Jubilaciones fraudulentas | El juez Inchausti le concedió la domiciliaria a Irós, pero no a Cagni, en la causa que investiga las jubilaciones truchas que repartía su estudio jurídico. Respetó razones humanitarias por edad: domicilio y tobillera.
Un tribunal superior le indicó al Juzgado Federal 3 que iba a tener que volver a analizar el pedido de prisión domiciliaria de Cagni e Irós —dos de los acusados en la causa del defraudación del ANSES— ya que consideraba que el juez Santiago Inchausti no había sido lo suficientemente exhaustivo a la hora de recorrer el cuerpo normativo de la morigeración de penas.
Por esa razón, y sin esperar un solo día, el 13 de marzo el titular del tribunal puso manos a la obra y dio todas las explicaciones del caso para explicar que no iba a conceder beneficio alguno a Rubén Cagni, pero sí a Luis Iros. Debió reconocer las razones humanitarias.
Como se recordará, la acusación es la de haber formado parte de una organización ilegal, por lo menos desde 2006, que estaría compuesta además por Roberto Luis Balbuena, Luciano Diez Suarez, todos miembros de la sociedad Organización Jurídico Previsional SRL, un estudio jurídico dedicado a realizar trámites previsionales. También se menciona la participación de María Gabriela Iros, Daniel Alberto Nicolás, Rosana Arata, José Ricardo Caliyuri, Miguel Norberto Coelho, Fernando Daniel Fernández, Daniela Andrea Livi, Ariel José Fati, Luis Alberto Funes, Néstor Rodrigo Jones, Alejandro De la Torre Kriskovich, Ramón Gerardo Tula, Marcos Bravo, Ángel Matías Nicoló, Eduardo Moyano, Juan Miguel Martínez Campoy, Marcelo Eiras, Ricardo Scalise, Juan Carlos Soria, Gustavo Domínguez, Nazareno Di Giovanni, Gabriela Biribin, Rodolfo Barone, Miguel Ángel Marcello, Fernando Biesa y el abogado Seri, sin que se pueda descartar la participación de otras personas.
Según la causa, esta organización se habría dedicado a gestionar beneficios previsionales —jubilaciones o retiro por invalidez— pero ilegítimos, lo cual ha generado un perjuicio en el patrimonio estatal por noventa millones de pesos.
Ya se probó que en el estudio jurídico de Paso 2882 de Mar del Plata funcionaba esa organización delictiva denominada Organización Jurídico Previsional, integrada por los abogados acusados. En el curso de tales ilícitos, prestaron colaboración los imputados José Ricardo Caliyuri, Miguel Norberto Coelho, Fernando Daniel Fernández y Daniela Andrea Livi, pero aún no se descarta la participación de algún otro miembro o funcionario de la ANSES, de AFIP, o de alguna otra dependencia del Estado. La nutrida pata médica de la banda se ocupaba de fraguar incapacidades psíquicas o físicas.
Esta asociación ilícita tramitaba beneficios jubilatorios falsos: utilizaban empleadores también falsos o sin actividad comercial activa, y simulaban vínculos laborales con supuestos empleados, citando períodos de prestación laboral sobre los cuales nunca se habían realizado los aportes. Presentaban declaraciones juradas extemporáneas, y declaraban remuneraciones muy elevadas. Alteraron registros de AFIP, utilizaron documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la ANSES que en el sistema aparecían como extraviados, y demás.
Estos dos
Cuando un beneficiario iniciaba un trámite en la UDAI bajo la intervención de los abogados Cagni e Irós, se falseaban relaciones laborales con empleadores inexistentes. El cliente aducía alguna patología con certificados médicos firmados por Funes y Jones, y luego era evaluado por personal médico de la Comisión Médica Nº 12. Allí se le terminaba otorgando un porcentaje de incapacidad, que en la mayoría de los casos no alcanzaba el que la ley exige para habilitar la pensión. Cuando era denegada, los abogados apelaban el dictamen ante la Comisión Médica Central en Buenos Aires, que también la negaba.
Allí intervenía la Cámara Federal de Seguridad Social, que solicitaba a los juzgados federales que el beneficiario fuera visto por un perito médico oficial o de un centro médico público. El hospital público que intervenía era siempre el Hospital Interzonal local, donde Ariel Fati emitía dictámenes como supuesto perito, y elevaba el porcentaje de incapacidad inicial.
