La situación de IOMA empeora cada vez más. A la corrupción rampante, ahora se suma una crisis de financiamiento provocada por el aumento de afiliados y la licuación de los aportes. Kicillof y compañía siguen vulnerando los derechos humanos más básicos.
El Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires lleva más de quince años en crisis, y en este medio nos hemos hecho eco del problema desde que aparecieron las primeras denuncias. Sin embargo, lejos de mejorar, la situación cada vez es peor: como bien indica el diputado provincial Andrés de Leo, a la mala administración y la corrupción rampante, ahora se suma una crisis grave de financiamiento que se da por un aumento en la cantidad de afiliados acompañado de la licuación de los aportes, debido a la caída del poder adquisitivo de los sueldos de los empleados estatales. No hay reacción por parte del gobierno provincial, ni soluciones a la vista. Mientras tanto, los afiliados —trabajadores del Estado provincial y municipal que no pueden elegir otra cobertura— siguen siendo los que pagan las consecuencias de un sistema que cobra todos los meses, pero no cubre casi nada.
Obligados a judicializar
Para dimensionar lo que significa ser afiliado de IOMA en la provincia de Buenos Aires, basta con un caso: en Bahía Blanca, una mujer que debía someterse a una cirugía ginecológica de urgencia por sospecha de cáncer, descubrió que la obra social no le iba a cubrir la anestesia. No porque el procedimiento no estuviera contemplado en la cartilla —de hecho, el propio sitio web de IOMA asegura cubrir el cien por ciento de la anestesia—, sino porque la obra social mantiene un conflicto abierto con las asociaciones de anestesistas y, sencillamente, la cobertura se encuentra suspendida.
La mujer no tenía tiempo para esperar a que IOMA y los anestesistas se pusieran de acuerdo: tenía un tumor que había que sacar. Pagó de su bolsillo $2.178.000 por los honorarios del anestesiólogo. Pero, cuando pidió el reintegro, IOMA le devolvió apenas $197.293. Menos del 10%.
Este no es un caso aislado, es IOMA siendo IOMA. Los afiliados pagan su aporte todos los meses, pero cuando necesitan atenderse descubren que los convenios están suspendidos, o que los profesionales no atienden porque IOMA les paga con valores atrasados, y que la única alternativa es poner la plata de su bolsillo y después iniciar un vía crucis administrativo para recuperar una fracción de lo que gastaron. O, directamente, contratar un abogado e ir a la justicia.
El concejal marplatense Guido García, que presentó un pedido de interpelación al titular regional de IOMA en Mar del Plata, lo explicó con claridad en la FM 99.9: «El afiliado quiere ir a su clínica de confianza, a su médico, al kinesiólogo o al psicólogo que eligió toda la vida, pero no puede. Tiene que terminar en los policonsultorios y ahí tampoco recibe atención».
García también puso números a la dimensión del problema en nuestra ciudad: «Calculamos que en Mar del Plata puede haber más de 100 mil afiliados entre titulares y grupos familiares. Son afiliados obligatorios, no pueden elegir otra cobertura, son rehenes de un sistema que hoy no cubre nada».
La situación de los prestadores no es mejor. Hay profesionales y empresas de transporte de personas con discapacidad que llevan más de ocho meses sin cobrar. «Siguen trabajando por una cuestión humana, pero muchos están dejando de hacerlo porque no pueden sostenerse», explicó el concejal, quien advirtió que el resultado inevitable de esta situación es la judicialización masiva de la salud: «Los pacientes tienen que contratar abogados para lograr prestaciones. La justicia les da la razón, pero IOMA termina pagando tarde, con multas, y el paciente pasa por un proceso de angustia enorme. Se termina pagando la prestación, más intereses punitorios, con dinero de todos. Es una cadena de ineficiencia que perjudica a todos».
García también cuestionó la decisión de construir policonsultorios propios en lugar de pagarle a los prestadores que ya existen: «Tenemos un sistema de salud privado robusto en Mar del Plata, que fue clave incluso durante la pandemia. Sin embargo, se construyeron estructuras que en muchos casos son cáscaras vacías, mientras se les debía dinero a los prestadores».
Y concluyó con una advertencia sobre el futuro del sistema: «Si esto no se resuelve, vamos a terminar en una judicialización total o en una discusión sobre la desobligatoriedad de IOMA. Pero claramente así no puede seguir».
Un nicho de corrupción
El diputado provincial Andrés De Leo, en diálogo con la FM 99.9, también se refirió a esta situación: «A mi juicio, la principal causa ha sido la corrupción en la obra social, que fue denunciada oportunamente por mucha gente», afirmó. «Es claramente un nicho de corrupción histórico en esta obra social, y lamentablemente no ha sido extirpado en los distintos ámbitos».
En este contexto, en esta semana se conoció que una de las principales megacausas por corrupción en IOMA —originada durante la gobernación de Daniel Scioli— finalmente avanzó hacia el juicio oral en La Plata. El expediente investiga un esquema que habría operado de manera sistemática dentro de la obra social para favorecer contrataciones y desviar recursos públicos. Los delitos imputados incluyen negociación incompatible con la función pública, peculado de caudales en 78 hechos, fraude contra la administración pública, uso de documento público falso y asociación ilícita. Hay 20 imputados, entre exfuncionarios y particulares, que deberán enfrentar el debate oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de La Plata. Por ahora, de las múltiples denuncias por corrupción en IOMA a lo largo de estos años, esta es la única que está llegando a juicio. La protección es absoluta.
