Gestión Pulti | Se investigan aparentes cooperativas truchas, donde habría desaparecido el dinero de un plan de Nación. Hubo falta de control municipal, y es otra más de la gestión saliente. Si no allanan ya, desaparece todo.
Una presentación urgente reitera el pedido de allanamiento de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. El fin de la medida es secuestrar todos los registros relacionados con las cooperativas de trabajo que cobraron dinero del plan PRIST, ya que funcionaron a través de la aplicación de fondos provenientes del programa nacional que las sostuvo.
El objetivo de tales acciones judiciales es determinar si las transferencias de fondos nacionales a tales cooperativas para financiar los gastos del Programa de Ingreso Social con Trabajo se gestionaron de forma eficaz, y conforme los lineamientos impuestos en las disposiciones legales. Porque el programa PRIST era en su origen muy específico: apuntaba a la promoción del desarrollo económico y la inclusión social, a través de la generación de nuevos puestos de trabajo genuinos, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y comunitario. Pero no queda claro si los responsables municipales hicieron lo necesario para que tales objetivos se cumplieran, o los presidentes de las organizaciones sólo cobraron la plata a través de otros que hicieran las veces de firmantes.
La investigación ahora se orienta a la sospechosa operatoria del Programa, desde la presentación de las solicitudes de otorgamiento de subsidios para la implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo por parte de la Municipalidad de General Pueyrredon, hasta el término de la ejecución de los convenios formalizados. Porque no queda para nada claro qué pasó con los subsidios para adquisiciones de materiales y herramientas, y con las rendiciones de cuentas, avances y finales de las obras comprometidas.
Por esa razón, la investigación pretende averiguar si la cantidad de asociados está vinculada a la existencia de puestos de trabajo, si los asociados de las cooperativas contaban con el equipamiento apropiado para realizar las tareas asignadas, así como si las cooperativas han recibido capacitación y los cooperativistas han desarrollado algún tipo de capacidad laboral. Se pregunta también si se aseguró la educación, formación y capacitación permanente de los asociados como estaba planeado, y si las cooperativas cuentan con normas que regulen su funcionamiento interno, y en el caso de que exista, si se concreta formalmente por medio de regímenes concertados democráticamente y aceptados por los asociados trabajadores. Se pretende indagar si estas cooperativas tienen capacidad de financiamiento más allá de los fondos del proyecto y el origen de dichos fondos, si disponían constancias del contrato, y si sus integrantes y los directores o asistentes de obra han sido capacitados para la ejecución de las obras proyectadas.
La presentación pregunta además respecto a la supuesta compra de materiales y herramientas, cuáles fueron los lugares de acopio y demás insumos para el desarrollo de las presuntas actividades de las cooperativas, y si se dispone de un registro de tales compras de equipamiento y elementos de trabajo pautado por el programa. Interroga además sobre la existencia de una base de datos de la cantidad de cooperativas y cantidad de integrantes de cada una, por tipo de proyecto financiado, así como si el INAES cuenta con datos actualizados respecto de las cooperativas conformadas en el marco del PRIST, que deberían contar con la debida documentación respaldatoria de los pagos realizados, que debió haber sido controlada, y resguardada en un archivo.
Originalmente, el programa se vinculaba con la constitución y funcionamiento de cooperativas de trabajo, y había una acreditación mensual de importes autorizados a pagar a favor de sus respectivos socios. Pero toda esa documentación obra aún en poder de la municipalidad, y es obvio que de no intervenir la justicia, desaparecerá como por arte de magia a la brevedad, para que no queden rastros cotejables. Lo que impulsa la denuncia es que, si bien se pagó el cien por ciento de lo previsto para trabajos de construcción, sólo se compró el 30% de los materiales previstos. Entonces: ¿con qué construyeron?
Dice el denunciante: “Es imprescindible retener e impedir que documentos necesarios, esenciales e indispensables para el esclarecimiento del hecho desaparezcan por la morosidad de la presente encuesta”.
El programa
Si bien el programa se vinculaba con la constitución y funcionamiento de cooperativas de trabajo, había una acreditación mensual directa de ciertos importes autorizados, que se pagaban a favor de sus respectivos socios.
Por esa razón, ahora el abogado solicita que se cite a declarar a los responsables de las cooperativas de trabajo. Entre ellas la Cooperativa Belgrano, a través de su presidente, Alberto Raúl Galván; a la Cooperativa de trabajo La Batanense, representada por su presidente Aldo Alberto Vázquez; a la Cooperativa de Trabajo Vecinos Unidos, por medio de su presidenta Elizabeth Samithe. También pide se cite a Héctor Eugenio Páez como representante de la Cooperativa de Trabajo Unión y Progreso, y a Martín Esteban Gasparri, de la Cooperativa Capacitación, Gestión y Trabajo. A todos ellos les solicitará que aporten toda la documentación referida a los trabajos realizados y a los pagos efectuados en el marco de los contratos que se adjuntan, ya que la presentación incluye copia de los convenios celebrados por la Municipalidad de General Pueyrredón con las cooperativas.
