Servicio de justicia | Son ineficientes. Son fríos. Son inconmovibles. Repiten artículos de ley cuando las personas sufren. Son contradictorios y poco ilustrados. Cometen errores que matan. Son los jueces sacapresos.
Días atrás, la ciudad recibió conmovida la espantosa noticia de que una joven había sido violada en la zona de Playa de los Lobos, en Mar del Plata. Los comentarios en las redes provenían de su hermana, que pedía ayuda porque nadie les prestaba atención. Ni la policía, decían, ni la justicia. Luego se dijo que el violador era un hombre embozado en un cuello polar, que llevaba gorra, que había amenazado a la chica con un arma blanca. La había obligado a lavarse después del ultraje para borrar rastros de su ataque, y la había dopado para poder escapar.
Sin embargo, todo el espanto era poco cuando se identificó al atacante, y se supo que no era la primera vez que violaba. Que un juez local le había otorgado la libertad, porque para él todo esto era poca cosa, la peligrosidad le importaba un bledo, y la cuestión de las víctimas ultrajadas le sonaba a sanata. Al menos, es lo que podemos deducir de sus palabras. El magistrado en cuestión es Juan Galarreta, quien permitió el nuevo ataque de Playa de los Lobos porque no le tembló el pulso para liberar al violador serial, Rubén Galera.
Juana Entretico también había sido atacada por Galera, pero en Miramar. Ella trató de alertar a la gente de que esto pasaría, pero no obtuvo respuestas por parte del juez. Terminó por publicar su carta desesperada, y así se supo que Galarreta había recibido a las víctimas para cumplir, pero no se había conmovido por el relato que, al parecer, no es para él más que un trámite.
Juana no concurrió sola a esa entrevista. También estaba María, una radióloga que fue atacada por Galera dentro del penal, y sufrió fracturas en el rostro por los golpes, aunque el atacante no pudo consumar la violación. Juntas fueron a decirle al juez que Galera no debía ser liberado, pero el magistrado las escuchó como quien oye llover.
La reunión con el juez terminó de ratificar lo que habían pensado: “Solamente habló de leyes, nosotros hablamos con dolor y con el alma. Es una persona que no tiene un grado de humanidad. Lo único en lo que se basa es en un código. Digo que este juez fue violador, violó alguna vez o se regocija con estos casos. Le debe dar morbo o placer, porque cuando hablás con él pensás eso”, remarcó Juana.
Y parece que no es el único caso donde una decisión de Galarreta termina con otro hecho delictivo grave: “tiene millones de fallos de este tipo. Hay uno que incluso llegó a un homicidio, hubo maltratos a gente del penal, sobre todo a mujeres. Es una persona muy pobre de alma y de cabeza. Es un cínico; me denigró igual que Galera como mujer, y si no lo sacan, vamos a seguir viviendo lo mismo”.
Para Juana, la violación de Galera se repitió en el despacho de Galarreta: se sintió realmente denigrada por uno de los integrantes del sistema judicial. “Me agarró un ataque en un momento, porque me dijo que Galera no iba a reincidir, y había que darle una oportunidad, porque estadísticamente no reinciden. Me salía sangre de la nariz, de la boca… Él le terminó diciendo a María “dejala dejala“, que eso le pasaba tanto con las víctimas como con los acusados. Me puso en el mismo lugar de Galera, para él somos lo mismo”, comparó.
Palabra de juez
La voz del magistrado en la 99.9, dio su justificación sobre la decisión tomada: “La respuesta que debo dar desde la magistratura tiene que ver con las normas que tiene la ley”. Indudablemente, la ley vale para todos, pero él la lee desde un costado. Preguntado acerca de por qué había tomado la decisión de liberar a un violador que acababa de atacar a otra mujer dentro del penal, preguntado acerca de si para él esa prueba no alcanzaba para decir que ese hombre no está en condiciones de estar en libertad, respondió: “La libertad condicional se le otorgó mucho tiempo después del ataque a María. La evaluación se hace en el contexto de todo el tiempo que estuvo detenido y las conductas en la prisionización. Se evalúan todas las infracciones dentro del establecimiento, cualquiera sea su naturaleza”, señaló.
Primera cuestión: llamó infracción al intento de violación. Es decir que para el juez, querer violar a una mujer, quebrarle el tabique y el pómulo para someterla, y realizar estas acciones absolutamente desaforadas en el contexto del encierro, es una infracción. Ni siquiera un delito. Lo llamó infracción, como a una discusión acalorada, o una mala contestación al guardiacárcel. Luego, se justificó en las conductas de prisionización (y el neologismo se lo atribuimos a su creador). Pero en ningún momento de la entrevista expuso cuáles eran las pericias de las que ese valió para justificar que esa aparente buena conducta fuera algo más que una apariencia o una pantalla: si el violador es por definición un perverso, la categoría de perversión es una estructura, no otra cosa. No cambia. Se adapta, se controla, se limita, nada más. Es decir que alguna pericia psiquiátrica debió decir algo un tanto más profundo que “se porta bien“. Claro que se porta bien, como cualquier manipulador que hará la mejor de las letras en su taller de cerámica, esperando el momento en el que va a golpear la cabeza de la radióloga contra el piso. Las pericias no las vimos.
