Afirman que el dinero secuestrado en un allanamiento del caso de «La Liga de Remates» permanecía en un plazo fijo, puesto a nombre del fiscal interviniente. Desde la justicia lo niegan, pero el abogado defensor da fe de que fue así.
Según la causa, la organización ilegal conocida como «La Liga» estaría liderada por los ciudadanos Oscar Roberto Larluz, Luis Alberto Puga y Héctor Ricardo Monteros, señalados como los mayores beneficiarios de los métodos extorsivos de la organización. También resultarían ser ellos quienes dirigían el plan dentro y fuera de la sala de subastas: eran quienes daban las órdenes y decidían quién sería el adjudicatario del bien, y a qué precio final.
También están comprometidos Julio César Consorte, Patricio Pablo Consorte, Roberto Daniel Andino, Leandro Andrés Marqués, Marcelo Phillipp y García, Pablo del Corazón de Jesús Quiroz, Sergio Tadeo Mazur y José Luis Violini, quienes serían los factores de presión: los que intimidaban, desalentaban a los posibles postores, y captaban a los interesados durante la visita previa de la subasta, o en las afueras del Colegio de Martilleros. Ellos eran los que le ofrecían a los eventuales interesados la única alternativa para comprar: aceptar las condiciones de La Liga. Se dice que acosaban, amenazaban, o coaccionaban durante el desarrollo de la subasta a todo aquel que osara levantar la mano para ofertar sin la autorización de la organización.
También se afirma que La Liga contaba con los aportes de Miriam Elizabeth Lamas —esposa de Monteros— Marta Susana Mariano y María Luján Fernández, quienes habrían hecho de testaferros para la adquisición de los bienes subastados. La investigación se basó en el registro audiovisual de las subastas, que permitió ver la manera en la que estos roles se definían y cómo ocurrían gravísimas irregularidades. Se pudo observar cómo distintas personas identificadas como integrantes de La Liga, en forma claramente orquestada, recurrían a los gritos, al bullicio, al despliegue de conductas intimidatorias y a amenazas, que generaban el caos que impedía que los compradores reales tuvieran la posibilidad de pujar libremente por el inmueble subastado, lo que terminaba favoreciendo a Oscar Larluz y sus secuaces.
Durante años, en Noticias & Protagonistas se dio voz a los afectados. Cualquiera creería que, quien más debería saber cómo funcionaba este grupo, sería el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Miguel Ángel Donsini, quien habló en la 99.9, y relató que, si bien ejerce la presidencia desde 1994, ya desde aquel momento se decía que había una Liga de Rematadores o Martilleros, imagen de la cual muchas veces había tratado de despegarse. Expuso: «Veíamos gente que llegaba en grupo, a veces eran cuatro y cuatro que se peleaban. Los remates se hacían en cualquier lugar. La subasta empezaba y terminaba en un expediente». En su momento, fue consultado por este medio respecto de lo que estaba pasando y negó conocer el funcionamiento de este grupo. En este caso, planteó que las cámaras eran para que hubiera un control, porque ellos pretendían hacer una diferencia en las tareas del Colegio. Explicó, además, que es el juez quien elige dentro de un sorteo al profesional que hará el remate, y que él no tiene ninguna intervención para manipular eso. La causa siguió.
El operativo
Según surge de la causa, el 11 de junio de 2020 se realizó un allanamiento en un hogar geriátrico de calle Chile al 1300, que sería propiedad de Héctor Monteros y su mujer, Miriam Lamas. Hasta allí llegaron cuatro policías de la DDI, personal de la delegación de drogas peligrosas y la instructora judicial de la fiscalía n°5, Rosana Bilbao. Se secuestró, entre otras cosas, dinero en efectivo: pesos y dólares, y algunas joyas que serían propiedad de abuelos internados. Todo guardado en una vieja caja fuerte. El acta indica: «la dra Bilbao dispone que todo el efectivo hallado, de la moneda que sea, no sea contado y sea ensobrado y pegado».
Así llenaron cinco sobres, con una cadena de custodia a cargo de la policía y también de Javier Pettigiani, titular del Cuerpo de Ayuda Técnica de la Instrucción.
