Procesamiento a Fernández Garello | La Comisión Provincial por la Memoria denunció al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello. Se lo acusa de participar en delitos de lesa humanidad a finales de la dictadura, y de infiltrarse en reuniones para pasar información. Un amor el hombre.
Y se supo al fin. Cuando quizá el lector podía haber perdido las esperanzas de que los archivos más ocultos de los poderosos salieran a la luz, finalmente se supo. El fiscal general Fabián Fernández Garello fue denunciado por la Comisión por la Memoria de haber participado de operativos de secuestro de militantes del Partido Comunista, cuando ya se vivían los últimos años de la dictadura militar.
Él se ocupó de negar todo en la prensa local, por supuesto, y seguramente dirá que se trata de una operación política en su contra. Pero por lo que se ve hasta el momento, parece que la documentación custodiada de los archivos de la ex Central de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires lo involucra directamente.
Justamente para brindar más detalles de esa posible participación delictiva, el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano, habló en la 99.9. Decía: “El archivo de la Dirección de la Inteligencia de la Policía Bonaerense que la Comisión por la Memoria custodia desde el 98 es muy grande. Reúne espionaje de la década del 40 hasta 1998, incluyendo la dictadura. Se ha ido digitalizando, y nunca fue un archivo que se utilizara para hacer espionaje ni buscar antecedentes”.
Según explicó, se toparon con este tema de casualidad: “en el marco de información solicitada para un crimen de lesa humanidad, que es la muerte de Ana María Martínez, asesinada en el año 81, buscamos información de la DIPBA San Martín, y nos encontramos con que Fernández Garello era un agente que prestaba funciones ahí. Fue algo aleatorio, no lo salimos a buscar. Nos enteramos hace 15 días aproximadamente, lo chequeamos, lo informamos al juzgado y a partir de eso, hicimos la comunicación junto con la presentación en la Justicia Federal”.
La función que cumplía el actual fiscal general era infiltrarse y generar informes. Según explica el mismo Cipriano, “se llegó a infiltrar en una reunión de Madres de Plaza de Mayo con el Episcopado, además de reuniones en cooperadoras escolares y en distintas organizaciones sindicales, para después hacer informes”.
Desde allí, pudieron llegar a la relación que había tenido con distintos casos que terminaron en delitos: “hay informes suyos dentro de la delegación que integraba en el caso de Martínez, pero aparece claramente en el caso de otros tres militantes del Partido Comunista que está bajo investigación en el juzgado de San Isidro. Trabajaban de manera articulada con el Ejército, el Batallón 601”.
Lo concreto es que hay elementos que la CPM considera muy importantes para que no sólo sea investigado, sino que además pueda llegar a juicio: “Fernández Garello aparece siendo parte del secuestro y la detención de estos tres militantes que declararon luego que eran las mismas personas quienes lo torturaban reconociendo voces porque estaban encapuchados. Las pruebas que hay contra Garello son muy contundentes”.
La DIPBA
La entidad había sido creada en 1956, y luego jerarquizada por todos los gobiernos militares que se sucedieron hasta 1983. Era el organismo de inteligencia más importante que operaba en el territorio bonaerense.
Esta dependencia policial tenía 16 delegaciones esparcidas sobre la provincia y más de 1000 agentes que llegaron a elaborar, hasta su disolución en 1998, cerca de 460.000 fichas sobre la vida de ciudadanos, que eran vigilados por sus actividades políticas, sociales y gremiales.
Durante la última dictadura cívico militar, el entonces coronel Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense, le dio a la DIPBA estatuto de dirección general, y la colocó directamente bajo su órbita. Según consta en la denuncia, el oficial Fernández Garello, se desempeñó en la Delegación DIPBA San Martín desde el año 1978. Afirman que así surge de la documentación relevada. Más precisamente, la denuncia confirma que su actividad ha quedado registrada en la documentación, en tres formatos diferentes. Por un lado, mediante el registro de su nombre y apellidos completos en un informe de inteligencia, como parte de un operativo en el que intervino de forma personal. Además, incluyó su apellido en diversos partes de inteligencia -tanto en formato teletipo, como transcripción de comunicación telefónica- en los que transmitió información concerniente a situaciones gremiales y políticas que consideraba como ”subversivas”. También en el denominado sello en escalera, que es aquel con el que funcionarios policiales colocaban las iniciales de su nombre y apellido, así como las correspondientes a su jerarquía. En el caso de Fernández Garello fue oficial ayudante entre los años 1978 y 1980, y oficial subinspector en 1981.
