Un operativo de ocultamiento se hace evidente en el tema de las licencias apócrifas de conducer, que sigue conmoviendo a la ciudad. Varios funcionarios municipales deben de estar involucrados, porque si no, hubiera sido francamente imposible otorgarlas.
Ya hace cuatro años desde que se inició por primera vez la investigación por el sistema ilegal de licencias de conducir. Mucho después, fueron elevados a juicio oral tanto integrantes del personal de la división de Licencias de Conducir, Manejo Defensivo y Accidentológico, como su director. Sin embargo, el encubrimiento por parte del intendente Gustavo Pulti y sus funcionarios se ha vuelto más que evidente.
Al menos, esa ha sido la conclusión de los fiscales intervinientes, al tener en sus manos las pruebas recabadas en el expediente 4865/11, a las que se suman las declaraciones de los dos arrepentidos, Rubilar y Burgos.
Para comenzar, ninguno de los funcionarios municipales colaboraró nunca con la denuncia ni con el esclarecimiento de los hechos investigados: han demorado tres años y un mes en iniciar el sumario administrativo interno para determinar la responsabilidad de quienes se desempeñan en la municipalidad. Y es absolutamente falso que ellos mismos hayan sido mentores del expediente.
Como se recordará, el hecho policial se inició con la detención de Martín Alejandro Casas, el 9 de marzo de 2011. Lo expuesto consta en la causa penal 4865/11, cuando Casas asistió a renovar su licencia de conducir en las oficinas de Roca e Independencia, se pudo verificar que tenía en su poder planillas originales, con firmas aparentemente apócrifas de los médicos del servicio municipal. Pero en ese momento, el director del Departamento de Transporte y Tránsito no inició el sumario administrativo interno. Recién el 2 de diciembre de ese año, Guillermo Iglesias se presentó a declarar en la causa penal, pero tampoco aportó pruebas para encontrar a los responsables internos de la defraudación. Ni aun sabiendo que existía un circuito irregular de documentación apócrifa que producía un perjuicio fiscal inmediato a las arcas del municipio, se hizo nada en el momento: la oficina de otorgamiento no fue intervenida en 2011. Esta situación sólo es explicable a través de una palabra: encubrimiento. El encubrimiento que la gestión del intendente Pulti realizó de este sistema paralelo de licencias de conducir, tal como se refleja en un expediente administrativo que se inició en marzo de 2013, y finalizó en octubre de ese mismo año.
En su conclusión, llamativamente, se liberó de toda responsabilidad en aquellos trámites ilegales a una gran cantidad de empleados del área. Por ejemplo, los que otorgaban licencias sin el previo pago de las multas pendientes.
El sumario
El expediente del 2013 indica en su resolución: “…al día de la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la Dirección General de Transporte y Tránsito en relación a ninguno de los 4 oficios librados, razón por la cual esta Instrucción no ha tenido a la vista la documentación solicitada a los fines de la sustanciación del presente sumario administrative”. También se mencionan la desidia y encubrimiento de la gestión municipal actual, al expresar en el punto VIII de la resolución, respecto a Guillermo Iglesias, que el funcionario estuvo requerido a prestar declaración testimonial, pero sin éxito: “el nombrado funcionario no ha concurrido ante esta Instrucción”.
Llamativamente, seis meses antes de la detención de los funcionarios y empleados de la División de Licencias de Conducir, en el sumario administrativo que se había iniciado tardíamente, y por causas ajenas a la persecución penal del año 2011, Silvia Forconi declaraba el sobreseimiento de los empleados del área. Pero después, el allanamiento y la detención repentina de los funcionarios, que fue realizada por los fiscales en 2014, representaron un golpe fuerte a la estructura montada para el sistema paralelo de licencias de conducir: esto obligó al intendente a iniciar un nuevo sumario administrativo por medio del expediente 1438/2014, aunque fuera para salvar las apariencias.
Claro que la pregunta sería por qué no se continuó con el sumario administrativo que ya se había iniciado en 2013. Y del mismo modo, por qué se intervenía ahora la División de las Licencias de Conducir, si unos meses antes su personal había resultado sobreseído. Una hipótesis válida es que la sumariante los hubiera sobreseído sin tener en cuenta que la persecución penal iniciada por la policía y la fiscalía en 2011 descubriría definitivamente el hecho de corrupción más grande que se hubiera registrado en la ciudad.
No obstante, la sospecha de la fiscalía se mantuvo en firme: semejante sistema paralelo e irregular de licencias no se puede haber sostenido sin el conocimiento de los funcionarios superiores. Por esa razón, en la causa penal 5775/15, se ordena ahora investigar a Gustavo Pulti, al actual presidente del Concejo Deliberante Ariel Ciano y a los funcionarios responsables del área de licencias y seguridad, Adrián Alveolite y Guillermo Iglesias.
