Luego de que la casa de un menor acusado por abuso —sin denuncia y sin pruebas— fuera incendiada, el SUTEBA, lejos de hacerse cargo de lo que les toca, convocó a un paro. ¿Qué piensan solucionar, dejando a los chicos sin clases y sin comida?
Nuestro país atraviesa un gravísimo problema cultural en algunos sectores de la sociedad para los cuales la violencia extrema es un recurso que se encuentra demasiado a mano. Esto se está evidenciando de manera particular en el sistema educativo, donde cada vez es más frecuente escuchar testimonios de docentes o auxiliares que son atacados, donde no hay respeto alguno por la autoridad y donde, muchas veces, incluso problemas entre distintos miembros de la misma comunidad educativa derivan en situaciones absolutamente lamentables.
Esta semana, nuestra ciudad se conmocionó luego de que miembros y familiares de la comunidad educativa perteneciente a la escuela 21, a raíz del trascendido de un supuesto abuso por parte de un menor de 10 años contra dos niñas de 7 años —hecho ante el cual, hasta el momento, no hay denuncia formal ni pruebas—, atacaran en primer lugar el establecimiento educativo y, luego de la acción policial, que los enfrentó con balas de goma para proteger tanto al personal docente y no docente, como al edificio, se trasladaran hasta la casa del menor, la cual incendiaron. El niño acusado tiene dos hermanas, también menores, las cuales se quedaron sin hogar. Ahora, amenazados y vulnerables, esta familia evalúa mudarse a otra localidad para poder retomar su vida. Pero, además, adyacente a esta casa, funciona un comedor solidario. Las personas que trabajan allí, en medio de toda esta locura, también sufrieron fuertes amenazas y acusaciones infundadas, y debieron abandonar el lugar y trasladarse a la casa de un familiar en otro barrio. Un absoluto desquicio.
Como caranchos
En medio de estos gravísimos incidentes, las tribus peronistas de la ciudad salieron a intentar aprovechar la situación como caranchos hambrientos de carroña y podredumbre.
El SUTEBA y otros gremios docentes convocaron a un paro y movilización con la barata excusa de «visibilizar» el problema de la violencia en las escuelas, sin hacerse cargo en ningún momento de que ellos son parte del problema: recordemos que el sistema educativo que está en crisis, es provincial. Y que la provincia ha sido gobernada de manera casi ininterrumpida por el peronismo desde el regreso de la democracia. La destrucción absoluta del sistema educativo es una responsabilidad directa de los gobernadores peronistas —entre los que destaca, claramente, el deforestado mental de Axel Kicillof— y de los gremios vinculados a la educación, que han sido cómplices de esta destrucción, paso a paso.
Pero quizás lo más indignante, sea la actitud de la jefa de la bandada vernácula de aves carroñeras, Fernanda Raverta, quien intentó capitalizar políticamente estos gravísimos sucesos a través de una carta abierta en donde acusa a todo el mundo menos a los verdaderos responsables de esta catástrofe, que son el gobernador —de su mismo signo político— y los gremios.
Raverta asegura que estas situaciones se dan «cuando el Estado se retira». Que alguien le avise que el Estado que se retira en este caso, es el administrado por Kicillof. Que él es el responsable de la calamitosa situación en la que están todos los edificios de todas las escuelas, de que los chicos no aprendan, de que ya no exista la autoridad dentro de los establecimientos educativos y de que se den las condiciones en medio de las cuales suceden estas desgracias.
Harta de estar harta
La presidenta del Consejo Escolar de General Pueyrredon, Mónica Lence, cuestionó duramente la reacción del gremio docente SUTEBA tras el violento episodio ocurrido en la Escuela Nº 21, donde un niño de 10 años fue atacado y su casa incendiada.
En una entrevista para la FM 99.9, Lence calificó el episodio como «un nivel de locura pocas veces visto» y apuntó contra el gremio docente SUTEBA, al que acusó de ser «parte activa del desastre en el que se ha convertido el sistema educativo provincial».
«Nos enteramos de lo sucedido por los medios, como si no existieran canales institucionales. Hay una permanente desconexión entre los estamentos que deberían intervenir. No sé si es por desidia o por inoperancia, pero creo que es lo segundo», expresó Lence. Además, consideró «escandaloso y estúpido» que el gremio convoque a marchas «para visibilizar lo que ya todos conocemos».
En su análisis, la titular del Consejo Escolar sostuvo que el sistema educativo bonaerense «está completamente colapsado» y que quienes lo dirigen «se hacen los salvapatrias» mientras «siguen escondiendo lo que pasa en las escuelas». «Cambian la estructura de trabajo de las familias, les quitan la comida a los chicos porque paran las clases para marchar. ¿Por qué no trabajan y se dejan de mentir? Están protegiendo negocios», denunció.
Lence recordó que no es la primera vez que ocurre un hecho de violencia extrema en el distrito. «Antes quemaron el auto y la casa de un auxiliar. No había pruebas entonces, tampoco las hay ahora. Es una locura que se repite», señaló, advirtiendo sobre una «manada inhumana» que actúa sin control ni contención institucional.
Consultada sobre el silencio dentro de las escuelas, Lence indicó que muchos docentes «tienen miedo de hablar» por las amenazas y presiones del sistema. «El que no denuncia, el que se calla, es igual de responsable. Hay un montón de gente que trabaja bien, pero nadie se anima a contar lo que pasa. Lo esconden como si los chicos fueran de ellos, como si fueran dueños del sistema», subrayó.
Respecto a la convocatoria de SUTEBA a un paro «contra la violencia», Lence fue tajante: «¿Cómo van a hacerse los sorprendidos si son los responsables? Si realmente les importara la educación, estarían pidiendo revisar el estatuto docente y las leyes provinciales. Pero no lo hacen porque defienden sus privilegios. Todo esto es un acting».
Finalmente, la funcionaria apuntó directamente contra el gobierno provincial: «El sistema no tiene remedio así. Kicillof y SUTEBA tienen que irse. Llevan 40 años destruyéndolo. Hoy los chicos no saben leer ni escribir, y las familias están cansadas. La gente quiere que se trabaje, no que se siga marchando para ocultar la realidad», concluyó.