No sabemos bien qué esperaban de él, de quien decía que San Isidro era su lugar en el mundo y dos años más tarde juraba —y ya sabemos que tampoco será así— que se venía a vivir a Mar del Plata hasta sus últimos días. Cuando se trata de Montenegro, lo raro hubiera sido un compromiso cumplido, y no al revés.
15 de Octubre de 2019. Guillermo Montenegro en plena campaña, se reúne con taxistas, remiseros y remiseros rurales en el Hotel Ostende y les jura y perjura que él jamás dejará que las aplicaciones de transporte pongan un pie en la ciudad. Convencidísimo, Guille incluso agarra la lapicera y le mete el gancho a una hoja adornada con los colores de Juntos por el Cambio cuyo título es clarísimo: «Acta de compromiso con taxis, remises y remises rurales». Documento que, por alguna razón, hoy en día es difícil de encontrar en línea, así como la cobertura de esa reunión en particular que alumbró el mentado papelito. Como no queremos que la información se pierda, acá dejamos una copia, por las dudas.
10 de marzo del 2022. Luego de la presentación de un proyecto de ordenanza para habilitar las aplicaciones de transporte en la ciudad por parte del propio oficialismo, Montenegro se reúne con los taxistas para asegurarles que el compromiso sigue en pie. Luego de la reunión, el presidente de la Sociedad de Conductores de Taxi, Raúl Vicente, le dice a los medios: «Nosotros estamos tranquilos porque Montenegro siempre nos apoyó».
Hoy, el intendente saliente se va a ocupar su banca a la legislatura provincial habiendo sido denunciado por no hacer cumplir la ordenanza que se encuentra vigente —promulgada por Carlos Fernando Arroyo— que impide la actividad de las apps de transporte en la ciudad.
Como decía Groucho Marx: «Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros».
Una historia de frustraciones
A pesar de que, en marzo del 2022, Guillermo Montenegro renovó su compromiso de no permitir la llegada de las aplicaciones a la ciudad, unos meses más tarde, allá por octubre del 2022, el concejal Fernando Muro —oficialismo puro— planteaba la posibilidad de habilitar las moto-taxis en la ciudad, iniciativa a la que se opuso, entre otros, Miguel Rodríguez, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, quien dijo: «Parece que la única necesidad que tienen los políticos es traer las aplicaciones y derogar la ordenanza que sancionó el Dr. Arroyo».
Dos meses más tarde, el 15 de diciembre del 2022, Guillermo Montenegro se sinceró en el aire de la FM 99.9 y dejó en claro que aquel papelito firmado en el Hotel Ostende valía menos que billete de tres pesos. Preguntado por el arribo de las plataformas como Uber y Cabify que de un día para el otro se instalaron y comenzaron a trabajar sin tener una ordenanza que se los permita, dijo: «ese tema está en el Concejo. Hay que tener en claro que por la cantidad de gente y como se está moviendo la ciudad, estamos teniendo una problemática con el servicio público de taxis. Hay un problema real porque la gente no consigue en distintos horarios un auto. Hay un tema que planteamos a los sectores, esto pasó durante la pandemia en el mundo porque cambiaron de rubro, necesitamos dar ese servicio y hay que hacer un replanteo».
¿Qué cambió? Dejamos que el lector saque sus propias conclusiones no sin antes recordarle que el 16 de noviembre del 2022, el diario La Capital publicó una nota titulada: «Otra mala para los taxis: Cabify anuncia su llegada a Mar del Plata». La nota, claramente de origen comercial, explicaba todos los pormenores del servicio y hasta tenía citas por parte de representantes de la empresa. Cuando se hizo el homenaje al Dibu Martínez en Las Toscas —territorio del coruñés emprendedor y dueño del mentado medio— unos días más tarde, la publicidad de Cabify se mostraba ya sin ningún pudor, gigante, a los costados del escenario.
Días más tarde, Raúl Vicente ya no estaba para nada tranquilo: «por un acuerdo político e intereses, le darán una cabida política a las aplicaciones cuando la ordenanza que las prohíbe está vigente aún». Continuó: «tienen esa forma de actuar porque hay intereses que creo que en poco tiempo se van a demostrar. Habrá casos resonantes donde se verá que estas empresas dan apoyo a la política para llegar a los lugares donde llegan».
Para fines de enero siguiente, los taxistas y remiseros ya estaban en un enfrentamiento claro contra la municipalidad, impulsando una denuncia contra las autoridades: «la decisión la tomamos todos a través del abogado del sector. Estamos actuando en consecuencia y ahora nos reuniremos todas las entidades que representan a taxis, remises y autos rurales; no queda nadie afuera. Sabemos que habrá amenazas legales para las entidades y los dirigentes que estamos al frente del movimiento. Tenemos que hacer frente a lo que venga», dijo Vicente.
El 27 de enero del 2023, los conductores, luego de una escalada en su enfrentamiento con Montenegro y a pesar de la amenaza de que les iban a quitar las licencias, cortaron parcialmente la Ruta 2 en plena temporada de verano, en una ruptura ya insalvable con el gobierno.
Fueran cuales fueran los compromisos públicos firmados que tenía Guille con los taxistas y remiseros, evidentemente sus compromisos secretos y sin firma con Aldrey siempre serán mucho más fuertes.
Gritando en el desierto
A pesar de ser una batalla claramente perdida, los taxistas y remiseros no se rinden. Es el caso de Gustavo, un trabajador del sector, quien presentó una denuncia en la justicia contra el intendente.
En una entrevista para la FM 99.9, el denunciante aseguró que acompañó su presentación con documentación respaldatoria que muestra cómo la gestión municipal no actuó pese a tener pruebas del incumplimiento. «Durante dos años hubo un cartel en Playa Grande publicitando estas plataformas, que todos podían ver, incluso concejales, y el intendente recién lo sacó cuando las denuncias fueron muchas», aseguró.
Asimismo, apuntó contra la falta de transparencia en el acceso a la información pública: «Hace seis años que le pido a Montenegro que me dé las actas de control, que diga los números, las fechas y qué juzgados intervinieron. No lo hacen y argumentan excusas legales. Pero la Corte Suprema y fallos como el del juez federal Martín Bava sostienen que la información pública pertenece al pueblo de la Nación Argentina».
Gustavo también remarcó que la actitud del jefe comunal es evitar el diálogo: «Montenegro ha decidido no dialogar. Hace seis años presento notas todas las semanas y nunca me recibe. Tengo que ir a la oficina privada porque en el COM directamente no me aceptan los escritos».
Finalmente, el trabajador cuestionó la pasividad municipal: «El intendente dice que es una persona de ley, pero desoye la ordenanza y mira hacia otro lado. Si no está de acuerdo con la norma, lo que debería hacer es impulsar su derogación y reglamentar otra alternativa para que haya equidad con los taxistas».