Inseguridad y delito | El concejal Hernán Alcolea habló sobre la falta de reacción de la Fiscalía General ante el avance del delito en la ciudad. Los habitante están cada vez más acobardados, y ser víctima de un delito ya no es raro para nadie. Todo marplatense está dañado.
El daño psicológico de la víctima del delito pocas veces es evaluado. Es difícil, por ejemplo, que un jefe comprenda que una persona no está en condiciones de ir a trabajar simplemente porque fue víctima reciente de un robo sencillo. Simplemente le arrancaron la cartera, o lo bajaron a empujones de su auto bajo amenaza de romperle los huesos. El jefe preguntaría cómo es que el damnificado no piensa concurrir a su empleo si “no le hicieron nada”. Hablará de que esa situación es muy común y de la permanente “desgracia con suerte”, que en Mar del Plata es más frecuente que cualquier otro lugar.
Por ejemplo, en el ámbito docente secundario, para hablar de empleados que recorren la ciudad a lo largo del día, que trabajan dos o tres horas en cada barrio, y que no pueden elegir a qué sector de la ciudad van ni a qué hora, en los últimos años, los robos y arrebatos han ganado en virulencia, y generado un daño psicológico que resulta inmedible para quienes controlan el sistema laboral de la provincia de Buenos Aires que regula las licencias.
Una profesora fue agredida en la zona del Alfar en 2013: traía el portafolios en la mano lleno de pruebas de los alumnos. Para quitarle semejante tesoro, le cortaron la mano con un cutter. Más allá de la herida sangrante, que se resolvió con unos puntos de sutura, su daño psíquico permanecerá. Meses después, se había convertido en un agente del miedo: llegaba a trabajar sin elementos en la mano, ni siquiera papeles. Viajaba en remise, aterrada. El sistema no tomaba en cuenta el terror que genera ser víctima de un robo violento.
En 2014, en la zona de Punta Mogotes, una profesora de primer año debía cambiar de escuela a media mañana, como habitualmente sucede, lo cual implica tomar velozmente un colectivo que llegue a horario. Implica además caminar rápido, con la obsesión de no perder el transporte, y mirar poco hacia los costados. Cuando llegó a la esquina, para robarle el portafolios de trabajo lleno de papeles y notas, le dieron una trompada en la cara y le fracturaron el tabique nasal. A los pocos días, la profesora estaría otra vez en el aula dando clase con la cara amoratada, pero nadie habría venido a evaluar este daño psicológico. La secuela que queda en el aparato psíquico cuando alguien ha pasado por la situación de indefensión extrema de ser víctima de un delito violento llega a lo inenarrable.
Precisamente de eso hablaba el abogado Martín Ferrá cuando comentaba acerca de las escandalosas estadísticas del delito en la ciudad, y la progresión aritmética en la que se multiplican sin parar los daños psíquicos ocasionados, y nos convierte en un pueblo psíquicamente dañado. Dice Ferrá que desde 2010 hasta 2013 hubo un aumento del 60% en las víctimas fatales de delitos violentos, ya que se pasó de 60 homicidios a 135 en el año.
Víctimas otra vez
El letrado se refirió precisamente a las víctimas de un robo a mano armada: un muchacho y su madre de 58 años, que fueron víctimas de un delito violento. Los delincuentes los interceptaron, les robaron el coche con la idea de realizar también un secuestro, que finalmente resultó frustrado por la resistencia de las víctimas.
La mujer padece con un daño psíquico permanente que es propio de las víctimas, escasamente medible y pocas veces tenido en cuenta. Dijo el abogado: “si no se sufren lesiones físicas, el daño psíquico no es documentado”. En este caso, peritos psiquiátricos y psicológicos coinciden en afirmar que el daño psicológico con el que resultó la mujer de 58 años es irrefutable. Su modo de vida ha cambiado sustancialmente: ya no ha vuelto a conducir un vehículo, no sale sola, y mucho menos de noche.
Ferrá toma en cuenta tres indicadores para establecer el daño psíquico comprobable, y dice que son perfectamente diferenciables: el miedo, el terror y la angustia; los tres establecidos como consecuencia de la nefasta experiencia que la víctima se ha visto obligada a atravesar. Estos indicadores terminan en un cuadro depresivo que se hace crónico, según indicó el abogado, y que requiere tratamiento farmacológico y terapéutico. Este es el caso de la víctima del episodio al que nos referimos, la mujer de 58 años que hasta el momento del hecho llevaba una vida perfectamente normal: es decir que atendía un comercio con su marido, llevaba a su hijo a diferentes actividades o lo iba a buscar, etc.
Esta mujer sufrió la revictimización que relata su abogado, cuando en este estado debió asistir al edificio de Tribunales con el fin de realizar una de las tareas que el proceso indicaba: la identificación de las personas imputadas por el robo de su vehículo e intento de secuestro. Se trataba de un reconocimiento fotográfico, ya que los acusados se habían negado a ser identificados personalmente por más que se encontraban en el edificio en cuestión, pero en los pisos superiores.
