Usurpación y estafa | Eran muchos y se dedicaban a falsificar documentación para apropiarse de terrenos y casas de esta ciudad. Tenían datos de primera mano desde adentro del gobierno municipal para conseguir viviendas vendibles. Estaban convencidos de que tenían la vaca atada.

La justicia local aceptó la requisitoria de elevación a juicio para la banda de falsificadores que ya vendieron cantidad de propiedades con documentación apócrifa. Su metodología era parecida a la de tantos estafadores, porque buscaban situaciones vulnerables en las que los titulares legítimos hubieran fallecido o se encontraban ausentes. Generaban una venta indebida, y se presentaban a la justicia reclamando la escrituración a través de un boleto de compraventa falso con un domicilio imposible de verificar.

Les duró bastante la bonanza. La particularidad es que una de las abogadas implicadas en la causa resulta ser ni más ni menos que la sobrina directa de Mario Dell’ Olio, titular de OSSE. María Melina Evaristo contó con apoyo de la estructura comunal, ya que hay testigos que afirman haber sido atendidos en las oficinas de Obras Sanitarias de calle Beruti, situación que ella justificaba diciendo que no tenía tiempo para tener un estudio propio.

Otros explican que la abogada efectivamente tenía acceso a los registros de OSSE, para verificar cuáles eran las propiedades altamente endeudadas, las cuales serían luego investigadas para corroborar que fueran aptas para iniciar una nueva estafa.

Los otros acusados en la causa de curso ante el Juzgado de Garantías N°6 son Luis Alberto Rodríguez –el líder-, su hijo Gerardo Rodríguez, Paula María Bahlcke -la otra abogada, socia de Evaristo- Carlos Alberto Guarde, María Rosa Monsalvo, Elvira Ricardenez, Graciela Cristoff, Susana Islas, y siete personas más. Los agentes de la UFI 10 de delitos económicos los acusaron de 21 hechos de estafa, estafas procesales, uso de documento público falso, falsificación de sellos, uso de documento privado falso y asociación ilícita.

Obviamente, sendos abogados defensores intentaron todo para lograr dejar a sus pupilos fuera de la megaacusación, pero en la mayoría de los casos fue en vano. La justicia no permitió que se pretendiera dar la causa por prescripta, ya que en el caso de la estafa procesal – el engaño al juez para que falle de manera indebida-, el delito se sigue cumpliendo hasta la fecha en la que la misma justicia es informada de los hechos. En este caso, el año 2012. Es decir que los delitos se encuentran perfectamente vigentes.

En efecto, los agentes Javier Pizzo y Fernando Berlingeri consideraron que no era posible que esas personas no supieran que estaban delinquiendo, y menos aún que no tuvieran la franca intención de constituir una asociación ilícita que se perpetuó en el tiempo, ya que se investigaron hechos anteriores a 2008.

Como ya hemos afirmado, las usurpaciones de propiedades en Mar del Plata son un problema interminable, en virtud de las irregularidades que esta ciudad presenta desde el inicio de la distribución de los terrenos en planos catastrales. Pero más allá de estas tradiciones poco deseables, esta banda que se dedicaba a la falsificación de firmas fue descubierta gracias a la tarea de un abogado marplatense, que solamente pretendía recuperar la propiedad usurpada para restituirla a su cliente: Walter Llona.
La banda se dedicaba a ocupar una vivienda, simular la venta y luego hacer juicio para reclamar la escrituración, con el agravante de que la documentación adulterada buscaba inducir al magistrado interviniente al error en su fallo; de allí la estafa procesal. Walter Llona señaló, en una entrevista concedida a la emisora 99.9: “El origen fue una usurpación que sufre una clienta mía. Recurrí a la justicia civil, pero los resultados fueron negativos. Había un modus operandi de irregularidades y me fue muy fácil, con un poco de tiempo y dedicación, desentrañar esta cuestión”. A partir de ahí, decidió profundizar su investigación: “Descubrí 18 hechos diferentes donde había irregularidades como apropiación de propiedades, demandas a personas muertas, adulteraciones de documentos”.
El abogado habló directamente con las dos abogadas acusadas en este contexto, incluida la sobrina de Dell’ Olio: “Me entrevisté con las dos acusadas y se manifestaron violentamente. En otras entrevistas que ellos buscaron, tuve amenazas del estilo ‘sabés quién soy yo, familiar de quién soy‘”. Ambas se jactaron de sus contactos políticos y policiales.
Pero estas no fueron las únicas amenazas que el abogado recibió en el desarrollo de su trabajo. Dijo Llona: “He recibido amenazas, seguimiento a mis hijos, me mandaron anónimos, llamadas telefónicas diciéndome en ese momento dónde estaban distintos integrantes de mi familia. Recurro a la justicia por defensa de mi integridad y mi familia”.