El juez de grado Santiago Inchausti los acusó por asociación ilícita, pero los abogados defensores apelaron ante la Cámara diciendo que no se habían dado las condiciones legales necesarias para probar el delito, ni los requisitos que sostienen las prisiones preventivas. Dijeron que los recaudos para la asociación ilícita no estaban cumplidos.
Pero la cuestión es que ellos se quedaron con dinero público que estaba dirigido a cubrir necesidades de unas de las franjas más vulnerables de nuestra sociedad, con maniobras que también comprometían la fe pública y el debido cumplimiento de los deberes de algunos funcionarios que habrían recibido sumas de dinero u otros beneficios a cambio de colaborar con ese ataque al erario de todos los ciudadanos. Efectivamente, se desarrollaron maniobras defraudatorias para obtener sumas indebidas de parte de organismos públicos, que beneficiaban a clientes de la Organización Jurídico Previsional S.R.L., parte de esos ingresos fraudulentos eran recibidos por los abogados a manera de honorarios, y repartidos entre los otros miembros.
En cuanto a Caliyuri, se sabe que su función dentro de la organización ilícita era la de aportar información interna y privilegiada de la Comisión Medica nº 12, y de la Comisión Medica Central, lugar en donde desempeñaba sus funciones. Las declaraciones testimoniales lo comprometen, y afirman que Caliyuri se convirtió en un mafioso que amenazaba médicos y entregaba dádivas.
Ahora bien: llegado a este punto de la investigación, los estudios defensores se juegan todas las fichas. Dinero tienen. El juez Inchausti dice que —ya que se lo han pedido— dará datos acerca de las razones por las cuales no ha aceptado morigerar la situación de prisión preventiva de Cagni.
Explicaciones
El imputado se encuentra procesado por resultar jefe de una asociación ilícita de al menos 26 personas, dice el juez, que ha defraudado al estado argentino en una cifra millonaria. Dentro de esta organización se ha corroborado la participación de distintos funcionarios públicos, pertenecientes a distintos organismos como el HIGA, la AFIP o la ANSES. Los 300 casos de defraudación implican que —en caso de darse una condena— no podría ser de ejecución condicional.
Pero además, hay muchas posibilidades de que Cagni, si estuviera libre, se ocupara de entorpecer el proceso de investigación. En primero lugar, indica que dos personas ya se han acogido a un régimen de arrepentidos y han brindado numerosos datos acerca de la manera de operar de la banda, una de las cuales incluso participa del Programa Nacional de Protección de Testigos. Incluso uno de esos imputados, Caliyuri, expuso que Biesa había concurrido a su casa el día de los allanamientos y le había ofrecido 10 mil dólares a su esposa.
El mismo Caliyuri explicó que el día anterior a los allanamientos, un tal Darío, que pertenecería a la Policía Federal, había estado en el estudio quemando papeles durante dos horas. Con esto quiere decir que, si están libres, ocultan pruebas o arreglan testimonios, como se ve.
Tampoco puede dejar de tenerse en cuenta la cantidad de contacto que tenía la organización con diferentes oficinas públicas: “aún se encuentran en curso varias causas conexas en las cuales existen medidas en pleno curso de investigación, por lo cual existe la concreta posibilidad de que el imputado obstaculice el avance de las mismas”.
También se corroboró que algunos imputados intentaron sobornar a distintos funcionarios públicos para mejorar su situación o llevar a cabo maniobras defraudatorias: por eso han sido acusados de cohecho.
De esta manera, dice el juez, no hay forma de asegurar que este acusado no vuelva a obstaculizar la investigación. Más ahora, que están en curso las medidas tendientes a recuperar algo o todo de los 90 millones de pesos que ganaron con sus trámites fraudulentos, y que no se han recuperado. Es decir, que es plata de la cual teóricamente dispondrían.
Por eso, dice Inchausti que, si Cagni recupera la libertad, podría desprenderse de bienes o firmar poderes sobre los que conserva. El alto poder económico de la organización hace que el imponer una caución no sea la medida más adecuada. Incluso desde su domicilio, puede obstruir el proceso y el debate.
En el caso de Luis Irós, en cambio, el juez le concedió prisión domiciliaria bajo el control de una tobillera electrónica, más una caución de dos millones de pesos. El magistrado reconoce razones humanitarias porque el imputado tiene 67 años y lleva casi dos de prisión preventiva.
Así las cosas, las condiciones van cambiando a medida que pasa el tiempo. Lo cierto es que aún no se ha podido recuperar una moneda de la enorme fortuna que amasaron los integrantes de esta más que eficiente banda. Uno de ellos, a casita a hacer la cuarentena.