Predio de disposición final | La toma del acceso al basural dejó secuelas en el ámbito político. La fiscal pedía que se diera la orden de desalojar el acceso y el juez dijo que no, porque el costo político sería para él. Algunos no creen que los manifestantes sean verdaderamente recicladores urbanos.
El conflicto que se había suscitado en el predio de disposición final de residuos ha terminado, al menos por el momento; sin embargo,el accionar del juez de garantías Daniel De Marco ante el pedido de la fiscal Lorena Hirigoyen generará consecuencias.
A un lado de este presunto enfrentamiento está el Ejecutivo municipal, quien en la voz del intendente Carlos Arroyo considera que la argumentación del juez es una aseveración de mero sentido político, y ya anunció que se presentará ante la justicia pidiendo el juicio político para el magistrado en cuestión.Así lo confirmó Arroyo en la 99.9 cuando dijo: “vamos a ir por las acciones legales correspondientes. El fallo es un desarrollo falaz de imputaciones que son directamente falsas, falta a la verdad directamente. Atribuye a mi gestión el haber recurrido a la justicia, cuando tanto la fiscal como la policía actuaron de oficio”.Incluso agregó dentro de las críticas al accionar del juez: “sin investigar nada, ya sabía que esta gente comía basura o elementos vencidos, llama la atención. Hay un contenido ideológico clarísimo, y el fondo de la cuestión radica en que se estaba violando abiertamente el artículo 194 del Código Penal, porque se impedía la prestación de un servicio público que además es esencial”, dijo el intendente.
Pero tanto el juez como el intendente están hablando de la misma gente. Se refieren a un grupo no mayor a diez personas, quienes obtienen elementos comestibles de lo que arrojan los camiones que traen elementos de supermercados y restoranes. Esos mismos serían quienes habrían obstruido el camino de ingreso de tales camiones, y se habrían plantado en el playón de descarga, donde prendían fuego ramas como acción de protesta ante la falta de cumplimiento de ciertos arreglos. Las mejoras se habían acordado con el EMSUR, como por ejemplo la provisión de agua potable y la limpieza de los playones de descarga.
El enfrentamiento parte de que este grupo a quien De Marco definió como “grupo reducido”, aparece ante la fiscal como una amenaza, un sector integrado por quienes están poniendo en riesgo la salud pública de la ciudad, además de“una violación abierta a las disposiciones constitucionales”. Dijo el intendente: “aunque siempre respetamos el derecho a protestar, no se puede llegar al límite de que un grupo de 10 personas ponga en peligro la salud de toda la ciudad”.
Los terceros
Los hechos relatados se complican con la aparición de otras personas que al parecer tenían voz y voto en la toma de decisiones, pero no formaban parte del grupo de quienes trabajan en el lugar: “por negociaciones de Leitao, se había llegado a un acuerdo para levantar la medida y aparecieron 3 personas en un taxi que nadie sabe quiénes son ni de dónde vienen. Se presentaron como representantes del CEAMSE, e instaron a que continuara la medida, algo insólito. No se puede concebir que una ciudad de un millón de habitantes esté sometida a un mero chantaje de un grupo que ni siquiera representa a una entidad”, señaló el intendente.¿Y estos?¿Quiénes eran?
Por eso, ante la decisión del magistrado de no desalojar, Arroyo se manifiesta en desacuerdo y agrega que irán hasta las últimas instancias para que se analice el accionar de De Marco.
Luego el intendente finalizó: “Mar del Plata tiene un estado de anomia judicial hace tiempo. La policía no quiere actuar si no tiene órdenes judiciales expresas, aunque pueden actuar de oficio, lo que pasa que está permitido partirle la cabeza a un policía pero prohibido tocar a un manifestante”.