Llona además contó una experiencia bastante extraña, que terminó siendo el detonante de la situación actual: “En el mismo momento en el que termino de hablar con el secretario de un juzgado, donde les demostré que una persona que había fallecido en 1978 firmó un boleto en el año 1997, me suena el teléfono y me dicen qué estaba haciendo mi hijo con un familiar en ese mismo momento. Ese día me decidí a darle el puntapié inicial a esto”, concluyó. Corría el año 2012. A esto se agregó que en el día previo a una de las audiencias pactadas, recibió una llamada telefónica en la que se le dijo que si concurría a la mencionada audiencia, su esposa sufriría un accidente. Por esta razón el abogado no concurrió, pero llamó por teléfono al juez para informar las razones por las que no se presentaba. Inmediatamente fue llamado por la misma persona que le dijo: “llamar al juez fue un error”.

Escrachados

Desde el ámbito político, el concejal de la UCR Mario Rodríguez fue quien primero reaccionó, hace más de un año, y le pidió al presidente de Obras Sanitarias, Mario Dell’ Olio, que se presentara en el Concejo Deliberante para explicar el accionar de su sobrina Melina Evaristo. Aseguró: “Se dice que teniendo el privilegio de trabajar en OSSE tuvo acceso a la base de datos y con esa información se habrían cometido los ilícitos”. A pesar de que se trata de una relación familiar, para Rodríguez no es extraño un accionar de este tipo por parte de quien preside OSSE, e incluso lo emparentó con la forma de gobernar que tuvo Acción Marplatense.
La cuestión no es nueva. Las actas del Colegio de Abogados demuestran que ya en 2013, el abogado Llona estaba informando en asamblea lo sucedido: “El colegiado pone en conocimiento del Colegio que ha formulado una denuncia penal respecto de otras dos abogadas, Dras. Evaristo y Bahlcke, con motivo de acontecimientos suscitados a raíz de una causa vinculada a usurpación de terrenos, y que debido a su intervención profesional, habría recibido amenazas por parte de las letradas”. 

Por supuesto que, en su momento, los hechos no trascendieron a la prensa, pero la causa siguió su curso aunque con enormes dificultades. Se perdieron expedientes y se complicaron los pasos procesales de todas las maneras que saben hacerlo los amigos del poder de turno.

Ahora no hay apellido que valga: los fiscales tienen en su poder las desgrabaciones de llamadas de teléfono entre los acusados, y se entregan solos. Rodríguez le dice a uno de sus potenciales clientes que la abogada es Evaristo, e indica la dirección del estudio de calle Castelli 3277. Dice que ambas letradas se ocupan de hacer escrituraciones “más fáciles y baratas que otras”.

Otro imputado le dice a Evaristo que un “flaco” tiene tres terrenos en el Bosque Peralta Ramos, y le pide que haga “toda la movida”, hablando obviamente de los papeles para vender los terrenos. Y hasta hay una llamada en las que la misma abogada le dice a Rodríguez que está sin dinero, y le pide “algún revoleo”.

Dice precisamente el oficio de la requisitoria: “varias conversaciones entre Rodríguez, Bahlcke y Evaristo, donde tal vez una tercera persona como este Martín hace seguimiento de un terreno desocupado, le acerca posibles direcciones potables, alambra el terreno, se lo da a Rodríguez para que lo venda. Este delegaba en las abogadas el papelerío, tal como se trascribe en las escuchas telefónicas”.

Prontuario

En noviembre de 2014, la justicia ya había resuelto condenar a Luis Alberto Rodríguez a 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, y a su cómplice Daniel Omar Giménez a 2 años y 8 meses, más el pago de $1.000 de multa por los delitos de falsificación de documentos públicos en forma continuada, tenencia de materiales e instrumentos destinados a cometer falsificaciones y tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil condicional y encubrimiento de robo. Casi nada a juzgar por la cantidad de damnificados de sus acciones, y la cantidad de otros delitos que ellos mismos permitieron con su accionar. En ese momento se dedicaban a vender autos.

Pero esto no amilanó a Rodríguez, quien ahora enfrenta esta nueva acusación, porque mientras pagaba esta pequeña multa. se perfeccionaba y aprendía a escriturar  inmuebles.

Ahora bien: ¿quiénes fueron los poderosos que permitieron que tales delitos se cometieran? ¿De dónde surgieron los datos, y qué funcionarios con acceso ilimitado a registros de catastro fueron los que facilitaron información para que los delincuentes falsificaran escrituras a nombre de fallecidos o ausentes? Porque de alguna manera, las abogadas se presentaba en tribunales portando boletos falsos donde constaban domicilios en los cuales los demandados no habían vivido nunca, de manera tal que no podían ejercer su defensa ni reclamar sus propiedades ya que nunca las habían vendido.

Por eso los fiscales hablan de una verdadera banda que constituye el delito de asociación ilícita: “tres o más personas que en forma coordinada se ponen de acuerdo para cometer delitos y dicha organización tiene carácter estable”.

Resta saber cómo sigue. Porque van a ser acusados de estafas, y a la luz de la abrumadora prueba, seguramente condenados. Pero el tema en la ciudad parece ser de nunca acabar. ¿Hasta cuándo el titular de un lote llega un día y se lo encuentra alambrado y con una construcción iniciada, con anuencia del poder político y a veces de la policía? ¿Qué harán ahora los 21 damnificados que perdieron propiedades en el camino? Y lo que es peor, ¿cuántos años tardarán en recuperarlas?