Respuesta del Fiscal General | Para defenderse de las denuncias sobre la ineficiencia de su trabajo, el fiscal general de Mar del Plata dice que la culpa la tiene la policía que le manda cualquier cosa. Él sólo trata causas sobre delitos que tengan un autor clarito. Si no hay pruebas a la vista, las archiva.
Pobre de las mujeres a las que matarán mañana, porque seguramente sus victimarios lo vienen anunciando, y ellas lo han denunciado. Pero para el Fiscal General, una amenaza no alcanza para nada. Pobres de los niños abusados, porque para el fiscal general, un delito sin pruebas a la vista casi no ha acontecido. Pobre la gente. Pobres, todos.
A esta altura, todos recordarán la persistencia con la que el abogado local Martín Ferrá viene denunciando la poco efectiva labor del departamento judicial Mar del Plata, en particular del Ministerio Público Fiscal en la figura de su responsable: Fabián Uriel Fernández Garello.
El abogado ha insistido en explicar que el fiscal general no trabaja, ya que las cifras que resultan de las tareas de las fiscalías a su cargo son más que concluyentes: afirma que la lectura de la estadística oficial demuestra que el mandamás es responsable de las figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia.
El denunciante se dirige al Presidente del Colegio de Abogados e indica que, ante la falta de reacción de la justicia, debe ser ese cuerpo colegiado el que intervenga y se ocupe de propiciar el juicio político a Fernández Garello, a partir de un desfavorable reporte de gestión que se repite año tras año. Los números indican que las fiscalías que dependen de Fernández Garello archivan y desestiman un número siempre mayor al 90% de las causas, elevan a juicio un número representado en una cifra de un dígito, de las cuales —a su vez— una cantidad aún más insignificante resulta con una sentencia condenatoria. Mientras tanto, dice la denuncia, los índices del delito continúan aumentando, y el número de detenidos con prisión preventiva es de un abrumador 50%, con lo cual se demuestra sin más que la justicia no está haciendo su trabajo como debería, y menos aún en los tiempos que debería.
Las excusas
El porcentaje total de gestión de los años 2012/2015 indica que el total de causas ingresadas es de 134.136. De ellas, fueron archivadas o desestimadas el 90%, es decir 120.722. Se requirió la elevación a juicio de un 5%, es decir 6.706. A partir de allí, fueron 2.280 las que tuvieron sentencia condenatoria, es decir un 1,7%, pero solamente un 11% fueron objeto del correspondiente llamado a indagatoria.
Indica la denuncia: “de la información contenida en los documentos acompañados se desprende la relativa efectividad que registran las citadas fiscalías, en relación con la cantidad de denuncias y causas recibidas, en contraposición con su bajo número de expedientes elevados a juicio o llegados a sentencia condenatoria y el alto índice de expedientes archivados o desestimados”. Ofrece como prueba el Reporte de Gestión, que tiene carácter público.
Pero el Fiscal General respondió recientemente a las acusaciones a través de una nota al presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Fabián Portillo. Comienza por decir que la acusación de Ferrá tiene “errores de conceptos analíticos”. Afirma que todo el análisis se reduce a comparar el número de causas ingresadas con las elevadas a juicio, y las que, por una u otra razón, resultan desestimadas o archivadas. Dice que se trata de una evaluación de carácter cuantitativo, que no toma en cuenta que en la mayoría de los casos, las razones por las cuales las causas resultan desestimadas son de carácter cualitativo. En este juego de palabras se apoya para intentar —sin éxito— defenderse, descalificando al denunciante en sus posibilidades profesionales y argumentativas. Dice que Ferra no se ha dado cuenta de que las causas desestimadas no tiene la misma importancia criminológica que las elevadas a juicio, y que, en muchas de esas, los hechos que se exponen ni siquiera revisten el carácter de delito.
A partir de allí comienza lo bueno. Desarrolla lo que él llama “criterio selectivo”, es decir, la manera en la que elige en qué causas vale la pena trabajar, y en su enumeración demencial comienza por decir que en algunos casos no hay pruebas, o aun peor “son de imposible hallazgo”.
