¿Puede una persona que asume un cargo público pretender estar exento de críticas? El doctor Alejandro Ferro intenta acallar, a través de demandas judiciales, a quienes no coinciden con las decisiones que tomó cuando estuvo al frente de la Secretaría de Salud municipal, o con las opiniones que expresó desde su banca de concejal. Por suerte, la justicia le dijo que no en un nuevo fallo que, básicamente, dice que, si te exponés públicamente al asumir un cargo, te tenés que bancar que la gente hable de vos.
La controversia que enfrentó a los doctores Alejandro Ferro y Gustavo Blanco —ambos ex secretarios de Salud del partido de General Pueyrredon— al respecto de las políticas de salud municipales, fue pública y notoria. Ferro, después de desempeñarse en ese cargo en el ejecutivo, asumió luego una banca de concejal representando a Acción Marplatense, función en la que aún se desempeñaba cuando Gustavo Blanco fue designado como parte del gabinete del ex intendente Arroyo. Así, fue Blanco quien tuvo que lidiar con la herencia de la gestión de Gustavo Arnaldo Pulti en salud, de la cual Ferro fue parte; mientras que a Ferro le tocó, en su rol de edil, la función institucional de controlar al ejecutivo, del cual era parte Blanco. Así, que terminaran enfrentándose de manera pública, era medio inevitable.
La cosa pública
¿Los motivos de sus diferencias? Prácticamente todos. Ambos fueron muy críticos de la actividad del otro, si bien Blanco, fiel a su estilo frontal y sincero, siempre estuvo más alejado de lo que se considera «políticamente correcto», utilizando términos más duros. ¿Lo hizo sólo con Ferro, porque tenía alguna especie de saña personal con él? No. El doctor Gustavo Blanco siempre fue una persona que se expresó públicamente de esa manera, incluso hablando de otros miembros del gabinete del que fue parte, o de referentes del PRO a nivel provincial, o de quien fuera. Sin ir más lejos, su enfrentamiento con el dibujante Jorge Tesán a través de Twitter, llegó a tomar notoriedad nacional.
Pero en este punto pareciera importante tratar de entender cómo fue que se dio esta modificación en la discusión política pública en nuestro país. Ciertamente, hace veinte años, que un político —porque, recordemos, más allá de sus títulos médicos, tanto Farro como Blanco son políticos, aunque el primero parece tratar de olvidarlo— tratara a otro de «estúpido» en un medio de comunicación hubiera sido un escándalo. Hoy, es moneda corriente. Como mucho, el doctor Blanco ha sido, en ese sentido, un adelantado.
¿Dónde empezó a darse este cambio? Probablemente en la primera época del kirchnerismo, cuando Néstor empezó a tratar de «nerviosho» a Clarín y D’Elía salía a decir barbaridades en contra de una supuesta «oligarquía». Si hoy a Javier Milei se le permite el nivel de discurso que lo llevó a la presidencia, es porque fueron precisamente los socios políticos de Ferro, el kirchnerismo —porque recordemos: Pulti iba en la misma boleta que Cristina—los que empezaron a correr los límites. Entonces, ¿de qué se queja Ferro?
Calumnias e injurias
Ya desde 2016 que Ferro viene protestando en diferentes ámbitos de la forma en que Gustavo Blanco se ha referido a él. Cuando sus quejas fueron por la vía del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, logró su objetivo: que el Tribunal Superior de Disciplina de dicho cuerpo sancionara en dos oportunidades distintas a Blanco por sus dichos.
Pero, a diferencia de lo que pasa en esa entidad de naturaleza netamente corporativa, en la Justicia lo que vale es la ley. ¿Puede una persona que asume un cargo público tener la pretensión de que no se le hagan críticas, incluso si estas no son en el tono más amable? Cuando Alejandro Ferro decidió aceptar la invitación de Gustavo Arnaldo Pulti y convertirse en Secretario de Salud del municipio, también aceptó someterse al escrutinio público. A que la gente hable de él. A que opinen sobre sus decisiones. A que hagan valoraciones sobre su persona.
