Sentencia por Lucía Pérez | Gran conmoción por la sentencia definitiva en el caso de la muerte de Lucía Pérez. Los jueces responsabilizaron a la fiscal por la irresponsabilidad de haber instalado una versión falsa ante la opinión pública, que sólo provenía de su frondosa imaginación.
El día esperado aconteció por fin. El pasado 26 de noviembre, los jueces Aldo Carnevale, Pablo Viñas y Juan Facundo Gómez Urso tuvieron en sus manos la delicada tarea de dictar sentencia en un caso de resonante actualidad: la muerte de la joven Lucía Pérez, de 16 años, que aconteció —de manera probada en el curso del proceso— como consecuencia de la sobredosis de drogas. Por esa razón, Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Offidani resultaron condenados a una pena de ocho años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haberse cometido en perjuicio de menores de edad, y en inmediaciones de un establecimiento educativo.
Pero además de esto, los jueces decidieron elevar las actuaciones a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, para comenzar la investigación por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público contra quienes consideran los verdaderos responsables del actual estado de cosas. Por un lado, la fiscal natural del caso, María Isabel Sánchez, y por otro, Claudia Carrizo y el auxiliar eviscerador José Luis Badami, quienes dieron informaciones subjetivas y desprovistas de rigor científico sobre el estado del cadáver.
Según detallaron cada uno de los jueces, la primera irresponsable de sus actos fue la fiscal, ya que sin sus actuaciones en la casi inmediata conferencia de prensa, los hechos no hubieran sucedido de la forma que acontecieron.
Se habla de la “irresponsable génesis desde la hora cero de la investigación”. La fiscal natural de esta causa brindó una conferencia de prensa a medios locales y nacionales donde expuso sin ningún tapujo que Lucía había fallecido producto de una agresión sexual inhumana provocada por un empalamiento anal. La temeraria versión le pertenecía, y despertó reacciones de lo más dolorosas para todos. Los jueces mencionan “esta horripilante historia surgida de la propia imaginación de la Dra. Sánchez”, y mencionan que la propia madre de Lucía develó que fue la fiscal quien personalmente le dijo que su hija había sido drogada y violada, y que por esa violación había muerto. La fiscal le dijo a la madre que su hija había sido empalada, y que habían lavado su cuerpo. Luego, la médica Carrizo —quien practicó la autopsia de Lucía— señaló en el debate que jamás le transmitió tal cosa a la fiscal. ¿Por qué lo hizo entonces?
La gran ausente
Los testigos del juicio, sobre todo funcionarios policiales y peritos, afirmaron que nunca habían visto personalmente a la fiscal, que no había encabezado la investigación. Dice la sentencia que a todos les llamó la atención que “… un hecho que suponía tamaña gravedad sólo haya sido manejado por teléfono, sin constituirse en el lugar de los hechos ni participar en las diligencias, y aun así lanzara una hipótesis que para nada coincide con la que sostuvo la actual acusación”.
La sentencia explica que la versión irresponsable de la fiscal generó “como una bola de nieve”, que ha ido arrastrando a su paso no sólo a los directos involucrados sino a grupos de derechos humanos, instituciones públicas y privadas y hasta personas ajenas al proceso, que, confiando en los dichos de la fiscal del caso, fueron tomando partido sobre un tema cuya información era errónea.
Los jueces dieron por acreditado que Lucía era una persona que llevaba una vida normal, y que nadie afirmó que su adicción se hubiera transformado en un tema preocupante para su entorno, o que la llevara a la desesperante situación de someterse sexualmente para conseguir estupefacientes. Consideran que ha quedado demostrado que Lucía no era una drogadependiente que echara mano a cualquier recurso para conseguir satisfacer sus deseos, ya que pagaba por las drogas que consumía. También fue acreditado que sólo mantenía relaciones sexuales con quien ella quería, por lo que no encuentran “ningún elemento objetivo que me permita sostener que Lucía no fue a encontrarse con Farías de forma voluntaria y con la intención de tener algún tipo de intimidad”.
