Magistrados al Vaticano | Mientras arma viajes a Roma, el amigo del Papa es procesado por haberse quedado con maquinaria de un taller textil clandestino. El trabajo esclavo fue la excusa, y la encíclica papal, el documento de respaldo. Algunos jueces deben de estar locos.
Un grupo de jueces, secretarios judiciales y fiscales federales se reunieron en una quinta en Moreno con el legislador porteño Gustavo Vera y sus colaboradores más cercanos. Según afirmó Vera, el fin era avanzar con el laudatismo judicial, aludiendo a la encíclica papal Laudato Sí, la ecológica y moderna exposición de doctrina católica actual, que de alguna manera tiene que ver con la justicia. La llamada encíclica verde es amplia, se refiere al cuidado de la casa común, la importancia del acceso al trabajo, y la defensa de los aborígenes. Entre otras cuestiones, en el capítulo III titulado Raíz humana de la crisis ecológica, destaca: “Los hombres estamos llamados al trabajo desde nuestra creación (…) No debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal”.
Resulta que la fundación La Alameda – que preside Vera- es la base de una agrupación política llamada Bien Común, título tomado de la frase de cabecera que utiliza Su Santidad. Pero además, organiza una serie de cumbres Laudato Si, en las que se convoca a sindicalistas, políticos y magistrados, afines a sus ideas. Entre ellos se encuentra el juez Ariel Lijo, quien comparte su predilección papal junto a Daniel Rafecas.
Es decir que – entiéndase bien- Laudato Si es la plataforma que usó Vera para organizar la comitiva de jueces argentinos que viajó al Vaticano a participar de un encuentro sobre la lucha contra el narcotráfico en junio pasado. El juez que cerró los discursos de argentinos fue Ariel Lijo. Además, el amigo del Papa logró que Rafecas fuera invitado a un evento organizado por el Pontífice el próximo mes de noviembre. ¿Qué tal?
La cocina
La versión oficial dice que se juntaron porque buscaban organizar un encuentro de jueces: el que se realizará el próximo 16 de diciembre en la Legislatura porteña. Allí estará también monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, el titular de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, que es hombre de confianza del papa Francisco.
Pero lo que se dice sotto voce es que el verdadero propósito del encierro culinario fue continuar la línea de trabajo de aquel encuentro Vaticano de jueces contra el crimen organizado, al que Casanello y otros magistrados ya asistieron en junio. Al próximo van Daniel Rafecas, María Servini de Cubría y Sergio Torres. Por eso, todos juntos comen y beben, incluso cuando se trata de funcionarios judiciales que deben investigarse entre sí: Rafecas y la fiscal Ochoa tienen la causa contra el camarista de Casación Juan Carlos Gemignani por la detención de una secretaria de ese tribunal. También son quienes investigan supuestos aprietes de Casanello denunciados por Lázaro Báez.
Mientras tanto, las cosas parecen complicarse para el amigo del Papa, porque resultó denunciado e imputado por malversación de bienes del Estado: máquinas textiles que habían sido incautadas después de un procedimiento de supuesto trabajo esclavo. En octubre de 2015, había sido allanado un taller de costura, y tras bombos y platillos, se vendió como un triunfo más en la lucha contra el trabajo esclavo. Pero a la vuelta de las cosas, empezó a parecerse más a un entramado judicial que favorecía la apropiación de maquinarias y telas. El asunto condujo a la imputación de Gustavo Vera, ícono de la lucha contra la trata de personas y la servidumbre laboral, y de Julio Piumato, ex titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Por si fuera poco, el conflicto amenaza con llevar ante el Consejo de la Magistratura al juez Ariel Lijo.
Todo comenzó aquel 8 de octubre: un miembro de la Policía Federal Argentina caminaba por el barrio de Once. Todo el mundo sabe que allí las calles están atestadas de puestos exhibiendo mercadería ilegal. Pero él se detuvo precisamente en la galería Center Once, de avenida Corrientes 2641. Allí, en los locales 23 y 24 encontró mercadería de procedencia confusa: las remeras de equipos de fútbol argentinos que eran exhibidas en el local podrían no ser originales.
Tras una rápida acción judicial, un agente de la División Defraudaciones y Estafas de la PFA llegó disfrazado de comprador, averiguó que las remeras eran confeccionadas en un taller clandestino, y consiguió la dirección. Como resultado, lo allanaron el 1 de diciembre.
Como no tenía nada más urgente que hacer, el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N° 4, decidió abrir un expediente de oficio contra los ciudadanos bolivianos titulares del taller: Faustino Mamani Chinche y su mujer. Estaba tan apurado que ni le avisó al fiscal. Una comisión de la Prefectura Naval Argentina irrumpió en el lugar, y confiscó 19 máquinas para la confección de prendas de vestir, tres rollos de tela de jean color azul, 200 jeans color negro terminados, 270 jeans negros casi terminados, 775 pantalones semiterminados en color azul, 180 pantalones de jean celeste en proceso de fabricación, 180 pantalones de tela mimetizada, 730 cortes de tela de jean negro, 720 cortes similares pero de tela azul y 90 carreteles de hilo. Las camisetas de fútbol que habían motivado la causa no estaban. Ni siquiera había tela de camiseta, pero los dueños fueron detenidos por disposición judicial.
