Crimen policial | Una tercera autopsia permite afirmar que la policía comunal de Madariaga mató a golpes a Damián Sepúlveda y luego fingió un suicidio. Los familiares piden un cambio de carátula y la detención de los efectivos implicados.
Teresa Tisera, hermana de Damián Sepúlveda, junto con su abogado Julio Armando Hikkilo, piden cuentas a la justicia y al poder político de Madariaga, quienes resultan ser los últimos responsables del accionar de la policía comunal de esa ciudad, y del curso de este proceso demencial. Lo hacen a partir de las confirmaciones que brindó el reciente informe elaborado y presentado por los peritos de Gendarmería Nacional. Con el triste aval de estos resultados, los familiares solicitan el cambio de carátula en la causa que investiga la muerte del joven: proponen que se califique el hecho investigado como privación ilegal de la libertad en concurso ideal con torturas seguidas de muerte.
Asimismo, y por la misma razón, solicitan que se disponga la detención de los policías que se encontraban presentes en la comisaría el día del hecho, entre ellos Mauricio Daniel Díaz, Alcides Gabriel Montenegro, Nadia Vanesa Montenegro, Fabián Abel Rivao, Marcelo Javier Liforena, Claudio Estigarribia, Néstor Rubén Serafini, Guillermo Gastón Formentini, Javier Lucero, Héctor Pérez, Robertino Pongoza, Walter Javier Soto. En función de la prueba colectada, habría motivos suficientes para sospechar que las personas mencionadas habrían participado en su comisión, o bien en su encubrimiento. El abogado indica además que existe peligro de fuga, en función de la magnitud de la pena en expectativa.
Pero eso no es todo. En el mismo petitorio, la familia solicita se impute y disponga el procesamiento por encubrimiento agravado del Dr. Marcelo Isaac Dabbah, que fue quien realizó la primera autopsia, ya que según consideran, el profesional buscó impedir la investigación del delito en cuestión.
Como se recordará, el caso de Damián verdaderamente conmocionó a la población de General Madariaga. Un domingo al mediodía de hace exactamente dos años, Damián Alejandro Sepúlveda, de 27 años, estaba tomando una cerveza en el barrio San Martín. Había salido de su casa a comprar carne para el asado, a pesar de que la noche anterior había ido a bailar, y casi no había dormido. Era un peón de campo dedicado a tareas de mantenimiento de alambrados, y venía al pueblo para concurrir a lugares de esparcimiento los fines de semana, y ver a su familia.
Según contaron fuentes de la investigación, participó en una discusión con otras personas, aunque no está claro el origen de esa pelea. Un vecino llamó a la policía y el joven terminó preso en una celda de la comisaría de Madariaga. No salió vivo de allí.
En el transcurso de las horas que siguieron al arresto pasaron cosas que aún no están claras. La versión de la policía es que Sepúlveda se suicidó colgándose de las rejas del calabozo con una remera de mangas cortas, pero su familia siempre insistió en que eso era imposible. “A mi hijo lo mató la policía”, decía ya en 2013 Jorge, su papá. “Ellos no esperaban encontrarse con que el pibe tenía una hermana policía. Yo sé como se manejan. Estoy segura de que a mi hermano lo mataron”, agregó la hermana, la oficial de la Bonaerense Teresa Tisera.
En la noche del martes siguiente, cuando se hizo pública la noticia de la muerte dudosa, más de 100 personas participaron de una marcha que terminó con incidentes. Algunos de los que reclamaban tiraron piedras e intentaron incendiar la comisaría. La policía reprimió esa manifestación con balas de goma y gases lacrimógenos, por lo que los incidentes se trasladaron hacia el centro de la ciudad. Hubo daños en una dependencia municipal, y autos que terminaron con los vidrios rotos.
Todo turbio
Ni bien se supo la noticia de la muerte, el fiscal de Pinamar Juan Pablo Calderón separó a la Bonaerense de la investigación, y ordenó identificar a todo el personal de la comisaría que estaba presente al momento de los hechos, además de secuestrar el libro de actas. Pero nada fue suficiente para que, según las evidencias que hoy se ponen en juego, las investigaciones se amañaran y las pruebas de que la policía había torturado y asesinado se sepultaran bajo tierra.
Las investigaciones estarían a cargo del ministerio público, con lo cual se pretendía despejar dudas, mientras también investigaba Asuntos Internos de la policía provincial. Nada alcanzó, y la familia siguió adelante con sus sospechas de que el joven no podía aparecer muerto una hora después de salir de su casa, porque no había ningún indicio en su vida que lo pudiera llevar a esa decisión.
Los resultados de la autopsia -que se llevó a cabo en una muy prestigiosa morgue de Lomas de Zamora que no depende de la policía- respaldaban la versión de la fuerza: decía que Sepúlveda había muerto por asfixia. Pero la familia insistía. Parece que Damián era objeto de cierto encono previo por parte de un efectivo policial, que le tenía celos de su novia: lo había visto con ella en un boliche bailable.
