En un giro poco sorprendente de los acontecimientos, el fiscal Ramiro González está haciendo todo lo posible para que se archive la causa contra Alejandro Roemmers por trata de personas.
Hace unos meses, en la nota titulada “El «staff» de Alejandro” contábamos cómo el juez Ariel Lijo intentó archivar —sin hacer el menor intento de investigar— una denuncia en contra de Alejandro Roemmers y Matías Barreiro por trata de personas. El pasado 8 de julio, la Justicia le ordenó al juez avanzar en la causa. A partir de allí, se pudieron recolectar una serie de fuertes testimonios, audios y chats. A pesar de todo ello, el fiscal Ramiro González opina que no se puede seguir avanzando porque para él hay «ausencia de delito», con lo que está propiciando que la misma se archive. El argumento del fiscal es que, más allá de las pruebas empíricas que obran en su poder, de las cuales surge claramente que varios testigos están mintiendo, él les cree porque, cuando dieron su testimonio, lo hicieron bajo juramento de decir la verdad.
Destitución
Es por esto que Roberto Oscar Mazzoni, uno de los principales impulsores de la causa, y quien logró que la misma tome estado público al valientemente expresarse en el Senado de la Nación al respecto, presentó un escrito pidiendo que se destituya al fiscal Ramiro González y que se lo aparte de la causa.
Ramiro González es un funcionario judicial que cobró relevancia mediática en dos situaciones recientes: en primer término, fue el encargado de investigar la fiesta en Olivos mientras estaba en plena vigencia la cuarenterna dictada por Alberto Fernández. Pero, además, el fiscal fue denunciado luego de que tomara estado público, a través de posteos en redes sociales, la fastuosa y millonaria fiesta que brindó con motivo de su sexagésimo cumpleaños, que incluyó hasta un show privado del cantante Cristian Castro; a partir de la cual se activaron los mecanismos de protección de la casta judicial al punto que la denuncia fue desestimada sólo unos días más tarde, sin que se recolectara una sola prueba o se citara a un solo testigo.
Este no es el primer encontronazo entre Mazzoni y el fiscal González: este funcionario judicial también estuvo, en una instancia anterior, encargado de investigar otra denuncia —relacionada con la que nos ocupa— contra Matías Barreiro en la que Mazzoni también es querellante, «causa que tuvo González dos años y no la investigó y cuando pasó al fuero Nacional en 6 meses de investigación seria, citaron a todos los testigos, aún los propuestos por el imputado, se me hizo una evaluación psicológica por el CMF y hoy está pedida la indagatoria de Barreiro; incluso solo en esa causa el 06/12/2024 se tomó en serio mi protección, se ordenó medida de prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio de Juan Matías Barreiro, respecto de este querellante y la prohibición de salidas del país del imputado, en esa causa se me protegió como víctima y se investigó».
Mazzoni denuncia un destrato continuo por parte del fiscal que se niega a avanzar con la denuncia contra Alejandro Roemmers y Matías Barreiro a pesar de que aún quedan testigos por citar y pruebas por recolectar. A pesar de las fuertes incongruencias entre las pruebas presentadas en la causa y lo declarado por los testigos en sede judicial, el fiscal Ramiro González sólo da valor a lo segundo, argumentando que «En ese sentido, he de indicar que lo expuesto por el nombrado en esta sede fue hecho bajo juramento de decir verdad, siendo que las que habrían sido efectuadas en el ámbito privado no revisten esa calidad». Según Mazzoni, el fiscal está obviando claros indicios de que los testigos están buscando cubrir a Roemmers, Barreiro y su entorno: «fueron convocados otros testigos, pedidos por la defensa de Roemmers y pedidos por esta querella, los que merecen un capítulo aparte, sobre todo porque en la valoración que hace esta querella de sus relatos surge primero que parece que se estuvieran defendiendo, segundo graves inconsistencias y un claro aleccionamiento, un discurso moldeado para intentar eximirse ellos de responsabilidad y eximir a los imputados, situación que resulta frecuente en este tipo de testigos cuando se investiga este tipo de delitos y los que el Fiscal ha hecho la vista gorda de modo permanente, porque como dije, las pruebas que presento de audios y chats no fueron como ante él bajo juramento de decir verdad, realmente un disparate».
Dando vueltas
Quien brindó más detalles al respecto de esta denuncia en una entrevista para la FM 99.9, fue la abogada Karina Bacci, quien patrocina al denunciante Mazzoni.
