Traslado de la Villa de Paso | Hace más de diez años que manipulan una fortuna en fondos públicos para hacer 500 viviendas sociales del Plan Dignidad. Nunca les alcanza la plata y nunca las terminan. Si no dan explicaciones a sus autoridades naturales, menos aún responderán ante a la gente.
La llamada Villa de Paso siempre fue un estigma: un centro conflictivo ubicado en un lugar neurálgico de la ciudad, habitado por cientos de familias que permanecían allí con pocas condiciones de habitabilidad. Las viviendas son sumamente precarias, hechas de cartón y chapas distribuidas en una estructura de pasillos, como es habitual en los asentamientos. Cada casa se apoya en tabiques preexistentes de las casas anteriores, y las condiciones de vida se vuelven tremendas.
Los primeros acuerdos por mejorar la situación datan de 1996, pero desde 2004 comenzó el plan que prometía entregar 500 viviendas sencillas en un plazo máximo de 210 días, fecha desde la cual han transcurrido más de 4.000.
En el convenio inicial, la ONG Trabajar -vinculada a los hermanos Trujillo, de la UOCRA- se comprometía a la ejecución estricta y fiel del proyecto en tiempo y forma. Ellos debían rendir cuentas del dinero recibido, e informar a la autoridad de aplicación sobre el avance y término de cada una de las etapas previstas en el plan. Recibirían inspecciones y proporcionarían la más amplia colaboración para el seguimiento de su desarrollo.
El dinero provendría del Instituto de la Vivienda, cuyas autoridades jamás controlaron la ejecución de las obras, como tampoco la efectiva aplicación de los fondos fijados al proyecto. La partida originalmente presupuestada ya es sólo un recuerdo, y en cada etapa reclaman más y más fondos públicos, que caen en un saco roto. Acorde al expediente, los últimos fondos entregados a la Asociación Civil Trabajar fueron consignados por parte de la subsecretaría de Vivienda y Urbanismo de la Nación – que desde 2004 está a cargo de Luis Alberto Bontempo- con el fin de sustentar la continuidad del Plan Dignidad. Pero la nueva partida presupuestaria fue fijada sin que las autoridades de la Provincia hayan tenido noción, ni conocimiento respecto de los avances de la obra, y de las inversiones previstas en el convenio original. ¿Quién tiene la culpa?
Las responsabilidades en este negociado interminable parecen ser compartidas. Por una parte, el compromiso cumplido por las autoridades de la provincia y el municipio en cuanto a la fiscalización de las obras: los primeros informes realizados por los concejales que permanecen reclamando la finalización del plan, indicaban que de los 32 millones derivados para este plan, no había ni noticias; pocas casas terminadas, una serie sin final de obra, otras abandonadas y algunas ya usurpadas en virtud de la falta de vigilancia de la construcción. Los hermanos Trujillo seguían recibiendo más y más dinero, aunque siempre les faltaba, mientras la lista de personas que esperaban la entrega de su casa se convertía en una broma.
Hernán Alcolea, del Frente Renovador, presidente de la Comisión Mixta para el Traslado de la Villa de Paso, denunció que hubo empleados que intentaron realizar una fiscalización, pero fueron golpeados por los mismos que regentean la ONG Trabajar, y ahora nadie se anima a volver a controlar.
La familia Trujillo
La ONG Trabajar sigue sin concluir el proyecto iniciado en 2004, pero como si fuera poco, el Instituto de la Vivienda entregará 12 millones más para la construcción de 84 casas, que se encuentran entre las 500 iniciales. Alcolea informó que fueron entregadas 350 casas, y que más de 50 están en construcción avanzada. En cuanto a las 84 casas por las que se entregó el subsidio millonario, algunas están sólo en cimientos, y otras no han empezado a levantarse. Un disparate.
Este nuevo monto se suma a las entregas ya realizadas de $19 millones por parte del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires durante 2004, y de otros $32 millones que posteriormente destinó la Secretaría de Vivienda y Urbanismo de la Nación. En total, la cifra asciende a unos $63.000.000 para la construcción de 500 casas.
Toda esta operatoria -que arrastra más de 10 años- tiene un marco de grandes irregularidades que involucran a la Asociación Civil Trabajar, al Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Felipe Solá, y al municipio de Mar del Plata, que no mira, no oye y no sabe. La sociedad reclama para cuándo terminará la interminable obra, y ellos no contestan.
Por una parte, parecen no hacerse cargo de que la ONG Trabajar nunca justificó la utilización de las partidas ni terminó las obras que iba a hacer en menos de un año. Pongamos por caso que en virtud de demoras, accidentes climáticos y demás dificultades, podrían haber sido dos, pero no diez. Por otro lado, la indudable responsabilidad del Instituto de la Vivienda, en ese entonces a cargo de Eduardo Suriani, que era el que debía destinar los fondos a la Asociación Civil Trabajar. Ese estamento del estado también debió realizar las inspecciones correspondientes. Y por otro lado, la municipalidad, que debía prestar el apoyo logístico, técnico y organizativo.
