El aberrante caso del médico Pablo Ghisoni, quien pasó tres años preso a raíz de una falsa denuncia de abuso impulsada por la madre de sus hijos, reabrió un áspero debate.
La sociedad argentina ha perdido el rumbo en muchos aspectos, pero el más alarmante de todos es lo que sucede en la Justicia. Cooptado por cuestiones ideológicas, el tercer poder en nuestro país parece haberse olvidado del básico principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y —en algunos casos— basta que alguien levante un dedo acusatorio para que una vida quede completamente arruinada.
Al médico Pablo Ghisoni tanto la Justicia como toda la sociedad lo trató como a un violador, le quitaron el vínculo con sus dos hijos menores y lo obligaron a pasar por el incomprensible calvario de verse privado de su libertad durante tres años siendo completamente inocente. Todo, a partir de una mentira pergeñada por su ex pareja y madre de sus hijos, Andrea Vázquez, una supuesta abanderada del feminismo que no toleró la resolución que tomó el Tribunal de Familia Nº3 de Lomas de Zamora que determinaba que los niños debían vivir con su padre.
La confesión de Tomás Ghisoni, uno de sus hijos, quien finalmente después de diez años pudo admitir que la denuncia era falsa, reavivó el debate sobre este tipo de situaciones.
Sistema perverso
Una de las personas que ha trabajado sobre estos temas, es la concejal bahiense Valeria Rodríguez, quien brindó una entrevista a la FM 99.9.
«Desde el año 2022, cuando presenté una ordenanza para derogar el uso del lenguaje inclusivo en textos normativos del Ejecutivo y el Concejo, se me acercaron muchas familias que sufrían este problema. Hablando de ideología de género, terminé conociendo un sistema de padecimientos profundos en nuestra ciudad. Y lo que descubrí es verdaderamente grave», afirmó.
Rodríguez denunció que «quienes han perpetrado abusos reales contra niños o mujeres muchas veces están sueltos en la calle, mientras que personas inocentes terminan perseguidas por denuncias falsas sin posibilidad de defensa real. Si no recuperamos la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley, no hemos aprendido nada en estos 42 años de democracia».
La edil organizó junto a ONG locales y nacionales la primera jornada de concientización sobre falsas denuncias en 2022, con la participación de figuras como la Dra. Patricia Anzoátegui y Seferino Rotili, un caso emblemático: «Rotili estuvo 10 años prófugo, hoy fue absuelto y está en Bahía Blanca. Es un caso idéntico al de Tomás Ghisoni, pero toda la ciudad le dio la espalda».
A partir de esa jornada, Rodríguez recibió fuertes críticas: «Aparecieron 20 instituciones que yo ni conocía. Hicieron repudios, pidieron mi destitución del Concejo, salieron en los medios. Psicólogos, ONGs con subsidios municipales… Todo para callar un reclamo legítimo. Porque acá se elige a qué niño se le cree y a cuál se hace callar. Es una perversión».
Sobre el funcionamiento del sistema, la concejal describió un patrón alarmante: «Con una denuncia, en 24 horas sale una restricción. No se notifica al denunciado, no hay entrevista, no hay audiencia. En cambio, en los casos verdaderos de abuso, los procesos tardan años. En los casos de falsas denuncias, en dos meses te puede cambiar la vida y terminar en prisión. Es brutal».
«Esto está pasando hoy en la Argentina, está pasando en Bahía Blanca y la sociedad sigue anestesiada. Por suerte algunos legisladores están empezando a dar luz. Nosotros, como concejales, no podemos modificar leyes nacionales, pero sí podemos visibilizar. Hay que dar la cara, explicar por qué no podemos hacer más. Aunque a veces parezca que nuestros pares actúan más como empleados administrativos que como representantes del pueblo», apuntó.
Rodríguez también criticó el accionar de los colegios profesionales: «El Colegio de Psicólogos de Bahía Blanca niega la existencia de la alienación parental. Lo dicen públicamente. Y sin embargo esos psicólogos actúan como peritos en los juicios. Es gravísimo».
Hay casos de todo tipo que llegan a decisiones extremas por parte de padres que pierden todo contacto con sus hijos: «Aquí también hay padres que se han suicidado por la angustia. Pero todo se tapa. No se mide el daño que esto genera».
La concejal también hizo una crítica directa al sesgo ideológico: «Hoy los grandes abanderados de estas causas, los que se rasgan las vestiduras en nombre de la justicia de género, son los mismos que se alinean con regímenes donde la mujer es la primera vejada. Es una contradicción que no resiste análisis. Se trata de ordeñar al Estado y convertir todo en una cuestión de dinero».
Y concluyó: «Al final del camino, todo esto es tan chiquitito que da asco. Pero no hay que practicarlo, hay que ser más fuertes, porque acá lo que está en juego es la justicia fallando en contra y persiguiendo a ciudadanos comunes».
Fiscales y jueces
La Dra. Patricia Anzoátegui es una abogada especialista en falsas denuncias, quien analizó en la FM 99.9 el impacto del caso Ghisoni, apuntó contra la «justicia feminula», los fiscales que «quieren ganar» y los operadores judiciales que «censuran la verdad». Denunció la existencia de un sistema estructurado que criminaliza a varones sin pruebas, genera condenas erróneas y destruye vidas.
«Esto ha atravesado no solamente Buenos Aires, sino todo el país, y afecta también a Latinoamérica y Europa. Es una consecuencia directa de una política global en materia de género», afirmó. «Hay grupos que se desempeñan dentro de estas falsas denuncias con una habilidad extraordinaria», y que actúan «con una estrategia, un modus operandi, y la recepción casi automática por parte de los tribunales».