Claro que el tema del corte en el ingreso al predio ya había sido noticia. No olvidar que desde el 20 pasado, elsecretario de Legal y Técnica de la comuna, Gustavo Gil de Muro, explicaba que la manifestación había impedido la recolección de residuos en los dos días anteriores: “es un grupo de 10 personas que se dedican al cirujeo y consideramos que hay una desproporción entre lo que reclaman y lo que provocan”. Ya entonces se decía que el conflicto en el predio de disposición final de residuos se había extendido más de lo necesario, y que el municipio decidía ir ante la justicia para pedir el desalojo. Lo dijo él. ¿No era que la fiscal iba de oficio?
En cuanto al grupo de personas que está realizando esta manifestación, Gil de Muro aclaró que no se trataba de recicladores: “las personas que impiden el ingreso de camiones no son recicladores propiamente dichos, ya que quienes hacen ese trabajo forman parte de una cooperativa con quien el municipio y la empresa concesionaria tienen una relación contractual. Estas personas son un grupo que vive de lo que se denomina cirujeo”. Incluso, son un grupo que no supera las 10 personas: “el perjuicio a la ciudadanía es muy grande y consideramos que hay una desproporción entre lo que reclaman y lo que provocan, sobre todo porque no se puede recoger la basura y encima para hoy están pronosticadas precipitaciones”, advirtió el funcionario.
Gil de Muro señaló que había una cuestión política de fondoen la negociación que llevaron adelante: “cuando cumplimos con lo que les habíamos prometido, empezaron a pedir otras cosas que estamos imposibilitados de cumplir. Evidentemente hay un trasfondo de manejo de la situación, y por eso la justicia debe intervenir. La fiscal había advertido esta manipulación, por eso pidió el desalojo”, consideró.
El juez
La visión del juez De Marco fue muy distinta de la que habían esperado. Si bien la fiscal daba por hecho que la acción de “lanzar” a quienes obstruían el acceso al predio era una necesidad, para el juez se necesitaba más fundamentación que la que ella brindaba.
Así fue que Lorena Hirigoyen comenzaba su relato diciendo que había llegado al lugar de avenida Antártida Argentina al 7200 por indicación de la Comisaría 5ta, y que al llegar había podido comprobar el bloqueo del ingreso con palos encendidos. Había podido identificar allí a Sara Adelina Díaz, alias “la Tuti”, y a Martín Romero, quienes procedieron a delinear el motivo de su reclamo diciendo que se debía al no cumplimiento de las promesas asumidas por el EMSUR; responsabilizaban a su director, Eduardo Leitao.
Pero la fiscal Hirigoyen dice que lo que argumentan no es cierto, que sí hubo trabajos que se hicieron, y que a la audiencia de mediación propuesta había concurrido Leitao pero no los manifestantes. Por lo tanto, ella consideraba que se estaban excediendo en su derecho de protesta.
El juez de garantías, sin embargo,se paró en un sitio que enojó al intendente. De entrada dijo: “La pretensión fiscal no puede prosperar”. Y en su revisión de todo lo acontecido, manifestó: “subyace en la base un conflicto socialque debiera ser abordado y resuelto por las autoridades ejecutivas o administrativas correspondientes”. Asegura que no será él quien legitime el uso de la coerción del Estado como mecanismo de disolución de la protesta social.
Para el juez, hablamos de personas que sobreviven “en las márgenes de la marginalidad”, que comen desperdicios de los restoranes y alimentos vencidos de los supermercados. Y que a su criterio no es posible que la única solución que brinde el Estado sea la que lleva al campo punitivo,“sin transitar previamente elcamino del diálogo y el consenso”. Y agrega que si se gestiona la conflictividad sobre esto que la política no puede resolver, se hace caer sobre el Poder Judicial el peso de las consecuencias del resultado. Es decir que para el juez De Marco, no se han agotado las vías conciliatorias.
Obviamente, esta no era la respuesta de apoyo que el intendente estaba esperando. Por esa razón dijo que el fallodel magistrado era una manifestación de contenido político, y que el Ejecutivo llevaría adelante las acciones necesarias para pedir el juicio político para el juez que no los acompañó en su requerimiento.