La jueza del caso Nisman | ¿Será cierto que los funcionarios judiciales son capaces de armar una causa? ¿Es verdad que un fiscal y un juez pueden mentir y arruinar la vida de la gente? La denuncia que confirma las sospechas de los argentinos involucra nombres mediáticos.
La abogada María Fernanda Díaz, en representación de Manuel Pallasá, denunciaron a la jueza Fabiana Palmaghini de Alvero, a Marcelo Roberto Alvero, a Pablo Alberto Bacigalupo, a Gustavo Miguel Pierretti y a Eduardo Pablo Suárez García por los eventuales delitos de extorsión, amenazas agravadas por coacción, privación ilícita de la libertad ambulatoria, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio, prevaricato, violación de secreto fiscal, violación de secreto bancario, violación de secreto profesional, denegación y retardo de justicia por intervenir dolosamente en el armado de causas penales sin existencia de hechos que inventaron para sostener un intento de persecución extorsiva contra el mandante y su cónyuge.
Lo que explica la presentación es que, no solamente los nombrados lo acusaron en falso por el delito de insolvencia fraudulenta, sino que —ocurrida la prescripción— realizaron actos jurídicos falsos para ampliar su margen de actuación y ganar tiempo. Dice: “no es cierto que hubiera una inhibición pendiente, porque la que hubiera sido dictada expiró —en la peor de las hipótesis— el 19/12/07. Y si se hubiera renovado —lo cual no fue así y omitió el juez aludir a ese requisito— la misma caducaba de pleno derecho el 19/12/08 por ser ésta la fecha máxima en la que el juez declaró que prescribía la acción, es decir, que se extinguía la causa”.
Con las acciones que cometieron le decretaron la muerte civil a Pallasá: se le impidió cobrar sus honorarios por falsos informes recibidos de parte del Juzgado nº 6 con impulso del fiscal.
Los falsos hechos denunciados partieron de nombrar al Centro Odontológico Tomkinson S.R.L., una empresa de la cual el querellante Eduardo Suárez era socio, que estaba en deuda con Pallasá por cuantiosos honorarios generados durante varios años.
Pero resulta que el sospechado fiscal y jueces con degradada fama tenían como principal objetivo ubicar cuentas bancarias internacionales del profesional y su mujer para armar una verdadera extorsión. Entonces, invirtieron las cosas, e hicieron como que era Pallasá quién le debía a los Suarez y no les quería pagar, por lo que ocultaba los bienes para insolventarse.
Ahora Pallasá denunció a los imputados por extorsión, falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, actividad procesal dolosamente retardataria, retardo procesal y denegación de justicia, posible prevaricato y omisión dolosa de investigar y perseguir a los eventuales delincuentes denunciados como tales, delitos que cometieron cuando los referidos funcionarios del Juzgado en lo Criminal de Instrucción nº6 y de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción nº20 —más otros copartícipes en las maniobras— inventaron los hechos que, al decir de la abogada, son inexistentes. Quiere decir que le arruinaron la vida, y lo hicieron organizadamente para sostener la causa armada, a la vez que produjeron una violación de secreto bancario y de secreto fiscal.
Los hechos
En la mañana del 27 de mayo del 2003, en forma repentina, aparecieron en el departamento que había sido domicilio de Pallasá dos patrulleros de la policía federal que con gran despliegue se ubicaron en las dos entradas del edificio, uno en Gelly y Obes y otro en Agote. Varios policías armados rodearon el edificio para hacer comparecer “por la fuerza” a una pretendida testigo que nunca había sido citada: la señora Biribín. Se trataba de una mujer anciana y enferma, que hubiera acudido a declarar si la hubieran citado. Inmediatamente la hicieron subir a uno de los patrulleros, y la llevaron a la comisaría donde debió firmar unos papeles cuyo contenido aún hoy se ignora. Luego, la señora fue conducida al tribunal, donde armaron una especie de audiencia donde el objetivo era que ella se hiciera eco de ciertos conceptos, pero no atender su exposición de los hechos, que contradecía radicalmente el contenido que ellos pretendían escuchar, y por lo tanto desmantelaba la falsa denuncia.
Así fue consumada la audiencia, con el fogoneo interesado de Alvero, que en realidad solo buscaba beneficiar socia y esposa, la jueza Palmaghini, con esta maniobra. Las secuelas de lo sucedido no sólo afectaron a la señora en el ámbito personal, sino que subsistieron hasta su muerte: debió padecer con vergüenza que la trataran como a una delincuente, cuando ella nunca fue propietaria de ninguno de esos inmuebles.
