Jubilaciones fraudulentas | La justicia no renovó la preventiva a los dueños de la Asociación Jurídico Previsional. Ahora quedan a disposición del TOF, que se va a constituir el día del arquero. Un discapacitado real esperó 27 años la sentencia para jubilarse. Estamos locos.
Todos en la ciudad están enterados de que había un estudio de abogados en la calle Juan B. Justo que se dedicaba a gestionar beneficios previsionales a quienes no los merecieran. Y que hasta tenía en sus instalaciones un consultorio médico sin habilitar, y diversas conexiones con funcionarios del Estado que permitían que llevaran a cabo toda clase de estafas al erario público. Todos lo sabían, pero nadie se sorprendía porque nadie cree que la justicia argentina sea capaz de medir con la vara correspondiente.
Después de un tiempo que ha excedido ya los dos años, el titular del Juzgado Federal N° 3 debe decidir si los imputados Roberto Balbuena, Luis Miguel Irós y Luciano Diez Suarez, todos bajo prisión domiciliaria, seguirán en esa situación, u obtendrán la excarcelación en el marco de la causa. El acusado Rubén Cagni quedó fuera de esta decisión por haber obtenido la libertad en una instancia anterior: ni preguntemos cómo. En la causa también se menciona la participación de María Gabriela Iros, Daniel Alberto Nicolás, Rosana Arata, José Ricardo Caliyuri, Miguel Norberto Coelho, Fernando Daniel Fernández, Daniela Andrea Livi, Ariel José Fati, Luis Alberto Funes, Néstor Rodrigo Jones, Alejandro De la Torre Kriskovich, Ramón Gerardo Tula, Marcos Bravo, Ángel Matías Nicoló, Eduardo Moyano, Juan Miguel Martínez Campoy, Marcelo Eiras, Ricardo Scalise, Juan Carlos Soria, Gustavo Domínguez, Nazareno Di Giovanni, Gabriela Biribin, Rodolfo Barone, Miguel Ángel Marcello, Fernando Biesa y el abogado Seri, pero en un grado de responsabilidad menor al de que quienes dirigían la asociación delictiva.
La investigación había partido de una denuncia efectuada por la ANSES ante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social del Ministerio Público Fiscal de la Nación, UFISES. En el curso de tales ilícitos, prestaron colaboración los imputados, pero aún no se descarta la participación de algún otro miembro o funcionario de la ANSES, de AFIP, o de alguna otra dependencia del Estado. La nutrida pata médica de la banda se ocupaba de fraguar incapacidades psíquicas o físicas.
Esta asociación ilícita tramitaba beneficios jubilatorios falsos: utilizaban empleadores también falsos o sin actividad comercial activa, y simulaban vínculos laborales con supuestos empleados, citando períodos de prestación laboral sobre los cuales nunca se habían realizado los aportes. Presentaban declaraciones juradas extemporáneas, y declaraban remuneraciones muy elevadas. Alteraron registros de AFIP, utilizaron documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la ANSES que en el sistema aparecían como extraviados, y demás.
Pudo corroborarse la irregularidad de la operatoria de este estudio, con un denominador común: cada uno de sus clientes se presentaba declarando falsamente haber brindado servicios para ciertos empleadores, es decir, que se declaraban servicios apócrifos a través del sistema del AFIP, mediante la presentación de declaraciones juradas extemporáneas: incluían el número de CUIT de ciertos empleadores que no les habrían realizado los aportes adecuadamente.
Cambio de situación
La organización Jurídica Previsional estaba integrada por los nombrados, cuya situación procesal cambió —según indica el juez— desde el momento en que la prisión preventiva fue prorrogada: el 9 de junio pasado, la causa fue elevada al TOF, es decir que, ahora, los prisioneros se encuentran detenidos a disposición del tribunal, que no puede constituirse porque se encuentra incompleto. Dos de sus miembros se han jubilado, y el juez Roberto Falcone se ha excusado de actuar en la causa porque conoce a alguno de los profesionales acusados, o a todos. Algo similar, sucede con el fiscal Juan Manuel Pettigiani.
“Que esta investigación se haya desdoblado implica que disminuya la escala de la pena a aplicar”, dice el juez. Y, como los acusados llevan ya cumplidos dos años de prisión preventiva —porque están detenidos desde abril de 2018—, ya pueden haber excedido la pena en expectativa. ¿Será de Dios?
