El Protegido

La Justicia revocó el sobreseimiento del ex juez Jorge Ferro en la causa que lo investiga por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se lo acusa de tomar decisiones judiciales de acuerdo a los intereses de un amigo y, de paso, de enriquecerse mientras lo hacía.

En 2016 —hace ya ocho años— en este medio contábamos la tensión que se vivía en Tribunales a raíz de la decisión del juez Santiago Inchausti de investigar al hoy ex juez Jorge Ferro. Todo se destapó en medio de la investigación por la causa en torno a la causa Madaho’s, en la que se encontraron mensajes entre Ferro y uno de los imputados, el abogado Alejandro Ferrarello. Ferro, en vez de hacerse cargo de su relación personalísima con Ferrarello y excusarse de la causa, tomó decisiones a favor de este último.

Pero eso no fue todo: la relación entre estos dos motivó una investigación que terminó configurando nueve hechos delictivos, los cuales tienen que ver principalmente con el incumplimiento de los deberes de funcionario público y con el enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, a pesar de la abundante evidencia en contra del ex magistrado, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata había confirmado, el pasado 15 de noviembre, la decisión de primera instancia donde se establecía que las acciones contra Ferro habían prescripto. La gimnasia mental —y jurídica— por la cual se llegó a esa decisión es de destacar: los jueces, en vez de mirar la causa por completo, hicieron omisión de los cargos cuya pena podría ser mayor —como el enriquecimiento ilícito—, para dictar así el sobreseimiento por haberse cumplido los plazos del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuyas penas son menores. Cabe preguntarse si esta línea de razonamiento por parte de los magistrados sólo se habilita cuando el imputado es un ex juez, o si son así de burdos todo el tiempo.

Ahora, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky revocó esa decisión, permitiendo que Ferro siga siendo investigado.

Amigos son los amigos

Alejandro Ferrarello fue acusado, en el marco de la causa Madaho’s, de lavado de dinero surgido de la explotación del mencionado Cabaret. En el marco de dicha investigación fue que la justicia encontró numerosas comunicaciones entre el abogado y el juez, a través de al menos dos aplicaciones de mensajería instantánea y por mail. De dichas comunicaciones surge la estrecha relación entre ambos. El no excusarse en dicha causa, fue lo que le costó a Ferro una denuncia ante el Consejo de la Magistratura ante la cual, el 1 de mayo de 2018, éste renunció a su cargo.

Pero eso no es todo: de las comunicaciones surge también que el magistrado habría tomado varias decisiones judiciales y encajonado causas de acuerdo a las solicitudes que le hacía llegar Ferrarello, quien vendía su acceso al juez al mejor postor.

Los favores

Según la sentencia de sobreseimiento, Ferro está acusado de «ofrecer asesoramiento jurídico antela solicitud de Alejandro Ferrarello, lo que incluyó anticipar los proyectos de sus votos (“Cobo”, “Anderi” y“De Narváez”), con el agravante de que lo hizo en una causa penal en pleno trámite (“De Narváez”)»; «dictado de resoluciones favorables a los intereses de María de las Mercedes Hernández Morahin, para quien Alejandro Ferrarello ejercía sus influencias indebidas sobre Jorge Ferro»; «derivar clientela, ofrecer asesoramiento jurídico y planear la estrategia del juicio de divorcio en trámite en la provincia de Tucumán (“Claypole”)»; «omitir dar cumplimiento a las leyes que delimitan la labor institucional y le exigen su inhibición fundada en la relación de amistad o familiaridad en lo personal, profesional y económico que mantenía con Alejandro Ferrarello, al actuar como juez de Cámara en la causa “Rolafa”»; «aplazar deliberadamente el trámite del expediente “Agrupar” en el que intervenía como parte actora María de las Mercedes Hernández Morahín, al ocultarlo Jorge Ferro en su caja de seguridad durante seis años hasta que fue solicitado», entre otras cosas.

¿Y el escándalo?

Que un juez federal sea acusado de estos delitos debería ocupar la tapa de todos los medios. Y que un tribunal decida su sobreseimiento, a pesar de la cantidad de pruebas que hay en su contra, también. Sin embargo, los medios locales —en especial, el Multi Ladrey— se cuidaron muy bien de publicar siquiera una palabra.

Ahora, ante la decisión de los juecesHornos, Carbajo y Borinsky el silencio sigue siendo absoluto, porque parece que, que un juez tome decisiones de acuerdo a lo que le piden los amigos y se llene los bolsillos de manera inexplicable y escandalosa, no merece siquiera una línea para la cadena de corte y pegue que hace las veces de «periodismo» en nuestra ciudad.

Jorge Ferro sigue siendo «el protegido», y no sólo por parte de sus amigos en la Justicia.