Pero tampoco lo fue Manuel Pallasá. Ninguno de los departamentos en cuestión estaba ocupado por Biribín, pero especialmente el de Guido y el de calle Lavalle estaban deshabitados. Pese a todo, los funcionarios retuvieron ilícitamente las llaves del ex Estudio de Pallasá que le habían sacado a la señora, y más de cuarenta días después las usaron para entrar a las oficinas. En ese operativo destruyeron el sistema de alarma innecesariamente, porque no requirieron la clave ni la presencia de quien la supiera. Como si esto fuera poco, se allanó sin abogados y hasta el presente no se ha reintegrado nada de lo que se secuestró en los domicilios.
¿Para qué lo hicieron? En realidad en aquella audiencia se indagó a la señora Biribín por exigencia de la fiscalía, y en complicidad con los querellantes Suárez, que eran deudores de Pallasá. Así se hicieron pasar por acreedores, para sostener la causa armada. Pero ella nunca más volvió a ver a la defensora que teóricamente le habían adjudicado en ese momento, a pesar de la cantidad de veces que la necesitó por cuestiones vinculadas a esa causa. Tampoco pudo hablar con ella por teléfono.
Así que resulta evidente que la abogada oficial no tenía intención de defenderla, sino de atemorizarla para que accediera a mentir en esa audiencia, donde un fiscal armó aquella ficción para aparentar que investigaba. La realidad es que usaba su poder para perseguir a una persona en modo eventualmente extorsivo, a la que por distintos medios se le exigía la entrega de grandes sumas dinerarias para dejarlo tranquilo.
Asociación ilícita
Dice la presentación de la abogada Díaz: “sólo hubo inventos impulsados y sostenidos por los confabulados querellantes y el Fiscal, y recibidos por el juez instructor, que ‘modelaba’ la causa creando una desmadrada ‘escenografía’ falsamente acusatoria: todo para beneficiar su esposa Palmaghini y arraigar la garantía de impunidad que se le aseguraba desde la causa Murature”.
Se dictó falta de mérito a la señora Biribín en lugar de sobreseerla para lograr retenerla cautiva, porque esa resolución ni siquiera fue apelada por la aparente defensora, por lo que es evidente que la defensora oficial actuó secundando y encubriendo el plan de los funcionarios imputados. De haberla apelado, la Cámara la hubiese sobreseído inmediatamente: “Es obvio que correspondía el sobreseimiento por inexistencia de delito, y no la ‘espada de Damocles’ que implica una ‘falta de mérito’ que se impuso ilegítimamente con el fin referido, más aún porque fue condicionada a que el Dr. Pallasá viniera desde Italia a declarar”.
Mientras tanto, los hoy denunciados son también responsables de la malversación de caudales del Estado, ya que hubo tres fraudulentos pedidos de extradición por delitos inexistentes y hechos nunca producidos. Esta condición reflejó sin lugar a dudas que el objetivo era la persecución extorsiva contra los cónyuges Pallasá y Mazzeo.
Es obvio que no existe ninguna figura que tipifique responsabilidad penal por ‘eventuales deudas’, pero sin embargo eso fue lo que inventaron los imputados para armar la causa extorsiva y persecutoria. Es decir, que no existía ningún mandato de venta de un automóvil de Pallasá, ni tenía ningún automotor propio, tampoco ningún inmueble que quisiera ocultar. No tenía impedimentos ni restricciones, no era deudor de nadie. Los falsos denunciantes sí eran deudores, no acreedores Pallasá, y aun lo siguen siendo, desde antes de la falsa denuncia, lo cual consta en las demandas civiles y comerciales iniciadas contra Suárez en el año 2000.
La señora Biribín era sí mandataria de Marta Mazzeo, esposa de Pallasá, para el momento en que decidiera vender su coche, antes de que se depreciara o deteriorara por el transcurso del tiempo.
Como relatan los abogados, el resultado fue —sin embargo— contundente: se sostuvo un intenso acoso internacional, con tres pedidos de extradición, con pedidos extorsivos para sostener la privación ilícita de la libertad ambulatoria, y pedir rescate a cambio. Según esta presentación, los ideólogos habrían sido Bacigalupo, Alvero, Oberlander y Palmaghini, con los fiscales eventuales.
Y lo peor es que, cuando correspondía que todos ellos aceptaran el fin de aquella causa por la extinción de la acción penal, es decir la prescripción, no lo hicieron. Para mantener abierta la persecución extorsiva, es decir, para seguir impidiéndole a Pallasá salir de Italia, cometieron otra serie de medidas falsas e ilegales, como por ejemplo la información falsa. El juez declaró internacionalmente a los jueces italianos que la prescripción de la acción penal operaría el 19 de diciembre de 2008. Fue, dice la abogada, un fraude informativo en connivencia con el fiscal que no logró inducir a error a la justicia italiana: los jueces se dieron cuenta de la mentira. Al menos, de una de ellas.