El padre de Damián reveló entonces que su hijo ya había estado preso en otra ocasión. Lo habían tenido 40 días detenido, aunque sólo se lo acusaba de una contravención común. Además, aunque el joven no se atrevió nunca a denunciar a la policía comunal, un año antes de su muerte había recibido un disparo de escopeta en el muslo. Ya en ese momento, había tenido miedo de empeorar las cosas y prefirió guardar silencio.
Dice el comunicado de la familia: “Nosotros desde un principio teníamos la certeza de que esto no era cierto, ya que Damián tenía muchos motivos para seguir viviendo y no tomar esa trágica decisión. Sin embargo se hicieron grandes esfuerzos para hacernos creer a nosotros y convencer a la opinión pública de que esa era la única verdad, incluso con la realización de una autopsia falsa por parte del Dr. Marcelo Isaac Dabbah, médico de la morgue de Lomas de Zamora, que sostenía esa falsa versión. Con dolor, esfuerzo y sed de justicia hemos trabajado durante este tiempo cooperando con la justicia para demostrar que la versión policial no era verdadera y que Damián no se había suicidado”.
El reciente informe médico presentado por los peritos de Gendarmería Nacional termina dándoles la razón a los Sepúlveda, y echando por tierra la hipótesis policial. Quedó absolutamente demostrado que Damián fue detenido ilegalmente, torturado y asesinado por la Policía Comunal en el interior de la Comisaría de Madariaga.
Según explica para la 99.9 Julio Hikkilo, el abogado de la familia, además de realizarse esta nueva y tercera autopsia, se realizaron todos los procedimientos de reconstrucción del hecho, para demostrar que la versión de la policía no sólo era falsa, sino materialmente imposible: un hombre de 90 kilos no puede ahorcarse solo contra una reja, con una remera de mangas cortas.
Pero además de eso, la autopsia confirma que en el momento de su muerte, Damián tenía más de sesenta hematomas en el cuerpo, el cráneo hundido, y dos costillas rotas: se supone que el golpe del tórax puede haber sido un bastonazo, pero que además lo mataron a golpes y le patearon la cabeza. El médico de la morgue no había visto nada, pero Damián estaba inconsciente en el momento de ser colgado.
“Dolorosa satisfacción”
Cuando comenta los pasos del proceso, Hikkilo explica que la policía quiso entonces justificarse diciendo que Damián había sido golpeado la noche anterior dentro del boliche donde había concurrido, hipótesis que se cayó cuando se supo que después de la detención, Sepúlveda había sido llevado a un hospital, donde lo revisaron y dijeron que estaba sano. Llegó caminando a la comisaría. A pesar de todo, dice el abogado, “la fiscalía compró esta versión”.
Por eso afirma que tiene hoy en día esta “dolorosa satisfacción”. Porque comprueba que tenía razón, pero hubiera preferido no tenerla. Seguramente hubiera sido preferible que este joven hubiera muerto de cualquier otra manera y no que se verifique el peor de los escenarios posibles: el pueblo está en manos de una policía de la comuna que puede matar a un joven simplemente por celos. A palazos y patadas.
Y expone también su preocupación porque los policías responsables del hecho, si bien han sido desafectados por la división de Asuntos Internos, no han sido apartados de la fuerza hasta hoy. Este cambio de carátula pretende que caiga sobre ellos el peso de la ley por un delito que prevé aun la pena de prisión perpetua.
En cuanto al médico de Lomas de Zamora, el responsable de la primera autopsia, el abogado pretende acusarlo de encubrimiento agravado, ya que no solamente hizo un informe falseando la realidad, ya que dice no haber visto lo que era evidente, sino que además “trató de borrar las huellas”. Lo que el abogado quiere decir es que el médico –intencionalmente- hizo lo posible porque no se pudiera descubrir la verdadera razón de la muerte, ni siquiera en un estudio posterior. Indica que, por ejemplo, el cuerpo no fue mantenido como era necesario, a pesar de que la familia recibió los restos recién cuatro meses después de la muerte.
Pero obviamente, hay una cadena de responsables políticos que hasta el momento no han dicho una palabra. No solamente el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que no colaboró en ningún tramo de la investigación que la familia llevó adelante con su abogado, sino además las autoridades locales: el intendente es el responsable político de una policía que le pertenece. Porque, afirma Hikkilo: el médico en cuestión no hubiera arriesgado su puesto y hasta su título si no hubiera recibido una orden directa de falsear la autopsia, y uno no puede “crear una policía comunal y dejar graciosamente que haga lo que quiera”. La familia Sepúlveda se presentará ante el Honorable Concejo Deliberante de esa ciudad con el fin de solicitar el juicio político para el Intendente, máximo responsable político del accionar de esa fuerza de seguridad hoy cuestionada. Y a hacerse cargo.