Licencias para la venta de bebidas alcohólicas | Quejas en la ciudad por la manera en la que se implementan los controles de venta de bebidas alcohólicas. Como siempre, malos modos, pedidos de coimas, y hasta caos en la normativa que se superpone. La idea era buena, pero….
El Registro de Comercialización de Bebidas Alcohólicas –REBA- pertenece al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y está a cargo de Martín Diago desde hace tiempo. La entidad continúa realizando los operativos de control e inspección en toda la provincia, con el fin de garantizar el ejercicio de cada tipo de actividad comercial en el marco de la Ley 14.050 de expendio de bebidas alcohólicas y nocturnidad.
Pero según dicen los que han tenido que pasar por la experiencia, los problemas son muchos. Para empezar, el mencionado Diago –emparentado con el ministro de Seguridad de la Provincia Cristian Ritondo- es un muchacho creído de su posición en el espectro político, que no ha terminado de entender su condición de funcionario público. Tiene muy malas maneras a la hora de poner en juego el enorme poder que le ha tocado en suerte. Mar del Plata está en plena temporada, y los propietarios de centros de gastronomía de diversos tipos afirman que hay empleados subalternos que piden dinero ilegal en nombre de Diago. ¿Será posible?
Como ya se ha sabido, las andanzas del REBA provincial a inicios de temporada fueron la comidilla de la noche marplatense. Todos los afectados traen alguna anécdota, y afirman que, en nombre de Diago, los funcionarios de dicho ente han cometido diversos atropellos. A punto tal que el juez correccional Jorge Luis Rodríguez anuló las acciones, y la causa de tal anulación indica: “por pretender -en el presente caso- sancionar al imputado por una conducta que no se encuentra ni remotamente cubierta por el sentido literal del precepto aducido como trasgredido”. Dicho en buen romance, los funcionarios de la REBA les inventaron a los comerciantes unas faltas para poder pedirles una coima. Sí, coima, pero el juez se dio cuenta.
Lo dudoso
Este verano, los controles arrancaron siendo noticia cuando se difundió la ola de clausuras que se concretaron en menos de una noche. En electo, en el marco del Operativo Sol, fue clausurado nuevamente el boliche Sobremonte por la presencia de 4 menores. Pero en la misma noche les tocó cerrar las puertas a tres restaurantes, un bar, dos supermercados y dos hoteles, por no poseer licencia REBA que correspondía. Es necesario tener en cuenta que rige la ley 14.050, pero a veces aplican la 13.178, que establece una severa sanción por la exhibición de bebidas alcohólicas sin contar con la licencia REBA.
No fue sólo en esta ciudad, sino que también en Miramar fueron clausurados un bowling, dos supermercados y cuatro almacenes por no contar con la misma licencia. En Villa Gesell, en el marco del Operativo se realizaron inspecciones y clausuras, que suspendieron la actividad de cinco despensas que vendían alcohol fuera del horario permitido. La ley 14.050 establece que se puede vender alcohol hasta las 21, y su infracción llevó a la clausura de cinco kioscos que vendían bebidas alcohólicas a menores; cuatro restaurantes, tres bares, dos supermercados y dos balnearios que no contaban con la licencia REBA. En Cariló se clausuró una pizzería y un restaurante, mientras que en Pinamar, el boliche Pita Bar fue clausurado por la venta de alcohol fuera de horario, y Super XXI por la misma razón, y por haberse registrado a menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas. En Ostende se clausuró el supermercado Fantasía el Progreso por no tener licencia del REBA. Pero no hizo caso a la medida y abrió antes de tiempo, así que se volvió a clausurar y mereció una multa aún mayor.
Pero con el dato real de lo acontecido en Mar del Plata, cuando se verificaron las sanciones inducidas para lograr un cobro indebido e ilegal, el ciudadano está en condiciones de preguntarse si realmente las sanciones en toda la costa se debieron a una serie de infracciones, o si simplemente no pudieron pagar la coima exigida.
