Fraude inmobiliario | Leve condena a las abogadas de una banda de usurpadores que vendían propiedades falsificando la documentación que les otorgaba derecho. Para el denunciante, ellas son sólo la cara visible de lo que nadie quiere investigar. Los datos salieron del Estado.
Baratísimo les costó a estas dos abogadas, que fueron parte de la estructura que vendía propiedades cuyos dueños habían muerto o no vivían en la ciudad. Muchísimos fueron los damnificados, y las cifras del desfalco, francamente asombrosas. Pero de todas maneras, la pena que les tocará cumplir será casi insignificante, a pesar de que a nadie escapa que todos los datos que usaron salían de un organismo estatal.
Se trata de María Melina Evaristo, a quien le cayeron cuatro años y medio de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer la profesión de abogada, y de Paula María Bahlcke, a quien condenaron a tres de prisión y la misma inhabilitación. Aunque se diera por acreditado que constituían una asociación ilícita, y que cometieron más de treinta estafas con propiedades inmuebles, lo cual implicó uso de instrumento privado falso, estafa procesal, uso de documento público falso. Casi como si se hubieran robado una gallina: así lo entendieron los jueces del Tribunal en lo Criminal n°3, Mariana Haydée Irianni, Juan Manuel Sueyro y Fabián Luis Riquert.
El abogado Walter Llona expuso su punto de vista en su entrevista con la 99.9, y explicó cierta disconformidad por la suavidad de esta condena. Señaló además que estas dos abogadas son simplemente la cara visible de una banda ya que hicieron falta muchos integrantes más para obtener tanto éxito durante un período de tiempo prolongado: “Sin estructura funcional, sin contactos políticos dentro de la municipalidad o en el registro de la propiedad, sin una vista poco sagaz de algún juez de Mar del Plata, estas cosas no pasan”. De hecho, en la misma causa surgió que los datos provenían de organismos estatales.
Llona agregó además que —si bien la labor fiscal había sido encomiable— la cuestión de la complicidad estatal fue tomada de soslayo, y también se dejó pasar de largo el cuestionable accionar de algunos jueces civiles, que aún ante lo evidente no investigaron nada. Y relata un caso a modo de ejemplo, pero oculta intencionalmente los nombres de los protagonistas de la historia. Parece ser que un juez civil de esta ciudad, aun sabiendo que una persona había fallecido en 1978, no se sorprendió de que hubiera un boleto de compraventa que la misma persona había firmado en 1997. Cuando se presentó su heredero —que encima era juez retirado— con el acta de fallecimiento de su papá a reclamar la falsedad de ese boleto,el magistrado lo mando a cumplir un requisito administrativo: el pago de una tasa para la presentación judicial. Ni siquiera pensó en hacer una denuncia.
La red
Tras conocerse la condena, el abogado aseguró que si bien la sentencia no resultaba del todo satisfactoria, sin embargo era sí un primer paso. Afirmó: “Casi 30 hechos, 23 víctimas, estafas que superan 100 mil dólares por víctima, creo que es barato estafar en Mar del Plata”.
Sobre los pasos a seguir y la futura apelación que se hará en febrero dijo: “Es un derecho la apelación, pero el fallo sabe a poco. Tenemos como sociedad la oportunidad de llegar a otros responsables que no son sólo las colegas”.
En relación con la investigación agregaba: “Respeto el trabajo de la fiscalía, fue difícil, la mayoría de las víctimas eran personas fallecidas”. También agregó que, como resulta evidente, las demandadas no fueron las únicas beneficiarias, porque quedó al descubierto que el monto del daño ocasionado no se condice en absoluto con su enriquecimiento. “De hecho”, agrega, ”ese fue parte de su alegato de defensa”.
Pero la cuestión se había dado a conocer tres años y medio atrás, cuando se supo que un grupo de personas había formado una verdadera red dedicada a ocupar viviendas y lotes, simular su venta, y hasta hacer juicio a los verdaderos dueños de bienes que detectaban como desocupados.
Las dos abogadas —Paula María Bahlcke y María Melina Evaristo— fueron condenadas por una veintena de hechos, pero hay otros dos imputados que aún están a pendientes de que se valide el juicio abreviado. Habría más imputados, que firmaron suspensiones de juicio a prueba con reparaciones para los damnificados de las mencionadas operaciones.
Así, dicen los jueces, Evaristo, Bahlcke, Luis Alberto Rodríguez y Carlos Alberto Guarde: “conformaron y participaron en una organización estable y permanente, para lucrar y enriquecerse ilícitamente bajo la simulación fraudulenta de compraventa de inmuebles, intentando y en algunos casos logrando perjudicar a sus verdaderos titulares o derechohabientes”. Con estas afirmaciones, el tribunal dio lugar a la hipótesis del fiscal Javier Pizzo.
Los dateros
Pero si bien la investigación se había iniciado cuando una vecina de Punta Mogotes denunció la posible usurpación de su propiedad, desde un comienzo llamó la atención que los imputados tuvieran acceso a datos tan precisos de los inmuebles. Se trata de una información que no resulta accesible a cualquier interesado. Fue entonces que comenzaron a hilarse las primeras conclusiones inquietantes: Evaristo se desempeñaba en la asesoría letrada de Obras Sanitarias Mar del Plata, de lo cual se desprende que es seguramente la punta de un ovillo cuya trama puede llegar a otros altos funcionarios.
Si es verdad que Rodríguez y Guarde fueron intermediarios que acercaban compradores, o compraban en su nombre, es evidente que María Melina Evaristo y Paula Balhcke fueron las asesoras jurídicas que representaban a los compradores en las demandas judiciales. Así, lograban quedarse definitivamente con los bienes. Guarde y Rodríguez averiguaban el estado de las cuentas de los inmuebles que no tenían una ocupación permanente, con titulares fallecidos o que vivían fuera de Mar del Plata. Luego se apoderaban de esas propiedades, y los transferían por medio de boletos de compraventa falsificados. Para eso, utilizaban sus propios datos, o los de terceras personas que brindaban sus datos personales, aunque aún no se ha podido verificar su participación efectiva en el ilícito.
Pero aún hay más: en cierto momento, los derechos que supuestamente emergían de esos boletos de compra venta falsos eran transferidos. Se realizaba una cesión de derechos ante un escribano público de la ciudad a nombre de un cómplice o un tercero de buena fe. Pero, además, se acordaba que el registro de la propiedad a nombre del comprador requeriría una demanda judicial de escrituración, que iba contra quienes figuraban como vendedores en el boleto de compraventa y contra los posteriores cedentes. Toda esta maniobra no llamó la atención de ningún juez civil de la ciudad. En ningún caso se alertaron por una estrategia permanente de escrituración conflictiva con idéntica representación legal.
Ahora, los resultados judiciales se comunicarán a OSSE, a ver qué es lo que consideran sobre las tareas de su asesora legal. Y al Colegio de Escribanos, a ver si tienen algo que preguntarles a sus matriculados. Pero parece que no, parece que todo el mundo prefiere hacer como que no ve nada. Total, en esta ciudad, las estafas con la doble o triple escrituración de bienes son y siguen siendo la forma más barata y rápida de hacerse rico sin que nadie parezca escandalizarse.