¿Cuál es la naturaleza del profundo vínculo que une al fiscal general Daniel Eduardo Adler con Juan Pablo Almada Díaz, el principal imputado en una causa sobre trata de personas que tramita en el mismo tribunal, ante el cual, él es fiscal general? ¿Es sólo su jardinero? ¿O hay algo más?
El 15 de enero de 2018 «se decretó el procesamiento de Juan Almada, Facundo Nefi, Marcio Liberatore, Oscar Papandrea, Eduardo Di Marco, Diego Barral, Mario Valentini, Juan Carlos Pacheco y Nicolás Ortalli, por haberlos considerado penalmente responsables del delito de trata de personas bajo la modalidad de captación y acogimiento con fines de explotación sexual». En esta causa —en la cual, la cantidad de prueba recolectada es enorme— se investiga a estas personas por captar a mujeres para ejercer la prostitución y quedarse con la mitad de lo que ellas cobraban por cada encuentro sexual. Además, a algunas de ellas les alquilaban —a precios exorbitantes— los departamentos en donde vivían y se prostituían, y les imputaban cargos extra por otros servicios como la promoción de la oferta sexual por diversos medios —una página web, y folletos que se distribuían en la vía pública—, una supuesta protección policial, y otros gastos por el estilo.
Ahora bien, lo que argumenta la defensa de los encartados —y que también ha manifestado en varias oportunidades el fiscal Juan Manuel Pettigiani— es que en esta investigación no se está ante un caso de trata —lo cual sería un delito de índole federal— sino de explotación de la sexualidad ajena y que, por lo tanto, la misma debería tramitar en el ámbito provincial. El principal argumento es que las mujeres que fueron «rescatadas» en el transcurso de esta investigación, tenían en su poder su documentación, podían circular libremente, y seguían en contacto con sus familiares y afectos. A pesar de ello, la investigación sigue en el ámbito del Tribunal Oral Federal Nº1 de Mar del Plata. El acta de elevación a juicio tiene fecha del 24 de junio de 2022. Más de dos años después, aún no se ha fijado fecha para el mismo.
Dime con quién andas
Un buen día, al fiscal general Daniel Eduardo Adler una persona de su extrema confianza —que trabaja en su casa hace más de 20 años— le presentó a un candidato para hacerse cargo del mantenimiento del parque: se trataba de un muchacho al que todos llaman Pablo. Fue recién un tiempo más tarde que Adler se percató que su parquero no era otro que Juan Pablo Almada Díaz, el principal imputado en una causa por trata de personas que tramita en el mismo tribunal ante el cual él es fiscal general. Es más: el 2 de febrero del 2018, el propio fiscal general Daniel Eduardo Adler se opuso a un pedido de excarcelación que la representante legal de Almada Díaz había presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones. Ante esta situación, Adler decidió prescindir de los servicios de Almada Díaz. Pasaron algunos años.
Una vez terminada la investigación en la causa, y cuando ya todos los encartados habían ido recuperando su libertad, Daniel Eduardo Adler y Juan Pablo Almada Díaz retomaron su relación (¿sólo laboral?). Sintiéndose protegido y totalmente impune, Almada Díaz llegó al punto de compartir a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp fotos tomadas en el parque de la casa de Adler, y al extremo de asegurarles, al resto de los imputados en la causa, que no tenían nada de qué preocuparse, porque el tema «ya estaba arreglado». Además, Almada Díaz se jactó, al menos en una ocasión, de haber recibido por parte del fiscal general Daniel Eduardo Adler información privilegiada que le permitió despegarse de otra causa por contrabando.
La relación de Daniel Eduardo Adler con Juan Pablo Almada Díaz se tornó en una de confianza extrema, al punto que, cuando el fiscal general viajó al exterior a verse con el Papa Francisco, quien se quedó cuidándole la casa, fue este muchacho que, además de ejercer la prostitución y estar involucrado en actividades vinculadas con el narcotráfico, también manejó durante un buen tiempo una vasta red de prostitución; hecho que a Adler le consta sobradamente.
Visitas ilustres
Pero quizás el episodio más significativo y que muestra a las claras lo profunda que se tornó esta relación, se dio cuando el fiscal general Daniel Eduardo Adler se enfermó de Covid. En dicha circunstancia, recibió en su domicilio varias visitas: Una de las personas que fue a verlo —escoltado por cuatro policías de la Federal— fue el juez federal Santiago Inchausti. Otra, la fiscal Laura Mazzaferri. También asistió a la casa de Adler otro fiscal, que se presume que pudo haber sido Nicolás Czizik.
Todos ellos fueron testigos de la presencia de Juan Pablo Almada Díaz en la casa de Adler, la persona que lo cuidó durante su convalecencia al punto de ser quien le preparaba y llevaba el desayuno a la cama. Quizás, en ese momento, no supieron de quién se trataba. Ahora, que la relación que une a Adler y Almada Díaz se hizo pública, ¿se atreverán a negar que lo vieron al trabajador sexual, proxeneta y presunto traficante de drogas, trabajando en la casa del fiscal general?
¿Trata?
En este escenario hay muchas cuestiones que llaman la atención: Primero, que Almada Díaz es el único de los imputados por la causa de trata que aún se encuentra en libertad: el resto de los encartados terminaron todos, a raíz de otras investigaciones por otros delitos, nuevamente tras las rejas. Si alguna vez se celebra el juicio, Almada Díaz sería el único de los imputados en llegar al mismo en libertad.
Otro punto que llama la atención es que, en esta causa —a diferencia de lo que pasa en la mayoría de las investigaciones de este tipo— se restituyeron todos los bienes a las personas investigadas.
Finalmente, es extraña la reticencia del Tribunal Oral Federal a cambiar la carátula de la causa. Tal como indicó Pettigiani, el delito investigado debería ser el de explotación de la sexualidad ajena, y no trata. ¿Será que no quieren perder el control sobre la causa?
Al menos una fuente ha asegurado que el fiscal general Daniel Eduardo Adler le solicitó a su parquero de confianza, a Juan Pablo Almada Díaz, que utilice sus contactos para vincularlo con personas —tanto hombres como mujeres— que ejercieran la prostitución con el fin de utilizar sus servicios, una tarea que Almada Díaz siempre cumplió con reticencia, ya que su objetivo personal era establecer con Adler una relación de tipo «sugar daddy».
¿Cuál es la motivación del fiscal general Daniel Eduardo Adler para sostener este vínculo tan groseramente impropio con un imputado en cuya causa él mismo intervino? ¿Se trata sólo de un vínculo de placer? ¿Tendrá miedo de que Almada Díaz cuente todo lo que sabe? ¿Habrá en esta causa aún más cuestiones espurias que investigar y que ventilar?
¿O será que, simplemente, al fiscal general Daniel Eduardo Adler le gusta tener a alguien de confianza que le lleve el desayuno a la cama cuando se siente un poquito pachucho?