La ciudad repentinamente se encontró llena de agentes de seguridad de todas las fuerzas. Pero parece que para que deje de ser una de las más inseguras del país, a sus gobernantes tendrá que ocurrírseles algo mejor que las fotos para la prensa, evidente estrategia preelectoral. Nadie les cree nada.
“Con estos temas, ya estoy desahuciado”, fue la frase más tremenda, y se escuchó ante el micrófono de la 99.9 en la entrevista a Miguel Gómez, presidente del Foro de Seguridad de la municipalidad local. Convencido de la inoperancia de todas las medidas que se hacen públicas por los más diversos medios, evidenció su descreimiento, a la vez que demostró con números que la llegada de los gendarmes entre bombos y platillos no suma nada a una ciudad que es zona liberada.
Primero fue el amague de la policía municipal fallida. Luego, patrulleros que se entregan y su destino es incierto, unas comisarías móviles con un funcionamiento poco claro, y encima la promesa de unas cámaras de seguridad sin operadores ni tecnología, cuya escasa eficiencia ya ha sido probada en otras ciudades del país.
El presidente compara este show con los Operativos Sol, montados para la prensa. Explica que los patrulleros siguen siendo el problema: sucesivos convenios de descentralización para la entrega de móviles que luego carecen de mantenimiento y combustible.
Pero parece que todo lo necesario va a llegar ahora, antes de la fecha de las elecciones y hasta el día siguiente a la votación. “Ojalá hubiera elecciones todos los años”, dice Gómez, “ya que estas cosas son consecuencia de la demanda electoral, y no social”.
Llegaron vehículos, pero según indica el presidente, “todo lo que llega es para reemplazar lo que está destruido y no para crear nuevas unidades, ya que no hay un recurso humano para conducirlo”: Mar del Plata crece en población, y sigue teniendo la misma cantidad de policías que hace quince años. “Los patrulleros están atados con cinta Scotch,” afirma, “y se les sigue dando $1.500 por vehículo en combustible, una cifra idéntica a la del 2005. Evidentemente no se han enterado de que la nafta aumentó”, y tampoco saben que los vehículos actuales requieren mucho más combustible que los VW Polo de aquellos años. No hay un presupuesto que sustente los cambios el aceite, los filtros, pastillas de frenos, correas, cosas que llevan los autos que funcionan.
Hay otros municipios que han tomado otro tipo de decisiones, según comenta, porque cuando se visitan otras ciudades se ven vehículos nuevos, como en San Isidro, en Almirante Brown, en Miramar, que carga cantidades suficientes de combustible a cada móvil. “Acá no llegamos al cuarto de tanque que se requiere para que la bomba de nafta se mantenga refrigerada”.
Las camionetas policiales son patrimonio municipal, y están en comodato en la fuerza policial. La municipalidad debería mantenerlas, “pero es una tomada de pelo constante, uno ya no sabe qué pensar”, afirmó Gómez “Parece que cuatrocientos años después los ciudadanos siguen comprando espejitos de colores”.
El temor
Las estadísticas más recientes indican que no hay nada que preocupe más al ciudadano argentino que la inseguridad, lo cual resulta más que lógico: ¿qué puede pasarle que sea peor que perder la vida? Nada, ni la falta de trabajo, ni de dinero, ni la crisis permanente y casi endémica. Nada es peor que no poder vivir.
Un 82% de la población reconoció en una encuesta que ése es su mayor problema, contra un 60% que lo hacía en 2005. La razón también es matemáticamente medible: un 83,1 % de los encuestados reconoce que ha sufrido por lo menos un hecho delictivo, y de ellos, el 38% lo ha padecido en el curso del último año. ¿Alcanza? Seguro que sí, pero también es cierto que una parte importante de los afectados ya no realiza la denuncia pertinente, porque ha concluido que narrar lo sucedido ante un escritorio de comisaría es perfectamente inútil, lo cual hace que los registros de hechos delictivos no sean lo suficientemente precisos. Los consultados agregan que las denuncias no son una medida conducente, ya que las víctimas no se atreverían a realizar un reconocimiento de los delincuentes implicados, porque temen a las represalias que pudiera ocasionar para ellos y sus familias. Parecen decir: “si antes nos robaron, cuando los reconozcamos nos buscarán para matarnos”, ya que no hay nadie que evite que esto suceda o que limite el poder que tienen los delincuentes violentos.
En este estado de cosas despierta la ciudad, un día de una época pre eleccionaria, y encuentra que hay dos gendarmes apostados cuadra por medio, y una serie de vehículos policiales en puntos estratégicos, componiendo una postal escenográfica. Los gendarmes son nuevos en la foto, entonces se pasean como mirando el horizonte, convenciendo a los votantes de que están supervisando los movimientos del barrio, cuando en realidad la Ley Nacional de Seguridad Interior dice explícitamente que una fuerza de carácter federal no puede intervenir en una detención por un delito que no sea de su competencia. Es decir que, ante un ataque flagrante a una persona cualquiera, la Gendarmería requeriría que la policía bonaerense se hiciera presente en el acto, para que ese operativo tuviera valor legal. De lo contrario, cualquier abogado penalista apelaría a la falta de legalidad de esa instrucción, y sacaría al delincuente en menos tiempo del que lleva completar su ficha de datos.
