Causa Hooft | Tras doce años, el sobreseimiento del juez Pedro Federico Hooft queda firme, y no quedan más causas pendientes en su contra. Los que mintieron para enterrarlo no dan explicaciones a nadie, y se dan por pagados con haberle arruinado la vida. ¿Así estaremos?
La resolución está fechada en Azul, y vuelve a usar la misma palabra: “inadmisible”. Así fue considerada la denuncia contra el juez Hooft, que después de doce años consigue ver subrayado el sobreseimiento definitivo. Los supuestos delitos invocados -que se habrían llevado a cabo en el marco de las privaciones ilegítimas de la libertad contra quienes fueron víctimas de la llamada Noche de las Corbatas- nunca tuvieron sustento fáctico, ni siquiera uno que les permitiera sostener por más tiempo la batalla mediática y judicial que trataban de orquestar.
El documento dice también que los dichos de Marta García de Candeloro se descartaron por inconsistentes, y que finalmente “el delito no fue cometido por el imputado”. ¿Qué tal? Por arte de magia, el dictamen judicial da la orden de restablecer el buen nombre y honor de quien fuera acusado de haber ignorado las detenciones ilegales de sus colegas, y de no haber dado curso a los hábeas corpus. ¿Se puede?
Quizá no sea posible volver al punto cero, después de que la familia Hooft debió recorrer años de acusaciones que tomaban estado público y se convertían en clamor popular: el juez Pedro Federico Hooft era acusado públicamente de delitos de lesa humanidad.
Pero una vez alcanzado el sobreseimiento, pasaron también muchos años hasta que el juez Martín Bava lo tomó como oficial. En esta bochornosa causa, hubo demasiadas irregularidades y quien se ha encargado de mostrarlas ante la sociedad es el abogado Federico Hooft, hijo del magistrado, quien habló en la 99.9: “fueron 12 años que duró el trámite de la causa penal, y 8 años el trámite del jury de enjuiciamiento”.
El camino fue largo y Bava terminó aceptando aquello que le reclamaron en reiteradas oportunidades: “la resolución hace alusión a que ha quedado firme a partir del fallo de la Corte el dictamen del 2014, pero hace una mención expresa sobre que la causa que tramitó el propio Bava en Mar del Plata era parte de aquel juicio ante el Tribunal de la Provincia de Buenos Aires”.
En medio, hubo varias instancias de revisión que fueron siempre con el mismo resultado. “Todo el expediente penal fue remitido como prueba de cargo al tribunal de enjuiciamiento. Eso derivó en la sentencia absolutoria por 8 votos a 2, luego fue recurrida por los querellantes y fue convalidada en 2016 por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia por 5 votos a 1. Nuevamente fue recurrida ante la Corte de la Nación, y el lunes pasado se conoció que la Corte rechazó el recurso por entender que no procedía la vía extraordinaria”, recordó Hooft sobre el camino recorrido.
El insistente
Al juez federal de Azul ya no le quedaba margen para seguir en sus dichos, y tuvo que reconocerlo. Dice Hooft hijo: “Bava ayer dictó el sobreseimiento, donde dice que los hechos que son objetos de investigación en la causa penal que estaba a su cargo eran los mismos que investigaron en el Tribunal de Enjuiciamiento”. Al haber quedado firme este fallo que detalla por qué no hubo delito, entiende el juez que sería un contrasentido seguir avanzando sobre los mismos hechos.
Pero claro que no lo descubrió él. Hace ya cuatro años que la defensa había pedido que se tuviera en cuenta lo determinado en el jury, pero Bava hizo oídos sordos. Recuerda el defensor: “con el equipo de la defensa, en 2014 adjuntamos la sentencia absolutoria haciéndole conocer al juez la situación, más allá de que fuera en una instancia distinta. De la lectura del fallo de 1000 fojas se puede entender por qué determinaron la inexistencia de los delitos de lesa humanidad. En la lectura del fallo se ve cómo se desarrolló la sentencia, analizando cada hecho. Lo hicimos para que el juez Bava analice ese contenido y lo traslade a la causa penal, pero fue denegado sistemáticamente hasta ahora”. Es decir que, recién ahora se realizó una revisión del expediente, y por fin entendió que carecía de sentido seguir adelante después del pronunciamiento de la Corte.
Tras el éxito alcanzado, a nadie escapa que el entramado de irregularidades sigue impune, porque ninguno de los participantes ha dado explicaciones. “Le quieren cortar la cabeza”, había dicho el propio fiscal Claudio Kishimoto, que intervenía en la causa contra el juez Pedro Hooft, cuando hablaba de las presiones sobre el proceso. Aceptaba que había sido presionado por otros fiscales y funcionarios judiciales para presentar la elevación al juicio de una causa “armada” por varios abogados de la ciudad, fundamentalmente César Sivo, Natalia Massineo y Fernanda Di Clemente.
