Crimen de Agusti | Un homicida detenido cuando se iba a vacunar había vivido 15 años con otro nombre. Ahora se investiga si hubo protección policial, porque en este tiempo cometió otros delitos bajo un alias. Nadie lo buscó demasiado.
Alejandro Salaberry se había convertido en uno de los prófugos más buscados de Mar del Plata. Se lo acusaba del homicidio del policía Cristian Agusti ocurrido en 2003, pero en junio de 2019 el crimen prescribió. Así de simple, aunque no podamos creerlo: parece más fácil quitarse de encima una acusación por homicidio que una deuda en el registro del Banco Central.
Acompañado de un abogado, el criminal se presentó en con toda tranquilidad en tribunales para firmar la notificación. Llegó caminando y sin ninguna medida para esconder su identidad, porque sabía que nadie lo iba a detener: su culpa se había extinguido. Ahora bien: ¿era legal? ¿Correspondía?
Un grupo de detectives de la DDI lo detuvieron hace un mes como único prófugo por el homicidio del Cabo Primero Cristian Agusti, delito en el que fue condenado en ausencia. La cuestión es que, si bien había permanecido en la clandestinidad durante los quince años que necesitaba, y ahora había ido lo más campante al museo MAR a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el Covid, había otros delitos de los que acusarlo.
Salaberry iba a estar allí, y por esa razón se ordenó un amplio operativo dentro y fuera del lugar, con personal discretamente vestido de enfermeros como así también haciendo la fila para vacunarse. Una de película, organizada indudablemente con muchos recursos y esfuerzo. Los detectives observaron el ingreso del hombre y aguardaron hasta que le tocó el turno. Una vez que estuvo sentado para vacunarse, se procedió a la detención de quien se llama Alejandro Salaberry aunque en los últimos años no utilizó ese nombre. No pudo resistirse por la rapidez del personal policial que procedió a neutralizarlo.
Sucede que, si bien la prescripción del homicidio ya había sido notificada, el asesino no había estado tranquilo durante los últimos 15 años. En 2018, en la ciudad de Merlo —donde residía bajo otro nombre—, lesionó gravemente a un vecino tras una discusión: simplemente le asestó varios golpes en la cabeza con un machete y ocasionó varios cortes además de una fisura de cráneo. Pero este tampoco es el único delito que habría cometido.
Pasos legales
Adelina Martorella es la abogada que representa a la familia Agusti, y contó los detalles en la 99.9. Especificó que la familia presentó un escrito ante la jueza de garantías para solicitar la nulidad de la resolución que estableció que el homicidio de Cristian había prescripto porque lo primero que había que hacer, era averiguar si no había razones que interrumpieran el plazo reglamentario que tiene que pasar para que un delito caduque. Es decir, la comisión de otro delito. Porque, si una persona delinque, pierde el derecho de que prescriba el delito que ha cometido antes.
Consideremos que Salaberry utiliza una identidad falsa desde el año 2009, lo cual en sí mismo es un delito, pero además, la doctora Frende y el fiscal pudieron corroborar que bajo ese alias se encontraba imputado por otros dos crímenes. Es decir, que el sobreseimiento dictado el 31 de mayo del 2019 tuvo un error sustancial que generó una injusticia extrema: que quede impune el homicidio de Cristian Agusti.
Martorella pone en foco las acciones que Salaberry ejecutó con la intencionalidad expresa de eludir la justicia, es decir, de escapar y de cometer más delitos: “la falsa identidad que asumió el imputado tuvo como objeto burlarse de la justicia de Mar del Plata, para que no pueda ser ubicado y para que no pueda proseguir la investigación del homicidio de Cristian. Ese nombre le permitió continuar con el derrotero de delitos. En el año 2010 cometió el delito de amenazas calificadas contra una señora poniéndole un arma en su cabeza y días antes a que se cumpla el plazo de prescripción cometió el delito de homicidio en grado de tentativa contra un vecino partiéndole un machete en la cabeza. Estas circunstancias formaron investigaciones pero obviamente la juez y el fiscal jamás pudieron certificarlas porque él utilizaba la identidad de Lucas Lamas”.