También había allí otras once personas, todos de nacionalidad boliviana: los que trabajaban en el taller. Ellos habitaban en diez piezas, y el operativo consideró que estaban en condiciones de hacinamiento y con poca luz natural. Los propios empleados dijeron que sus jornadas laborales iban desde las 08:00 hasta las 17:00 horas en algunas ocasiones, y hasta las 19 en otras. Declararon además que desayunaban y almorzaban en sus lugares de trabajo, y que la comida era cocinada por la dueña, Reyna Calizaya, y servida por Faustino Mamani.
Las máquinas
Faustino Mamani Chinche y su mujer permanecían detenidos, mientras el juzgado le ordenó a la Gendarmería que se hiciera cargo de la custodia del taller y de todo lo que se encontraba en su interior. Pero unos días después, Gustavo Vera y Julio Piumato presentaron ante el juzgado de Lijo un escrito para que les entregaran las máquinas y prendas secuestradas. Para convencer al magistrado, invocaron “(…) la trayectoria que ambos tenemos en la protección de los trabajadores y los grupos sociales más desprotegidos”. Además, recordaron sutilmente que la Fundación La Alameda “ha demostrado experiencia y trayectoria en realizar emprendimientos de esta naturaleza”. Reclamaron que se los nombrara depositarios judiciales de las prendas, los retazos y la maquinaria textil.
No quedaba claro cómo habían hecho para enterarse de la existencia de esas máquinas y mercaderías, y ellos contestaron que existían convenios con los juzgados para que les informaran sobre los allanamientos a talleres clandestinos. Lo que no explicaron fue por qué la justicia privilegiaba informar a algunas organizaciones y dejaba de lado a otras.
El 23 de diciembre pasado, el juez Lijo ordenó que le fuera entregado a Vera y Piumato -en calidad de depositarios judiciales- todo lo incautado en el procedimiento, pero no había aún una sentencia firme que lo permitiera, y la ley es muy clara al respecto. Pero incluso en el error, el ser depositarios no les daba derecho a hacer uso de las máquinas y mercaderías.
Entonces, y para resolver el inconveniente, Vera y Piumato pidieron al juez que se les autorizara a firmar un contrato para que esos elementos fueran entregados en comodato a dos entidades de la Curia argentina: la Parroquia de Caacupé, que depende de la Vicaría para las Villas del obispado porteño, y el Hogar Cristo Gaucho Antonio Gil, que depende de la Vicaría de San Martín. Citaron como fundamento un pasaje del documento Laudato Si, donde se indica: “ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo”. El juez aceptó.
Pero el abogado Alejandro Kim, defensor de Mamani, denunció al titular de La Alameda y al secretario general de los judiciales por el delito de malversación de caudales públicos. En su escrito, Kim dejó constancia de que no se trataba de un hecho aislado, sino de una forma de proceder de un grupo en el que se ven implicados jueces y fiscales. Dijo que, con la excusa de combatir el trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires, se apropian de bienes de los comerciantes textiles.
El abogado de Mamani Chinche apeló ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, y acusó a los funcionarios de lo que llamó el fórum shopping. Como resultado, la Sala II se expidió a favor del dueño: los jueces dictaron la falta de mérito para la causa de los textiles bolivianos.
Al revocar lo actuado, le quitaron el manejo de la causa a Lijo, y la enviaron nuevamente a sorteo para que quedara en manos de otras autoridades judiciales. La orden indicaba devolver inmediatamente la totalidad de las máquinas y materiales incautados.
Tras el nuevo sorteo, la cosa recayó en el Juzgado Federal 8, de Marcelo Martínez de Giorgi, quien debía cumplir con lo indicado por la Cámara. El magistrado ordenó a Gendarmería devolver todo lo secuestrado a Mamani, es decir que Piumato y a Vera debían devolver el material que les había dado Lijo. Lo hicieron un mes después, pero devolvieron casi todo: había un faltante de maquinarias y de telas. Más precisamente, no devolvieron la máquina Juki motor 213579, y otra marca Sunstar motor C1610023. Además, se verificó que faltaban 127 pantalones negros, 380 jeans azules, 380 piezas semi armadas azules, otros 16 de color negro en igual condición y 40 pantalones mimetizados.
La cuestión es que, al ser depositarios judiciales, no pueden disponer de los bienes que siguen siendo del Estado, en tanto no exista una sentencia que dictamine a dónde van a ir a parar de manera definitiva. Lo que pasó en realidad con la maquinaria se investigará en una nueva causa, que cursará en el Juzgado Federal 11 a cargo de Claudio Bonadío, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, bajo una carátula de malversación de caudales públicos. El juez Bonadío busca ahora corroborar si es cierto que los imputados devolvieron máquinas textiles que no eran las de Mamani, sino otras más viejas y con los números limados.
Mientras tanto, hay una carpeta que contiene el detalle de las fallas procesales en las que incurrió Lijo, y que deberá ser presentada en el Consejo de la Magistratura, para que ese cuerpo la evalúe. El amigo del Papa, en tanto, no parece preocupado, y resuelve las cosas a la manera argentina: con un asadito.