La Liga vuelve a ser noticia, ahora por la denuncia contra el fiscal Pelegrinelli por un faltante de dinero en el marco de la causa que tramita en el Departamento Judicial de Mar del Plata, y la negativa a investigar este tema por parte de la Fiscalía General.
Todo resulta confuso, de cabo a rabo: corría el año 2020 –bajo los efectos de la pandemia por Covid-19– cuando se llevó a cabo un allanamiento en el geriátrico de la calle Chile al 1378. En esa actuación judicial, se secuestraron dinero en efectivo –pesos y dólares–, joyas y documentación.
Aquello sucedió en el contexto de la investigación por las operaciones inmobiliarias sospechadas de ser fraudulentas, llevadas a cabo por el colectivo conocido como «La Liga». La investigación sacudió a la opinión pública local y nacional, y puso negro sobre blanco una situación harto conocida por todos —pero silenciada convenientemente— de lo que transcurre en los pliegues del poder.
Sin embargo, de aquella gran historia, empieza a desprenderse otra, con una arista no tan conocida, y que involucra a uno de los encartados: Héctor Ricardo Montero, y al fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la UFI N° 5.
La cuestión es que Monteros denunció a Pellegrinelli y lo acusó de malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, aunque la denuncia fue rechazada in límine. Veamos que pasó.
El faltante
El dinero es fungible. De ahí, que en el imaginario colectivo se diga hasta el cansancio que «la plata no tiene dueño». Aunque, cuando se puede documentar sus movimientos, las cosas cambian.
En el allanamiento que se hizo en el geriátrico de la calle Chile casi 3 de Febrero, participaron varios agentes policiales, la instructora judicial de la UFI N°5 Rosana Bilbao, testigos de actuación, y empleados del negocio que se encontraban en ese momento. También se acercó la esposa de Montero. No se explica por qué, pero los auxiliares de la justicia llevaron adelante el procedimiento sin contar el dinero que estaban secuestrando, y ahí se originó la controversia.
Según denuncia Montero, la Dra. Bilbao dispuso que se guardara la plata en una bolsa que fue llevada a la fiscalía. Más tarde, el dinero sería depositado en la sucursal Tribunales del Banco de la Provincia de Buenos Aires y, posteriormente, terminaría en un plazo fijo donde el titular iba a ser el propio fiscal Pellegrinelli.
Pero, en el medio, hubo una diferencia entre lo que Montero dice que tenía a la hora del allanamiento, y lo que efectivamente se terminó depositando. ¿Cuánto fue faltante? Mucho: el encartado dijo tener $ 1.015.500 y 16.924 dólares, pero al banco llegaron $ 671.105 y US$14.626, luego de que se determinara que US$200 eran falsos, y que un dólar no se pudo depositar porque estaba marcado. Dice el abogado de Monteros, Javier De la Tore, que su representado tiene cómo demostrar que tenía esos pesos y esos dólares al momento del procedimiento.
«Pero la pandemia…»
A pesar de lo denunciado judicialmente por Montero, para la Fiscalía General del Departamento Judicial Mar del Plata no hubo delitos cometidos por Pellegrinelli. En principio, el Dr. Carlos David Bruna, de la UFI N° 10 que tuvo a cargo la denuncia, asegura que «no surgen elementos típicos de los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad» por parte de su colega, por lo que resolvió rechazarla.
Entre los varios argumentos que Bruna expone en el escrito aduce que participó mucha gente en el allanamiento y que, a pesar de ello, «nadie dejó constancia de alguna particularidad», por lo que se embolsó el dinero y se lo retiró.
También explica que esto sucedió durante la pandemia, que por entonces había muchas disposiciones emanadas del poder judicial que acotaba el accionar de todo el aparato de justicia provincial y nacional, con recomendaciones varias y procedimiento puntillosos por cumplir a raíz de las maniobras de prevención.
Incluso deja entrever que, si hubiera algo que achacarle a Pellegrinelli, eso es el no haber devuelto el dinero en los tiempos en que Montero lo reclamó. Porque la plata estaba al resguardo, en un plazo fijo.
¿Fue una buena inversión? Quién lo sabe. Para Montero está claro que no. Primero, porque no se condice lo que dijo tener con lo que se terminó configurando a resguardo en la entidad bancaria. Y segundo, porque ni siquiera le hicieron lugar a restituirle el producto de ese depósito a plazo que generó intereses. Ergo, perdió dinero y, además, se quedó sin los dividendos extras o ganancias del depósito. Sobre los intereses, los fiscales dicen que el encartado tendría que haberlos reclamado (sic). Pero no es tan sencillo hacerlo: en otro fragmento de la resolución, se explica que para que le devuelvan los intereses a Montero habría que determinar cuánto es lo que le pertenece en realidad, ya que en la cuenta bancaria se habrían ingresado sus billetes y los de otros encartados en la causa.
¿Espíritu corporativo?
Delatore no se calla y se queja de que los fallos de los fiscales son revisados entre los fiscales. Y agrega que «tienen espíritu corporativo», aunque también podría decirse que «entre bueyes no hay cornadas». Esto viene a cuento de que Bruna desestimó la denuncia y que la Fiscalía General reconoció que el Ministerio Público tomó la decisión de no contar el dinero y ponerlo en una bolsa para llevárselo. Y, así y todo, avaló dicha decisión.
Por eso han pedido un control jurisdiccional, y que se ordene una investigación ya que, para su cliente, el delito está acreditado.
En esa instancia —la del control jurisdiccional— la causa tramita en manos de la jueza Lucrecia Bustos, del Juzgado de Garantías N° 6, luego de que el juez Gabriel Bombini —a quién le llegó primero el expediente— se excusó por razones de decoro: ambos —Bombini y Pellegrinelli— habían sido compañeros de trabajo cuando revestían en la Unidad Fiscal con temática de estupefacientes y el primero era fiscal titular y segundo ayudante.
Entrevistado por la FM 99.9, indicaba Delatore que los fiscales también «se han negado a producir pruebas en la causa que procura desde el 2020 y que involucra a 150 testigos». Dentro de los mismos se les ha pedido informes a todos los jueces y martilleros intervinientes en las subastas.
Si algún condimento le faltaba a la investigación de las operaciones sospechadas de La Liga era que, en el devenir de la investigación, hubiera un faltante de dinero. Frente a esto, los fiscales que respaldaron la actuación de Pellegrinelli y su gente. Dicen que la denuncia es una maniobra de la defensa de Montero para desviar el curso de la investigación.
Pero Delatore no lo entiende así, y promete que irá a fondo en el proceso. Que su defendido no va a aceptar un acuerdo abreviado como le han acercado, consistente en declararse parte de la asociación ilícita bajo pena de 5 años de prisión, porque afirma que Montero se considera inocente. Y redobla la apuesta cuando dice que quiere «que se investigue la conducta de los fiscales, si en la requisa faltó dinero, se quedaron con plata o se hicieron mal los allanamientos».
Cualquiera sea la cuestión, todo da para pensar que a este combate todavía le faltan algunos asaltos antes la cuenta del nocaut.