El defensor del pueblo | Luis Salomón protagonizó el papelón político del año. Fue detenido por la policía provincial por agarrar a un efectivo por el cuello. Su filmación, en la que se lo ve gritando como un loco, se hizo viral. Feo, feo.
Hace casi un mes, todos los marplatenses veían circular un video que se volvería viral: uno en el que un hombre gritaba desde el suelo porque la policía lo detenía y las esposas ajustadísimas le lastimaban las manos. Los gritos eran espeluznantes y generaban inquietud. Horas después, las imágenes tomaban nombre propio: el Defensor del Pueblo de Mar del Plata había sido detenido en un confuso episodio policial, cuando se había opuesto a la intervención de la bonaerense en el operativo de clausura de un negocio gastronómico que estaba continuaba abierto una vez terminado el horario permitido por las normas del ejecutivo a raíz de la pandemia.
El Defensor del Pueblo es una figura institucional que surgió en Suecia en el siglo XIX, en un contexto muy diferente de este. Poco a poco se fue extendiendo y, en el sistema político actual, se lo adoptó como parte de varios mecanismos y procedimientos en las constituciones que buscan garantizar el cumplimiento y ejercicio de los derechos individuales.
La cuestión, es saber si sirve. Su función fundamental sería la de controlar las posibles arbitrariedades cometidas por los poderes públicos. Pretende ser una especie de “tramitador de las quejas” ante determinadas actuaciones de la administración, consideradas como no ortodoxas, ya que no tendría potestad para solucionar la queja formulada por el ciudadano.
En esta ciudad, uno de los ombudsman designados es Luis Salomón, y aclaremos que, para ejercer el cargo, no hace falta ser abogado. Salomón es el del video: un señor que resultó detenido el 17 de abril por tomar a un policía del cuello.
Los pasos del escándalo
Las cosas fueron así: esa noche, los funcionarios municipales Gustavo Ruau y Cristian Lambert, junto con el policía Claudio Palavecino, concurrieron a la intersección de las calles Alvarado y Chaco por indicación de su supervisor, Julián Robayna. Ellos debían verificar lo indicado en una denuncia: que había un comercio que permanecía abierto más allá del horario permitido por el decreto 469/20 del ejecutivo actual.
Al llegar allí, y verificar que el sitio gastronómico atendía pasadas las 21, hablaron con quien se presentaba como titular del sitio: Carlos Ríos, que no presentaba el DNI para verificar su identidad, ni mostraba el certificado de habilitación, en un primer momento. Ríos se amparaba en que se trataba de una rotisería, pero luego mostró su habilitación, que indicaba que la autorización era para funcionar solamente como despensa, fiambrería y reventa de pan. Los representantes de Inspección General le informaron que tenían que labrarle un acta por la infracción cometida, ya que no era rotisería.
Entonces Ríos realizó una llamada telefónica y, mientras estos inspectores confeccionaban el acta, llegó Luis Salomón, que se presentó como familiar del infractor y como Defensor del Pueblo. Como nadie cesaba en los procedimientos indicados, comenzó a levantar la voz, y a asegurar que no le importaba que le hicieran las actuaciones porque él “tenía conocidos”. En ese momento comenzaron a acercarse vecinos que estaban enojados por la situación, pedían que dejaran en libertad a los dueños del almacén, porque se trataba de trabajadores.
Pero en ese momento, quien se había presentado como Defensor del Pueblo comenzó a confrontar con el policía Palavecino, invitándolo a pelear: le decía que lo llevara preso nomás, que él tenía conocidos y que iba a salir rápidamente. No conforme con esto, empujó al policía, y los vecinos aprovecharon la ocasión para agredir al uniformado, física y verbalmente. Hubo empujones e insultos, por lo cual el efectivo solicitó inmediatamente el apoyo policial.
Inclusive cuando llegaron los patrulleros para controlar la situación, siguieron los gritos y las amenazas, hasta que los policías pretendieron efectuar las detenciones que correspondían. Entonces Salomón, ya envalentonado con la situación, tomó al policía Palavecino por el cuello desde atrás, constituyendo uno de los mayores papelones que se recuerden protagonizado por un funcionario público.Una verdadera vergüenza.
Por esta razón, los policías procedieron a llevarse al Defensor del Pueblo y a otros dos jóvenes que habían protagonizado todo el episodio, en calidad de demorados; fueron trasladados a la comisaría 4ta de esta ciudad. En medio del confinamiento obligatorio, lejos de brindar apoyo para defender la salud pública, nuestro defensor no se defendía ni a sí mismo. Golpeaba a los policías por la espalda. Gritaba en el suelo para que le quitaran las esposas. Escandalizaba un barrio completo que se amontonaba en la esquina sin seguir ninguna de las indicaciones del distanciamiento social.
Inexplicable
Los Defensores del Pueblo son siempre instituciones personales, aunque con oficina propia compuesta de asistentes y funcionarios. Deben ser independientes y son nombrados para controlar la correcta aplicación de las leyes y para ser garantes de los derechos fundamentales, especialmente en su contacto con las distintas administraciones. Sus dictámenes tienen un carácter disuasorio, pero sin consecuencias jurídicas. Hace denuncias públicas y elabora informes públicos periódicos sobre los abusos cometidos por la administración o por su inactividad. Además, los defensores del pueblo actúan a partir de la formulación de una queja que se debe investigar.
En esta administración, los Defensores del Pueblo fueron creados en los ‘90 luego de la reforma constitucional, pero fue el primer gobierno de Pulti el que nos dejó de regalo que se triplicara esta ya discutible figura.
¿Por qué hay un Defensor del Pueblo en un sitio con 24 concejales? ¿Qué otra cosa es un concejal sino un Defensor del Pueblo? ¿No es acaso esa su función? ¿Por qué necesitaríamos alguien más en una función ya redundante? ¿Para rehuir de los arreglos de los diferentes partidos políticos? ¿Alguien puede creer que los Defensores del Pueblo no responden a ninguno? ¿De verdad?
En el caso que nos ocupa, sólo se ha logrado incrementar la vergüenza que genera que la clase política incumpla las normas. La vergüenza ajena que da un distrito donde la administración pública parece monopolizada por funcionarios con una conducta que no se sujeta a las reglas.
Ahora se reúne la Comisión de Labor Deliberativa del Honorable Concejo Deliberante, y le pide al Secretario de Gobierno —Santiago Bonifatti— que se expida a través de un informe, acerca de lo acontecido aquel viernes 17 de abril. La subsecretaría de Inspección General adjuntó los informes del personal del área a su cargo, donde se describen los pormenores de un episodio penoso que llega a manos de la comisión que lo investigará. Más o menos lo investigará, porque lo más factible es que nada cambie.
Porque es posible que Salomón crea que defender al pueblo es esto que él hizo: golpear a la policía, azuzar a los vecinos para generar un escándalo, violar los horarios de la cuarentena, salir en los diarios y gritar desde el piso, mientras los vecinos lo filman con sus celulares. Quizá él crea que esto es defender al pueblo. O no sepa hacer mucho más, quién sabe.