Otra de las razones que se tiene en cuenta para la liberación, es verificar si los acusados podrían entorpecer el proceso, en este caso, obstruir el testimonio de algunos de los testigos o de los beneficiarios de las jubilaciones apócrifas. Al juez le parece que no.
Tiempo atrás, los jueces dieron por probado que en ese estudio jurídico funcionaba, además, un consultorio médico sin habilitación cuyo objetivo era lograr dictámenes favorables por parte de la Comisión Médica Nº 12. Era así como elevaban el porcentaje de invalidez, para lograr un mayor beneficio por parte del Estado. Cuando un cliente iniciaba un trámite en la UDAI bajo la intervención de los abogados Cagni e Irós, se falseaban relaciones laborales con empleadores inexistentes. El cliente aducía alguna patología con certificados médicos firmados por Funes y Jones, y luego era evaluado por personal médico de la Comisión Médica Nº 12. Allí, se le terminaba otorgando un porcentaje de incapacidad que, en la mayoría de los casos, no alcanzaba el que la ley exige para habilitar la pensión. Cuando era denegada, los abogados apelaban el dictamen ante la Comisión Médica Central en Buenos Aires, que también la negaba. En ese marco intervenía la Cámara Federal de Seguridad Social, que solicitaba a los juzgados federales que el beneficiario fuera visto por un perito médico oficial, o de un centro médico público. El hospital público que intervenía era siempre el Hospital Interzonal local, donde Ariel Fati emitía dictámenes como supuesto perito, y elevaba el porcentaje de incapacidad inicial. Este complejo entrapado es lo que argumentan los fiscales cuando piden que sigan presos: son personas que pueden obstaculizar cualquier cosa, y tienen medios económicos para hacerlo. Pero bueno.
Asociación ilícita
Para la fiscalía, la prisión preventiva debe prolongarse, por un lado, por la magnitud de la estafa, la gran cantidad de casos implicados y, por consiguiente, por el gran volumen dedinero a recuperar, ya que se trata de una asociación ilícita integrada por 25 personas de las cuales dos declararon como arrepentidos, sin olvidar que algunas de ellas son funcionarios públicos. La investigación patrimonial, en tanto, deberá seguir un curso paralelo porque es posible que aún no se hayan descubierto la totalidad de los bienes que pertenecen a quienes se han enriquecido a través de estas complicadísimas y tan sofisticadas maniobras fraudulentas. Es decir, ganaron muchísimo dinero. Pero muchísimo. No piensan restituirlo.
La cuestión es que, para el juez, el fiscal no ha sumado ningún elemento nuevo que justifique la prorroga a la prisión preventiva. Las excarcelaciones fueron concedidas con una caución personal de dos millones de pesos en el caso de Cagni, Balbuena y Diez Suárez, en tanto que se estableció una caución de diez millones para el abogado Irós, que siguió facturando.
Mientras todo esto sucedía, un caso paradigmático de los representados por Irós que llegaba a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le daba la razón a un damnificado, más de veinte años después de que, efectivamente, mereciera haberse jubilado por invalidez. El pobre Antonio Ciancaglini había perdido una pierna en un accidente de trabajo ocurrido en 1993, y le vienen negando el beneficio porque parece ser que el marco legal cambió, y al señor no le alcanzaban los aportes suficientes como para jubilarse. Una vez que tiene un cliente a quien le corresponde la invalidez por razones más que valederas, parece ser que, justamente a éste, el estado no le paga. A esta carpeta la dejó dormir, porque quizá no habría tanta plata en juego como en un beneficio delictivo.
Por todo lo expuesto, el juez ha considerado que no encuentra nuevas razones para que sigan detenidos, “sin perjuicio de que continúen detenidos a disposición exclusiva del Tribunal Federal Oral de Mar del plata”, que se va a constituir el día del arquero. Porque hay que encontrar dos jueces nuevos para ese sitio, y encima dos que estén dispuestos a juzgar a una banda de abogados que se hicieron ricos con plata del Estado, y que debe repartir. Porque, si son amigos, no pueden actuar. No queremos decir que sean todos amigos… pero podría ser. Así, en potencial.