Entre los empleados de Inspección General de la municipalidad y los agentes de la Comisaría Segunda secuestraron toda la mercadería de una gomería de Mar del Plata. A la hora de devolver lo que se habían llevado sin permiso, faltaba más de la mitad. Las gomas no aparecen. ¡Altas llantas para varios!
Así comenzó todo. Era una mañana de octubre del año pasado, cuando los inspectores de la municipalidad y los policías del Gabinete de Prevención de la Comisaría Segunda montaron juntos un operativo sobre la gomería de Libertad al 5149. Se trataba de un local grande, sumamente abastecido de cubiertas y llantas de diversas clases, aptas para los diferentes modelos de coches.
Allí fueron recibidos por el propietario, Walter Sánchez, quien no se opuso a la revisión. No obstante, hicieron constar en el acta en cuestión que Sánchez no había podido dar cuenta de la documentación que acreditaría el origen legal de su mercadería. Dijeron además que el libro policial donde se asientan las operaciones de cubiertas no se encontraba en regla, por estar vencido.
En el acta -que teóricamente debió haber sido confeccionada en el mismo momento- hicieron constar que se presentó durante el operativo el comisario Aguilar, quien fue el encargado de comunicar la situación a la UFI 20 a cargo de Alvaro Gartland. A partir de entonces se decidió labrar acciones por un supuesto encubrimiento, de acuerdo con la ley 25761.
Fue por eso que sin demorar un momento, cargaron con toda la mercadería del sitio. Más de trescientas cubiertas en manos de Inspección General, que con ayuda de la Bonaerense, se las cargaron para los galpones municipales de Santa Paula. Aclaran además que no se tomaron medidas restrictivas de la libertad del propietario.
Inmediatamente se verificó que Sánchez, el dueño, no registraba antecedentes policiales. Sin embargo, la notificación que se le extiende dice textualmente que se encuentra imputado del delito de usurpación en grado de tentativa, sin que quede claro a título de qué se indica tal figura legal. ¿Qué usurpó Sánchez?¿Su propio negocio? Un error evidente. O uno más.
A los pocos días, el propietario se presentó a través de su asesor letrado, Horacio Mariano Ayesa, para referir su versión de lo acontecido esa mañana. Explicó entonces que el personal policial se presentó con inspectores municipales de Inspección General en el comercio de su propiedad, que está perfectamente habilitado. Y que lisa y llanamente procedieron a incautar ilegalmente su mercadería, por más que él estuviera en condiciones de exhibir toda la documentación necesaria para legitimar su tenencia y compra: “incluso se llevaron el libro policial habilitado donde se registran las compras”, señaló. Por esa razón, solicitaba una audiencia en la cual exhibir toda la documentación original que demuestra la legalidad de su quehacer comercial.
¡Basta ya!
Como resultado, ya el 23 de octubre, Inspección General levantó la clausura que pesaba sobre el comercio, ya que no existían razones legales para que permaneciera cerrado. Pero claro, al dueño poco le sirvió porque toda su mercadería estaba en los galpones de Santa Paula. Tenía ahora un negocio abierto, pero vacío.
Paralelamente, la fiscal Graciela Trill comunicó el 10 de noviembre que las actuaciones en contra de Sánchez se archivaban, ya que no se había probado que ninguna de las llantas ni cubiertas hubieran sido sustraídas a ninguna persona, ni que fueran resultado de ilícito alguno. En un tiempo récord se había establecido que la ley no tenía reclamos, por lo tanto la mercadería debía ser inmediatamente restituida, ya que no existía ninguna razón para su secuestro.
Lo mismo se informó por nota a las autoridades de la Comisaría Segunda. Se resaltaba allí que la restitución debía concretarse “EN FORMA INMEDIATA”. Resaltado y en mayúscula.
Es ahí donde empieza la confusión. Porque en el acta que firma la oficial Alejandra Sosa se hace constar que “se procede a hacerle entrega en las mismas condiciones que detentaba su tenencia al momento del secuestro… de los siguientes elementos”, y a continuación se enumera la totalidad de lo incautado, sobre cuyo listado el propietario debe prestar conformidad. Es decir que Sánchez afirma que está todo, porque así consta en ese listado, pero aún no ha visto nada de su mercadería. Porque en el mismo documento se informa que toda la carga se encuentra en los depósitos de Santa Paula, y que allí es donde se hará efectiva la entrega material de los objetos incautados.
Esto es un problema. Porque tal como lo informa oportunamente el abogado Ayesa ante la fiscalía, el propietario Sánchez debió iniciar un peregrinar infinito para intentar que se le restituyera lo que le pertenecía. En definitiva, sus bienes le habían sido sustraídos y no incautados, ya que Inspección General no tenía ninguna razón legal para llevarse sus cosas, más que un oscuro interés. No había una orden judicial para tal fin, ni para realizar un allanamiento. Inspección General había actuado de la misma manera patotera con que suele trabajar, y esta restitución determinada por el fiscal obligaba a la entidad a volver sobre sus pasos. No se lo harían tan fácil.
