La larga y compleja causa contra una banda que se apropiaba de inmuebles empieza a dar resultados: Bovati y Crisóstomo fueron condenados en un juicio abreviado
El modus operandi era así: esta banda identificaba inmuebles cuyos titulares, o bien habían fallecido, o bien parecían haberse desentendido del bien, ya que no pagaban impuestos sobre los mismos durante varios años. Luego, falsificando documentación, lograban «blanquear» los mismos y lograban venderlos. Las personas estafadas, muchas veces, recién se enteraban del fraude cuando intentaban vender el inmueble, o cuando aparecían los verdaderos propietarios o herederos legítimos. La banda cayó por un error: quisieron llevar adelante esta maniobra con una propiedad cuyo dueño aún estaba vivo.
Un poco de historia
En una entrevista para la FM 99.9, el fiscal David Bruna dio detalles sobre esta investigación que inició en su momento el también fiscal Javier Pizzo y que implicó la confección de un enorme expediente judicial.
«Esta investigación se inicia en el año 2016, más o menos hacia el año 2020 ya estaba elevada a juicio, después de que pasara bastante agua bajo el puente», comentó Bruna. «La tuvo a cargo mi colega, el fiscal Javier Pizzo, con una investigación que fue bastante complicada en sí por la cantidad de inmuebles y de información que hubo que recabar: se llegó a tener un expediente de más o menos unas 8000 fojas, algo bastante considerable, pero realmente se pudo terminar de desentrañar esta organización y poder llevar a juicio a todos los integrantes de esta banda.»
En esta semana, luego de un juicio abreviado, se llegó a la condena de siete años y ocho meses de prisión para Adrián Alfredo Bovati y cinco años para José Luis Martínez Crisóstomo.
«Estas dos personas son las que hasta ahora han celebrado abreviados y que estaban un poco a cargo. A Bovati lo consideramos el jefe de la organización, y Martínez Crisóstomo era un poco su mano derecha», aseguró el fiscal. «Pero la banda estaba conformada por más personas: más o menos, se llevaron a juicio a 16 o 17 personas. Ya varios de ellos, especialmente las personas particulares que resultaban beneficiarias en la adquisición fraudulenta de estos inmuebles, han celebrado acuerdos de suspensión de juicio a prueba a cambio de la reparación del daño, esto significa, retrotraer el estado jurídico anterior del inmueble obtenido ilegalmente. Y en otros casos puntuales, también se celebraron juicios abreviados que ya fueron ratificados anteriormente. Actualmente, de la situación de todas las personas, nos quedarían por resolver el de unas cinco personas que hasta ahora han optado por ir a juicio oral, que se va a celebrar a mediados de abril de este año.»
Una banda compleja
El fiscal David Bruna también brindó detalles sobre la complejidad de esta organización: «Hay agrimensores, un escribano que también es parte de una investigación por separado que se está haciendo, un funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble de La Plata, que era en cierta medida el nexo de esto, e incluso una persona del círculo familiar directo de Bovati involucrada. Y tres abogados más que, hasta ahora, con relación a ellos, no se ha celebrado ningún acuerdo abreviado y bueno, han optado por el juicio oral. También ya ha sido condenado el imprentero que confeccionaba los folios, los oficios y los sellos falsos. Eso se determinó y se celebró un acuerdo de juicio abreviado.»
El funcionario judicial también explicó por qué a estos abogados que están a la espera de juicio no se les ha suspendido la matrícula: «En general, el Colegio de Abogados exige condena firme para excluirlos de la matrícula. Por lo pronto, no estarían ejerciendo, pero no están suspendidos. Y hasta que no quede firme la sentencia —que la sentencia indica la imposición de la suspensión de la matrícula de manera efectiva—, los tribunales propios del Colegio de Abogados no suspenden.» Al respecto de las personas condenadas, y la actitud de los colegios profesionales, dijo: «Deberían proceder. Es algo que no escapa a nuestro ámbito, pero por lo menos, los Colegios de Abogados, deberían proceder. Pero esto también tiene otra arista, que eso tendrían que responder los colegios, que es que a veces, el trámite de las sanciones disciplinarias es bastante engorroso y lento, con sistemas recursivos. A veces, a los colegios departamentales imponen sanciones, pero son apeladas ante el Tribunal de Apelación Interno del Colegio de Abogados en La Plata y ahí suelen demorar demasiado. Pero bueno, eso ya escapa de nuestra mano. Lo que sí, la sentencia impone la exclusión de la matrícula de los abogados.»
Al respecto de los demás acusados, Bruna reveló que se espera llevarlos a juicio el próximo 13 de abril, en un debate que va a ser arduo y complejo: «Este caso es bastante extraordinario por la cantidad de operaciones y la forma en que operó la banda. Se aprovechaban obviamente del acceso directo que tenían a las instituciones, pensemos que acá incluso se han fraguado expedientes judiciales. O sea, se han inventado expedientes judiciales sobre los cuales basar oficios con firmas falsificadas de jueces o de secretarios de jueces civiles, y folios de seguridad con los cuales se registraron en el Registro de Propiedad Inmueble. Fue algo bastante elaborado durante bastante tiempo y lograron hacerse de una gran cantidad de inmuebles: se investigaron y se pudieron determinar hasta el momento unos 50 inmuebles que se apropiaron, y en todos la característica que tenían en común, es que eran inmuebles, o de personas fallecidas, o de sociedades que estaban inactivas. Muchos de ellos eran propiedades rurales e incluso algunos de considerable extensión; otros que eran inmuebles urbanos, pero que la característica particular era que después nadie reclamaba porque eran bienes que estaban prácticamente vacantes. Saltó porque cometieron un error en un caso en donde luego se inscribió una medida cautelar de una persona que sí estaba viva y que tenía a su cargo el inmueble y un día preguntó «¿Qué es esto?». Y bueno, y a partir de ahí se pudo empezar a desentrañar esto.»
Para dar una dimensión cabal de la magnitud de estas maniobras, Bruna mencionó algunas características que tendrá el juicio: «Algunos testigos del juicio son los jueces, generalmente de juzgados de paz, porque obviamente es más difícil de rastrear donde se interponían. Se generaban expedientes falsos, y de esta manera se generaba el basamento legal como para que el Registro de la Propiedad inscriba, o medidas cautelares, o directamente transmisiones dominiales. Los propios jueces de paz son testigos también de estos hechos, porque incluso para ellos, o para sus funcionarios, es que se les han falsificado las firmas.»
Al respecto de las consecuencias que ha tenido esta causa, Bruna aseguró: «Entendemos también —o por lo menos así nos han informado— que dentro incluso del Registro de Propiedad Inmueble han ajustado algunos procedimientos internos como para evitar que estos hechos ocurran de nuevo.»