Causa CNU | Dos abogados marplatenses coinciden en acusar al Fiscal General de Cámaras de Mar del Plata de tener una conducta mendaz en su intervención en procesos de resonante actualidad. Adler zafó de un intento de recusación, pero parece que no escarmentó.
El Fiscal General de Cámaras de Mar del Plata, Daniel Adler, está siendo observado por su manera particular de manejar la información, apilar papeles, y echar agua para su molino. Una actitud poco deseable para quien tiene la responsabilidad completa de representar la parte acusatoria. En los últimos días dio su versión a la prensa marplatense acerca de algunos acontecimientos vinculados con la llamada causa CNU. Muchos medios sólo transcribieron las palabras del fiscal, que parece construir su versión de la historia, como si pudiera crear una realidad con sólo enunciarla.
Relató lo que acontece en el juicio en donde diez civiles y un militar retirado resultan imputados en el debate oral y público por la causa CNU. Allí se juzgarán crímenes cometidos antes del golpe de Estado, precisamente en 1975. Cuando comenzó su actuación, el fiscal anunció que llamaría a 300 testigos y que la causa estaría resuelta en unos 6 meses. Parece que no.
Ahora el propio Adler tuvo un cruce verbal durante la sesión, y la prensa acusó que se trataba de una discusión con el imputado Gustavo Demarchi, quien ejerce su propia defensa. Pero en realidad se trató de una ofuscación inusitada por parte del fiscal, que surgió cuando el abogado defensor Horacio Insanti presentó un material que había estado oculto durante cuatro años: la nueva denuncia de Mirta Masid.
Superado el intercambio entre las partes, se continuó con la lectura de los hechos investigados en la causa 13.793 y se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 23 de junio. Pero el papelón ya estaba hecho. Además de Demarchi, los acusados son Juan Pedro Asaro, Raúl Arturo Viglizzo, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Raúl Rogelio Moleón, Mario Ernesto Durquet, Fernando Alberto Otero, Roberto Justel, Marcelo Arenaza y José Luis Granel. Por su parte, en representación del Ministerio Público Fiscal actúan, además del propio Adler, la fiscal federal de primera instancia Laura Mazzaferri, y Eugenia Montero.
Insanti se refirió -en su entrevista exclusiva con la 99.9- al verdadero origen del cruce con el Adler. Se debió a la presentación de la denuncia de la antes denunciante Mirta Masid. Efectivamente, la mujer que había ubicado a todos los acusados en la noche en que se planearon los crímenes, denunció luego que estas afirmaciones se habían hecho bajo coacción, y que lo prometido a cambio de sus palabras, encima nunca se cumplió. Pero esa nueva denuncia inició una causa que se había cajoneado.
Resulta que Insanti quería ubicar esta causa que haría la diferencia a la hora de examinar hechos y testigos, pero el juez Inchausti le había dicho que no la podía ubicar porque había pocos datos. Cuando el abogado logró hacerse del expediente se sorprendió al ver que, desde hacía un año, estaba en manos del juzgado del mismo Inchausti: el que no sabía cómo ubicarla.
Todos callan
Como los medios han retratado distintas cuestiones sin precisión, incluso mintiendo sobre el desarrollo de algunos debates acalorados, el abogado Horacio Insanti, dijo: “Es vergonzoso lo que han hecho los medios de Mar del Plata con la información”. Se refería precisamente a la publicación de un supuesto enfrentamiento entre Gustavo Demarchi y Daniel Adler que no fue tal: “no hubo planteos ni fuertes cruces entre Demarchi y el fiscal Adler. El planteo fue conmigo, se ocultó la realidad esencial del caso”, agregó Insanti.
El origen de ese cruce es ese material específico que se ocultó y, casualmente, lo que mayor relevancia tenía en el primer día de audiencias: “Los presenté apenas se abre la audiencia porque tengo la responsabilidad de hacerlo. Esto superaba toda mi capacidad de asombro”.
Esa causa tenía que ver con la testigo clave del caso, Mirta Masid, y una denuncia que se había perdido en el tiempo: “tomé conocimiento de una denuncia formulada por la testigo Masid sobre las circunstancias en las cuales prestó declaración, y pedí que se individualice esa causa”: Masid denunció una coacción del programa de protección de testigos, y luego agregó que tampoco le cumplieron con lo prometido.
Al momento en que se presentó el tema en la audiencia, Adler literalmente estalló: “saltó el Dr. Adler como nunca y dijo que sabía adónde estábamos apuntando, y que pretendíamos embarrar la cancha. Le respondí que sabían muy bien a qué apuntábamos porque la habían escondido. Incluso le tuvieron que llamar la atención tres veces para que dejara de interrumpir”. El fiscal se negaba a que se ventilara que su principal testigo se había desdicho hacía tiempo, y que todos ellos lo sabían.