A pesar de que María se puso a la par de Juana para llevar adelante su reclamo, para Galarreta, como no hubo una sentencia aún en ese caso, no se puede comprobar que Galera la atacó: “En el caso del ataque a María, es una causa que no tiene resolución, por lo que en relación a ello, goza de la presunción de inocencia y es algo que no puedo valorar. Si esta persona es el autor del hecho, debe ser condenado y en función de ello, lo evaluaríamos. Se pregunta a los otros organismos si hay interés en la detención y no estaba detenido ni había una decisión en tal sentido”, agregó.
¿Podemos arriesgarnos a pensar que ni siquiera leyó la causa del violador que estaba liberando? O sí la leyó, pero las lesiones de María, sufridas dentro del penal, no eran para él suficiente indicio de que no debía liberar a Galera. Para él eran una infracción, y lo dijo él. Tenía a las víctimas adelante y les dijo algo así como “seguí participando“. Apegado a lo que dice la ley en su fría letra, Galarreta insiste en que no hay forma de saber si un violador volverá a atacar una vez en libertad: “en estas decisiones, no tenemos certezas de que vuelva a delinquir. Si tuviéramos la certeza absoluta de que volverá a cometer delitos, no daríamos la libertad”.
Señor juez, los humanos no contamos con la capacidad de tener certezas absolutas. Tenemos indicios más o menos sólidos que nos llevan a tomar decisiones de las cuales somos responsables. Sobre todo porque, al menos por la información que se cuenta hasta el momento, dentro del penal no hay tratamientos psiquiátricos como los que usted menciona. Los profesionales del Poder Judicial hacen pericias, no tratamientos terapéuticos.
Responsables
No está bien que estas decisiones impiadosas, irresponsables y misóginas se escuden en la posición garantista. Esto no es garantismo. Es garanticidio, y este neologismo sí nos pertenece. Si no, bastará revisar algunas de las decisiones que los magistrados han tomado en los últimos años para el desconcierto de la sociedad que les ha delegado el poder de administrar justicia.
Walter Donoso, por defender a una familia y al taxista que estaba siendo asaltado con armas de fuego, mató a un motochorro e hirió al otro. Su padecimiento había empezado en 2004 cuando fusilaron a su hermano en un hecho que también tiene distintas lecturas. Ese hecho marcó su vida notablemente, y nunca recibió la justicia que se merecía: “fui un año a Tribunales hasta que logré que el Dr. Salas me atienda. Cuando me recibió, me dijo que tenía las manos atadas porque los asesinos de mi hermano eran menores y los tenía que liberar. A los dos años murió mi papá porque no soportó el dolor, le trajo muchos problemas de salud”, remarcó.
Las experiencias vividas fueron increíbles, incluso un intento de asesinato que sufrió en su comercio después del hecho puntual donde baleó a los delincuentes. Entonces, dos encapuchados le gatillaron en la cabeza, pero como no salió la bala, le asestaron cuatro puñaladas en el abdomen. “No tenés derecho a defenderte y enfrentarlos, no aceptan que les pongas un límite, son dueños de la calle y de tus bienes”.
Donoso fue detenido y acusado de un exceso en la legítima defensa. Estuvo a punto de ir al penal, donde sabía que –de seguro- lo matarían. Hoy tiene decidido irse de la ciudad, tratando de encontrar un poco de tranquilidad después de que un jurado lo absuelva de culpa y cargo. No le queda otra, porque fue amenazado de muerte ante el Tribunal y su vida sigue corriendo peligro.
Para el fiscal de menores, Walter Martínez Soto, las deficiencias en el sistema penal siguen evidenciándose día a día. Se refiere al caso puntual de uno de los implicados en el caso Dardo Molina, que recuperó la libertad condicional, Andrés Fernández, pero que llevó en el análisis del fiscal al tema de las decisiones erróneas: “Desde el momento en que fue atrapado estuvo detenido casi ininterrumpidamente. Hubo reiterados planteos de la defensa para que estuviera en libertad con distintos argumentos, pero recién el año pasado se logró”.
