Finalmente se dictaminó el procesamiento del juez Martín Poderti, acusado de robarse 144 monedas de oro mientras se desempeñaba como secretario de un juzgado de San Isidro.
El pasado 7 de julio en este medio informábamos de un suceso que agitó —apenas— las quietas aguas de la tranquilidad corporativa de la que goza el poder judicial a nivel local: un grupo operacional de la policía de la provincia de Buenos Aires se presentó en el Tribunal Oral Federal que preside Roberto Atilio Falcone y a punto estuvo de cruzarse a tiros con la áspera custodia de dicha sede policial. ¿Qué buscaban? Las 144 monedas de oro que desaparecieron de una caja de seguridad en el período en el que, como secretario de un juzgado de San Isidro, el único que tenía las llaves de la misma era Martín Poderti, quien hoy se desempeña en nuestra ciudad como juez federal.
Ahora, el también juez federal Emiliano Canicoba Corral dictaminó el procesamiento de Martín Poderti luego de considerar que las explicaciones que el mismo aportó en su declaración indagatoria dejaban mucho que desear, y que está adecuadamente probado que el único que había tenido acceso a las monedas en cuestión en el período en el que estas desaparecieron, había sido él.
Procesado
Además de procesarlo, el juez Canicoba Corral le aplicó a Poderti un embargo sobre sus bienes de $190 millones. El robo «hormiga» se habría concretado entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. En ese período, Poderti ingresó 19 veces a la caja de seguridad. En cada visita, tenía que presentar su DNI y firmar una planilla.
Las monedas habían sido secuestradas en 2017, en el marco de un expediente narco que llegó a juicio oral. El dueño terminó absuelto y se ordenó el reintegro de su dinero. Cuando fueron a buscarlas, el 9 de abril de este año, habían desaparecido, aunque todavía quedaban varios lingotes de oro y relojes de alta gama. El actual secretario del juzgado federal 2 de San Isidro, sucesor de Poderti en el cargo, ordenó en ese momento labrar un acta y se disparó una investigación judicial.
El fiscal del caso, Paul Starc, comprobó que Poderti ingresó 19 veces a la sucursal San Isidro del Banco Nación: «Firmaba el libro de visitas y colocaba su número de DNI. Muchos de los ingresos son de fechas en las que estaba de licencia», explicó un investigador.
Cuando le tocó declarar, Poderti ensayó una acusación contra varios de sus ex compañeros en el juzgado federal de San Isidro: «Hasta que yo presté funciones en ese Juzgado Federal 2 de San Isidro, no había caja de seguridad y lo que fungía como lugar de resguardo de los efectos, era un armario de dos puertas de madera, que tenía una llave minúscula que se encontraba a disposición del personal de la secretaria, en el primer cajón del lado izquierdo del escritorio donde prestaba funciones. En varias oportunidades, había encontrado a mi arribo, ese armario abierto, situación que me había instado a llamar la atención al personal de la Secretaría».
Poderti también contó que iba seguido a la caja de seguridad porque había sufrido dos robos en su casa y que prefería guardar los elementos de valor en ese lugar.
En total, las monedas que desaparecieron eran 144, con un costo aproximado de USD$200 mil. Según el expediente judicial, son 59 piezas de oro, representando moneda “KRUGERRAND”; 28 piezas de oro “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, representando 50 pesos mexicanos; 54 piezas de oro, representando moneda libra (soberano); 2 piezas de oro, representando moneda CIEN SOLES – PERÚ; y 1 pieza de oro, representando moneda (100 Yuanes).
Según la investigación judicial, el robo se habría concretado entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. En ese período, Poderti ingresó un total de 19 veces a la caja de seguridad asignada al juzgado federal 2 de San Isidro.
El primer ingreso constatado por el banco fue el 26 de diciembre de 2019. Poderti había recibido las llaves de la caja apenas 16 días antes. Ese traspaso también quedó registrado y hasta se sacaron fotos.
No fue lo único que llamó la atención de los investigadores: Poderti también habría ingresado a la caja 5 veces mientras estaba de licencia los días 02/11/22, 28/12/22, 30/12/22, 27/01/23 y 09/02/23. Los dos últimos ingresos son, a su vez, más complejos, porque desde diciembre de 2022, Poderti ya estaba en conversaciones con distintos actores judiciales para dejar el juzgado de San Isidro por un problema personal. El traslado formal a ese tribunal fue el 7 de marzo.
El juez Canicoba Corral tuvo en cuenta todos esos datos y concluyó que Poderti «fue el único que ingresó en varias oportunidades, antes que se detectara el faltante de las 144 monedas de oro». Además, valoró que la cerradura de la caja estaba «en perfectas condiciones de funcionamiento, que no había signos de violación y que no presentaba ninguna marca de haber sido forzada para su apertura».
El magistrado no le creyó a Poderti cuando habló de los robos en su casa: «Si el motivo habría sido resguardar documentación de causas sensibles, lo cierto es que lo realizó por primera vez, a más de 2 años después de sufrido el primer robo, lo que a todas luces, no parece una justificación válida, en tanto que resulta sugestivo que siendo secretario desde 31/3/2010, surja la necesidad de guardar papeles de trabajo en un lugar seguro, días después de haber tomado posesión de las llaves de la caja de seguridad 8-44».
El procesamiento es por el delito de malversación de caudales públicos. El juez también notificó al Consejo de la Magistratura, que ahora deberá analizar la situación del integrante del TOF de Mar del Plata. «Es una vergüenza que una persona con semejante acusación sobre sus espaldas, y tan contundente cuadro probatorio que la sustenta, siga ejerciendo la magistratura. Debe ser suspendido de inmediato», reaccionó el abogado del dueño de las monedas, Marcelo Rochetti.
Impunidad corporativa
El caso de Poderti vuelve a poner la atención de la opinión pública sobre la actitud de impunidad con la que se manejan diferentes actores del poder judicial en la ciudad de Mar del Plata, quienes parecen nunca tener que hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que toman desde la autoridad que les confiere el Estado ni por las actitudes reprochables en las que incursionan en su vida personal. ¿Habrá algún otro departamento judicial en el que el fiscal general sea un confeso informante de la DIPBA, vinculado con delitos de lesa humanidad? ¿O que se tolere que otro fiscal general emplee como jardinero en su vivienda personal —en un vínculo que genera muchísimos interrogantes— a un hombre procesado y acusado de ser parte de una enorme red de trata y explotación de la prostitución?
En el mismo sentido, en el cerrado ámbito del poder judicial local, el estar sospechado de haberse apoderado de 144 monedas de oro por un valor equivalente a los USD$200 mil no ha implicado para Poderti consecuencia alguna: sigue en su cargo, sigue decidiendo al respecto de la vida de los ciudadanos comunes, y hasta se dio el lujo de asistir al acto que se realizó en la Facultad de Derecho en donde se presentó el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti y a una fiesta organizada para el personal del Tribunal Oral Federal realizada en a todo lujo en «La Reserva» apenas 48 hs antes de que se hiciera público su procesamiento.
Siguen su vida como si nada, porque saben que la corporación judicial los protege. Pareciera que, cuando uno lo mira en detalle, por la Argentina anda suelta más de una «casta».