Además, Farías no ocultó el hecho ni intentó eludir su responsabilidad, sino que llamó a Offidani y en su vehículo la llevaron (aparentemente ya sin vida) a la sala de salud del barrio. Pero no sólo la llevó a recibir atención médica, sino que además permaneció en el lugar para saber qué le había pasado a Lucía aun cuando pudo haberse ido junto a Offidani y Maciel antes de que nadie notara su presencia.
Los jueces saben que aunque a su criterio no hubo abuso sino una ingesta de drogas con un resultado trágico, la sentencia no va a conformar a un sector de la opinión pública que sigue abonando la versión que instaló Sánchez ante la prensa: “Tampoco escapa a mi intelecto que esta conclusión no dejará conformes a aquellos que bajo la influencia, o valiéndose para sus fines de la imprudente e infundada hipótesis inicial de la fiscal Sánchez, claman una sentencia ejemplar contra los imputados, pretendiendo de esta manera que se tuerza el cauce natural de los hechos, las normas y las pruebas. Deben entender que somos jueces y no verdugos, y que es la ley y no la política la que rige nuestra función”.
Con drogas
Es también espantoso imaginar la muerte de una menor de 16 años que se produjo por la ingesta de algún estupefaciente que pudo haber sido proporcionado por la misma persona con la que había mantenido relaciones sexuales. El tribunal lo reconoce, pero agrega que esa deleznable actividad de Farías no permite endilgarle el delito de abuso sexual seguido de muerte que pretenden los acusadores.
El juez Gómez Urso no ahorró palabras contra la agente fiscal: “Si la fiscal María Isabel Sánchez se hubiese desempeñado con compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad, este proceso no habría generado en la sociedad la expectativa de una condena ejemplar, ni obligado a los operadores judiciales a dar explicaciones forzadas por algo que jamás sucedió como ella lo anunció”. Detalló que lo mínimo que podía esperarse, ante la muerte de una adolescente de 16 años, aun si la primera causa hubiese sido una sobredosis de estupefacientes, era su presencia o la de algún instructor en la comisaría ni bien recibió la noticia. Pero no sucedió. Los testigos afirmaron que las primeras directivas de la fiscal Sánchez fueron confusas y contradictorias, cuando no destinadas a liberarse de la investigación por drogas. Sánchez no fue al lugar del hecho, no fue a la comisaría a tomar las primeras medidas del caso, no fue a recorrer la zona que vinculaba los domicilios de los tres imputados, no fue a ningún allanamiento, no fue a la autopsia, y se fue de vacaciones a los pocos días de promocionar el caso.
Dice Gómez Urso: “La fiscal Sánchez movió a un país. Y movió a un país a partir del dolor y del horror derivados de una mentira, dando cuenta de un hecho atroz a partir de un mensaje en conferencia de prensa que no hizo más que provocar indignación. Después de eso… tan sólo después de la frase “empalamiento inhumano”, aunque no se hubiera probado, sólo se espera una “condena ejemplar”.
Pero resulta que la fiscal Sánchez no fue la única “clave de la insensatez, la imprudencia y la irresponsabilidad”, como afirma el juez, sino que además los operadores estatales que forman parte del sistema penal no estuvieron a la altura de las circunstancias en este caso. Y tildan de “impresentable” al eviscerador José Luis Badami, por “lo grosero y lo inaudito de su declaración”, a lo que se suma la “irreflexiva y poco profesional” intervención de la doctora Claudia Carrizo, que son quienes se sumaron a la locura general sacando conclusiones subjetivas de detalles dolorosos de las disposiciones del cadáver.
“Una sentencia clara debe subrayar que con operadores judiciales como Sánchez, Badami y Carrizo el sistema penal no mejorará y seguirá siendo pasible de críticas”, cierran los jueces, poniendo el acento en las consecuencias extremas que han tenido los temerarios agentes.
Por eso los tres no tienen otra alternativa que ponerle el cuerpo a una sentencia que saben los pondrá en el ojo de la tormenta. Porque son jueces y no verdugos. Pero esperan que la justicia haga algo para evitar que los irresponsables sigan haciendo destrozos, porque hicieron que la familia Pérez no tuviera paz, que debiera convivir con imágenes innecesarias de un dolor indescriptible. Quien no tiene perdón es la fiscal.