Declara Pulti | El exintendente Gustavo Pulti declara sobre las particulares condiciones en las que se concesionó el Hotel Provincial: un negocio redondo, exento de impuestos y con ventajas de carácter retroactivo. No puede explicar de dónde sacó la idea, pero reconoce que no le hizo caso a nadie. Ni al contador.
La historia comienza en 2008, cuando después de varios intentos fallidos, el Gobierno bonaerense anunció haber encontrado inversores para recuperar el Hotel Provincial de esta ciudad. Los nuevos concesionarios se presentaban como un grupo, pero incluíana la cadena hotelera internacional NH, y –cuándo no- a Florencio Aldrey Iglesias. Todos se habían comprometido a desembolsar casi cien millones de pesos, para devolver a la actividad el histórico establecimiento, que había permanecido cerrado durante casi diez años.
Daniel Sciolihabía sido el encargado de la firma del decreto que adjudicaba el hotel durante 30 años, y que incluía, además, opción a otros 15. La beneficiada era la firma Hotelera del Mar, cuyos directivos anticiparon sus intenciones de reabrir el hotel antes de fin deese año.
Pero el grupo inversor, cuya propuesta era de 91.770.400 pesos, había sido el único oferente en la licitación. Si bien otras empresas internacionales habían demostrado interés en hacerse cargo del hotel, pronto desistieron debido a los altos costos que implicaría poner en condiciones las instalaciones del edificio de 1948, obra del arquitecto Alejandro Bustillo. El entonces intendente municipal, Gustavo Pulti, explicó que se había dado “un paso más en el camino de una Mar del Plata de doce meses al año”. Lo que no dejaba en claro era que el suculento acuerdo liberaba a Aldrey del pago de las tasas impositivas, bajo el argumento de que fuera un estímulo para la importante inversión que tenía por delante.
El proceso licitatorio ya había recibido algunas objeciones: se advertía que el pliego no cumplía con las debidas escalas en comisiones legislativas, y también se discutía la estrecha relación de Scioli con Aldrey Iglesias, que preside el multimedios compuesto por el diario La Capital y el hotel Hermitage.
Para entonces, el edificio histórico-cuya imagen exterior no puede ser alterada- había sido remozado en toda su fachada, con una fuerte inversión a cargo del Gobierno provincial.Sin embargo,permanecía cerrado desde el 28 de diciembre de 1998, cuando, a causa de la falta de pago de un canon, la Provincia logró que la Justicia ordenara desalojar a la concesionaria anterior, Empresa Hotelera Americana.
Desde entonces se intentó la venta y la concesión del edificio en cuatro oportunidades, todas con resultados negativos por falta de interesados.
La timba
El verdadero negocio era el casino del Hotel Provincial, que se reinauguró en enero de 2014. Por entonces, la sala de juego contaba con seis mesas de ruleta, dos de blackjack y dos de punto y banca, además de 150 máquinas tragamonedas de última generación.
En febrero de 2016, Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires decidió cerrar el casino deAldrey Iglesias, y según se decía, se hacía por orden de la Gobernación. Los argumentos se centraron en una serie de irregularidades, pero para ese entonces, ya se había anulado la exención de tasas para el Hotel Provincial, y se habían clausurado cuatro locales en la rambla. La mina de oro se venía abajo. Además, Lotería y Casinos habían dado la orden de retirar aquellos 150 tragamonedas del casino que controlaba Iglesias. Según se decía entonces, la orden resolvía el traslado al Hotel Sasso, porque el casino del hotel de los gastronómicos tenía los papeles en regla.
Ahora le ha tocado el turno al exintendente Gustavo Pulti de dar explicaciones acerca de las razones por las cuales se produjo la adjudicación en estos términos. Las preguntas las lleva a cabo el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2, y se enfocan en poner en claro las razones por las cuales el titular de la empresa licitatoria fue eximido de pagar tasas impositivas.
Pulti respondió realizando un extenso recorrido acerca de la suerte que habían corrido otros bienes de preservación patrimonial en el partido de General Pueyrredon. Dijo que estas cuestiones habían sido materia de análisis, controversias y también polémicas en toda la historia del partido, particularmente después del retorno de la democracia.Explicó que en el primer gobierno después que retornó la democracia, la evaluación de la protección de los bienes de interés patrimonial estaba en un estadio preliminar, y que, por ejemplo, la ausencia de políticas de Estado había significado que en la última etapa del primer gobierno democrático, fuera demolida la denominada Villa María, de calle Bolívar y Entre Ríos: ”Ese chalet extraordinario, histórico, fue demolido después de un fuerte clamor público en sentido contrario, y se hizo allí primero una playa de estacionamiento con piso de arena de conchillas, y después un bingo”.