Como indica el artículo 277 del Código respecto del delito de encubrimiento, se reprime con prisión de seis meses a tres años a quien encubre un delito en el que no ha participado. El encubrimiento puede consistir tanto en ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad,como a sustraerse de su acción, ocultar, alterar o hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o también ayudar al autor o partícipe a ocultarlos.También se aplica a quien adquiera, reciba u oculte dinero, cosas o efectos provenientes de un delito, así como a quien no denuncie la perpetración o no señale al autordel crimen ya conocido. También queda incluido en esta figura legal todo aquel que ayude al autor a asegurar el producto o provecho del delito. Las penas se agravan cuando el autor es funcionario público.
El delito
Tal como viene acontenciendo, la investigación arde en las manos de cada uno que la tiene cerca. No hace demasiado tiempo que el fiscal general Fernández Garello había anunciado que la investigación no iría más allá del director de la División, y este semanario se aventuró a pensar de quiénes serían los nombres que no deberían salir a la luz, aunque no había que ser demasiado sagaz para imaginarlo.
La situación también se había vuelto particularmente incómoda para los concejales: la Justicia les reclamaba a ellos un informe de resultados que no tenían, ya que la auditoría de la Dirección de Licencias responde al Ejecutivo, que es quien debía firmar los datos una vez normalizada la oficina.
Presuntamente se habrían detectado un total de 7.031 licencias truchas, lo que representó una defraudación a la administración pública de $ 3.222.189. En este momento debería haber miles de personas imputadas por defraudación al erario público debido a la cantidad de multas que dejaron de pagar, y a raíz de irregularidades en los exámenes médicos, teóricos o prácticos, que no se hicieron de acuerdo a las normativas vigentes. Deberían ser intimadas, para que por lo menos se presenten y paguen las multas pendientes. Las licencias que se consiguieron en forma irregular deberían ser anuladas, a la vez que sus titulares tendrían que tramitar un nuevo registro cumpliendo con todos los requisitos administrativos y legales.
Por ahora, los empleados imputados siguen suspendidos sin goce de haberes porque el hilo se corta por lo más fino. Los 18 empleados municipales involucrados dependen de un decreto del intendente, que dispuso que todos fueran suspendidos sin goce de haberes hasta que finalice el juicio penal; los otros 7 detenidos fueron particulares sin relación de dependencia. Actualmente, con arresto domiciliario sólo permanece Juan Carlos Belmonte, que se desempeñaba como titular de la División Licencias de Conducir.
Pero ellos siempre se cubren: desde que los efectivos de Prefectura allanaron las oficinas del Distrito Descentralizado El Gaucho, donde resultaron detenidas 25 personas, entre ellas 17 empleados municipales, el jefe comunal de General Pueyrredón se apuró a convocar a conferencia de prensa, y confirmar que entre los involucrados había funcionarios municipales de carrera de distintas jerarquías, pero no funcionarios políticos. Era evidente que a alguien le había soltado la mano, pero alguien más podía seguir protegido.
Oportunamente dijo: “La comunidad puede tener la tranquilidad de que se trató de un operativo previsto y que la municipalidad ha procurado que se concrete en todo este tiempo”. Con respecto al modus operandi, Pulti precisó que la asociación ilícita estaba integrada por personas que estaban adentro del municipio y otras que no, y que funcionaba como una dependencia en una estación de servicio cercana en la que se hacían trámites secundarios.
Obviamente, los beneficiarios de estas licencias irregulares eran personas que tenían dificultades para tramitarlas por falta de exámenes psicofísicos, porque tenían multas o porque, simplemente, no estaban en condiciones de conducir. Pero sin duda que entre los titulares habría también algunos poderosos que ni siquiera se quisieron molestar en concurrir a la oficina, porque tenían los contactos suficientes para no hacerlo.
Ahora bien, ya se sabe que de ese total de registros falsos, 5.384 correspondieron a conductores particulares, y 1.647 a profesionales del volante, lo cual representa un peligro aun mayor. Se habían detectado un total de 566 multas impagas, cuyos registros se emitieron salteando ese paso, y 56 licencias otorgadas sin completar el examen médico: por falta de revisión, o conductores que resultaban inhabilitados para el manejo, sin cumplimentar la junta médica solicitada o con la firma del médico adulterada.
Además, se emitieron 811 registros sin que sus titulares hayan rendido el examen teórico, y 6.439 sin haber aprobado el práctico. ¿Alguien pude creer que no había nigún poderoso poniendo su anuencia para que esto pasara?
Esta ciudad no ha registrado en su historia un hecho de corrupción más grosero y evidente. Nunca, uno que implicara a tantas personas ni oficinas. El encubrimiento es un hecho. Ahora se verá hasta dónde están dispuestos a llegar los señores de Tribunales.¿Habrá alguien más que lea el expediente mientras aprieta en un bolsillo un registro de conducir reluciente y baratísimo?