Estos contratos prevén los siguientes montos: con la Cooperativa de Trabajo Belgrano, presidida por Alberto Galván, la suma de $112.201,62. Con la Cooperativa de Trabajo La Batanense, a través del presidente Aldo Vázquez, se convinieron $112.201,62. La Cooperativa de Trabajo Vecinos Unidos firmó por otros $112.201,62 que podría haber cobrado la presidenta Elizabeth Samithe. La Cooperativa de Trabajo Unión y Progreso se habría hecho acreedora de la suma de $ 448.806,47 por los que deberá responder su presidente Héctor Páez, a los que se suma otro convenio $673.209,69. Además, Martín Gasparri, como presidente de la Cooperativa Capacitación, Gestión y Trabajo, deberá explicar cómo se usaron los $ 279.093,33 de su convenio.
Porque según indica en la presentación el letrado demandante, “ninguna de estas cooperativas realizó trabajo alguno”, y que en particular la Cooperativa de Capacitación Gestión y Trabajo no funciona en el domicilio que se registró como sede legal, es decir calle San Juan 1427, según acredita un informe adjunto de la Prefectura Naval.
Pero esto no es todo, es decir que no son solamente los particulares los que deberían dar cuenta si se hubieran quedado indebidamente con dinero del Estado que había sido previsto para pagar trabajos de construcción, sino que además la justicia deberá requerir al funcionario que permitió que tal cosa sucediera, en este caso ni más ni menos que el intendente de ese momento, Gustavo Pulti. Fue él quien firmó una nota adjunta pidiendo una ampliación del subsidio para el Programa Prist por la suma total de $ 8.734.427,71, más una solicitud cursada al contador Carlos Castagneto, secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional, a quien se le solicitaba el desembolso de $162.816, destinados a la compra de indumentaria de seguridad, una ropa que nadie habría usado si es que los trabajos no se hicieron.
Afirma la denuncia que todos los fondos aquí mencionados se transfirieron de manera directa a la Municipalidad de General Pueyrredon por obras y trabajos que no fueron realizados, más el equipamiento necesario. Por esa razón, ahora la presentación ante la justicia se reitera con el fin de que sea escuchada y se solicite la información pertinente antes de que desaparezca: “La denuncia tiene por objeto determinar si las transferencias de Fondos Nacionales efectuadas para financiar gastos corrientes en el marco del Programa de Ingreso Social con Trabajo se gestionaron conforme los lineamientos impuestos en las disposiciones legales que resultaban aplicables”.
El robo
El objetivo central del Programa apuntaba a la promoción del desarrollo económico y la inclusión social a través de la generación de nuevos puestos de trabajo genuinos, pero conforme lo investigado y la documentación acompañada, claramente surge que existió una importante irregularidad en su operatoria.
Por lo expuesto, el representante legal cursa ahora un nuevo pedido, en el que solicita que se disponga el allanamiento de las oficinas municipales con carácter de urgente, con el fin de secuestrar el manual de procedimientos y los reglamentos administrativos que regulaban esta operatoria, así como todos los expedientes administrativos y la información relacionada con el Plan PRIS, con el fin de establecer si las cooperativas estaban conformadas y operaban de acuerdo a la reglamentación del programa.
En este marco, se pregunta si se han cumplimentado todos los recaudos legales para la constitución de las cooperativas y los requisitos legales, impositivos, laborales de sus asociados, así como si las personas que resultaron beneficiarios del subsidio, reunían todas las condiciones contempladas en el programa de ayuda a los desocupados, es decir, si eran personas que se encontraban en un estado de vulnerabilidad social, o eran amigos o parientes de alguien, dispuestos a firmar un cobro bancario a cambio de que les quedara una parte, estafa que alguien más avezado –obviamente- instrumentó.
Ahora bien, se va a aclarar. Se va a saber si tales cooperativas existieron, si realizaron algún trabajo, y si quienes cobraron esos importes fueron quienes efectivamente soportaron el frío y el calor de trabajar en la construcción, que quizá sea una de las tareas más duras que existen, y por lo tanto merecen una excelente paga. Pero si no fue así, si hubo quienes desde la comodidad de un escritorio con aire acondicionado se quedaron con la plata que el Estado habría destinado para que obreros de la construcción desocupados tuvieran un empleo digno y participaran de las ganancias de ese emprendimiento, tales funcionarios se habrán ganado el mote de despreciables. Porque no se puede ser más inhumano. No es posible que alguien se quede con el dinero que debe ganar un albañil sin empleo, o un pocero, o un peón.
Cuesta pensarlo, y más cuesta escribirlo. Pero será una más de las acciones de quienes se apoltronaron en los sillones tapizados y mullidos, para quedarse con lo que debió ser digna ganancia de quienes sí trabajan. Otro fraude más, aunque el pecado sea simplemente de omisión, es decir el que surge de no haber supervisado lo que se debía supervisar. Y la lista sigue.