La cuestión es que Sánchez concurrió a la Comisaría Segunda el 9 de diciembre, cuando la policía estaba en pleno conflicto sindical por razones salariales. Así que le dijeron que el siguiente día 13, un móvil policial lo acompañaría a buscar su mercadería.
Pero tenía otro problema: debía ubicar personalmente a Gerardo Gómez Muñoz hijo, quien es algo así como el encargado de la llave, es decir el único que dispone de los medios para abrir los mentados galpones y sacar de allí alguna cosa. El funcionario debía estar en el Juzgado de Faltas de calle Garay, pero no estaba.
Así que Sánchez le pidió ayuda a la policía, y cuando llegaron a Santa Paula llamaron por teléfono al funcionario. Lo esperaron hasta las 13:30, pero no fue. Desde allí, el propietario se dirigió a Inspección General, donde sólo pudo hablar con la secretaria de Eduardo Bruzzeta, quien se comunicó telefónicamente con Gómez Muñoz. El dueño de la llave respondió que “no iba a ir si no se lo indicaba el director”. Es decir, su decisión expresa de incumplir una orden judicial. Sánchez volvió a la comisaría, y los agentes le indicaron que no tenían inconveniente en volver a Santa Paula a cumplir con lo ordenado por el Poder Judicial, pero la verdad es que no tenía caso. Hasta que el director general no diera la orden de abrir, no hay juez que valga. Tal es su poder y soberbia.
Descaradamente
Por supuesto que el director de Inspección General cursó nota a la Fiscalía el 18 de diciembre último para dar su versión. Afirmó que Sánchez había estado dos veces en Santa Paula, y que él era quien se había negado a retirar su mercadería decomisada por no estar de acuerdo con las cantidades correspondientes, ante lo cual –afirmó- le había indicado que debía plantear su disconformidad ante la Comisaría Segunda, porque el galpón de Santa Paula era un mero depositario de los elementos y no tenía nada que ver en su recuento.
La cuestión es que recién el 21 de diciembre se reunieron en Santa Paula los policías de la Segunda y el dichoso Gómez Muñoz, ocasión en la cual se le devolvió a Sánchez una mínima parte su mercadería secuestrada. De hecho, el propietario presentó a la Fiscalía un listado comparativo de cada uno de los productos para la venta que fueron secuestrados y restituidos, de lo cual puede deducirse que faltan 260 cubiertas desarmadas, 20 cubiertas armadas, 81 llantas de chapa, 5 llantas de aleación, y 5 cubiertas de bicicleta. Ni más ni menos. Se habían llevado 348 gomas de auto. Un camioncito.
Por esa razón, el abogado solicita a la Fiscalía se intime a quien corresponda para que inmediatamente se informe del destino que tuvo la mercadería que falta. Pero la última notificación de la Fiscalía data del 8 de enero, donde atento a las afirmaciones del director de Inspección General, indica se remitan las actuaciones a la Comisaría Segunda con el fin de que se restituya de manera inmediata la mercadería faltante al señor Sánchez. Poncio Pilatos.
Ahora bien. ¿Cuál es el rol que compete a cada uno en esta cuestión? Lamentablemente, Inspección General tiene los peores antecedentes. No es esta la primera vez que los funcionarios del área se presentan en un comercio cualquiera y cargan en camiones todo lo que encuentran con la mayor impunidad, sin orden judicial ni razón alguna que avale un área con ese poder, como podría sí hacerlo Bromatología. No hay problemas de toxicidad en una gomería.
Los muchachos de la municipalidad van cambiando de rubro. Este semanario ha detallado en ocasiones anteriores cómo realizaron operaciones semejantes en un puesto de choripanes, donde se llevaron hasta la registradora con el dinero adentro. O en un café y restaurante emblemático de la ciudad, donde no quedó ni un mueble. Ahora arrasaron cubiertas y llantas.
Lo cierto es que el Poder Judicial debería avanzar y de oficio, como lo hace ante cualquier allanamiento de morada o el simple robo de mercadería. Nadie puede vaciar un negocio de manera caprichosa, llevarse todo y no devolverlo desconociendo la responsabilidad que le cabe en el acarreo. Porque sería lo mismo que si no devolvieran un coche que se llevó la grúa, y mandaran al dueño a quejarse a la comisaría. Lo cual, por otra parte, es una idea que podría ocurrírseles en cualquier momento.
La municipalidad es un escándalo. Ya prácticamente no queda un ámbito donde no reine una arbitrariedad escandalosa que raya con el delito, sin que se observen demasiados movimientos del Poder Judicial para limitar los gestos de autoritarismo de unos funcionarios que no sólo son dueños del destino de una ciudad condenada, sino también de los bienes de quienes no tienen más alternativa que habitarla. Devuelvan las llantas, muchachos. Se las quedaron descaradamente.