Tráfico de drogas | El fiscal Rodolfo Moure apeló la decisión del juez de garantías Roberto Errandonea, por la que había declarado nula la requisa de un auto en Balcarce. El procedimiento en cuestión había arrojado un resultado ampliamente positivo: 90 dosis de LSD, pero el juez consideró que resultaba injustificada. Dijo que no era necesario.
Para él no era urgente ni necesario. Para él no era suficiente con que la policía dijera que había cacheado a los que estaban en el coche por encontrarlos en una actitud sospechosa. Para él nada de esto vale nada, y ni siquiera sirve que se haya recibido una llamada al 911, que por supuesto fue anónima. La llamada tampoco vale. Él declaró nulo el procedimiento completo porque dijo que la policía no tendría por qué haber revisado a las personas ni al coche. Contra esto se pone de pie el fiscal Moure en su presentación de apelación.
El juez de garantías Roberto Errandonea había llegado al dictado de la nulidad que aquí se cuestiona porque consideró que ”la ausencia de una sospecha razonable para realizar la interceptación tira por tierra la legalidad del procedimiento, resultando claramente injustificado, no respondiendo a las exigencias de razonabilidad (…)”. Está diciendo que no había razón para requisar el auto, pero con una redacción tan defectuosa que hasta necesita traducción.
A propósito de lo expuesto, el fiscal Moure apela la decisión, y se afirma de manera fundamentada en lo siguiente: “Discrepo respetuosamente con el criterio sustentado por la Sr. Juez de Garantías, considerando que las circunstancias del caso habilitaban al personal policial a proceder por razones de necesidad y urgencia al haberse acreditado un estado de sospecha previo”. En primer lugar, Moure considera que la decisión nulificante resulta prematura, ya que a su criterio no había tanto apuro en anular todo el procedimiento, a escasas horas de haberse producido, cuando aún no se había producido toda la prueba. Expone que si el juez consideraba que era inviable la detención de los imputados, debería haberlos liberado, y permitir que la fiscalía finalizara las medidas de prueba que ya había ordenado realizar. De hecho, los resultados de las medidas de prueba fueron recibidos en la fiscalía el 17 de abril a las 8:30, es decir sólo 24 horas después de que se anulara todo el procedimiento, y antes de que Moure fuera notificado de la nulidad decretada.
En segundo término, de la lectura del acta de procedimiento surge que las personas que ocupaban el rodado fueron cacheadas preventivamente, y no requisadas. Como consecuencia de esa medida se encontró la droga en cuestión. Es decir que dicho hallazgo ya autorizaba al personal policial a actuar de urgencia, y entonces sí requisar el coche en el que se desplazaban los acusados. Más claro…
Además agrega el fiscal: “Entiendo asimismo que se ha interpretado erróneamente la normativa legal vigente, en cuanto a que el vehículo en el que se desplaza una persona resulta asimilable al domicilio en cuanto su inviolabilidad. El único bien amparado por la inviolabilidad normada por el art. 18 de la C.N. es el domicilio”. Esto es, que no corresponde considerar a un automóvil como comprendido dentro del concepto de domicilio, y no es posible extender la protección constitucional que merece el domicilio de una persona a su vehículo. Para sostener lo antedicho, presenta jurisprudencia que sienta el necesario precedente.
Era urgente
La apelación fundamenta que la actuación policial tuvo su origen en las facultades legales, y que el secuestro de la droga respondió a una actuación no sólo prudente sino además necesaria del personal policial. El vocablo “urgente” -que habilita al personal policial a realizar requisas sin orden judicial- debe ser entendido como sinónimo de “necesario” a los fines de la investigación. Dice Moure: “No advierto que sea descabellado considerar sospechosa la presencia de un vehículo con tres ocupantes en su interior que aguardan en la vía pública por largo espacio de tiempo, considerando que era en horario nocturno y en la ciudad de Balcarce, donde la presencia de personas en la vía pública en esa franja horaria es bastante reducida”. Tampoco considera que hubiera debido desecharse el llamado al 911 por no identificarse la fuente, ya que la mayoría de los avisos que se reciben en la central de emergencias resultan ser anónimas, debido a la falta de compromiso ciudadano.
Lo expuesto justifica la concurrencia al lugar de personal policial, y también la identificación de los ocupantes del coche, a lo que siguió el posterior cacheo preventivo. La requisa del auto se produjo una vez que se había encontrado droga en poder de uno de sus ocupantes. Debe considerarse entonces que la requisa es una medida mediante la cual se examina el cuerpo de una persona -o su ámbito- con el fin de secuestrar cosas relacionadas con un delito, que se sospecha están ocultas. Es decir que la requisa no tiene un fin en sí misma, sino que busca sostener el secuestro de cosas relacionadas con el delito: ”Por último -y a modo de conclusión- diremos que las razones de urgencia y estado de sospecha previo que excitaran la intervención policial en el caso que nos ocupa, resulta ser una cuestión que en última instancia deberá ser planteada y discutida en el debate”, explica, apoyándose en que así lo ha dispuesto la Cámara Nacional de Casación Penal. Por lo expuesto, el fiscal solicita que sea la Cámara de Apelación y Garantías quien revoque la decisión de Errandonea.
