Trabajadores del pescado | Un abogado local presentó un hábeas corpus en favor de los trabajadores del pescado que permanecían encerrados por la policía en la sede del Ministerio de Trabajo. Reclamaban la regularización de sus puestos de trabajo, y terminaron presos detrás de un vallado.
El grave conflicto que se había iniciado dentro del saladero Argenpesca, que se trasladó luego a la delegación loca del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y volvió al Parque Industrial, demostró la precariedad laboral con que se desarrollan ciertos sectores de la producción dentro del Partido de General Pueyrredon.
Ahora todo el protagonismo queda en la figura del letrado Julio Hikkilo, quien interpuso ante el juez un hábeas corpus reparador con habilitación de tiempo inhábil, con el fin de intervenir en la injusta situación que se viene suscitando en la sede del Ministerio de Trabajo de esta ciudad, en su edificio de Luro 3490.
La presentación obligó a la jueza de Garantías del Tribunal Nº 3 Rosa Frende a hacerse presente en el lugar mencionado y disponer las medidas para resguardar los derechos de los trabajadores afectados. El abogado considera que fue gracias a esta intervención judicial que se frenó el posible desalojo violento, que ya estaba planeado contra los obreros, e indica que la próxima semana se convocará a una audiencia a todas las partes para llegar a una solución integral del conflicto.
Según el relato del documento legal, los trabajadores se encontraban encerrados en la sede del Ministerio de Provincia de Buenos Aires de esta ciudad junto con sus familiares, lo cual implica una grave restricción de su libertad física, que hacer ver amenazada la seguridad e integridad psicofísica. Hay un vallado policial instalado en la puerta del edificio, que impide el libre ingreso y egreso al lugar.
El proceso por el cual se llegó a esta situación data del mes de diciembre del año 2014, cuando un grupo de trabajadores de la firma Argenpesca S.A. inició un reclamo laboral: solicitaban a su empleadora que se registraran sus contratos y el pago de los haberes adeudados. Ellos trabajaban para esta empresa en el parque industrial de Batán, a través de una pseudo cooperativa de trabajo que los vinculaba en forma precaria, y por esa razón sus contratos no se encontraban legalmente registrados, en una clara violación a la normativa vigente.
A nadie escapa que es común en el sector de la pesca en esta ciudad explotar a los obreros a través de falsas cooperativas, creadas y manejadas por empresarios inescrupulosos que sólo buscan así evadir impuestos y abaratar costos laborales. Pero también es evidente que esto no sería posible si esta situación no fuera tolerada por el Estado, y por diversos funcionarios con competencia en la materia.
El justo reclamo se funda en que si los trabajadores en cuestión estuviesen registrados legalmente, gozarían de los beneficios que otorga la relación de dependencia y dispondrían de la prestación por desempleo. De lo contrario, ante una situación de injusticia, los empleados se encuentran en un estado de absoluta vulnerabilidad.
Las víctimas
Los más de cien trabajadores reclamantes no habían obtenido ninguna respuesta de la patronal, razón por la cual solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo Provincial y del Nacional. Pero las instituciones mencionadas no realizaron los esfuerzos necesarios para dar una solución integral al problema laboral y social: las familias continuaban desamparadas.
Es por esto que los obreros decidieron permanecer pacíficamente en la sede del Ministerio de Trabajo Provincial, a la espera de una respuesta de las autoridades pertinentes.
Pero esas autoridades, lejos de protegerlos y asistirlos, procedieron a abandonar la sede y trasladarse a otro sitio, como si el futuro de tales personas y las familias reclamantes directamente no fuera de su competencia. Se fueron a otro lado.
Claro está que el Ministerio de Trabajo es el ámbito natural donde se debe canalizar y resolver la cuestión planteada por los obreros, y es el organismo que tiene competencia y las herramientas legales para hacerlo.
A partir de este éxodo de los funcionarios y empleados del ministerio, llegó al edificio el personal de la policía provincial: en una actitud arbitraria e ilegal, los agentes de las fuerzas de seguridad instalaron vallas de hierro frente a la puerta, y de esa manera impusieron la fuerte presencia como un modo de impedir el libre ingreso y egreso de los trabajadores a ese lugar. No se sabe quién dio la orden ni con qué fin: sólo que desde ese momento, los trabajadores se encontraban privados de su libertad personal ambulatoria.
El abogado dijo en su informe, con el fin de dimensionar la gravedad de la situación: “Se nos informó que se impidió a un cura realizar una misa en el lugar para dar contención espiritual a las víctimas de esta situación. Con ello trasformaron lisa y llanamente la sede del ministerio provincial en una cárcel”. Para completar esta postal, digna de un sitio donde las libertades individuales no existen o parecen no importarle a nadie, cabe agregar que no solamente había allí trabajadores, sino que también permanecían encerradas mujeres embarazadas y niños, que durante este tiempo no recibieron ningún tipo de atención.