Los damnificados por este operativo dicen que en la caja había $1.015.500 y USD $16.294, pero los fondos que figuran como incautados son sensiblemente inferiores. Figuraban: $671.105 y USD $14.626. Como reza la denuncia que realiza el abogado de Monteros ante la Unidad de Delitos Económicos, una vez presentada la documentación pertinente, que probaba el carácter lícito de los fondos, igual no pudo devolverse en forma inmediata «porque había que esperar el vencimiento del plazo fijo que obraba a nombre del propio fiscal Pellegrinelli […] los frutos de este (intereses ganados) que fueron a parar al bolsillo del fiscal».
Era un escándalo que el abogado defensor se apuró en denunciar ante la Unidad de Delitos Económicos. Sin embargo, la justicia desestimó esta denuncia. El dictamen decía que, si bien el 1 de septiembre del 2020 el titular de la pesquisa dispuso que para preservar el valor del dinero secuestrado se conformara un plazo fijo renovable automáticamente por las sumas en pesos y dólares, el Banco Provincia había declarado que se trataba de las llamadas cuentas judiciales.
Además, en la desestimación, se dijo que el testigo no era aceptable, y refiriéndose a Monteros, el documento agregaba: «tampoco resulta eficaz el testigo en acreditar la existencia del dinero al momento del allanamiento pese a que su presunto origen ilícito fuera alegado, por no poseer un registro contable formal o similar que evidencie las salidas y entradas del mismo, teniendo en cuenta que se trata de un establecimiento comercial». Es decir: acá no pasó nada, porque vos no tenés la facturación al día, y no podés reclamar.
El abogado defensor
Javier de la Torre representa a Héctor Monteros, y es quien lleva a delante la denuncia en cuestión. En una entrevista ante la FM 99.9, comenta respecto de aquella acusación de asociación ilícita, asegurando que, si hubo un delito por parte del accionar de La Liga, debe involucrar además a los martilleros y jueces que actuaron en tales operaciones, ya que son judiciales. A su criterio, será en el juicio oral cuando se aclarará todo esto, porque todos ellos han sido citados, aunque éste se realzará en más de dos años.
Además, respecto del allanamiento que se realizó a su cliente afirmaba: «la plata que se secuestró no corresponde con la que había en el geriátrico, y se contó sin la presencia de los testigos….faltó más de un millón de pesos». Explica que, cuando se acreditó el origen lícito, se ordenó la restitución del dinero, pero, cuando Abete —colaborador del fiscal— pidió el oficio al banco, le dijeron que las cuentas de la fiscalía estaban en cero, y que la plata estaba en cuentas a nombre de Pellegrinelli, en un plazo fijo que había que esperar que venciera. Y esos intereses, nunca se los entregaron a Monteros. Además, la plata se depositó en una cuenta a plazo fijo sin venia judicial ni permiso del dueño, lo que constituye una malversación de fondos.
Monteros y su abogado mandaron un mail a la oficina de control interno de la procuración, y desde allí ordenaron la investigación. Por eso el proceso se inició pero, cuando fueron citados, se encontraron con que el fiscal de delitos económicos que debía investigar, Bruna, en palabras del abogado «parecía más un abogado defensor que un fiscal». Le decía a De la Torre: «esto es en beneficio de su cliente, no es malversación».
El abogado relata que la fiscalía desestimó prácticamente in límine el proceso. Por eso se pide ahora una revisión de la Fiscalía General, porque «acá se protegen fiscal con fiscal; para que por lo menos se investigue. Mi cliente está en estado de indefensión, se comete un delito con sus bienes y ni siquiera la quieren investigar».
El abogado quiere poner esta situación en conocimiento a toda la ciudadanía marplatense, y agrega que nadie tiene que llegar a un acuerdo ya que va a haber un juicio oral y su posición es clara: «quien tiene que caer, que caiga. Lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias».
Es verdad que el sistema de subastas está mal, porque en la ciudad las propiedades muchas veces se subastan por debajo de su valor y muy por debajo de la deuda, que no se cubre: el proceso deja al subastado sin recursos, y lo mantiene como deudor. Pero, también, hay muchos funcionarios judiciales que viven en casas compradas en remates… judiciales. ¿Se investigará hasta allí alguna vez?