Es decir, que el homicida en el 2003 huyó y adoptó la identidad de Lucas Lamas, que es un gendarme. Aparentemente, obtuvo la información necesaria para fraguar esta identidad falsa de una boleta de servicios que encontró tirada en el patio del vecino. Con ese nombre hasta puso un negocio clandestino en Merlo.
Con esa misma identidad cometió delitos de amenazas con arma de fuego contra una mujer en 2010, y en 2018 agredió severamente a un vecino a machetazos, también bajo el nombre de Lamas. La justicia marplatense lo premió firmándole la prescripción del homicidio sin verificar que venía cometiendo delitos bajo un alias.
Los apoyos
De todas maneras, parece haber un trasfondo dentro de la fuerza policial que todavía no se ha aclarado. Indica la abogada: “a mí me llamó poderosamente la atención que Salaberry fue detenido por personal nuevo de la DDI Departamental, y no fuera ubicado por quienes en definitiva fueron compañeros de Cristian Agusti. Alguna protección policial tuvo que tener para mantenerse tanto tiempo prófugo, para usar otra identidad y para que el mismo día que le hagan el allanamiento en el marco de la causa de Morón, haya desvalijado su casa. También es cierto que la mamá nunca se sintió apoyada por los compañeros de Cristian Agusti: sé que hubo algún letrado que se comunicó con algún funcionario policial perteneciente a la DDI diciendo que estaba Salaverry en Tandil y que este funcionario policial jamás se lo comunicó a mi cliente, es decir, al padre de la víctima”.
Si bien aún no se ha probado, lo que la letrada deja entrever es que podría haber sucedido que uno de los jefes de la DDI por aquel momento pudo haber tenido alguna participación en los mecanismos de fuga y ocultamiento de Salaberry: “Que hubo protección policial no tengo la menor duda”, cierra Martorella.
Pero por supuesto, la detención de Alejandro Javier Salaberry Gabarain reabrió una herida en la familia del policía Cristian Agusti que fuera asesinado durante un robo allá por 2003. La madre de la víctima, Graciela Panebianco, habló en la 99.9 y recordó: “lo tuve a 20 centímetros mío y lo único que pude decirle fue ‘hola Alejandro, como estas?’. Él agachó la cabeza, pero lo tuve a 20 centímetros, me quería morir”.
Además, detalla el camino por el que bregará su familia, que es probar que, cuando el asesino vino a Mar del Plata, estaba prófugo de otra causa, lo cual debe hacer caer la prescripción del crimen de Cristian.
En cuanto a la falta de apoyo brindado por los propios compañeros de su hijo durante todos estos años, Graciela denunció una complicidad en el encubrimiento: “cuando yo entraba a la DDI desaparecía todo el mundo. Hay traidores ahí adentro. Yo nunca fui agresiva, pero vivía más en Tribunales que en mi casa”.
Según el relato de la madre, además de padecer el dolor de la pérdida de un hijo, sufrió ella misma un atentado que relató en la 99.9: “me han hecho la vida roja, me desangraron. Este señor me cortó los brazos y las piernas. Tuve un atentado, me quisieron secuestrar, me querían meter adentro de un coche y me arrastraron 80 metros por el asfalto. Ese mismo día, cuando estaba en mi casa me llamó una persona del penal y me dijo ‘la felicito pero fue un vuelto de acá adentro, ordenado desde acá’. El juez me dijo si quería hacer la denuncia, pero si me pasó eso sin hacer denuncia, ¿qué me pasaría después? Además, ¿cómo compruebo que fueron ellos?”.
Ahora Graciela espera. Primero, porque reabran la investigación y lo vuelvan a sentar en el banquillo de los acusados, pero también porque cuente todo lo que sabe, ya que se rumorea que alguna vez lo detuvieron y negoció una salida con la propia policía. “Hubo complicidad de ex compañeros y si ellos dicen que no, que me lo digan en la cara”, dice la madre de la víctima. Quizá esta sea la oportunidad de que Salaberry diga de una vez todo lo que tiene para decir. Esperemos que tenga custodia.