La denuncia indica además que la mayor parte de las intervenciones del oficial Fernández Garello estuvieron abocadas al espionaje político y gremial. Esto es parte del proceder, y de la historia misma de la ex DIPBA, que cumplió el rol de una suerte de policía política, en estrecha conexión con el Estado autoritario que la creó y forjó a lo largo del tiempo.
Como se puede observar en el expediente caratulado Reclamos de las Madres de Desaparecidos en la Conferencia Episcopal en la localidad de San Miguel, Fernández Garello interviene en el informe porque se infiltró en una organización de familiares de detenidos-desaparecidos. Esto no constituye un hecho aislado, sino que fue una metodología común implementada por el personal de la dependencia. Las Madres solicitaban que la Iglesia se plegara a la huelga de hambre que llevaban adelante por la aparición de sus hijos, y la respuesta negativa de del obispo consta en el informe de resultado.
Implicados
Corresponde ahora investigar las cuantiosas tareas de inteligencia como actos preparatorios, y el posterior operativo conjunto, ambos efectuados por el personal de la Brigada de Investigaciones III de San Martín, con el oficial principal Marcos José Sztemberg, el oficial inspector Ricardo Luis Degastaldi, el suboficial mayor Roberto Abel Marcel, el cabo 1º Daniel Cammarota, y personal de la Delegación DIPBA San Martín: oficial subinspector Eduardo Daniel Ríos, y el oficial subinspector Fabián Uriel Fernández Garello.
Consta con nombre y apellido. Y por supuesto, nada de esto pudo ocurrir sin el conocimiento ni las órdenes emanadas de las autoridades que constituían la cadena de mandos de la DIPBA ni de la Dirección General de Investigaciones, que efectuaban tareas en la Zona de Defensa IV, dentro de la división territorial.
En virtud de la estructura de esta organización, los agentes se vinculaban en forma permanente con las estructuras militares, entre otras las del Destacamento 201, dirigido por Jorge Norberto Apa.
Además, los oficiales Ríos y Fernández Garello eran parte integrante y recibían órdenes de los oficiales jerárquicos, como eslabón dentro de la cadena de mandos de la región que actuaba en la Zona IV. También coordinaron estos mismos oficiales los preparativos previos al operativo, con la coordinación y solicitud inicial, de Jorge Norberto Apa, a cargo del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo.
Las circunstancias probadas permiten afirmar que tanto los ya condenados como los ahora procesados, junto con los jefes y oficiales de las delegaciones, conocían la información -no sólo personal, de militancia, sus movimientos- sino también las dirigidas a conseguir y formalizar en forma segura la consecuente privación de la libertad y aplicación de tormentos de las víctimas de los operativos. La denuncia afirma que el fiscal no pudo ser ajeno a esto.Estos actos preparatorios no pudieron efectuarse sino bajo la dirección del jefe de la delegación de la DIPBA, Edgardo Walter Buzzi, en coordinación con las áreas militares de Campo de Mayo, y el Destacamento de Inteligencia del Ejército de la Jurisdicción militar.
Es por eso que esta denuncia se vincula necesariamente con la resolución de procesamiento del Jefe del Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo, Jorge Norberto Apa, que enuncia la vinculación metódica del área del Destacamento 201 y la DIPBA.
Del informe aportado por la Comisión Provincial por la Memoria se desprende que la policía y el Ejército trabajaron en conjunto para detener a Ana María Martínez: ”puedo observar que las órdenes emanadas de las autoridades del Comando de Institutos Militares, su Estado Mayor, áreas y Destacamento de Inteligencia, en connivencia con la actuación del personal policial, fueron esenciales para llevar a cabo la detención de Ana María Martínez en las circunstancias de tiempo, lugar y modo en las que el hecho sucedió y su posterior asesinato”.
De todo lo expuesto, ya no caben dudas sobre el indudable vínculo sistemático existente entre las fuerzas militares y policiales respecto de las tareas de inteligencia previas a los posteriores operativos. Partían de la recolección y distribución de información por medio de infiltración de agentes, para elaborar informes que luego iban a ser analizados. Con estos insumos, se llevaba a cabo el diseño de las estrategias de los operativos de secuestros, torturas y asesinatos de las víctimas del proceso.
Triste, muy triste. Se verá ahora si, una vez pasado el baldazo de agua fría de aceptar que la justicia de la democracia estuvo en manos de la misma persona que se infiltraba en la dictadura, el Poder Judicial está en condiciones de reaccionar. Quizá semejante golpe sea demasiado para ellos.