La autoridad administrativa con la anuencia y el apoyo policial estaban poniendo en riesgo la salud psicofísica de todos los cautivos. Dijo el abogado en su petición: “Es imperioso que se ordene el retiro de cualquier medida tendiente a restringir la libertad personal de los trabajadores que se hallan en el ministerio esperando que vuelvan sus funcionarios, y a brindar atención alimentaria y sanitaria a los trabajadores y su grupo familiar, que están siendo afectados”.
La solicitud de hábeas corpus indica textualmente, que el abogado hace responsable directamente al Estado por las consecuencias que este sometimiento pueda tener sobre la salud de todos ellos. La presentación indica que en el caso de que el petitorio sea rechazado, se hace expresa reserva de interponer el recurso federal, porque el letrado considera que están en juego derechos constitucionales y otros de igual jerarquía, incluyendo el derecho de acceso a la justicia: “Asimismo, por incluirse en esta acción derechos consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica, hago expresa reserva de recurrir por ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos”, agrega.
A través de esta acción de hábeas corpus, el abogado solicita que se ordenen las medidas necesarias para garantizar la libertad, la seguridad integral de los afectados, el efectivo ejercicio del derecho de peticionar, además de garantizar su libre circulación, ingreso y egreso de los afectados dentro de la sede del Ministerio de Trabajo. A la vez, solicita que se ordene retirar el vallado existente.
Considera indispensable Hikkilo que se oficie a la Municipalidad de General Pueyrredon, a la Provincia de Buenos y al Estado Nacional, para que arbitren las medidas pertinentes para resolver el reclamo de los trabajadores. Solicita para eso que se ordene la inmediata atención material, alimentaria y sanitaria a los trabajadores y su grupo familiar.
Buenos muchachos
Pero con todo lo expuesto, han quedaron a la vista las miserias de un sistema de contratación siniestro, porque también se debe tener en cuenta que Ceferino Namuncurá -la cooperativa en la que se origina el conflicto- es presidida por Rubén “Pomelo” Guerrero, quien aportaba personal al saladero desde hacía 15 años. Pero dicen quienes están en el tema, que el aporte no es más que el recorrido diario y puntual de colectivos con los que recluta gente por Otamendi, Miramar, Mechongué, Batán y la periferia marplatense: una agencia de colocaciones de trabajos temporarios en negro, bajo la pantalla de la cooperativa.
“Pomelo” es un aportante indispensable de manifestantes políticos para el oficialismo. Dicen que es buen contacto de Rodolfo “Manino” Iriart, a quien le aportaría tropas para actos diversos.
Pero más allá de eso, la verdad es que quienes padecen esta precariedad laboral indican que trabajar en cada una de estas falsas cooperativas de trabajo es como una escena calcada, gracias a la falta de vigencia de los derechos laborales: siempre es trabajo esporádico, sin cuentas claras, donde muchas mujeres están un día descabezando anchoítas, y otro juntando papas o frutillas. A los hombres también los llevan a descargar cajones de corvina en el invierno fangoso del Río Salado, o lo que vaya surgiendo.
Los que podrían controlar a “Pomelo” Guerrero no hacen nada, o sacan provecho de su relación. Daniel Sosa, por ejemplo, que es el director de Fiscalización y Control Pesquero bonaerense, es a su vez uno de los hombres claves de Iriart en el puerto, y no ve nada. Y los trabajadores precarios reclutados por “Pomelo” se contentan con tener un jornal a cambio de lo que sea, porque no conocen otro sistema de relación laboral que el que se les ofrece.
Ellos no hacen cuestionamientos porque saben que las cosas son como son y que no hay ninguna posibilidad de quejarse: a la vista está cuáles son las consecuencias de plantar bandera en el ministerio y pedir ser tratado como una persona.
Parece que los titulares de la cooperativa falsa, entre tanto, amasaron una enorme fortuna porque se ahorraron el pago de cargas sociales, obra social, vacaciones, aguinaldo a las más de 200 personas que ocuparon durante los últimos 12 años. Su contador, Eduardo Dehaut, es el mismo que presta servicios para otro marplatense ilustre: Amado Boudou.
Pero lo más grave es que en todo este tiempo, el Estado no preguntó nada. Nadie reclamó por los derechos de esos trabajadores.
Casa vez que esto sucede, la triste evidencia asalta por la fuerza la carátula de la presentación legal aunque nunca las primeras planas de los diarios: hay funcionarios del Estado que deberían controlar que los trabajadores reciban el trato que corresponde. Son los que deben conocer la norma, ya que no es posible pedir que sean los mismos trabajadores quienes se hagan cargo de la responsabilidad del reclamo legal. Ellos mismos, los únicos que hagan méritos para no volver a quedar encerrados.