La cuestión que denuncian desde la Comisión Mixta para el Traslado de la Villa de Paso en la persona de José Luis Rey, es la misma que este semanario ha remarcado desde los inicios del conflicto: no hubo un llamado a licitación para la construcción de todo el plan, como hubiera correspondido, y las enormes partidas de dinero público fueron entregadas sin resguardo a una supuesta cooperativa de trabajo que ya tenía una causa penal en Miramar por el incumplimiento de un plan habitacional.
Nadie averiguó los antecedentes de los Trujillo, o sí lo hizo, y semejante historia era el aval de que el negociado no tendría fin. Total, para ellos no hay problema: los damnificados son pobres, los que quedan en medio de las chapas son pobres. ¿A quién le van a reclamar? La cooperativa nunca presentó un balance, un informe de gestión, y jamás se reinscribió en la Dirección de Personas Jurídicas. Es decir que no tiene un asentamiento jurídico válido que permita recibir dinero alguno por ningún concepto.
Hoy se aprueba entregar aun más dinero a una ONG que debería encontrarse bajo la lupa por haber cometido una estafa a la administración pública, falsificación de instrumento público y uso de documento público adulterado en la construcción de un complejo habitacional en Miramar. Pero a nadie le importa, porque la relación de los hermanos Trujillo con la política data de muchos años.
Alcolea, en una nota de prensa, aportó un dato significativo: “Para el inicio de obras, el entonces gobernador Felipe Solá apareció con un cheque que le dio a uno de los hermanos Trujillo en mano, para que se iniciaran las obras”. Así nomás, dinero directo a una organización fantasma a la que nadie le podría reclamar.
Los fantasmas
Cada vez que el tema vuelve al tapete, es porque la constructora vuelve a pedir plata con el mecanismo extorsivo de que no hay otra manera de terminar las casas. Y se lo dan. César Trujillo siempre está ocupado o fuera del país cuando se lo busca. Mientras tanto, su hermano Jorge estuvo procesado en la causa que lleva adelante el Juzgado de Garantías nº 2 de Mar del Plata, por los delitos de administración fraudulenta, fraude a la administración pública, falsificación de instrumento público y utilización de documento público adulterado. Dicen que, además, rastrear algún dato de la Asociación Civil Trabajar es una tarea inútil: no posee una web oficial, ni un domicilio reconocible, como si no necesitaran ni siquiera aparentar una legalidad que se le exigiría a cualquier empresa que pretendiera construir para el Estado. Lo único que muestra es una página en la red social Facebook sin actualizar, y sin información de contacto.
Pero hay otro nombre rondando los papeles: Pablo Roda, que parece ser quien se encarga de cobrar la gran mayoría de las partidas destinadas por el Instituto de la Vivienda de la Provincia. Algunos de los cobros que recibió Roda fueron los siguientes: en julio de 2004, $226.880; un mes y medio más tarde, $1.609.686,36. Parece que en marzo del año siguiente le otorgaron $552.896, y dos meses después, Roda recibió $291.772. Como si fuera poco, en marzo de 2006 cobró $732.634, otros $ 511.422 en abril, y $1.184.307 en mayo. Ya en julio, la cifra fue de $1.098.000.
Pero todo es poco, las casas nunca se terminaron. Los adelantos de 19 millones por el Instituto de la Vivienda y 32 millones que luego asignó Nación parecen no haber alcanzado para la culminación del plan. Para terminar con el escándalo, ahora diez años después, el Concejo Deliberante marplatense aprobó un subsidio de 12.000.000 de pesos para que la ONG Trabajar pueda finalizar sus trabajos.
No ha habido ni comisión de vecinos ni grupo de concejales ni jueces de garantías que hayan podido cerrar la canilla de dinero permanente para la supuesta ONG que promete y promete construir las casas para erradicar definitivamente el asentamiento precario de la avenida Paso: casas sencillas, cuya construcción no puede haber complicado a nadie que se dedique a pegar un ladrillo sobre otro. Las cuentas se disparan cuando uno se pone a sumar, y llegamos a los 63 millones que se le otorgaron en total, pero las 500 viviendas aún no se han construido.
Completa indignidad. Para los que siguen viviendo precariamente y criando sus hijos cada invierno con un frío aterrador, creyendo que será la última vez porque van a terminar la casa que les prometen desde hace años. Indignidad para quienes cobran y cobran dinero que es de todos, y no rinden cuentas de nada. Indignidad para quienes pecan por omisión: los que no tendrían que permitir que todo lo demás ocurra, y sin embargo lo permiten, porque los negociados parecen ser parte de la vida pública. Una indignidad que superó los 60 millones. Y lo peor es que la supuesta cooperativa de trabajo dice llamarse Trabajar.