos un operativo y detuvimos las acciones cuando intentaban pagarle $10.000. Efectivamente era un empleado de la Cámara de Diputados. Secuestramos contratos temporarios de muchas personas de Balcarce que luego entrevistamos y no sabían que figuraban como empleados temporarios, todos con sueldos de $40.000 o $50.000».
Ahora, ante el avance de la causa, el fiscal está en condiciones de asegurar que estamos frente a una maniobra que superará el millón de pesos. En la fiscalía citaron al referente de la Cámara de Diputados para que dé precisiones al respecto, y allí se enteraron de que estos supuestos empleados eran designados «a dedo y en forma verbal».
Luego de una tarea judicial extensa en la investigación de todas estas operaciones bancarias, los responsables de realizar lo que en definitiva no es más que un fraude liso y llano fueron identificadas y próximamente prestarán declaración: «hoy hemos citado a declarar al empleado de la Legislatura que vendrá a Mar del Plata, y pudimos descubrir quién era el contacto en Balcarce que le pasaba los datos. El delito que se les imputa es defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicas y en el caso del empleado de la Cámara, que es de apellido Felgueiras, también el delito de coacción», agregó en fiscal Moure.
La investigación
El entregador en esta historia es Jorge Moureira, que también será indagado: «le ofreceremos la nueva ley del arrepentido para ver quién estaba más arriba de esto. Si no hablan, es imposible saber quién determinó los pagos».
El fiscal Rodolfo Moure explicó finalmente que todas estas acciones investigativas sirvieron para que se realizaran modificaciones en las formas de registrar y determinar las contrataciones que corresponden al poder legislativo: «el licenciado Sarghini modificó la ley de ingresos de empleados a la legislatura, fruto del caso ocurrido en Balcarce».
También en Morón
Pero nada es suficiente, porque este no es el único sitio del país en donde se denunciaron que existían personas que aparecían como empleadas para tareas que, ni realizaban, ni sabían que cobraban: también un grupo de vecinos de Morón denunció ante la justicia que habían sido engañados por Claudio Odín, un puntero político de esa localidad del oeste del conurbano, que al parecer les había prometido que iban a ser beneficiarios de un plan social, pero finalmente los anotaron como supuestos empleados de la Legislatura bonaerense. Al parecer, a través de estos procedimientos se han quedado con una parte importante del sueldo que se les atribuye,que podría llegar a los $180.000 por cada persona.
Odín fue quien llevó a los vecinos de Morón hasta la Legislatura bonaerense diciéndoles que iban a recibir un plan social. Una vez allí, en el despacho de la diputada provincial Marisol Merquel, les hicieron firmar un contrato de trabajo sin que ellos supieran de qué se trataba. La conexión entre Merquel y Odín es el concejal peronista Gabriel Barquero. Merquel mantiene una relación con Barquero, que es el referente de Odín.
Para comenzar, todas estas personas que firmaron papeles en la Cámara de Diputados de la provincia no tienen ningún otro ingreso familiar, ni ayuda del estado, ni tampoco trabajo. Por estas razones, realmente creían que el documento que habían firmado en el despacho que pertenecería a Merquel podía convertirlos en beneficiarios de un plan social. Nunca supieron que era, en realidad, un contrato de trabajo temporal.
Pasado el tiempo, alguien descubrió que estas mismas personas figuraban percibiendo salarios en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que podían llegar hasta los $200.000. Cuando tomaron conocimiento de esta situación, hicieron la denuncia pertinente en la fiscalía n° 7 de Morón, que se encuentra a cargo del fiscal Matías Rapazzo. Las víctimas de estos cobros indebidos habían tomado conocimiento de la situación mediante diversos hechos: en algunos casos, por ejemplo, al pretender inicial un trámite jubilatorio, les aparecía el registro de que percibían un alto salario.
El nombre más resonante en las declaraciones de los testigos que construyen este expediente es el del puntero Claudio Odín. Se dice que él habría sido el encargado de reclutar uno a uno los vecinos que figuraban como empleados. Es un puntero político que trabaja con Gabriel Barquero, que es el vicepresidente del Concejo Deliberante de Morón. Barquero mantiene una relación con la diputada provincial Marisol Merquel, quien a su vez es la reemplazante de Victoria Tolosa Paz en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Una de las personas que brinda testimonio acerca de los cobros indebidos se llama Jordana: «Me dijeron que me iban a anotar en un plan; que $15.000 quedaban para los políticos y $5.000 para mí. Me dio mucha bronca e impotencia». De todas maneras, ella firmó el contrato. El sueldo que le adjudicaron es de $181.000. Se trata de una mujer madre de un nene de tres años, que carece de otros recursos, y que hizo la denuncia en la justicia. Mauro Luciano Navarreti es otro vecino que también fue estafado y denunció en la justicia al puntero Odín, al concejal Barquero y a la diputada Merquel. Navarreti también figura cobrando un sueldo de casi $200.000, pero es vendedor ambulante y hace changas como albañil.
Tal la situación y las soluciones parciales a los hechos. El problema sigue siendo lo que se ha dado en llamar la plata de la política. El dinero que se hace figurar en un sitio para llevarlo a otro. La verdadera malversación que constituye todo el sistema de funcionamiento del movimiento político latinoamericano, que mientas tanto genera más víctimas que indignados. Los verdaderos damnificados ven sus datos comprometidos en una situación que no los beneficia. Una vez más.