También había reconocido ante el defensor Federico Hooft la convicción de que la causa iniciada contra el juez era una venganza personal iniciada por Sivo, e impulsada por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Adler. Por eso, Hooft hijo siempre supo de las graves irregularidades en la gestión judicial que quería condenar a su padre.
Fue por eso que Federico Hooft se presentó en la casa del fiscal Kishimoto para hacerlo hablar, munido de un grabador oculto. En esa oportunidad, el funcionario reconoció que todos y cada uno de los supuestos querellantes estaban de acuerdo en destrozar la carrera del juez, y también su vida entera. “Sí, sí, me pusieron una pistola en la cabeza a mí”, había dicho el fiscal, tratando de justificarse delante del hijo del acusado. “Mis vecinos me dicen que soy un hijo de p… y así me siento”, confirmaba en un audio que dejaba en evidencia la intencionalidad de enjuiciar sin un motivo real a Pedro Hooft.
De esa confesión irregular surgió otra causa paralela que aún no tuvo movimientos significativos: “la denuncia que hicimos en 2013 no avanzó demasiado. En Mar del Plata había sido desestimada y archivada, pero la Cámara de Casación revocó esa resolución diciendo que el archivo había sido prematuro. Apartaron al magistrado que intervenía, y copiosas pruebas demostraron la irregularidad. Entiendo que debe ser investigado y llevado hasta las últimas consecuencias porque la justicia debe ser completa”.
Juicio político
Estas cosas pasaron. Todas estas irregularidades acontecieron, y están suficientemente sostenidas por un marco probatorio que les da lugar en el expediente judicial. Por eso, ahora se procurará llevar adelante el juicio político al juez Martín Bava. La denuncia incluye las arbitrariedades, el desapego al principio de juez imparcial, prevaricato y alejamiento de las normas constitucionales. “Hemos sido citados 5 testigos para el próximo 14 de marzo”, anticipó Hooft hijo, a la vez que sostuvo que este proceso debe de ser llevado hasta las últimas consecuencias, porque los funcionarios que abusan del poder perjudican ciudadanos.
Ahora, si bien el posible enjuiciamiento de Bava saldaría las cuentas con parte de las acciones injustas que la familia Hooft soportó, restan aún algunas otras responsabilidades que dirimir. Por ejemplo, la del camarista Mario Portela a la hora de incurrir en falso testimonio en la causa, ya que tras responder una serie de preguntas, quedó en evidencia que sus respuestas no se condecían con la realidad. Más allá de los pedidos de la defensa, no se ordenó la causa por falso testimonio, pero por supuesto que Portela sabe que formó parte de acciones irregulares por las cuales puede ser llamado a responder.
Pero ¿de dónde viene el enfrentamiento? ¿Por qué los funcionarios judiciales querían la cabeza del juez aunque tuvieran que mentir para lograrlo? Recordemos que Hooft fue objeto de una persecución penal desde marzo de 2006, cuando dos denuncias en su contra fueron presentadas desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, a quienes se sumó un grupo de querellantes que se autotitularon representantes de organismos de derechos humanos.
Quizá se deba a que muchos años antes, el juez Hooft llevaba adelante la causa que investigó la desaparición de una treintena de prostitutas en la ciudad de Mar del Plata. En la oportunidad, César Sivo y otros abogados de su estudio defendían a jerárquicos de la policía y del Poder Judicial que resultaban implicados en la trata de personas, y amenazados por los avances de la investigación de Hooft.
Tras las condenas a los policías, dicen los memoriosos que Sivo ya había prometido represalias a los gritos. La salida rápida de hacer creer que existía un asesino serial apodado “el loco de la ruta” era mucho más funcional para ellos, y mantenía en secreto las conexiones entre las prostitutas muertas y los poderes de la ciudad.
Sin embargo esa no fue la única causa que separó los bandos: cuando Hooft acusó a la policía de torturar mujeres en la comisaría, el juez federal Roberto Falcone afirmó: “el juez se vale de la nefasta muletilla de los derechos humanos”.
Si se consideran cada una de las palabras que constan en la grabación realizada a la conversación con el fiscal Kishimoto, se debe dar por aceptado que él habría efectuado requerimientos judiciales que no serían de su autoría intelectual, y algunos de ellos ni siquiera fueron escritos por él, sino que serían documentos redactados por el fiscal general Daniel Adler y por Eugenia Montero. Los papeles le habrían sido entregados para que los firmara coactivamente, y además refirió que desde la Procuración le habrían indicado que “de todos modos” los firmara.
¿Cuántos son entonces los que trabajaron para disponer del buen nombre del juez? ¿Muchos? Quizá el plan no era condenarlo, porque no tendrían con qué: les alcanzaba con arruinarle la vida. Y al cabo de doce años de dar explicaciones, quizá se pueda decir que les salió bastante bien.