De Leo también se refirió a esta cuestión: «Evidentemente la Justicia carece de lo suficiente como para avanzar profundamente contra esto. Hicimos una denuncia en su momento con Elisa Carrió que lamentablemente avanzó hasta la mitad». El diputado recordó que incluso durante el gobierno de María Eugenia Vidal hubo expectativas de reformas que no se concretaron: «Nos quedó una sensación agria porque pensábamos que iba a haber cambios más profundos y que la Justicia iba a actuar como no había actuado hasta ese momento. Parecía que esto estaba funcionando, pero evidentemente los vientos de cambio político frenaron la causa».
De Leo hizo hincapié en que la situación cada vez es más grave: «A la mala administración ahora hay que sumarle los muy magros salarios que tienen los afiliados de la obra social. La recaudación se ve menguada por el enorme ajuste que ha hecho el gobernador de la provincia de Buenos Aires en los salarios de los estatales bonaerenses». Y fue categórico en el diagnóstico: «IOMA necesita un cambio de modelo profundo. De esta manera no se puede seguir».
También denunció la complicidad de los gremios estatales: «Hay una complicidad de los gremios estatales en la provincia de Buenos Aires que han hecho y vienen haciendo silencio frente a la caída del poder adquisitivo del salario y frente a la caída de las prestaciones para sus afiliados».
Interrogantes
Lamentablemente, lo que sucede en IOMA es sólo una parte del desastre que es, en general, el sistema de salud provincial: Jorge Pedre, familiar de una de las víctimas del incendio en un hogar de ancianos de La Perla, cuestionó la reapertura del lugar, denunció irregularidades en la habilitación —que depende de la PBA— y denunció múltiples irregularidades en su funcionamiento.
«Estamos tratando de superar la situación, no es fácil. Son muchas personas, muchas familias. Murieron cuatro personas el 17 de diciembre, hoy se cumplen tres meses y el hogar ya está abierto de nuevo. Parece una broma, pero es así», señaló en diálogo con la 99.9.
El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en Jujuy 1157 y, según explicó Pedre, aún no hay certezas sobre las causas del incendio: «Son todas versiones, el proceso está en etapa de investigación», indicó.
Sin embargo, el eje de su reclamo apunta a las condiciones en las que funcionaba el lugar antes de la tragedia: «Esta gente estuvo seis años trabajando sin habilitación. A nosotros nos vendían que estaba habilitado, pero después nos enteramos de las irregularidades», afirmó.
El vecino también cuestionó la rapidez con la que el geriátrico habría conseguido autorización para volver a operar: «En menos de tres meses lo habilitaron. Eso es lo que más bronca da», sostuvo.
En ese sentido, remarcó que no hay claridad sobre qué organismo autorizó la reapertura: «Consulté con la Municipalidad, con Inspección General, y me dijeron que había una habilitación provincial, pero yo no la vi. Nadie me la mostró y es un documento público», explicó.
Pedre relató que incluso se realizó una inspección reciente, aunque en circunstancias que también le resultaron llamativas: «El sábado hicieron una inspección de emergencia, algo raro porque no es habitual. Me mostraron los resultados, pero siguen diciendo que la habilitación depende de la provincia», agregó.
Para las familias afectadas, el panorama es confuso y genera desconfianza: «Nos resulta todo muy extraño. Había muchas deficiencias el 17 de diciembre, mucha negligencia, y ahora todo parece haber cambiado de golpe», cuestionó.
El entrevistado también apuntó directamente contra los responsables del establecimiento: «Nos da mucha bronca la impunidad con la que se maneja esta gente», afirmó, en referencia a los dueños del hogar.
En cuanto a la situación previa al incendio, reconoció que en su momento no tenían conocimiento de las irregularidades: «Nosotros estábamos conformes, uno desconoce estas cosas. Después, cuando salen a la luz todas las falencias, pasa lo que pasó», lamentó.
Otro de los puntos que genera incertidumbre es la superposición de responsabilidades entre Provincia y Municipio: «Hasta donde yo leí, las dos cosas tienen que ir de la mano, pero ahora uno le pasa la pelota al otro», señaló.
Según le informaron desde el ámbito municipal, las herramientas de control también serían limitadas: «La Municipalidad puede hacer un acta o una infracción, pero no puede clausurar porque la habilitación provincial está por encima», explicó.
Mientras tanto, las familias atraviesan el duelo en medio de la falta de definiciones judiciales: «Estamos todos muy dolidos, tratando de superar esto como podemos, pero la justicia sigue investigando y no hay respuestas concretas», indicó.
Finalmente, volvió a remarcar el eje central de su reclamo: la falta de explicaciones sobre la reapertura del lugar: «Después de seis años funcionando sin habilitación, en tres meses la consiguieron. Es muy raro», concluyó.