Denuncian a jueces | Un grupo de jueces fue acusado de armar una causa y extorsionar a un profesional. Le inventaron una deuda inexistente, y un fraude en sus propiedades. Apellidos conocidos en otro expediente vergonzoso, que trae más dudas sobre la seguridad jurídica argentina.
La abogada Díaz es quien —en representación de un cliente que reside en el exterior— decidió denunciar las acciones delictivas llevadas a cabo por una banda habilitada en tribunales: jueces y demás funcionarios habrían utilizado toda clase de figuras delictivas con el fin de extorsionarlo y cobrarle a cambio de no imputarlo en una causa que prevé hechos que nunca sucedieron. Y que, de haber sucedido, no habrían sido un delito.
Los denunciados son los jueces Fabiana Emma Palmaghini de Alvero, Marcelo Roberto Alvero, Pablo Alberto Bacigalupo, Gustavo Miguel Pierretti y Eduardo Pablo Suárez García, quien figuraba como hipotético denunciante.
La denuncia indica que todos los nombrados habrían acusado falsamente a la víctima de esta operación de una supuesta insolvencia fraudulenta, cuando en realidad el nombrado no tenía una deuda: ningún tribunal civil había sentenciado que la tuviera. No tenía acreedores, pero sí deudores, y tampoco poseía ninguna propiedad a su nombre.
Obviamente, la extorsión judicial es un procedimiento complejo, que aparece además como sumamente confuso a la hora de dar cuenta de lo acontecido en la documentación denunciante. Los nombres son varios, y la abogada lo justifica explicando que Alvero no quería transmitir personalmente sus intereses para que no quedaran posibles rastros de esa maniobra extorsiva que provenía desde el Juzgado de Instrucción Nº6, y que implicaba a su esposa de ese momento, Palmaghini. Por eso usaba a sus esbirros.
En el curso de los hechos que se relatan, el abogado Juan Martín Cerolini fue impuesto como abogado a la víctima por el abogado Jorge Reinaldo Vanossi, cercanamente vinculado al matrimonio Alvero-Palmaghini.
Dice la presentación de la abogada: “Cuando Vanossi fue efímero Ministro de Justicia asignó a Alvero al Juzgado de Instrucción Nº6 para que prosiguiera con la lapidación política y mediática del Juez Murature, porque éste estaba investigando a su esposa Palmaghini de Alvero por delitos cometidos cuando era Secretaria del Juzgado de Instrucción Nº24”. Fabiana Palmaghini es la jueza que se declaró incompetente en la causa que investigaba la muerte del fiscal Nisman. Además, el mentado Juan Martín Cerolini integraba un grupo de profesionales conocidos como “abogados del diablo” junto con Fernando Burlando, tantas veces procesado por extorsión por el Juez Claudio Bonadío y otros Juzgados Federales.
Por todo lo expuesto, la abogada acusa a todos los nombrados de extorsión, amenazas agravadas por coacción, privación ilícita de la libertad ambulatoria, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio, prevaricato, violación de secreto fiscal, violación de secreto bancario, violación de secreto profesional, denegación y retardo de justicia por intervenir dolosamente en el armado de causas penales sin existencia de hechos que inventaron para sostener una intenta persecución extorsiva contra este hombre y su cónyuge.
Las pruebas
Una serie de emails han salido a relucir, y allí se cuenta la historia de una extorsión escandalosa. Sólo como muestra, uno de los correos estáfirmado por Marcelo (¿el juez Alvero?) y salió de una IP que se encuentra identificada en el marco de la causa, en horas de la noche.
Estimado […]: lamentablemente me he visto en la necesidad de ordenar la intervención de tu email ‘[…]’.
Debés tener cuidado, porque los Suárez te siguen de cerca. De la Riestra hace la procuración de Brandán (abogado de los Suárez). Te sugiero que tengas cuidado y que cambies tu email, para comunicarte con tus abogados y conmigo.
No te olvides del pago mensual que hemos convenido.
Voy a intentar demorar todo lo que pueda la detección de tu verdadero email. Cuidate y tomá todas las prevenciones del caso.
Por ahora te estamos buscando en un lugar distinto, pero no va a faltar que me pidan que ordene tu detención en el lugar donde estás. Siempre y cuando cumplas conmigo, las cosas seguirán así.
