Estafa al ANSES | Declaró uno de los acusados de gestionar jubilaciones falsas y retiros por discapacidad que no correspondían. Dice que no sabe de qué están hablando porque su tarea en ANSES no se refería a lo previsional. Él sólo cría perros…
Cuando le tocó ocupar el banquillo de los acusados, el abogado Héctor Adolfo Seri negó que modificando una hoja de un expediente o agregando otra fuera posible eludir o impulsar una resolución administrativa de ANSES. “No es posible en primer término porque las fojas vienen firmadas y foliadas y los expedientes están digitalizados”, decía el 28 de octubre de 2019, cuando aceptó prestar declaración ante el juzgado federal de Santiago Inchausti.
En la oportunidad, ratificó la defensa de Julio Razona y de Juan Pablo Rosello, y dijo ser abogado jubilado de sus tareas en aquella institución de acción social. La acusación que lo mantenía detenido y que lo ha traído hasta aquí, es la de haber formado parte de una organización ilegal, por lo menos desde 2006, que estaría compuesta además por Roberto Luis Balbuena, Rubén David Cagni, Luis Miguel Iros, Luciano Diez Suarez, todos miembros de la sociedad Organización Jurídico Previsional SRL, un estudio jurídico dedicado a realizar trámites previsionales. También se menciona la participación de María Gabriela Iros, Daniel Alberto Nicolás, Rosana Arata, José Ricardo Caliyuri, Miguel Norberto Coelho, Fernando Daniel Fernández, Daniela Andrea Livi, Ariel José Fati, Luis Alberto Funes, Néstor Rodrigo Jones, Alejandro De la Torre Kriskovich, Ramón Gerardo Tula, Marcos Bravo, Ángel Matías Nicoló, Eduardo Moyano, Juan Miguel Martínez Campoy, Marcelo Eiras, Ricardo Scalise, Juan Carlos Soria, Gustavo Domínguez, Nazareno Di Giovanni, Gabriela Biribin, Rodolfo Barone, Miguel Ángel Marcello, Fernando Biesa y el mismo Seri, sin que se pueda descartar sin descartar la participación de otras personas.
Según la causa, esta organización se habría dedicado a gestionar beneficios previsionales —jubilaciones o retiro por invalidez— pero ilegítimos, lo cual ha generado un perjuicio en el patrimonio estatal por noventa millones de pesos.
Seri fue funcionario público de la ANSES, por lo que se presume que su función dentro de la organización sería la entrega de documentación. En concreto, sería la persona encargada de llevarle a Balbuena los expedientes que le requería para manipularlos, con la finalidad que perseguía la organización: sacaban hojas, ponían otras con sellos del organismo y se modificaban los papeles de prueba y de aportes. A veces el expediente se extraviaba, y cuando era requerido aportaban una copia, pero con constancias agregadas por los miembros de la organización. Luego Seri sería el encargado de reingresar el expediente a la dependencia, como si nada hubiera pasado.
Armas de guerra
Además, en ocasión de realizarse el registro y allanamiento del domicilio del acusado —en Castelli al 2700—, se encontró allí un revólver Taurus calibre 22 color plateado, con 9 municiones en el tambor. También se halló un revólver con empuñadura color madera con 6 municiones, más una pistola Tala calibre 22 color negra con su cargador colocado y 9 municiones más. Había también una pistola Browning 9mm color negra con 13 municiones además de otra Browning negra también cargada. En el domicilio de Santa Fe nº 1800, en un cajón del escritorio de la oficina de Seri, se secuestró una pistola marca Bersa calibre 3.80 con 7 municiones, en buen estado y sin documentación respaldatoria. Además, había una Magnum Smith & Wesson. ¿Tantas armas tiene un abogado para cuidarse a sí mismo? Dijo que le se las donó una tía, pero sin papeles.
La cuestión es que Seri tenía una explicación para cada cosa, y comenzó su testimonio narrando su detención: “En primer término, manifiestó que, cuando se hizo el allanamiento a mi domicilio, me encontraba en el exterior con pasajes adquiridos con un mes de anterioridad, eso lo hacíamos combinar con un viaje del hijo de mi pareja y a mi regreso, anoticiado de esta causa, antes de migraciones, me dirijo a la PSA donde soy detenido”.
