Violencia de género | Un mismo padre es acusado de violencia de género y amenazas por un tribunal mientras que, en otro, una jueza le otorga la guarda exclusiva de su hija. Le quita la tenencia a la misma madre que acaba de agredir. ¿Me lo explican?
En el Juzgado de Garantías n° 6 —a cargo de la magistrada Lucrecia Bustos— se firmó la elevación juicio de Darío Pérez, acusado de haber amenazado a la madre de su hija, María Cecilia Fraga Errecart. Según la causa, le dijo a viva voz: «hija de puta, ya vas a ver lo que te va a pasar».
Pero no fue sólo eso. Los hechos acontecieron ni más ni menos que el 31 de diciembre de 2019. Cuando la mujer pretendía despedirse de su pequeña hija en la puerta de su casa de calle Garay, Pérez arrancó de golpe mientras Cecilia se encontraba con el torso dentro del vehículo. La arrastró varios metros y le causó dos hematomas, dolores en el cuerpo, y sobre todo un susto de muerte.
La jueza advierte que éste no es un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto de violencia familiar que trata el fuero de familia. Pero, ¿saben qué? Como nuestra justicia es suficientemente esquizofrénica, la jueza de familia Clara Obligado le había quitado la custodia a la madre agredida y se la había adjudicado por completo al padre violento en una revinculación forzada. ¿Increíble? Por supuesto que no. En nuestro ámbito, los fueros cursan los procesos de manera inconexa, y nadie atiende a que el mismo padre que tiene la custodia está acusado de agredir a la familia. Encima, tiene un abogado que dice que las amenazas fueron inespecíficas, y que si le dijo «ya vas a ver lo que te va a pasar», no le aclaró qué era eso que le iba a pasar. Que nada indica que eso sea una amenaza.
Efectivamente, el padre fue denunciado en los años 2016, 2017 y 2019 por violencia familiar, de género y lesiones leves agravadas, pero a pesar de eso, hoy es el único que tiene contacto con la niña. Dice la madre en su denuncia contra el tribunal de familia: «Han pasado casi dos meses en los cuales no pude mantener siquiera una llamada telefónica. Se nos está privando sin fundamentos y argumentos del contacto madre-hija».
Más precisamente, desde el pasado 2 de junio, la madre ha perdido todo tipo de contacto con su hija A de cinco años, pero además la niña ha desaparecido de la vida de todas las personas que la conocen. Drásticamente se la separó de su centro de vida. La pequeña se debió adaptar de forma abrupta a un nuevo ambiente, con personas que no conocía, y que nunca había visto.
Por todo esto, María Cecilia Fraga Errecart había denunciado penalmente a la jueza a cargo del Juzgado de Familia Nº 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Clara Alejandra Obligado. Ya en ese momento relató que la magistrada había tomado decisiones extrañas y arbitrarias en relación con el contacto de una conflictiva familiar de larga data.
La hija de ambos
La pequeña A tiene cinco años, y por supuesto siempre había vivido con su mamá. Tras varias denuncias por episodios de violencia que implicaron al padre y la posterior separación, el proceso de revinculación se estaba llevando a cabo de forma paulatina, con intermediación de los diferentes actores (juzgado, equipo técnico, asesoría de menores). Sin embargo, la jueza decidió atender los reclamos del padre, y por lo tanto desoyó las regulaciones internacionales de protección de derechos del niño: apartó a la hija de su madre, sus abuelos, su casa y su entorno más cercano. Lo peor es que no permitió que volvieran a verse ni a hablar.
Ordenó Obligado: «Disponer el cambio inmediato de guarda en forma cautelar, provisoria y legal de la niña A… a favor de su progenitor, Darío Javier Pérez, por un plazo de seis (6) meses».
La madre relató la violenta forma en la que se llevó a cabo el operativo judicial: se apersonaron a su domicilio, violentaron el portón de entrada e ingresaron efectivos de la policía y personal de organismos estatales. Cuenta que traían una orden de allanamiento, sin contemplar que se trataba de una pequeña niña de cinco años, que presenció estas acciones. Se ejerció sobre ella un grave daño moral, físico y psíquico.
Pero por lo que sabemos, si hay un sitio donde las denuncias están teñidas por el tono caprichoso de las decisiones que se toman, es el fuero de familia. Siempre las acusaciones se dirigen a la inconsistencia en las decisiones de sus jueces. A la impericia manifiesta de sus funcionarios. A la falta de rigurosidad en el cumplimiento de la norma en las notificaciones fehacientes. A esta manera de trabajar en un mundo patas arriba que siempre perjudica a los más débiles. Porque los tribunales de familia dirimen en cuestiones de alta sensibilidad: el bienestar de los menores de edad, las medidas de cuidado y guarda, las necesidades especiales de las familias más vulnerables, las mujeres que intentan sacar un manotazo fuera del agua cuando son víctimas de violencia de género. Es decir, las cuestiones más difíciles, las que requieren más racionalidad.
Tal como si todo lo que le ha tocado vivir fuera poco, recientemente la madre supo que persona que convive con Pérez está divulgando en su ambiente que ella es la madre de A, y por lo tanto la responsable de la niña. De tal manera que a Cecilia le impidieron acceder a los grupos de WhatsApp de padres del jardín, con el argumento de que «la madre ya forma parte». También han efectuado cambios en la apariencia de la nena, le cortaron el pelo y la tiñeron.
Arbitrariamente también, el padre ha dispuesto que la chiquita inicie una terapia psicológica con la Lic. Tiritilli, con lo que la madre no acuerda, ya que la nena tenía otra terapeuta. En fin, no les quedó nada por hacer.
En lo penal
En el fuero penal, como si fuera otro mundo, la fiscal Graciela Trill fue la encargada de pedir la elevación a juicio del padre violento pero poderoso, y contó los detalles a través de la 99.9: «la solicitamos el 14 de septiembre y el juzgado de garantías lo recepcionó positivamente. Consideramos que hay mérito para discutir en una etapa posterior la presunta comisión de los delitos de amenazas y lesiones leves agravadas por el vínculo en un contexto de violencia de género respecto de la ex pareja de Pérez».
Agrega la fiscal: «son dos delitos que ocurrieron el 31 de diciembre de 2019. Primero fue una amenaza de causarle un mal en el contexto de una discusión y luego, el señor estaba con la hija en común que tienen ambos porque le tocaba la visita, se da una discusión y la señora introdujo el cuerpo en la camioneta y el señor arranca por lo que ella resulta lesionada».
A partir de ahí, se inició la causa que tuvo una declaración por parte del principal acusado. Explica que Pérez ejerció su derecho de defensa, brindó una versión exculpatoria que no satisfizo a la fiscalía, y por eso pidieron la requisitoria de elevación a juicio. El criterio de la fiscalía fue compartido por la jueza de garantías, afortunadamente.
Pero la fiscal Trill no es optimista en cuanto a los tiempos que implicará la definición de estos hechos: «venimos con un arrastre de la pandemia que se suma a las investigaciones nuevas, y provocan un cuello de botella en Tribunales. Esta causa de 2019, no se llevará a juicio antes del 2023».
En ese año, la pequeña A tendrá siete años, habrá terminado el jardín, y ya estará en la primaria. Factiblemente lleve más de dos años viviendo con el padre que está acusado de asustar y lastimar a su mamá. Seguramente esto no será gratuito, tendrá consecuencias para todos. La locura del palacio de tribunales es larga y afecta a todos los allegados. Algún día alguien la tratará, y aunque no se cure quizá mejore un poco y deje de arruinar familias enteras.