Según la letrada, los jueces muchas veces aceptan sin cuestionar estas acusaciones «por miedo al escrache», una práctica que definió como «una articulación fascista del uso del poder». Agregó: «Hubo una censura de género durante años, donde no se podía hablar del tema en los medios, o directamente se negaba su existencia».
En relación a las fallas sistémicas, Anzoátegui fue tajante: «Esto viene desde hace mucho tiempo. El problema es quién instruyó a los tres poderes del Estado en perspectiva de género. Cuando esa bajada de línea llegó al Poder Judicial, se provocó lo que yo llamo “sentencias erróneas”. Se invirtió la carga de la prueba y no se deja defender al imputado. He visto casos donde le ponen un bozal a la persona acusada dentro del juicio. Eso es gravísimo».
La abogada también denunció la presión y extorsión por parte de algunos fiscales. «Todos los días me llama gente desde la cárcel diciendo: “Doctora, yo no lo hice, pero firmé un abreviado porque me dijeron que me daban 20 años y me dieron 9”. Los fiscales no buscan la verdad, quieren ganar. Y en esa lógica perversa, los verdaderos pedófilos escapan, y los inocentes son condenados porque son presas fáciles», señaló.
Anzoátegui expuso ejemplos concretos de causas como las de Tomás Ghisoni y González Rizzi: «Ambos fueron denunciados por personas vinculadas al feminismo militante. En uno de los juicios, el tribunal estaba rodeado de carpas del Ministerio de la Mujer, Madres de Plaza de Mayo y militantes que iban a presionar. Cuando logramos la absolución, tuvimos que salir custodiados. Nos insultaban simplemente por ejercer la defensa».
En cuanto al rol de las mujeres denunciantes, Anzoátegui fue categórica: «Ni la violencia ni el abuso tienen género. Hay mujeres abusadoras. Me tocó un caso en Tucumán donde una madre presentó un video de su hija de tres años en una situación absolutamente obscena. Ella misma conducía a la nena. Eso es corrupción de menores. Lo presentaron como prueba para reabrir una causa archivada. Si ese video lo tenía el padre, estaba preso».
Sobre ese caso puntual, destacó la actitud del juez: «Tuvo la valentía de hacer lo correcto. Sacó testimonio y mandó a investigar a la madre. La fiscal, en cambio, usó el video en contra del padre. Por eso la recusé. Pero el problema de fondo es que los operadores del sistema han perdido la imparcialidad».
La Dra. Anzoátegui también criticó la permanencia de estructuras estatales que alimentan esta lógica: «Aunque se desarmó el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires todo sigue igual. Hay secretarías de género con una perspectiva obtusa, donde a los varones se les aplica todo el peso de la ley y a las mujeres no. Hay una doble vara».
Finalmente, dejó un mensaje de esperanza: «Estas falsas denuncias generan secuelas gravísimas. Muchos hombres terminan suicidados, enfermos o con la vida arruinada. Pero yo creo que se viene una reivindicación histórica para estos padres que no pudieron ejercer su rol. La clave está en sostener y apoyar a los jueces que se animan a hacer lo correcto».
Mentir no puede ser gratis
Quien también se involucró en estos temas es la diputada nacional por Buenos Aires, Patricia Vázquez, quien impulsa un proyecto para agravar las sanciones por falsas denuncias.
«Es un problema que tenemos en diversos aspectos. La mentira se ha instalado como lo común y decir la verdad parece la excepción. La falsa denuncia y el falso testimonio son delitos que van de la mano, que se han instalado sobre todo en los tribunales de familia, y ahí apuntamos más estrictamente, en agravamiento de pena, por el enorme daño que le ha hecho a las familias y a los menores», sostuvo Vásquez.
En este sentido, remarcó que «nunca podés afectar, utilizando a los menores en una falsa denuncia, el derecho del menor a tener acceso a ambos progenitores. Así lo dice la ley: el régimen de visitas está instalado y siempre pensado en el menor».
La legisladora, con 30 años de ejercicio profesional, advirtió que el problema también alcanza otros fueros. «En el fuero laboral se instaló la industria del juicio, favorecida por falsas denuncias. Muchas demandas se basan en hechos que no son reales: despidos inexistentes, relaciones laborales ficticias, enfermedades o accidentes que no ocurrieron. Esto afecta la seguridad jurídica y la confianza en la justicia».
Vásquez criticó que «hoy la pena para una falsa denuncia es ridícula: de dos meses a dos años de prisión o multa. A nadie le preocupa cometer este delito». Su iniciativa eleva las penas y fija un mínimo de tres años no excarcelables, con agravantes «en caso de violencia de género, abuso de menores y también en el fuero laboral».
Un punto clave del proyecto es el inciso que sanciona a los profesionales que instiguen o asesoren a mentir. «El profesional es una parte muy importante de todo esto, ya sea el abogado como el perito. Es toda una organización. Esto se ha instalado como la práctica más habitual», denunció.
Sobre las perspectivas de aprobación, Vásquez indicó que trabajará junto a la senadora Carolina Losada, autora de una propuesta similar que ya obtuvo dictamen en la Cámara Alta. «La idea es unificar conceptos para que llegue a Diputados con un texto acordado y evitar idas y vueltas. Queremos que los argentinos tengan una legislación seria, correcta y desalentadora de esta corrupción».