Un saludo para vos y para […]. Marcelo.
Este email se emitió usando el servidor de correos electrónicos de Hotmail. Se hizo desde el I.P. 168.226.63.149 correspondiente a Telefónica Argentina con prestación del servicio internet para la entonces S.I.D.E, en su oficina de escuchas telefónicas denominada Observaciones Judiciales. Por eso la abogada agrega: “no se duda de que ese ‘servidor’ de la SIDE fue suministrado a Alvero/Palmaghini por el cuestionado Stiuso, amigo de ambos y del ex funcionario Julián Subías […] sólo el titular del Juzgado Nº6 pudo haber tenido irrestricto acceso a esa hora, en la que emitió otro email extorsivo”.
En su relato, la abogada refiere el inicio de los hechos. Una señora mayor fue detenida ilegalmente en su domicilio, sin orden ni cumplimiento de ninguno de los recaudos necesarios, y sin que se le diera oportunidad de seleccionar defensor. Se la hizo comparecer frente al juez en calidad de algo que ella desconocía. Allí, asustada e intimidada, se le dijo que debía colaborar con la justicia o se la detendría. Los hechos sucedieron en 2002, y el objetivo era que ella dijera que el departamento de calle Guido donde estaba parando pertenecía a la víctima de todas estas maniobras, y que el coche que planeaban vender era del mismo propietario.
Ambas cosas eran falsas, pero la banda requería de argumentos para sostener la insolvencia fraudulenta frente a una deuda también inexistente. La firma que se presentó como acreedora era en realidad deudora de la víctima, pero seguramente —a través de Suárez, que era uno de sus responsables— planeaba escapar de aquel pago.
Por eso, argumenta la denuncia, fue que el fiscal y el matrimonio Alvero -Palmaghini “armaron” aquellas ficciones para aparentar que investigaban hechos inexistentes: “Todo ello consta en las causas, y es inentendible que se la haya sometido a esa alienante presión por ‘eventuales deudas’, por ‘eventuales obligaciones’ (sic) que fraudulentamente querían imponerle […], no habiendo, reitero, ninguna deuda ni deudor ni acreedor, y menos aún la jurídicamente inaceptable ‘eventualidad’ de que surgieran”.
Lo concreto es que, como surge de los actos procesales, se recurría a todos los medios. Todos los implicados acordaron realizar un pedido de extradición que terminó con la vida civil de esta persona y de su esposa. Fueron perseguidos, vieron limitada su libertad ambulatoria, por más que la justicia del país donde residen jamás terminó de creer en un expediente que hacía agua por todas partes. Era inexplicable que una persona fuera extraditada por una deuda, en el caso de que hubiera existido: “Su esposa padeció el mismo tortuoso lapso de siete años de inhumana persecución extorsiva”, agrega la abogada.
Recurrir a todo
Es obvio que por ningún motivo, ni un tercero ni el propio deudor —cuando existe alguno— puede ser objeto de un ataque judicial. Menos aún, un ataque de aquella envergadura, con la enardecida participación necesaria de tantos funcionarios públicos, organizados para arremeter contra personas indudablemente ajenas a las maniobras de los falsos denunciantes, que por otra parte eran deudores de la víctima y no a la inversa. ¿Qué más hicieron? Investigaron todo lo que pudieron su situación bancaria, no para cobrar una deuda que no existía, sino para saber hasta qué punto podían exigirle los pagos ilegales que lo mantendrían lejos de la prisión.
Durante siete años, nadie se dio cuenta. Lo amenazaban con meterlo preso por deudas que no había contraído. Para eso, lo intimidaban con el pedido de extradición internacional a través de Interpol. Para asustarlo, le investigaban las cuentas bancarias. Para presionarlo, le adjudicaban propiedades que no tenía, diciendo que no quería responder a sus fingidas deudas con tales muebles o inmuebles.
Nadie dijo que no era posible que las cosas fueran de esta manera. Durante todo ese tiempo, los funcionarios judiciales pidieron dinero a su víctima para dejarlo fuera de una causa, como bien lo muestra todo el intercambio de emails que obra en el expediente. ¿Hablamos de la corporación judicial?