Causa arbolitos | La Cámara Federal de Casación revocó el sobreseimiento de los 25 implicados en la causa de las casas de cambio locales, y ordenó seguir adelante con la instrucción. Dicen que si bien hubo un error en un informe, eso no es suficiente para sostener la nulidad.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal está integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Sí Borinsky, el mismo que juega tenis con el fiscal general Daniel Adler, quien ahora apeló a su buen juicio. ¿Se puede hacer esto o hay que excusarse? Esa Cámara revocó el sobreseimiento de los 25 imputados en la causa por reclamo de la fiscalía, y dejó sin efecto una declaración de nulidad de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, compuesta por Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel, que ahora es tratada a los chirlos. Cabe aclarar que Eduardo Jiménez es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad, y cuesta creer que no sepa en qué caso las acciones judiciales son nulas por errores en el procedimiento, que vician todo lo que sigue.
La nulidad se estableció cuando aquellos jueces camaristas determinaron que las escuchas telefónicas que resultaron de la intervención de líneas de algunos de los involucrados habían sido mal transcriptas. O mejor aún, que las conclusiones realizadas por los dos gendarmes a cargo habían sido inexactas. Se trata del tan mentado informe 197, donde una pericia de Gendarmería, al parecer, falseó la realidad, e incluyó datos apócrifos para así poder justificar allanamientos posteriores, y escuchas que sin esos datos no se habrían autorizado.
Pero no
Ahora, la Cámara Federal de Casación decidió que aquella circunstancia no revestía un vicio con entidad suficiente como para nulificar el proceso, ya que sin ellas, de todas maneras habría otros elementos suficientes como para llevar adelante una investigación contra los ahora nuevamente imputados.
Cabe recordar que en la causa se investigan las maniobras realizadas en el ámbito de una serie de casas de cambio que fueron caratuladas como intermediación financiera no autorizada, lavado de dinero y asociación ilícita. Los 25 encartados siguen ahora en 2018 esperando que el sistema corrija de modo lógico y ordenado este desquicio generado por funcionarios judiciales que actúan de modo claramente inescrupuloso cubriéndose unos a otros como ha ocurrido en los casos que este medio a expuesto en estos años.
Según se recuerda, el caso había comenzado con la presentación que el fiscal general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) le envió al fiscal general. Allí, la Gerencia de Control del Banco Central pedía que se realizara una investigación por la posible comisión de infracciones al Régimen Penal Cambiario. También se procuraba establecer si existía una intermediación financiera no autorizada, a partir de la sospecha de los inspectores en sus tareas diarias.
Tratándose de locales no autorizados para el cambio de divisa extranjera, es decir comprar y vender dólares, habría que requerir el allanamiento y registro de las oficinas, así como la revisión de las líneas telefónicas. Pero a medida que esta investigación avanzaba, se dejaba en claro que el tema no era solamente que estuvieran vendiendo dólares, sino investigar el origen de los fondos que se estaban utilizando en las operaciones cambiarias, como así también averiguar si existía captación de fondos de terceros para llevar adelante esta actividad.
Por esa razón, el fiscal federal solicitó al juez el allanamiento de dos locales de la galería Eves, ya que existían datos suficientes para considerar que allí se infringía el Régimen Penal Cambiario, y se llevaba a cabo una operatoria de cambio clandestina, al margen de las agencias de control del Estado.
Pero el ascenso de Alejandro Castellanos como camarista dejó el Juzgado Federal N°1 en manos de Santiago Inchausti. Con su firma y la de la fiscal Laura Mazzaferri -quien es asistida desde las sombras por el fiscal Daniel Adler- se pergeñó el “operativo anti lavado”, con el que cayeron sobre las casas de cambio y los arbolitos.
De allí provino un espectacular operativo que aconteció en 2016: personal de Gendarmería aprehendió al menos a quince personas que comercializaban dólares en el microcentro de la ciudad. Los “arbolitos” estaban –como es habitual- sobre la vereda, o directamente en la avenida Luro entre Catamarca e Independencia. Pero no solamente detuvieron arbolitos: fueron contra todos y cada uno de aquellos que se desempeñaban en las casas de cambio, gerentes o empleados de mostrador. Todos presos, y después vemos. Los efectivos de Gendarmería ubicaron un par de móviles en ambas esquinas para evitar que los arbolitos pudieran escapar, y hasta persiguieron a personas que intentaron esconderse en algunos comercios.
