La megacausa ANSES | Dicen los abogados que la causa que investiga las jubilaciones falsas es un armado inconsistente. Hay errores procesales difíciles de salvar, y el resultado será un inevitable papelón. Por eso el fiscal se excusó, aduciendo amistad con uno de los acusados.
Los funcionarios judiciales de este departamento son, en general, bastante torpes. Ni hablemos del fuero federal, como nos tiene acostumbrados el inefable juez Santiago Inchausti, experto en cometer errores en casi todo lo que hace, de manera tal que, quienes trabajan a su lado, terminan mezclados en expedientes cuestionables y tomando casi siempre medidas arbitrarias. Flojitos de papeles, bah.
Este medio ha venido dando detalles acerca de la megacausa en la que se investiga una asociación ilícita que tramitaba de manera irregular beneficios previsionales ante la Administración Nacional de Seguridad Social. El material parece muy abundante pero, claro, Inchausti lo podía arruinar.
Fue él quien firmó la elevación a juicio a 13 abogados, médicos y exfuncionarios públicos, además de 20 beneficiarios. Precisamente, entre los acusados, se encuentran los integrantes de la sociedad Organización Jurídico Previsional SRL: Roberto Balbuena, Luis Miguel Irós, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suarez. Hay evidencia de la presunta defraudación al estado nacional por cerca de 90 millones de pesos, por lo que la acusación incluye además a la contadora del estudio, a funcionarios públicos de AFIP, y ex funcionarios de la Comisión Médica.
Ahora bien: se supo que el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani se había excusado de intervenir alegando una supuesta amistad con la familia Irós, y que también que el fiscal general Daniel Adler no estaba de acuerdo con aceptar la mencionada excusación. ¿Por qué? Se dice que las verdaderas razones son otras y que, apenas abrió el expediente, Pettigiani se dio cuenta de que las irregularidades eran muchas, no sólo en los aspectos formales, sino en las motivaciones que sostienen las acusaciones, que pondrían en serio riesgo las garantías del debido proceso.
La causa partió de una denuncia ante la UFISES, que se apoya en un acta de verificación firmada por un funcionario de la ANSeS, con la supuesta declaración de una persona analfabeta, que sin embargo suscribe un acta cuyo contenido evidentemente desconoce. Arrancamos mal.
El punto de partida es, al menos, raro, pero la metodología implementada por los funcionarios es aún más irregular. El allanamiento que tuvo lugar en el estudio jurídico de calle Paso 2890, por ejemplo, se realizó el 26 de abril de 2018 a las 10 de la mañana sin que estuviera presente ninguno de los abogados que trabajaban allí. En un caso como este, la norma indica que se debe dar aviso al Colegio de Abogados para legitimar el acto. Sin embargo, tal aviso se realizó recién una hora más tarde, es decir, a las 11. ¿Qué pasó durante esa hora de allanamiento irregular? Nunca lo sabremos.
Al no estar presente el veedor de la institución, el acto carece de toda legalidad porque no se apega a la normativa. Pero esto no es todo: la orden judicial que autoriza la realización de ese allanamiento es un documento muy preciso, que se reduce a ciertos casos y ciertas personas. Pero, conforme transcurría el allanamiento, esa autorización se fue ampliando llamativamente. Podemos inferir que esto se hizo de acuerdo a los nombres que fueron surgiendo del material secuestrado, generando así una franca violación al secreto profesional. El objetivo parecía ser uno: lograr que la investigación tuviera una magnitud tal, que permitiera las detenciones preventivas.
Inclusive, tan desprolijo fue, que los acusados fueron notificados en sus domicilios del inicio de la causa, y se los citó para prestar declaración indagatoria recién el mes siguiente. Pese a la colaboración que prestaron, el juez no pudo consigo y puso en juego la desprolijidad a la que nos tiene acostumbrado. Al rato, los acusados eran retenidos en sus domicilios. Luego de varias horas, ordenó que los trasladaran por la fuerza para su identificación. Sobre la marcha cambió de idea, y dijo que estaban detenidos.
A los ponchazos
Como resultado, varias personas estuvieron detenidas más de 12 horas sin que mediara una orden judicial, y sin que pudieran tener el asesoramiento de sus abogados. Eso solo, ya arruinaría cualquier trabajo de investigación, y viciaría las potenciales investigaciones que pudieran desprenderse de esta. Lo que se ve desde afuera, es un procesamiento que comenzó sin orden de detención, sino con una negativa del juez. Y que esa posición se fue modificando con el correr del tiempo, a partir de los supuestos hallazgos en un allanamiento que no siguió la norma. Las cuestiones se comunicaron por cruces de mails, y sin las rubricas necesarias para cada uno de los actos judiciales.