Los argumentos que tenía la fiscalía no fueron escuchados, y ese es el verdadero motivo por el que se dan tantos casos de reincidencia, en algunos casos con víctimas fatales. “Lo que planteamos es que no había un proyecto de vida para él, y el Estado debía garantizar que este joven, cuando saliera de prisión, no estuviese envuelto en problemas nuevamente, pero no hay política al respecto. Las cárceles se han transformado en depósitos y poco puedo hacer desde la fiscalía”, agregó.
Este punto, en particular, no es abordado seriamente por el Estado y ahí Martínez Soto encuentra la falencia más grande: “el Estado está ausente, y está claro en las pautas de convivencia que se han internalizado entre las personas. Se ve desde una temprana edad. Después es complicado que ganen la libertad y cambien de modo de vida”.
Cansado de nadar contra la corriente y de que no se escuchen los argumentos que cree válidos, cargó las tintas sobre aquellos que toman las decisiones de fondo en materia judicial: “Discutí con jueces y colegas de la defensa, pero el problema de gestión y la falta de compromiso con la gestión pública es terrible. Se nos complica hacer un trabajo serio y moderno. A veces tenemos los medios tecnológicos, pero falta compromiso; parece que trabajar en el ministerio público fiscal es una beca”.
Una beca
Otro de los casos que ha tomado relevancia es el de Nicolás Olivera, agresor de su pareja Yésica Castillo, que le arrojó una bomba molotov en su casa. La fiscal interviniente, Andrea Gómez, habló sobre el pedido de detención que emitieron en las últimas horas: “por ahora no hay ninguna novedad. Hay una búsqueda intensiva a pesar de que este tipo de decisiones no se toman habitualmente, pero decidí hacerlo por una cuestión de seguridad de Yésica Castillo y también de la comunidad toda”.
Además, relató cómo fueron los pasos que siguió la causa: “el sábado intervino primeramente la Dra. Graciela Trill, que realizó la instrucción muy rápido. Me comunicó los antecedentes del hecho, y no solamente la bomba molotov había puesto en peligro la vida de Castillo, sino también las de un menor de tres años y una mascota. El objetivo, a mi entender, era matarla, y tomé intervención porque estábamos ante una tentativa de femicidio”.
Por otro lado, señaló que hubo un factor detonante para advertir públicamente sobre la situación: “algo que no trascendió sobre la decisión que tomé es que me llamó la titular de la Comisaría de la Mujer diciéndome que había recibido una amenaza a Castillo, asegurando que a las 17 iba a efectivizar su muerte”. Cabe destacar que Olivera cuenta con antecedentes, y en los hechos por los que fue juzgado también aparece la violencia como factor común: “purgó una pena de 14 años por haber sido autor de dos robos calificados muy violentos, donde cometió además abuso sexual”, concluyó.
Entonces, ¿cómo es?¿la fiscal Gómez sí puede tomar decisiones en vistas a la peligrosidad, pero el magistrado no? Según el abogado Martín Ferrá, las estadísticas sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal en el Departamento Mar del Plata siguen siendo alarmantes. En principio, los números que había conseguido en 2014 sobre el ejercicio 2012 ya marcaban una seria preocupación. Ahora, con las cifras del 2015, la situación sigue por los mismos carriles, y nuevamente el abogado pidió que se destituya y lleve a juicio a los responsables.
Explicó: “en la actualidad hay más de un 90% de archivo y desestimación de causas penales en el Departamento Judicial Mar del Plata, y en los grandes departamentos de la provincia, los números son similares. Sólo llega a juicio un 5,40%, y de esas, un 1,7% son sentencias condenatorias”. Además, agregó: “los índices son similares en los 17 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, y vienen de la mano de los altos índices de criminalidad”.
Para ponerlo en números concretos: “a Mar del Plata, en 2015, le entraron 33.000 causas penales, y se archivaron o desestimaron 29.000. Sólo se elevaron a juicio alrededor de 1.800, se llamó a indagatoria a los imputados en 3.700 causas, que es un 7% del total. El Centro de Atención a las Víctimas atendió sólo 31 causas”.
Explicó concretamente que no trabajan. La mayoría de los funcionarios del Poder Judicial de sueldos siderales no hace demasiado, y recarga la tarea de los que son responsables, que terminan sobrepasados. A la falta de trabajo se le ha sumado también la desidia, incluso para la confección de este informe concreto: “los informes, tanto de 2012 como de 2015, tienen el mismo encabezado y la misma conclusión. Amerita, conforme a la ley de enjuiciamientos de la provincia, a pedir el jury por incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones para la Procuradora General de la Corte, María del Carmen Falbo y al fiscal general departamental, Fabián Fernández Garello”.
Por último, fue crítico también con el sistema que se utiliza, y las consecuencias que trae para la sociedad: “se denuncia entre un 5 y 10% de todo lo que pasa, porque la gente va a las comisarías, se cansa de esperar y no denuncia. Es un sistema perverso e ineficiente”.