«Nosotros, en función de los últimos pasos que se dieron en la causa, nos vimos ya en la obligación de tener que formular una denuncia ante la Procuración. Si bien es un tema que nosotros nos lo veníamos planteando hacía tiempo, porque había desplegado actitudes a lo largo de la investigación que para nosotros no eran acordes a lo que tenía que ser su actuación, es como que siempre uno prefiere mantener la calma, estar en buenas migas o tratar de estar alineados desde algún lugar. Pero hay cosas que terminan superando la intención que nosotros tuvimos en su momento como querella», aseguró.
El punto que colmó la paciencia de los querellantes fue que «a principios de este año se terminaron de producir pruebas bastante importantes. Quedaban pruebas por producir, pero se produjeron declaraciones de unos testigos de identidad reservada en la causa, que realmente para nosotros fueron contundentes y lo que refirieron respecto de los hechos investigados eran de una gravedad extrema. A raíz de eso, después de la feria, pedimos el llamado indagatoria de tres de los cinco imputados. Contemporáneamente con eso, las defensas de dos de esos imputados pidieron los sobreseimientos. La instrucción se encontraba delegada desde agosto del año pasado en la fiscalía. Entonces el juez le pasó la causa al fiscal y hace una semana el fiscal sacó un dictamen en el que no dijo nada, pero dijo de todo porque se la devuelve al juez, —lógicamente, porque son decisiones de mérito que tiene que adoptar el juez, tanto si fuera un llamado indagatoria como si fuera un sobreseimiento de los imputados, que lo plantearon — pero dentro de ese dictamen hacía un comentario: que se produjo prueba en función de lo ordenado por la cámara y que de esa prueba no surgió absolutamente nada para la investigación. Y sin decirlo directamente, propició un archivo por inexistencia de delito nuevamente».
Para Bacci esto significa que se avanzó en un archivo en esta causa como había propuesto el juez Ariel Lijo inicialmente: «sin decirlo, propicio un archivo de modo expreso, tácticamente lo que está diciendo es si comparte el temperamento adoptado anteriormente por el juez; archivar por inexistencia de delito. El fiscal entiende que no hay delito. Nosotros entendemos no sólo que hay delito, sino que está por lo menos en el grado de llamar a una indagatoria, el estado de sospecha claramente existe, más allá que yo entiendo que es mucho más que un estado de sospecha lo que existe en esta causa».
No es una causa sencilla y se están tocando intereses muy grandes no sólo por la influencia de Alejandro Roemmers sino también por su llegada política: «en la causa se investiga la trata de personas y el suministro de estupefacientes. Estas declaraciones en Cámara Gesell de los testigos, fueron testigos propuestos por la querella, pero que previo a que declaren en Cámara Gesell, fueron entrevistados por el programa de rescate de víctimas de trata que emitió informes súper contundentes sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encontró esta gente, sobre la posibilidad de la comisión de los delitos conexos a la trata, que uno de ellos, y el más común, es la promoción de la prostitución. Es decir, se dio todo un contexto en el que lógicamente, y a raíz de eso sí dijo que estaban en condiciones y que podían ser tomadas las declaraciones en Cámara Gesell. Los testigos, a medida que se los va interrogando, van como reviviendo situaciones y recordando situaciones».
Queriendo sacar el medio a un fiscal que no cumple con su trabajo como Ramiro González, la abogada estableció una comparación respecto de otra causa que está cursando en paralelo: «algo que es sumamente importante para mi representado, para Roberto Mazzoni, es que de esta causa que había desprendido otra, que en su momento la llevó Ramiro González, el mismo fiscal, y en dos años no hizo absolutamente nada. Era una causa por abuso sexual. En esos dos años no tomó una sola medida, la durmió, mandaba oficios, hacía cosas claramente que no eran actos impulsorios. Y la Corte decidió que esa causa tramite en el fuero nacional en el mes de junio del año pasado. Se fue al fuero nacional, se tomaron todas las testimoniales, se hizo toda la prueba, incluso se hicieron las pericias psicológicas a través del Cuerpo Médico Forense, y la fiscalía ya pidió la indagatoria del imputado. Las diferencias entre un foro y el otro, entre un fiscal y el otro. Tuvo dos años una causa dormida, en seis meses pudo resolverla y hacer un pedido de indagatoria. Y acá seguimos en esta causa, seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, tratando de favorecer a personas que me parece que en el marco y en el contexto de la causa no están favorecidas por las cuestiones que se develaron en la causa».
La bochornosa actitud del fiscal Ramiro González está perfectamente alineada con la intención que tuvo en su momento el juez Ariel Lijo de archivar esta causa sin investigar. Alejandro Roemmers tiene mucha protección. Habrá que ver si algún actor del Poder Judicial finalmente se atreve a ponerle el cascabel al gato.