Pero de entrada se supo que estos operativos en casas de cambio mostraban muchas irregularidades, y personas detenidas arbitrariamente, aunque ni siquiera los abogados supieran de qué se los acusaba. En aquella oportunidad, Cristian Peláez -defensor de dos de los imputados- explicaba para la 99.9 la inconsistencia de la acusación: “Hay una situación formal: diez personas en la actualidad están imputadas por delitos gravísimos como lavado de activos, asociación ilícita, intermediación financiera y portación de arma, en algunos casos”. Pero muchos de ellos ni se conocen, y hasta hay uno que no tenía en los bolsillos dinero alguno. El letrado es claro al explicar que, sin duda, la fiscal y el juez construyen una imputación porque hay una multiplicidad de personas que en connivencia hacen operaciones al margen de la regulación del Banco Central. Bien, lo da por aceptado, pero de vender dólares sin autorización a un delito complejísimo como el lavado de activos, parece haber un universo.
Una vez más, Inchausti rechazó las excarcelaciones: “el juez las ha rechazado con argumentos dogmáticos, circulares”. Es algo así como determinar que el juez da por sentado que él tiene razón y que no otorga la libertad hasta que no pueda probar que él tiene razón.
Escándalo
Todo comenzó cuando los gendarmes llegaron a Jonestur, Transcambio y Transacciones Crediticias, arrancaron los cables de las computadoras, cortaron la luz, detuvieron a todo el mundo, confiscaron todos los teléfonos y obligaron a los detenidos a quitarse la ropa. En el mismo marco comenzaron a allanar las casas de cada uno de los detenidos, en muchos casos las de sus padres, como el caso de una señora de 74 años, mamá de un empleado, a quien Gendarmería le dio vuelta la casa cuando factiblemente ella ni siquiera supiera qué quería decir lavado de activos. Los detenidos fueron destinados a tres unidades penales diferentes, fuera de Mar del Plata.
Luego, los camaristas Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel determinaron que las escuchas telefónicas realizadas por medio de la intervención de líneas de algunos de los involucrados habían sido inexactas, y a partir de allí toda prueba había quedado desvirtuada: “Concluimos en declarar la nulidad del informe como así también de los actos que se presenten como consecuencia directa de aquel, debiendo ordenarse el sobreseimiento de todos los imputados, ello por contarse con un único cauce investigativo nulo”, rezaba el fallo.
El informe que provocó la nulidad había sido armado por los gendarmes Carmen Patricia Mueler y Luis Ramón Albornoz, quienes transcribieron escuchas telefónicas de manera errónea, para así justificar acciones procedimentales posteriores. Los gendarmes habían tratado de probar que los imputados Jorge Tuduri y Rolando Todaro trabajaban en Jonestur, el primero, y estaba vinculado a Trascambio, el otro, lo cual era inexacto. “Al confundir esto, la instrucción extiende con esa confusión la hipótesis supuestamente delictiva originaria e inmiscuye firmas que no están involucradas ni pertenecían al objeto procesal primigeniamente investigado”, decían en su fallo los camaristas. Al no existir motivos reales para sostener las afirmaciones surgidas del informe, los magistrados debieron decretar la nulidad y despojar así del sumario esa prueba. Todos fueron absueltos.
Pero el fiscal Adler retomó las riendas del combate y fue más arriba. A Casación. Y reclamó los sobreseimientos diciendo que no era posible que se dictara la nulidad porque aunque los gendarmes hubieran mentido, aunque el informe del llamado fuera falso, aunque no hubieran dicho esas cosas ni trabajaran donde se había dicho que trabajaban, igual “algo habrán hecho”. Y encima sus amigos de Casación -sobre todo su compañero de tenis- le dijeron “dale, vamos de vuelta”. Total, paga la gente, y ni se da cuenta.