Dice la justicia: «Las críticas a la actuación desempeñada por un funcionario público, incluso aunque ellas estén equivocadas, lejos de reputarse ofensivas deberían conceptuarse con la mayor estima, porque el debate público y abierto es la mejor herramienta de la que disponemos para aproximarnos en la medida de lo posible a la verdad que, como tal, es objetiva y por ello no resulta tan difícil de asir (…) El querellante no es cualquier ciudadano, sino que, según él mismo aclara en su presentación, es actualmente concejal y ocupó un cargo de relevancia en el gabinete municipal. Esta condición, no lo convierte en pasible de una suerte de calificación en su derecho al honor, sino todo lo contrario: le impone una pesada carga de tolerancia y exposición al escrutinio y las opiniones críticas de cualquier ciudadano acerca de su gestión y actuación pública».
Ferro le dice a la justicia que él, con gran sacrificio, construyó su carrera de médico y su prestigio como infectólogo, y que los dichos de Blanco lo afectan en ese sentido. Pero quien decidió utilizar justamente esa misma carrera para lograr un rédito político, fue Ferro. Él decidió, sobre la base de esa carrera y de ese prestigio, lanzarse a la política. Si se hubiera quedado en su casa y en su consultorio, nadie se la hubiera agarrado con él.
Más o menos en ese sentido se expresó ya hace algunos años la justicia penal cuando Ferro intentó acallar a Gustavo Blanco por esa vía: el juez decidió rechazar la denuncia in limine, es decir, sin siquiera abrir el expediente. Lo que le dijo, básicamente, es que las calumnias e injurias son algo que uno puede esperar cuando ocupa un cargo público, ya que incentivar el debate sobre los temas que son comunes a toda la sociedad es más importante que cuidar la sensibilidad o la imagen de una persona. Es por eso que la justicia, en general, no hace a lugar a este tipo de denuncias cuando la supuesta víctima es un funcionario público, porque es importante que todos nos podamos expresar con libertad cuando opinamos sobre lo que el Estado hace con nuestro dinero y en favor de nuestros intereses, como por ejemplo, la salud.
La justicia penal le dijo claramente a Ferro que, como todas las expresiones del doctor Blanco hacia su persona se habían dado en el contexto del debate de políticas públicas, no importaba si él se sentía ofendido, ya que prima el derecho que tenemos todos los ciudadanos de opinar sobre estos temas y sobre quienes toman las decisiones: «las connotaciones públicas aparecen en el contexto y en el sentido de las expresiones periodísticas extractadas por los querellantes, que no se limitaron estrictamente a ilustrar el desempeño del Dr. Ferro como médico, sino antes bien, como sujeto político y funcionario público», «De modo que, la vinculación de las expresiones con asuntos de interés público es notoria, dado que la cuestión siempre giró en torno a su figura pública, a la utilización política de su actividad profesional…»
Insistiendo
Pero Ferro no la entendió. Se convenció de que, si bien los dichos de Blanco no constituían un delito penal, sí le debía caber algún tipo de resarcimiento económico, así que fue por la vía de la justicia civil. Y lo que la justicia civil respondió, en un fallo que se dio a conocer esta semana es que, por un lado, uno debe esperar críticas cuando ocupa un cargo público pero que, además, esta demanda es cosa ya juzgada, porque ya hay un fallo en ese sentido en la justicia penal.
El tiempo dirá si el Dr. Alejandro Ferro decide apelar este fallo, o finalmente entiende que los elevados sueldos de los funcionarios públicos y los privilegios del poder tienen la contracara de que uno deba tolerar las opiniones sobre lo que uno hace, porque no somos siervos de la gleba sino ciudadanos que tenemos derecho a alzar la voz cuando consideramos que algún político no está haciendo las cosas como se debe. Y si te vas a ofender por lo que te dicen, mejor quedate en tu casa.
O, en este caso, en el consultorio.