Entonces, ¿qué fue lo que motivó el apuro en concretar estas órdenes de detención entre gallos y medianoche, y sin cumplir los plazos estipulados, ni las condiciones que impone la norma vigente?
Según afirma la defensa, el tribunal federal debía buscar una manera de justificar lo que se había hecho mal, y no tuvo mejor idea que intercalar en el expediente un dictamen del fiscal con fecha anterior, luego del cual figuraba la copia. Pero claro, las firmas y los sellos eran diferentes. ¿Será que Pettigiani vio esto y obviamente supo que intervenir en una causa con semejantes irregularidades traería consecuencias? Los abogados defensores de los imputados dicen que sí.
Pettigiani supo que en la causa se habla de varias pruebas que finalmente nuca aparecieron. Los expedientes falsos, por ejemplo. Tampoco hay una pericia contable para sostener las afirmaciones que se hacen.
El juez federal López ordenó una pericia médica sobre un expediente cuya gestión se atribuye a la organización, y el resultado indicó que el beneficio había sido bien concedido. Y como si esto fuera poco, la AFIP informó que, presentar declaraciones juradas extemporáneas, es bastante común. Que de hecho, se sigue haciendo.
A pedazos
Si todo esto es cierto, las pruebas se les caen a pedazos, porque la investigación del juzgado federal está sostenida con alfileres, y nunca permitirá establecer con precisión quiénes son los culpables de qué cosa.
El supuesto sello de escribano que habrían utilizado para legitimar documentos falsos, resulta que no es tal, sino la mera autorización para que un socio firme en lugar de otro. ¿Qué nos queda? Los expedientes originales que se encontraron en el estudio habían sido legítimamente concedidos en préstamo por el juzgado correspondiente.
Pintan mal las cosas para Inchausti, y parece que una vez más se va a quedar patinando en el barro. Nadie sabe cuál era la verdadera naturaleza de las acciones de la Organización Jurídico Previsional, pero parece que para sostener la acusación, no le queda casi nada.
La defensa afirma que todo este armado se sustenta en una gran animosidad que conducía las acciones de varios organismos públicos en contra de esta firma de abogados. ¿Por qué? Porque les iniciaban acciones administrativas y judiciales. Más precisamente: las acciones de Organización Jurídico Previsional pondrían de manifiesto la enorme ineficiencia del ANSES.
El estudio en cuestión llevaba adelante los juicios laborales de varios ex empleados de la ANSES, pero además había conseguido gestionar ciertas jubilaciones que contrariaban resoluciones administrativas previas de aquel organismo.
Los abogados van a cargar muy fuerte contra la denuncia original. Se basan en denuncias y cruces que venían sosteniendo contra ANSES en la etapa de la administración del gobierno macrista. Allí se dio un proceso que cambio las reglas de juego, y cortó acuerdos y pactos no escritos que cambiaron la dinámica con la que se manejaba el estudio cuestionado con el personal de línea de ANSES.
Para más datos: la defensa sostiene que todas esas acciones judiciales que buscaban señalar la actitud desafiante e ineficaz de este organismo descentralizado del Estado que trabajaba mal, y no cumplía con lo que debía, fueron efectivizadas en los mismos juzgados a cargo de Santiago Inchausti. Todas esas denuncias fueron archivadas, sin que se realizara ni siquiera una investigación, ni sin que un solo funcionario fuera citado a prestar declaración acerca de las cuestiones que allí se decían.
Inchausti, otra vez, no dejó una metida de pata por hacer. Dicen los defensores que sus clientes pidieron ver las pruebas en su contra y no les mostraron nada. Que quisieron saber cuáles eran los expedientes en cuestión, y tampoco. Que uno de ellos fue limitado en el tiempo que se otorgaba a su declaración de defensa, razón por la que inmediatamente presentaron la recusación del juez, que está pendiente.
Tras tres años, no han podido terminar ni agregar la pericia informática, ni la contable, ni los antecedentes de ANSES ni de AFIP que pidió la defensa. Es decir, que Pettigiani se excusó para sacudirse de la vergüenza, porque se vio venir que era una causa plagada de indeterminaciones. Que había muchas oraciones construidas en impersonal, sin atribuirse a un sujeto claro. Mucho copio y pego. Cualquier fiscal que quiere tener carrera se escapa del abucheo, por supuesto.