Aprovecha para mechar elogios a su abnegado personal que, aún con las condiciones salariales de desactualización en las que trabajan, no realizan paros de actividades y trabajan fuera de horario sin percibir horas extras, lo cual, a su criterio, los distingue de “empleados y funcionarios de otros fueros”. ¿Qué? Encima, dice, tienen que cubrir los turnos de la feria: se ve que la gente no tiene mejor idea que seguir delinquiendo en Enero. Un abuso.
La frutilla
Pero a la hora de empezar a repartir culpas, dice: “el factor de investigación es de resorte policial”, lo cual es al menos riesgoso, a juzgar por la normativa vigente en el código de procedimientos. Es decir, está afirmando que la razón de que tengan tantas causas desestimadas es que en la policía le manda cualquier cosa, y ellos tiene que perder su tiempo en archivar las que no se pueden probar, y desestimar las que no son delitos. La policía estaría, entonces, recibiendo denuncias por cualquier cosa, y no estaría investigando para la recolección de pruebas suficientes para que ellos puedan trabajar. Eso dice, para patear la pelota afuera.
Pero la mejor parte es la que afirma que muchos delitos suceden en el ámbito de lo privado, como la violencia de género o los delitos interpersonales, las amenazas. Allí, dice, ellos no tiene más remedio que archivar porque no tienen pruebas de lo que una persona le hace a otra sin testigos. Acabáramos, ya estamos en condiciones de comprender por qué hemos llegado a punto que transitamos en el campo de las agresiones contra la mujer: si no hay testigos de la golpiza y no han quedado huesos rotos, el fiscal general no da un paso más. Lo archiva, él mismo lo reconoce: “son altos los niveles de archivo porque en el marco de las discusiones familiares o callejeras las amenazas no quedan grabadas y con ello la prueba es diabólica a lo que aduno que no es tarea de este Ministerio Público inventar la prueba cuando no existe, paciera una obviedad pero debo mencionarlo”.
Bastaría entonces, ante este deslinde escandaloso de las responsabilidades, imaginar la comodidad con la que el fiscal descarta las denuncias de una mujer que acusa a su marido de violencia psicológica, de descalificaciones permanentes, de amenazas, o aún de violaciones reiteradas, de las cuales no habría más prueba aparente que su palabra. El fiscal no se siente responsable de indicar una tarea pericial que lleve a encontrar elementos de respaldo para los dichos de la mujer. A eso él le llama “inventar pruebas”, y parece que no es su trabajo. Que pongan un grabador.
Y lo peor es que dice que lo mismo le pasa en el caso de la tenencia de drogas con fines de comercialización: si el portador declara que son para su consumo, él le toma la palabra y listo el asunto: al archivo y nadie investiga nada. Entenderá el lector por qué hemos llegado adonde llegamos.
Luego comienza a enumerar las causas contra funcionarios en las que sí intervino. Y se jacta de haber dado lugar a la causa contra el ex intendente Pulti, la causa sobre las licencias de conducir, y más. Todo se sostiene exitosamente con unas estadísticas privadas que el fiscal ha realizado para su propio blog. Una delicia.
Para colmo de males, afirma, la policía insiste el elevarle todos los papeles, no como sucede en otros lados en los que el fiscal recibe solamente los asuntos resueltos. Le mandan las carpetitas de los llamados delitos de “autores ignorados”. ¿Qué quieren que haga? —parece decir— ¿qué los salga a buscar? Dice que si restamos las causas que fueron archivadas porque la policía no investigó lo suficiente para encontrar al culpable, los números les darían mucho mejor.
El Fiscal General parece ignorar que los avances que permitieron sacar la instrucción del antiguo sumario de adentro de las comisarías tiene una razón. Y que esa razón tiene que ver con la protección de la democracia y de la defensa de los derechos humanos. Parece ignorar que no es muy sano que un país suelte a la calle a la policía a buscar ponerle un nombre al culpable para el expediente, en lugar de ocuparse de ejercer su función específica que es cuidar a la ciudadanía. Parece no evaluar que tirarle su trabajo a otros sectores de la sociedad es muy peligroso. El Fiscal General no trabaja, y cuando alguien lo descubre, lo acusa ligeramente de querer “hacerse famoso”. En qué manos estamos.