El paso siguiente es elucubrar: ¿creemos que la Bonaerense estará presta a colaborar con la Gendarmería, y con el grupo Halcón, que también está haciendo sonar su fanfarria por los arrabales atlánticos? Se cuenta que los vecinos del barrio Juramento vieron hace pocos días cómo los muchachos pertrechados del Halcón burlaban a los amodorrados bonaerenses, y les gritaban cosas. Instantes después la camioneta destartalada salía de la zona, a la vez que un efectivo enarbolaba su reglamentaria por la ventanilla con un gesto amenazante. ¿Sabrán los ciudadanos de la ciudad en qué clase de lío quedarán sumergidos una vez que las fuerzas que parecen irreconciliables empiecen a enfrentarse por el dominio de los tejes y manejes que abundan en la periferia? ¿Ya ha previsto estas cuestiones el jefe de la policía de la provincia Hugo Matzkin, que se instaló en Mar del Plata con el plan de controlar el delito?¿Piensa que va a hacer que todos convivan, como si se tratara de colectivos absolutamente descontaminados?
El abogado penalista Martín Ferrá se presentó a intentar dialogar con el jefe visitante, preocupado por los planes descriptos, pero sólo logro que lo atendiera el jefe de turno. Relató sus experiencias, y completa: “es tal el nivel de pudrición que tiene el sistema de la provincia… Pero la responsabilidad no es sólo de la policía, porque ellos no se forman solos”. La responsabilidad de la situación actual, obviamente, atañe también a la Justicia: “si un delincuente no se resocializa en la cárcel, menos aún se va a resocializar en la calle, con una nueve milímetros en la cintura”, agrega. Ferrá opina que el tema es el altísimo índice de desestimaciones de causas en la justicia penal, por la pésima instrucción de esos procesos. Es decir que tenemos funcionarios que tienen título de abogado, pero su nivel de formación es tan precario que no saben cómo se escribe la carpetita famosa que hace que un ladrón quede preso, por ejemplo. Los abogados penalistas –obviamente- leen un poco más, e inmediatamente aprenden qué es lo que deben escribir para cobrar el canon por la libertad del asaltante.
“El ministerio público tiene que hacerse cargo”, dice Ferrá, después de que se aclara que la Fiscalía General en los últimos quince años no ha hecho más que demostrar una profunda incapacidad para llevar adelante su trabajo, y sus asistentes no han podido aprobar un concurso dignamente. Ferrá abundó en datos, narrando que la inoperancia llega al punto tal, que el propio depósito del edificio de Tribunales de Mar del Plata fue robado, y volvieron a la calle un número indeterminado de armas que provenían de allanamientos judiciales. Nadie dio a conocer cuáles eran esas armas, ni calibres, ni números de serie, ni siquiera la cantidad exacta del faltante.
Maldita
Pero claro que ante la crisis, las miradas vuelven a las fuerzas de seguridad, primer eslabón de la catástrofe, y también a las anécdotas que se cuentan todos los días en la calle. Narran la manera con la cual el delito parece ser un departamento más de la Bonaerense, que es casi una pandilla armada preparada para participar de los ilícitos, y reclamar su parte.
El abogado Andrés Barbieri, en entrevista con Noticias & Protagonistas, afirmó que no le queda ninguna duda acerca de la manera en que la policía decreta las zonas liberadas de la ciudad, y de la existencia de “traidores a la fuerza”, que participan de bandas mixtas. “Estamos ante una policía desmadrada y sin autoridad”, agregó. Recientemente el fiscal Adler reconoció que hubo en la ciudad siete secuestros extorsivos en los últimos días, y a propósito de esto, afirma Barbieri: “no me cabe duda por el modus operandi, de que hay fuerzas policiales participando. Fíjese que después de cometer los hechos incendian los autos, en una clara demostración de que buscan borrar las huellas, lo cual es prácticamente un sello policial similar al del caso Cabezas”.
“Hay una banda de forajidos que hoy nos está controlando, y está involucrada en la mayoría de los delitos”, disparó. Y para cerrar el relato del dolor, vaya la situación vivida por una vecina de la ciudad, que fue asaltada en su casa. Los asaltantes le dijeron que ya sabían que había oprimido el botón antipánico, por lo cual tenían 10 o 15 minutos para toda la operación. Luego de esto, uno de los asaltantes recibió una llamada telefónica que la señora alcanzó a escuchar. Del otro lado del teléfono, la voz desconocida dijo: “che, estamos a cinco minutos, así que apúrennse”. No hace falta más.