El hecho de haber ocultado la segunda denuncia de Masid durante todo este tiempo revela complicidades de muchísima gravedad: “esto es grave y va a terminar mal para más de uno. En cualquier momento aparecerá la CNU 2, es como actúa esta gente, para comenzar todo de nuevo. No quiero hablar de nombres, pero desde el poder estatal hay una maquinaria para perseguir viejos adversarios políticos y actuales enemigos personales, y es el escándalo que se desató el otro día”, finalizó.
Pero según parece, Adler viene haciendo desastres en otras causas. Según denuncia el abogado Facundo Capparelli -quien defiende a Francisco Pagano en la causa La Moneta-, ha habido otras maniobras del Ministerio Público Fiscal: “tramitan en distintas órbitas del ministerio público fiscal varias actuaciones preliminares, una figura procesal de cuestionable validez constitucional”.
Mucho se ha hablado sobre la causa que tiene como uno de los implicados a Francisco Pagano, acusado desde Estados Unidos por haber realizado trasferencias de dinero sin contar con la correspondiente autorización. En este marco, la justicia norteamericana cursó un pedido de extradición, pero en Argentina se le concedió a Pagano una excarcelación, en virtud de que la acusación apunta a una figura legal de poca gravedad, que prevé una pena de hasta cinco años. Es decir que resulta probable que obtenga una condena en suspenso, en el caso de ser encontrado culpable. Hubo de por medio un depósito de caución que el abogado encontró excesivo, ya que cuadriplicaba lo que hubiera establecido una corte del país donde se origina el proceso.
Dijo Capparelli que ahora habrá que determinar si Pagano continúa o no excarcelado, y reevaluar la cuantía del monto impuesto como caución. La situación se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones, que ya celebró la audiencia oral.
En cuanto al formal pedido de extradición que ha requerido Estados Unidos, el trámite se encuentra en un tramo administrativo previo a la etapa estrictamente judicial, porque ingresó a Cancillería Argentina. En los próximos días tendría que ingresar al Juzgado Federal 1.
Pero en este marco, el abogado evalúa también el rol que ha tenido el Ministerio Público Fiscal en el contexto de la causa, y se refiere aquí a Daniel Adler: “la fiscalía expuso una supuesta maniobra de autodenuncia de Pagano que formuló ante la justicia de Capital Federal. El ministerio público tergiversa la información porque esa presentación espontánea, bajo ningún punto de vista puede ser relacionada con el pedido de extradición”.
Capparelli señaló la maniobra como mendaz e intencional, ya que hay una falta de correspondencia entre las fechas aludidas en ambas cuestiones, y dijo: “esa presentación la hizo en septiembre de 2013 y el arresto provisorio ordenado por la Corte de Distrito de Montana es de noviembre de 2014. Por otra parte, esa causa en Capital Federal se inicia de oficio a partir de una publicación de Clarín en junio de 2013: el fiscal Delgado radicó una denuncia penal en agosto de ese año. Cuando Pagano toma conocimiento de la causa, se presenta espontáneamente”.
La imputación que pesa contra Pagano se resume en el delito de transferencia de dinero sin licencia, y no habla de lavado de dinero, como habían afirmado algunos medios de prensa. Pero dentro de la causa que se inició en Estados Unidos, hay otras personas que sí están acusadas de esa figura: se trata de Pablo y Germán Cóppola.
La acusación de la fiscalía marplatense tendría que caer por inconsistencias propias, pero el letrado explicó en su entrevista que busca rebatir las injustas denuncias de Adler. Agregó que en la justicia federal de Mar del Plata tramita una causa iniciada de oficio por el fiscal Larriera, de donde surge claramente la realidad: a partir de un recorte periodístico se inicia una investigación por el mismo hecho que se investigaba en Montana. “Es incompatible decir que es una maniobra de complejidad procesal”, dijo Capparelli.
Además de lo expuesto, el defensor denunció que tramitan en distintas órbitas del ministerio público fiscal varias actuaciones preliminares, con una figura procesal de cuestionable validez constitucional: “Esto permite que los fiscales federales abran investigaciones sin conocimiento ni intervención de autoridades jurisdiccionales, imputados o defensores. Se agrava la situación porque estas facultades se ejecutan de manera abusiva”.
Y refiriéndose a la cuestión específica de La Moneta agregó: “Hemos descubierto en el caso del Pagano, un hábeas corpus que tramita una actuación preliminar en el ámbito de la Fiscalía Federal 2, a cargo del Dr. Larriera. Tuvimos que comparecer con un escribano ante la mesa de entrada de la fiscalía para dejar constancia de que no nos permitieron ver la actuación preliminar”.
Cabría ahora la oportunidad de pensar que, si el Fiscal General de Cámaras puede actuar con impunidad a la hora de manipular la información atinente a causas de personas con determinada posición en la sociedad, con abogados eficientes y un lugar en los medios para explicar su verdad, qué no hará cuando interviene en cuestiones de ciudadanos anónimos. Es posible que los papeles que incluyen información vayan a parar a la hoguera. Porque el silencio siempre echa agua para su molino.