Complejo Playa Grande | Voces en contra de la construcción de un nuevo emprendimiento en la zona de Playa Grande. Los que más ganan con los locales gastronómicos no quieren compartir el éxito. Los nuevos empresarios brindarían una importante contraprestación para la ciudad.
Sigue el escándalo por los avances en el acuerdo que permite ciertas obras que involucrarían al subsuelo de la zona de emprendimientos gastronómicos de la costa, más precisamente los que corresponden a Playa Grande. Intereses creados, decimos, porque en realidad cada uno invoca como valederos los intereses que más ventajas le otorgan.
Resulta que se quejan quienes están explotando ilegalmente un predio que no fue pensado para ser un boliche bailable. Se oponen quienes están poniendo vallas en la costa en pleno invierno y al aire libre, amontonando muchachitos que son capaces de permitir ser tratados como ganado con tal de asistir al boliche de moda. Los que gustan de hacer dinero sin ningún control legal, como ciertos empresarios de Playa Grande que se vuelven legalistas a la hora de evaluar el pliego de licitación que permite a los otros desenvolverse comercialmente en la zona costera. Pero no el propio, que tampoco le permitía la explotación del rubro.
Sobre todo ellos, tan poco partidarios de emitir factura y ticket con valor fiscal por cada consumo, tan lejos de estar al día con la agencia de recaudación impositiva, tan poco afectos a cumplir con todas las normas de seguridad. ¿Quién puede controlar lo que se tributa por el consumo de un público imposible de acotar, porque permanece de pie entre vallas a cielo abierto?
Algunos dicen que están tranquilos con su vallado de los espacios comunes porque siempre el público tiene punto de fuga para la costa, y por lo tanto no les puede caer encima la figura del estrago doloso, pero lo que se dice legal, legal, no es.
Estos empresarios ricos saben que no están dadas las condiciones para lo que hacen, y han hecho una costumbre de lo que fue una autorización precaria otorgada en marzo para ocupar los espacios comunes. Sólo una prueba piloto.
Los dueños
Los más legalistas de todos resultan ser ahora los dueños de Bruto, un boliche costero que también hace uso de parte del predio de estacionamiento y teme ver comprometidas sus ganancias ilimitadas. Resulta ser que el presidente de la empresa Cubro S.A. y Playa del Sol S.A. de Mar del Plata —Sergio Goransky— se ha dirigido de lo más molesto al Director de Asuntos Estratégicos de esta ciudad, Ricardo Gutiérrez, y le ha planteado que considera ilegal el acta acuerdo firmada entre el intendente municipal Carlos Arroyo y la empresa Playa Azul.
Tal acuerdo establece que la firma Playa Azul se hará cargo de la construcción de un establecimiento municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres, de poner en valor el inmueble de calle 11 de Septiembre 2061, y de demoler el balneario 5 de La Perla. A cambio de todas estas prestaciones, la firma mencionada estaría autorizada a realizar una modificación a la oferta de inversión que fuera autorizada inicialmente en la zona de Playa Grande. Tal modificación sería la construcciónde un salón de usos múltiples que estaría destinado a eventos de tipo gastronómico y fiestas en la zona de la playa de estacionamiento.
Dice el empresario Goransky que considera que este acto es ilegal, y lleva consigo la comisión de un ilícito, del cual hará responsable a todos aquellos que colaboren o sean partícipes de los avances de tales obras. Afirma que ha realizado la correspondiente denuncia penal, y que a tal fin se hará representar por el estudio jurídico Sivo-Reutemann. Pero lo dice él, Goransky, que obviamente quiere ser el único que gana dinero, y por eso afirma que el intendente no tiene autoridad para hacer semejante acuerdo sin la aprobación del el Consejo Deliberante.
Cuestiona de esta manera el acuerdo ya firmado por el intendente Carlos Arroyo con la concesionaria de la cochera Playa Grande por medio del cual se admite justamente la construcción de un boliche bailable en esa cochera. A cambio, la empresa deberá realizar obras de interés social por un valor cercano a los $80 millones.
Como se explicó, una de esas obras es la construcción del Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres. Recientemente, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo denunciaron que esos trabajos comenzaron a pesar de no tener autorización pertinente del Concejo Deliberante.