Explicaba así que en todo momento su voluntad había sido estar a derecho y dar su colaboración al juzgado para aclarar estos hechos. Pero, específicamente respecto de la acusación, dijo que lo negaba totalmente: “jamás retiré expedientes de la ANSES por ninguna causa. También quiero dejar constancia que desde el año 2009 trabajé en la Anses hasta fines del año 2015, y lo hice en la gerencia regional. En 2016 en la administración de la Anses Mar del Plata Sur, y en el 2017 en adelante en el Anses Mar del Plata Puerto donde fui operador de atención integral”.
En lo relativo al secuestro realizado en el domicilio, un cuaderno con las distintas operaciones que se hacen en esa área, agregaba: “nunca trabajé en la parte previsional, que es donde se me imputa el hecho que es un área ajena, y también manifiesto que lo dicho por el testigo acerca de retirar expedientes y alterar fojas jamás lo hice y no podría haberle hecho jamás por estar en otra área y dichos hechos carecen de sentido porque los expedientes están informatizados”.
Labor social
Seri se jubiló de Anses tras 10 años de servicios, y afirma que recibió un premio de 10 sueldos —que sería el dinero secuestrado en la causa— en razón del buen comportamiento y ausencia de sanciones durante todo el tiempo que trabajó en dicha dependencia. Explicaba entonces que desde 2009 hasta 2015 se había desempeñado en la gerencia regional, en donde la función consistía en divulgar los beneficios de la Anses: mantenía reuniones en centros de jubilados y sindicados ya que llevaba adelante una labor informativa de lo que se hacía en la dependencia. En el año 2016 trabajó en la Administración de Avenida Independencia, y su tarea consistía en enviar las notificaciones y llevar el registro de resoluciones. En cambio, en 2017 y hasta su jubilación, dijo haber trabajado en ANSES puerto como operador de atención integral: su función eran los créditos Argenta, desempleo, subsidios por fallecimiento, monotributo social y entrega de garrafas. Es decir, labores que se iniciaban y concluían en el día y que hacían a la acción social que desarrolla la Anses. Así justificaba su lejanía respecto de la tarea previsional.
En cuanto a Balbuena, dijo que lo conocía desde hacía 20 años: “nos vincula la pasión por los perros”. A las restantes personas que son socias, afirma que las trató ocasionalmente por su intermedio.
Si bien dijo que no se desempeñaba en la parte previsional, Seri reconoció que en algunas oportunidades vio a David Cagni, que tramitaba o que hacía la procuración de los expedientes previsionales de su estudio. Explicó que en una hilera de escritorios estaba la administración y atención integral, que después venían hileras de sillas, y que en otro lado del local estaban los escritorios de la parte previsional, que era donde concurría Cagni. A los demás dice que nunca los vio.
Llegado el momento de hablar de los hallazgos en su domicilio, el acusado debía explicar por qué esas personas a las que dice no conocer ni haber visto estaban —sin embargo— presentes en sus agendas. En la del año 2017, el 23 de octubre decía: “Tito, Fernando, Mariano, Prokuda, Mario, Hugo”. En la del 2019 decía algo similar. Respondió entonces: “sería seguramente una cita que tenía con ellos”. En cuanto a las anotaciones del 8 de mayo, que decían “Iros María Gabriela, Caliyuri José, Nicolás Daniel, Arata Roxana” respondió que había salido una nota en el diario vinculada al estudio jurídico previsional, respecto a la investigación y él lo había anotado, que de los nombrados únicamente conocía a Caliyuri. El abogado Seri declaró que sólo se ocupaba de criar hermosos perros Golden y gestionar garrafas sociales, y no de integrar una empresa conjunta que —a partir de la voluntad de un cliente del estudio jurídico de obtener un beneficio previsional— simularía una relación laboral mediante la presentación de denuncias “z” falsas o la carga de declaraciones juradas apócrifas, a partir de la utilización de documentación falsa, como recibos de sueldo apócrifos, datos personales y clave fiscal de falsos empleadores o personas jurídicas que ya no desarrollaban actividad comercial, con el fin de modificar la base de datos del sistema informático de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Qué buena persona (continuará).