Vendiendo humo
Relató que quienes estuvieron en desacuerdo con esa demolición se habían topado con la ausencia de normas y registros eficaces en la administración pública de los bienes de interés patrimonial. Y que luego, narraba, empezaron a emanar desde diferentes sectores políticos iniciativas que intentaban amparar -desde el interés público- propiedades de dominio privado. “Así surgieron compensaciones urbanísticas para evitar la demolición de esos chalets”,dijo, a la vez que explicaba quejunto a la exconcejala de otra bancada, María Rosa Solsona, impulsaron y dirigieron una iniciativa al Congreso de la Nación para lograr una ley que modificara el Código Civil e introdujera restricciones al dominiode las propiedades con interés patrimonial.Si bien su moción no prosperó, Gustavo Pulti aseguraba que de diversas maneras, los diferentes intendentes buscaron estrategias para proteger los bienes privados que forman parte del patrimonio cultural,con más o menos éxito.
A continuación refirió, como caso particular, el pésimo negocio efectuado con la llamada Casa del Puente, en cuyo caso desgravaron las contribuciones de 19 propiedades en la sucesión de la familia Lago, con el único fin de preservar la Casa del Puente, que era una de ellas. Pero encima, la municipalidad desembolsaría una importante suma para cuidar de esa propiedad, que seguiría perteneciendo al dominio de su propietario.
Al referirse precisamente al Hotel Provincial, el exintendente dijo que cuando asumió, el inmueble llevaba 12 años cerrado, y que las recovas estaban tapiadas, porque se usaban para exhibir cartelería de propaganda. “Nos pareció imprescindible contribuir a la decisión política del Gobierno de la provincia de auspiciar una nueva etapa para el sector”, argumentaba. Pero ¿cómo era que iban a contribuir?
Explicó que antes ya había habido un llamado a licitación sinoferentes, lo cual hacía que el inmueble siguiera abandonado. Y que esta exención de impuestos no es la única manera de ofrecer una compensación económica a quien está llamado a realizar inversiones importantes en el patrimonio histórico de la ciudad, sino que además algunas veces se procede a autorizar la construcción por encima del código de ordenamiento territorial, para lograr una “mejora mensurable de la rentabilidad posible de un proyecto inmobiliario”, dijo.
Hasta acá todo sonaba como hecho a la medida. El problema vino cuando la abogada le preguntó en qué otros casos se había puesto en marcha una exención impositiva similar. El exintendente debió reconocer que nunca. Nunca había pasado algo similar, por más que son muchas las propiedades de alto interés cultural que hay en la ciudad. Por supuesto que se justificó diciendo que tampoco había otro lugar parecido al Provincial, que hubiera llegado a ese nivel de deterioro, que necesitara semejante inversión y que hubiera sido objeto de una licitación fallida. Pero lo cierto es que no había pasado jamás. Agregó que pretender proteger el hotel sin pensar en el sostenimiento económico de la propiedad era una verdadera “necedad”.
La respuesta no satisface, porque las autoridades saben exactamente adónde va: el tema es la razón por la cual la exención de impuestos a la empresa adjudicataria se otorgó con carácter retroactivo, por más que el Contador Municipal no hubiera estado de acuerdo. La respuesta del exintendente fue un tanto autoritaria: dijo que el decreto había tenido un recorrido administrativo normal, que había merecido diferentes dictámenes, pero que además no todas las opiniones resultaban para él vinculantes. Lo cual significa decir yo no estoy obligado a darle bolilla a todo el mundo.El problema es que esta persona a quien él no se sentía obligado a tener en cuenta en su opinión era ni más ni menos que el Contador Municipal: “el responsable de la administración debe tomar la decisión que estime más conveniente”, no obstante insistió.
De todas maneras, su forma de salir por la tangente fue la esperada: este gobierno municipal actual tampoco le hace caso al contador, dice:“no han sidoestrictos en el seguimiento de los consejos”, ya que afirma se han realizado igualmente pagos observados.
Una vez más, el exfuncionario comunal, llamado a dar explicaciones sobre sus decisiones en deterioro de las arcas municipales, responde como si nadie pudiera cuestionarle nada. Como si las novedades del Tribunal de Cuentas que lo obliga a responder por sus errores, no le importaran. Como si junto al patrón de los hoteles, alguna vez hubiera soñado ser el otro zar de la ciudad.