Durante una sesión de la semana pasada los concejales pidieron al ejecutivo una nueva explicación sobre el polémico expediente y, más aún, dejar en claro los avances de la obra en la Laguna. El presidente de la comisión de Turismo del Concejo Deliberante, Marcos Gutiérrez, es uno de los que ocupa un sitio crítico con el jefe comunal y las acciones de la empresa en cuestión. Explica: “Haber solicitado al intendente el expediente nos permitirá tomar vista y ver si convalidamos el acuerdo que firmó el jefe comunal con la empresa”.
Para Gutiérrez fue apresurado que la empresa hubiera comenzado con las obras en Laguna de los Padres, porque desde su punto de vista debía esperar a que se expidiera el Concejo Deliberante acerca de la legalidad del acuerdo.
La norma sigue en pie
La ordenanza 24039 de marzo del 2019, autorizaba —con carácter precario, y a modo de prueba piloto— el uso de los espacios exteriores controlados del paseo de Playa Grande por parte de aquellos locales donde se desarrollaban actividades gastronómicas de show y baile. Pero la actividad nocturna bailable sólo está autorizada de manera efectiva y permanente en la Normandina.
Ahora, el intendente decide vetar la ordenanza que prorrogaba este permiso durante un año porque no están dadas las condiciones. La Agencia de Recaudación Municipal ha realizado operativos en los cuales ha constatado que pasada la medianoche se cierran las cocinas, se levantan mesas y sillas y —una vez finalizada la actividad gastronómica—comienza la percepción de ingresos por venta de tickets y el uso de confitería bailable. Es decir, que todos se excusan en ese permiso provisorio para que el predio se convierta en un bailable general.
El documento municipal expone que la naturaleza de esta propuesta no sólo pone en evidencia una apropiación del espacio público por parte del sector privado sino además que esa actividad nocturna que se desarrolla en las Unidades Turísticas Fiscales, por su naturaleza, la modalidad de las prestaciones, la relación entre la cantidad de mesas afectadas al servicio gastronómico y el número de usuarios simultáneos, el horario de cierre de cocinas, la venta de entradas vía web y en modo presencial, es una actividad que se asocia con la confitería bailable, que no es una actividad complementaria de los servicios autorizados a los emprendimientos gastronómicos, tal como está previsto en el pliego de bases y condiciones. De ahí el veto.
El abogado que representa a la firma Playa Azul SA —Osvaldo Vespa— fue muy concreto en la 99.9 respecto de las críticas que vertieron públicamente distintos actores en torno al convenio al que arribaron con la comuna para la instalación de un emprendimiento gastronómico en la Unidad Turística Fiscal: “insisten desde la ilegalidad en impedir la competencia legítima”, agregó. Es decir que, los que se oponen, en realidad no quieren compartir las ganancias con nadie más.
El abogado agregaba: “es un contrato vigente otorgando una concesión a la que le restan 14 o 15 años de vigencia, cuyo cumplimiento se mantiene de forma estricta y correcta por parte de la concesionaria a la que represento. Hubo dificultades para terminar la obra comprometida que se debieron a circunstancias ajenas a la empresa, se plantearon ante el EMTUR y la Municipalidad. El paso de los vehículos pesados por la parte superior provoca derrumbes y rajaduras en el techo del estacionamiento”.
A partir de ahí se avanzó en un nuevo acuerdo que incluye obras complementarias como compensación para la comuna y de las cuáles debe hacerse cargo la empresa: “las obras se cumplieron en más de un 90% y hubo algunos aspectos de imposible cumplimiento por lo cual se conversó con el ejecutivo para llegar a un acuerdo que completa la inversión actualizada imponiendo a mi representado contribuir con obra externa a la UTF en beneficio de la sociedad por 80 millones de pesos”.
Pero Vespa explicaba además que el emprendimiento gastronómico desarrollará el sector en los ejes previstos en la licitación original: es decir, lograr que se ejerza una actividad comercial de todo el año de día y de noche. Se busca la reversibilidad: la actividad comercial que toma una forma en invierno, y otra en verano.
Fue más allá y señaló la ilegalidad de las acciones que realiza el propio licenciatario que empuja a las críticas: “la UTF de la que se habla tiene como destino de explotación el de restaurant con show en vivo, no como discoteca. Ellos no podrían funcionar como lo están haciendo y además, no permiten la instalación de otro polo gastronómico que está autorizado. Pedimos permiso para hacerlo y ofrecimos pagar un sobre canon que está pendiente de determinación, algo que no han hecho otros licenciatarios. Estos señores insisten desde la ilegalidad en impedir la competencia legítima”. Por supuesto, se refiere a Bruto, que promueve que todas las leyes las cumplan los demás.