En Mar del Plata, además, el público de los únicos dos boliches dedicados al público gay demostró su descontento tras la clausura de ambos locales, precisamente por personal del Registro de Expendio de Bebidas Alcohólicas. Era un sábado por la madrugada, cuando quienes se dicen funcionarios de la gobernadora María Eugenia Vidal ingresaron a Éxtasis, Corrientes 2044, y a Clip Club, Santiago del Estero 2265, para realizar los controles pertinentes del trámite para la comercialización de bebidas alcohólicas. Ellos consideraron que las cámaras exteriores de los locales no estaban en regla: almacenaban solamente 45 días de imágenes, y no un año completo como ellos exigían. Eso fue todo. Según informó un agente de prensa vinculado a unos de los boliches, los funcionarios decidieron clausurarlos en uno de los días de mayor concurrencia a los boliches, ya que consideraron que la posible infracción percibida, la relacionada con las cámaras, realmente no ameritaba una clausura. La sensación era que estuvieran tratando de encontrar razones para la clausura.
La funcionaria
Mar del Plata no se queda atrás, y siempre padece la acción de alguno de los encargados de los controles que confunde su lugar de servicio con un espacio de poder casi sin límites. El caso concreto se refiere a la aplicación de la norma que reglamenta la obtención de la licencia para la venta de bebidas en la ciudad. Un comerciante local solicita se inicie sumario administrativo contra personal municipal local, toda vez que, según su relato, ha incumplido con sus funciones.
Relata el denunciante que se acercó a la municipalidad local recientemente con el fin de renovar su licencia para la venta de bebidas, y se le indicó que no sería posible otorgársela porque le faltaba el certificado de habilitación. El comerciante respondió que había iniciado el trámite tres años antes, pero que hasta la fecha el certificado exigido no le había llegado. Por esa razón lo refirieron a tratar con una empleada comunal que se encontraba allí nomás, Evangelina Tedros. Ella, aun en presencia del contribuyente, no le dirigió la palabra, y hablaba con su empleado: decile que no, agregó, sin siquiera concederle el beneficio de ser escuchado, cuando reclamaba que se le permitiera traer el expediente de la Delegación Puerto, donde él afirma, se exigen condiciones diferentes a las que indica la municipalidad central. En ningún momento logró que Tedros lo escuchara ni aceptara comunicarse por escrito.
Ahora bien, el denunciante, propietario de una parrilla en la zona sur de la ciudad, explica que el REBA se rige por la ley 14.050, y que en cambio, la municipalidad está considerando el decreto reglamentario 176 del 2014, que corresponde a la ley 13.178, que es la que habla de establecer un registro de comerciantes que tengan licencia para la venta de bebidas alcohólicas. De aquí que, a su juicio, se genera un vacío legal entre la norma provincial y la reglamentación local sobre una ley anterior, por lo que los comerciantes no contarían con el suficiente asesoramiento cuando encima dependen de una empleada que ni les dirige la palabra. La ley 14.050 no indica la exigencia de la habilitación municipal para el otorgamiento de la licencia.
Pero, ¿qué es lo que genera el problema? Según explica uno de los comerciantes afectados, cuando se inicia el trámite de habilitación del comercio, se paga una tasa, se cumplen los requisitos, y la licencia se otorga automáticamente para comenzar a trabajar. Pero a la hora de renovarla, al año siguiente según lo que establece la ley, el comerciante concurre a realizar el trámite, y su certificado de habilitación aún no se ha extendido, por lo cual se la niegan. Así, se expone a la clausura por licencia vencida, cuando en realidad la demora es consecuencia de la desidia de los empleados municipales y no de su falta de gestión.
Pero a la vez, y para completar el desconcierto, el Consorcio Portuario emite la licencia con muchísimas menos condiciones a quienes la tramitan allí: sólo solicita un papel membretado, las constancias de inscripción de ARBA y de AFIP. “La vara con la que se mide es retráctil”, indica el denunciante. Y tiene razón.
Una vara retráctil que dificulta los trámites de quienes invierten en prestar servicios en la ciudad y la zona, los que intentan generar actividad económica, y no saben ni siquiera cuál es la ley que rige sobre su comercio, ni por qué en una zona de la ciudad vale más una ley que otra. Y encima, la empleada que debería asesorarlo ni siquiera lo mira, porque, como reza la nota que el denunciante dirige al intendente Arroyo, irónicamente, “tal vez tenga algún rango humano superior”.