Ya en una entrevista reciente brindada en la 99.9, el fiscal Rodolfo Moure se explayó sobre la decisión del juez de garantías, que pretende invalidar el operativo donde se habían encontrado más de 90 dosis de LSD: “La decisión generó mucha indignación social. Habíamos propuesto un proyecto para crear un observatorio judicial, para que los concejales pudieran tomar cartas en el asunto”, indicó el fiscal. Para lograr su propósito, Moure no dudó en recurrir a la ayuda de quienes tienen responsabilidades en la Provincia: “sería muy importante que los legisladores provinciales de la Quinta Sección Electoral empiecen a pedir estadísticas del funcionamiento de la justicia local y provincial. No es tan difícil, y es la única manera de ver cómo está funcionando todo”, agregaba.
Mientras tanto, los funcionarios de la fiscalía siguen trabajando para que la droga no penetre en distintos sectores de la costa atlántica: “estamos tratando de impedir el ingreso de droga en Santa Clara y otras localidades de la costa, como así también interceptar vehículos que pudieran llevar droga. Estamos haciendo operativos en Ruta 2 y 11, y encontramos droga en muchos vehículos. Aunque son cantidades pequeñas, están en tránsito”.
Si bien no han encontrado cargamentos importantes, saben que están generando cortes en la cadena de producción y venta: “generalmente no pasan las dosis de consumo. En muchos casos encontramos flores de marihuana porque estamos en época de cosecha. Está circulando mucho menos cocaína, lo que se puede dar por un alto valor y otras cuestiones”.
Moure habló además sobre la necesidad de ejercer controles especiales en el caso de las fiestas electrónicas: “cuando hacíamos operativos en fiestas electrónicas, el 95% de lo que encontrábamos era éxtasis, y era muy poca la marihuana y cocaína. De eso depende el operativo de seguridad que se debe armar, y la prevención desde el área de salud pública”.
Los reclamos
El intendente de Balcarce, Esteban Reino, también se refirió a lo comentado por Moure, y recordó: “se hizo un procedimiento donde se detectó una cantidad no acostumbrada para nosotros. Después, por una decisión judicial, se indicó que se había invadido la esfera de actuación en el procedimiento, y se declaró nulo”. En ese sentido, el intendente reclamó: “los jueces tendrán que poner más sentido común que la aplicación lisa y llana de una ley que se puede interpretar de mil formas. La manera de interpretarlo no puede estar siempre a favor de quien delinque, sino estamos en el camino equivocado”.
Sobre el pedido del fiscal para generar un observatorio judicial, agregó: “estamos evaluando en qué consiste. Habría que empezar a ver otro sistema de elección de magistrados con mayor control ciudadano; caso contrario, la policía hace los procedimientos con las pocas herramientas que tiene, y después terminamos así”.
Por otra parte, agregó: “reclamamos la designación de un juez de garantías para Balcarce, porque no son lo mismo los hechos acá que en Mar del Plata”. Explicó que actualmente no hay control alguno de aquellos que son liberados, y que considera que eso no puede suceder: “cuando se libera a una persona, el único control que existe es ir una vez al mes a firmar a la comisaría, después no hay ningún tipo de control. Está demostrado que la mayoría de los que salen vuelven a delinquir”, concluyó el intendente.
Indignados
La indignación es evidente, y surge de que cuando Rodolfo Moure solicitó la detención de Jorge Andrés Gravagna, Sebastián Ezequiel Requena y Martín Alfredo –los que el pasado 15 de abril fueron interceptados en un vehículo marca BMW en la ciudad de Balcarce con 93 microdosis de LSD y 5,45 gramos de marihuana y una balanza de precisión-, Errandonea había decidido que no. Dijo: “tras una primera lectura de las actuaciones, existen irregularidades en el accionar policial que revisten singular gravedad por su afectación a derechos y garantías trascendentales, tales como el debido proceso, la defensa en juicio, la intimidad personal y la inviolabilidad de la propiedad”. Y aquí agrega: “sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia”.
El juez parte de considerar inapropiado hablar de “actitud sospechosa” como motivo suficiente para que arriben los policías, menos aún para el cacheo que lleva a la requisa del vehículo. Por esas razones es que el juez de garantías resolvió oportunamente declarar la nulidad del procedimiento detallado, y por lo tanto de los actos que son su consecuencia necesaria. Entendió que no puede sostenerse la urgencia necesaria para que la policía actúe sin orden de un juez. Dispuso la libertad de los detenidos, poseedores y vendedores obvios de más de 90 dosis de ácido.
Y después no entienden que la gente se enoje: el profundo descreimiento social en los procesos de la justicia es creciente, pero ellos también, se compran todos y cada uno de los números a la venta.