Según relata Ferrá, los procedimientos que se llevan a cabo en el subsuelo del edificio de Tribunales se realizan en las peores condiciones de infraestructura, a pesar de los esfuerzos de quienes trabajan en la fiscalía de turno. El subsuelo de Tribunales es el sitio donde se hace el reconocimiento de los detenidos, pero es a la vez utilizado por el área de mantenimiento como depósito de muebles rotos, chatarra, computadoras fuera de uso. “Es una imagen tétrica que no brinda contención”, dijo el abogado, preocupado por la salud psíquica de su cliente, tema que en el ambiente tribunalicio le importa más o menos a nadie.
Finalmente, relata que el reconocimiento se realizó en la habitación donde se identifican los detenidos en persona, que tiene en el fondo una pared reglada para medir las alturas, y una puerta de hierro con una mirilla que da precisamente a la alcaldía. Es decir que desde allí podían escucharse los gritos de los detenidos que se encontraban a la espera de realizar diversos procedimientos, así como las voces de los penitenciarios que pretendían controlarlos. Además, y de fondo, el decorado se completaba con los sonidos escalofriantes de las puertas de los calabozos. Del otro lado de la puerta, la víctima del hecho violento intentaba identificar una foto.
Ferrá relata que debieron esperar al abogado defensor de uno de los imputados, y que lo hicieron por más de una hora en asientos rotos, que se caían al suelo. Luego, según relata, ingresó otro cliente del abogado defensor, para a hablar con él en medio del procedimiento y sin ningún resguardo para las víctimas: en ese momento, “cruzó miradas y palabras con una de las víctimas”, lo cual fue una situación más que intimidatoria.
Los responsables del estado del edificio son sin duda los jefes del área de administración y mantenimiento del edificio de Tribunales. Luego, la superintendencia del edificio la ejerce la presidencia rotativa de la Cámara de Apelaciones en lo penal. Pero que las víctimas deban declarar o reconocer a sus agresores en medio de este estado de cosas es responsabilidad de los funcionarios judiciales correspondientes, ya que la Fiscalía General es quien está a cargo de las investigaciones, y debe velar por las condiciones en las que se recibe a la víctima para que dé testimonio en el proceso. Y precisamente es la Fiscalía General la que ocupa un lujoso edificio en la esquina de Alvear y Brown, bajo un alquiler de $20.000 mensuales que paga el Estado, para que los funcionarios se desempeñen cómodamente en medio de la escenografía de la “belle epóque”. Quizá ese ambiente resguardado, por ejemplo, sería el óptimo para que las víctimas den testimonio de manera contenida, y lejos de los acusados por esos mismos delitos que vienen a denunciar.
Ciego y sordo
Pero es posible que estas cuestiones ni siquiera pasen por la preocupación del titular de la fiscalía general, Fabián Uriel Fernández Garello. Quien sabe si él querrá afectar la paz de su morada de lujo para llenarla de pobres gentes que llegan a hablar de cómo han perdido lo poco que tenían. De cómo los golpearon, ataron o amenazaron.
Según el concejal Hernán Alcolea, es como si la inseguridad no fuera parte de las preocupaciones del fiscal general. Tras estos hechos se produjo un entredicho cuando un abogado le envió una carta documento al concejal, atribuyéndose una representación indebida en nombre de Fernández Garello. Se trata del abogado Drusi, y Alcolea la rechazó por improcedente, además de decir que estaba viciada de errores, que partían hasta de la fecha misma. Dijo: “No me consta que Fernández Garello me haya mandado una carta documento”. Pero sí explico que la preocupación parte de las cifras escandalosa que se han difundido, como que el 96% de las denuncias por hechos de inseguridad son desestimadas o destinadas al archivo.
En esta ciudad se roban 2.700 autos al año, 8 por día, lo cual representa una extensión de 14 kilómetros de coches. ”Exportamos autos robados”, dice Alcolea. Tenemos un muerto por robos violentos cada tres días, lo cual representa mas de cien muertos por año. Por esta razón, en la ciudad pagamos los seguros contra robos de auto más caros del país, aun más caros que en el Gran Buenos Aires.
“El fiscal general hace 18 años que está en el lugar y no reacciona”, dice el concejal permitiéndose dudar de que estas cosas sean realmente la preocupación cotidiana de quien debería tener en sus manos el poder sobre la investigación de los delitos. ”Dudo de la capacidad de trabajo del fiscal general y alguien se enoja”, dijo Alcolea, “pero lo que es realmente ofensivo es el modo en el que vivimos en la ciudad”.
Estos son los daños, los que sufren todos los que son víctimas de lo que pasa en Mar del Plata. Los que declaran en tribunales, y los que ni siquiera se acercan a la comisaría a decir que les robaron porque creen que es en vano. Los que fueron agredidos y terminan investigados. Los que tuvieron que pasar horas en el asiento roto y a oscuras recordando una y otra vez que lo que les pasó no le importa a nadie, y que encima alguno le dijo: “no podemos hacer nada, total salen mañana”.
Daño. Daño psíquico y moral, de las pobres gentes que tienen miedo de salir al patio. Los que ya no toman sol, ni mate en las veredas. Los viejos que cobran sueldos con custodios. Los que no se atreven a guardar el auto en el garage y lo tiran en la calle porque salen corriendo.
